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La anécdota tuvo lugar en Oslo, Noruega, en medio de una charla sobre escuelas de paz, y estuvo atravesada por una pregunta corta pero aplastante: “¿Usted cree que va a poder ver a su generación viviendo en paz?”. No fueron necesarias las palabras. A Patricia Tobón se le deslizó la respuesta por la mejilla.
“Fue una lágrima inconsciente, pero a la vez consciente, porque respondió por mí”, recuerda ahora, varios años después, desde una oficina amplia en el occidente de Bogotá, donde funciona la sede principal de la Unidad para las Víctimas, entidad que dirige desde agosto de 2022.
Tobón ―indígena embera, abogada, defensora de derechos humanos y excomisionada de la verdad― fue una de las primeras funcionarias nombradas por el presidente Gustavo Petro, que le cedió las riendas de esta institución creada hace 12 años para atender y reparar a las víctimas del conflicto armado, que actualmente suman 9,6 millones de personas (casi uno de cada cinco colombianos), la mayoría de las cuales permanece en condiciones de vulnerabilidad.
A propósito del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas, que se conmemora cada 9 de abril, la funcionaria habló con Colombia+20 sobre el futuro de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011), las apuestas del Gobierno para dar respuesta a los llamados de alerta de esta población y la importancia de que el país se interese por saldar la deuda con quienes han sido afectados por la guerra.
Su principal carta para responder al rezago en la atención a víctimas es la reforma de la Ley 1448, que sigue estancada en el Congreso, ¿cómo va eso?
Esta es una de las primeras reformas que se formulan desde las víctimas, y esto es histórico. De todo el proceso que llevaban, tras 10 años recogiendo anotaciones, pidieron cambios sobre cinco puntos estructurales. Eso lo llevamos a las diferentes entidades de gobierno, concertamos, hicimos varios foros públicos en 18 diferentes regiones del país, se recibieron más de 1.700 anotaciones de las organizaciones y lo presentamos. Actualmente, la reforma está en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y en este momento está se están concertando las proposiciones. Llevamos meses de trabajo y esperamos que el Congreso lo pueda sacar adelante. Yo quiero decir que el gobierno ya cumplió y radicó, pero la ley la saca es el Congreso, que tiene esa responsabilidad pendiente para poder avanzar.
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En enero pasado, en un evento de El Espectador, usted denunció que había una serie de presiones y que esta reforma “no se le podía entregar a los corruptos del Congreso”. ¿Eso en qué quedó?
Yo tengo una preocupación y a mí me toca alertar, decir “este es un proyecto que requiere el país, hay 9 millones y medio de víctimas esperándolo”. Desde el año 2016, el Acuerdo de Paz establece que es una obligación del Congreso sacar esta reforma, que no se dio durante el gobierno anterior, constituyéndose en eso en una omisión legislativa, y yo tengo que alertar.
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Hablemos de las indemnizaciones, que son un tema clave en el proceso de reparación. Cuando usted asumió el cargo dijo que al ritmo de ese entonces indemnizar a todas las víctimas del país tardaría más de 60 años. ¿Se ha logrado agilizar el proceso?
Hay un asunto real y es que cuando se planteó la Ley 1448 había cuatro millones y medio de víctimas, pero siguieron aumentando y se duplicaron, y la cuenta ahora da una cifra que equivale al presupuesto completo de un gobierno en un cuatrienio. A eso se suma que en varios de estos territorios no ha llegado el Estado, y esa debe ser una prioridad, porque las víctimas piden becas, pero ¿cómo si no ha llegado la universidad ni la escuela ni el colegio a esa región?; piden que llegue la justicia, pero hay zonas donde no hay un juez ni un fiscal. Necesitamos que lleguen. Aquí hay unos asuntos que en este gobierno estamos intentando, pero que se requiere muchos gobiernos progresistas porque no vamos a poder resolver en cuatro años una ausencia histórica de Estado de 200 años, pero tenemos que contribuir.
¿Cuántas víctimas recibirán indemnizaciones?
Tenemos como meta 600.000 indemnizaciones, eso es insuficiente para los cuatro años, pero tenemos una meta también de la superación de la vulnerabilidad de 2 millones de personas que padecen el desplazamiento forzado. Se trata de sumar toda la oferta institucional del gobierno nacional con las alcaldías también y colaborar para la reubicación de sus barrios, para atender esta población y que a estos territorios victimizados llegue el Estado. También queremos dar una discusión sobre las fuentes de financiación real y por eso hemos puesto en la reforma a la ley -y esto pasa por un debate- una cantidad de paquetes tributarios o de reformas que se deben hacer para poder tener estos recursos, pero no solo para este gobierno sino para los que vienen.
¿De qué se trata la apuesta de priorización que plantean?
Algo muy importante que vamos a anunciar este 9 de abril es la ruta prioritaria de adultos mayores de 68 años, población en condición de discapacidad o con enfermedades catastróficas. Con corte a diciembre del 2023, identificamos que son 106.337 personas y la meta es darles prioridad y contribuir a que ellas, que son las más vulnerables, las más sufridas, reciban sus indemnizaciones. Vamos a reunirnos en la plaza de Bolívar de Bogotá con 350 víctimas, pero en este día vamos a estar con 1.500 en todo el país, y en el mes de abril vamos a entregar indemnizaciones a 32.000 víctimas en esta ruta.
El tema de la priorización es valioso, pero hay miles de víctimas que llevan décadas luchando y muy probablemente tampoco serán reparas durante este gobierno. ¿Qué les diría?
Es importante decirles a las víctimas que hay esperanza. Nosotros hemos hecho unas apuestas en este gobierno, y esperamos que los próximos gobiernos sean más progresistas todavía y dejar abiertas no solo fuentes, sino recursos estables para eso que tengan confianza en eso, pero necesitamos también que estén participando en estas discusiones, que sigan en la exigibilidad de sus derechos para que las instituciones se transformen. Esto es una gran apuesta de una lucha histórica que llevan las víctimas en este país y que ha permitido muy buenas noticias, por ejemplo, el año pasado la meta eran 105.000 indemnizaciones y avanzamos en 43.000 más. ¿Por qué? Porque esta vez los dineros no se fueron para otro lado, sino realmente para las víctimas. Hemos puesto alma, vida y corazón en este reto de confianza para buscarle salidas a este problema, que para mí es como estos problemas ciegos que nadie sabe cómo resolver, pero si no lo resolvemos, pues va a seguir aumentando.
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Aumentando y generando afectaciones...
Sí, no podemos permitir que esto siga sin respuesta porque, por ejemplo, esos barrios de desplazados son hoy los barrios donde los niños encuentran en los grupos armados la oportunidad para la empleabilidad. En unos años, esos niños y niñas son los que afectan las condiciones de seguridad en vez de ser el motor de transformación de futuras generación. Esto es un problema de todos, no es un problema solo del gobierno, porque qué familia no tiene víctimas, qué familia no está esperando en este momento no solo la indemnización sino la reparación integral.
Aunque en 2021 se prorrogó por 10 años la Ley 1448, ya se prevé que ese tiempo no será suficiente para cumplirles a las víctimas. ¿Qué se está haciendo al respecto?
Se tiene que ampliar. Si las víctimas aumentan, si no las hemos logrado reparar a todas, tendremos que ampliar la ley. En el Plan Nacional de Desarrollo calculamos avanzar con 642 sujetos de reparación, que es como la mitad, porque aspiramos que el próximo gobierno haga lo mismo y complete el faltante. Sin embargo, el problema es qué hacer si las víctimas aumentan, y aquí hay una discusión mucho más grande, que no es la asistencial.
Justamente uno de los grandes llamados de las víctimas es ese: superar el asistencialismo...
Claro, ese es el tema de fondo... Como estado, ¿cómo vamos a hacer las escuelas, los colegios, las carreteras, los hospitales? Es que aquí hay un país que sí tiene estado y hay uno que no, entonces para el que tiene, no se trata de dejar de hacer, porque ahí hay que seguir apoyando, pero se trata de cómo este lado del país que tiene Estado ayuda a que este llegue a esos otros territorios. ¿Cómo hacemos para lograrlo? Esa es la gran bisagra en la que, en la realidad nacional, tenemos que ponernos de acuerdo, porque sea este gobierno o el que venga, tiene esa misma desigualdad.
Por su trayectoria, antes de llegar a la dirección de la entidad usted conocía de cerca la situación de las víctimas y los incumplimientos históricos que han enfrentado. ¿Qué se ha hecho para cambiar esa situación?
Lo primero es la vocación de cambio, que se manifiesta por ejemplo en que una persona como yo esté dirigiendo la unidad. Eso nos lleva también a reconocer que había una cantidad de anotaciones a la política de víctimas hechas desde las organizaciones de la sociedad civil, por la Corte Constitucional, por jueces, que este gobierno tenía que reconocer y contribuir a resolver esas solicitudes, lo cual implica hacer mejoras institucionales y transformaciones en varias vías.
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¿A qué temas se refiere?
Por ejemplo, resoluciones como la de retornos, la atención de reparación integral, los asuntos de género, los asuntos étnicos al interior de la unidad, abrir la participación real y efectiva las víctimas y darles un lugar real en la participación y la construcción de esas mejoras. Uno de los primeros puntos fue sentarnos con la Mesa Nacional de Víctimas y recoger de su agenda sus peticiones. Hicimos 32 mesas para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, y encuentros con unas metas muy importantes, porque este Gobierno tenía que tener metas por encima de los anteriores.
¿De ahí el aumento de recursos?
El presupuesto no podía estar por debajo, sino acorde con el cumplimiento de esas metas, en el caso de la Unidad de Víctimas, pero la política de víctimas es amplia y concurren otras entidades, como los ministerios de Transporte, Salud, Educación, entre otras. Por eso construimos el Modelo de Intervención Territorial Integral para la Atención a Víctimas (MITI), en el que recogimos todo eso que los jueces han dicho de las alertas de diferentes sentencias y lo pasamos a todas las entidades del Gobierno Nacional para que los puedan priorizar, pero también a municipios y gobernaciones, para que en sus planes locales puedan poner recursos, porque de esto depende realmente cumplir con el rezago de las víctimas, no solamente la Unidad, sino todas las entidades que concurren.
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¿Qué meta se plantea el Gobierno Petro en términos de atención a las víctimas?
Nuestra meta si es cumplir a cabalidad con lo que establecimos en el Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros sabemos que no vamos a resolver en cuatro años un problema estructural, pero sí tenemos que contribuir a cambiar el rezago. En esa medida también nos fuimos a la escucha y a reconocer los derechos a los pueblos étnicos. Estamos en la consulta de los decretos leyes étnicos para adecuar la atención de la institucionalidad, que se convierta en una institucionalidad de carácter multiétnico, pues esta es una de las poblaciones con mayor victimización.
Los conflictos actuales también involucran a la Unidad de Víctimas. ¿De qué manera la apuesta de paz total del Gobierno les pone a ustedes nuevos retos en las regiones que siguen sin golpeadas por la violencia?
Nosotros tenemos una gran tragedia y es que llevamos muchos años combatiendo y negociando y el conflicto no se ha acabado. Las voluntades las del gobierno están, pero requerimos las otras voluntades, de los grupos armados. Requerimos como gobierno recuperar los territorios ocupados por los actores armados y dar seguridad de que el Estado llegue a esos territorios, porque en esa disputa entre la entrada y la ocupación de grupos armados hay una población víctima que nos toca atender como entidad que es el agente humanitario del Estado.
¿Cómo van a conmemorar del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas?
La conmemoración del 9 de abril es algo que todas las entidades del Estado deben realizar. Nos hemos sumado en 64 actividades, desde diálogos transformadores con víctimas para hablar sobre la sanación y la reconstrucción del tejido social roto por el conflicto hasta la superación de la polarización para avanzar en procesos de la no repetición del conflicto, así como en estrategias que nos unimos con diferentes ministerios y alcaldías. Por ejemplo, con el Ministerio de Educación tenemos la campaña de ‘La escuela abrazan a las víctimas’, en la que 8.000 instituciones van a estar haciendo actividades conmemorativas, generando empatía.
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Aunque uno de cada cinco colombianos es víctima, la sociedad está lejos de reconocer la magnitud de la afectación del conflicto y caminar en conjunto para saldar las deudas con esta población. ¿Qué ha hecho falta para cambiar eso?
Nosotros somos un país que ha normalizado las violencias porque nosotros nacimos de un hecho histórico violento: la conquista, la colonia, donde se mató a decenas de indígenas y se esclavizó a las personas africanas. Hemos naturalizado el horror, pasamos por unas violencias históricas bipartidistas, y ya no nos horroriza la muerte. Tenemos que recuperarnos como seres humanos en una reflexión empática con los seres humanos que han vivido esta guerra y tenemos que escuchar su historia. Los vemos en los semáforos, los vemos viviendo con todo ese drama, y en esta sociedad no hay empatía. Necesitamos escuchar las historias de las víctimas para que el país conozca no solo el horror, sino las múltiples heridas de un país afectado en todos los lados.
El 9 de abril existe para hacer una reflexión, y usted tiene razón, debería ser una reflexión más profunda, que nos lleve a eso. Por eso le hemos llamado a esta campaña “9 millones de historias para no repetir”, para contribuir también con ejercicios de no repetición desde muchos ámbitos y que entre todos podamos ayudar en la transición de la construcción de la paz. Si no, seremos una generación más que sigue naturalizando el conflicto y dejándole a las nuevas generaciones más de lo que siempre hemos tenido: sumidos en la guerra.
