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En menos de 72 horas las delegaciones del Gobierno y los frentes de la disidencia del Estado Mayor Central que aún están en la mesa de diálogos tuvieron al menos tres reuniones —algunas con comunidad internacional—, para superar una de las mayores crisis que ha tenido ese proceso de paz: el episodio en el que fue detenida por el Ejército una caravana de carros de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la que se desplazaban delegados de esa guerrilla en el proceso de paz y en la que se encontraron varias irregularidades.
El hecho terminó con la captura de cuatro personas, un guerrillero con orden de captura vigente, y otros tres que portaban dos armas, documentos falsos y altas sumas de dinero. En los siete vehículos detenidos en un retén en la vía que conduce de Medellín a Anorí se movilizaban 14 personas, entre representantes en la mesa—algo permitido en virtud del proceso de paz y del acuerdo del cese al fuego—, esquemas de seguridad y un menor de edad que habría sido reclutado hace unos años por el grupo armado.
La gravedad del hecho hizo movilizar a varios acompañantes de la mesa y a las mismas delegaciones para tratar de salvar el proceso. Los encuentros que se dieron a toda máquina parecieron tener efecto, pues el mismo viernes y tras una reunión extraordinaria que se dio en Bogotá y que convocó a la Misión de la ONU, MAPP-OEA, el Consejo Mundial de Iglesias, la Conferencia Episcopal de Colombia y a los embajadores de Suiza, Irlanda y Noruega como países garantes, se conoció que la mesa continuaba.
“Las partes en la mesa de diálogos ratifican su voluntad de paz y de continuar con el proceso”, dice el comunicado conjunto.
De acuerdo con fuentes cercanas a ese proceso, las reuniones se dieron en un ambiente tranquilo y tanto la disidencia como el Gobierno reconocieron fallas en el procedimiento.
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Camilo González, jefe de la delegación de Gobierno en ese proceso, dijo a Colombia+20 que debió haber más organización entre las entidades que están relacionadas con estos traslados, especialmente porque la movilización que estaban haciendo los miembros del EMC estaba autorizada por el Gobierno. Hasta donde se conoció, los hombres venían de Norte de Santander, de una reunión de comandantes donde se socializaron los acuerdos a los que habían llegado tras la finalización del quinto ciclo hace una semana, hacia la zona del Yarí donde tenían un encuentro con el Gobierno.
“Yo creo que sí debió hacerse una coordinación más estricta con la Policía, sobre todo con la Unipep, pero en todo momento se supo de su traslado desde el momento en que salieron (…) Habría que revisar qué ocurrió con este incidente. Es uno de los elementos que hay que revisar porque ahí hubo fallas en el procedimiento. Por ejemplo, hubo fallas en los controles que tiene que hacer el equipo de la UNP que está en territorio para que no se use de manera indebida los vehículos de ninguna manera”, explicó.
Por el lado de la disidencia también se reconoce que hubo errores al movilizar a personal que no contaba con el levantamiento de la orden de captura. Este diario conoció que la disidencia dio detalles sobre lo que ocurrió en el retén y respondieron por qué al ser requeridos por las autoridades, los guerrilleros se negaron a bajar los automotores. Por ejemplo, afirmaron que había hombres de civil y encapuchados apuntándoles con armas y que al principio no se identificaron. También que se dieron cuenta de la presencia de medios de comunicación desde que los detuvieron en el retén.
La misma UNP ha aclarado que parte del protocolo que usa para personas que se transportan en este tipo de carros es no bajarse de los vehículos. “Por razones de seguridad, los vehículos no deben ser forzados a ser abiertos en carretera y por ello deben ser conducidos a infraestructuras seguras y vigiladas por la autoridad”, aclaró esa entidad hace unos días.
En el comunicado, las delegaciones también consignaron al menos cinco compromisos, entre ellos, la conformación de un grupo de trabajo con la Oficina del Comisionado Consejero de Paz, delegados del Ministerio de Defensa, de la Unidad Nacional de Protección y de la mesa de Diálogos de Paz, “para revisar los protocolos de esquemas de protección y traslados de los integrantes de la Mesa, del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación y de la delegación del Estado Mayor de los Bloques J.S. Briceño, Magdalena Medio y del Frente Raúl Reyes”, dice el documento.
Además, la Comisión Jurídica Mixta hará seguimiento y acompañamiento a la situación jurídica y de reclusión de los integrantes de la delegación que continúan detenidos “y a los procesos iniciados por disposición de la Fiscalía General de la Nación ante irregularidades identificadas”.
Al cierre de esta edición, cuatro miembros de esa disidencia de las antiguas FARC seguían detenidos: Edgar de Jesús Orrego Arango, conocido como Leo o Firu y comandante del frente 36; Omar Delgado Novoa, conocido como Hermes Boyaco, del frente John Linares; Wenser Yosony Duque (Oliver González), cabecilla Frente Raúl Reyes y María Alejandre Ojeda Londoño.
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Una de las preocupaciones de las partes era también la alteración del cronograma de trabajo y los encuentros de transformación territorial que se tenían presupuestados en el Meta y San Vicente del Caguán y que hacen parte de los acuerdos firmados en el quinto ciclo. Las reuniones incluían la presencia de delegados de cinco ministerios, de siete agencias del Estado, en estos diferentes eventos.
En el comunicado se afirma que habrá una reprogramación de las actividades acordadas. La idea, dice, es que “se retomen a la mayor brevedad para atender a los compromisos que se tienen con las comunidades, autoridades territoriales y nacionales y demás integrantes de las Comisiones y Mesas interinstitucionales. Se seguirán los protocolos sobre planeación y organización de cada evento”, explican.
Para Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflicto Responses (CORE), el hecho de que hayan tenido que aplazar las actividades de la agenda que se pactó en el quinto ciclo no representa mayor gravedad. Sin embargo, sí se podría afectar el proceso si se extienden más de dos meses. “Si son reuniones de mando, que era lo que iban a hacer cuando los detuvieron, se puede demorar un poco más. Pero si es una actividad como definir los detalles de los protocolos del nuevo cese y la georreferenciación, eso es complejo, pero se puede manejar. Se puede tener un cese informal, mientras se definen los detalles, que ya lo han hecho antes”, explicó.
Los otros dos compromisos son la convocatoria de una plenaria extraordinaria de la mesa para el 7 y 8 de agosto en Bogotá y la promesa del “estricto seguimiento a los acuerdos y protocolos, incluidos en particular a los de seguridad”, se consignó en el comunicado.
En el documento no se refiere al trabajo que esta semana debería empezar el comité técnico para la georreferenciación, uno de los acuerdos más importantes de la más reciente ronda de negociación, pues significa la entrega de la ubicación de bloques y frentes a las autoridades.
“No es fácil mover toda una coordinación interinstitucional, el compromiso de las entidades con inversiones, muchas de ellas ya definidas, los planes de desarrollo. Tenemos que acelerar el paso y retomar el camino, creo que esa es la tarea”, reconoció González hace unos días.
Pero más allá de esta expedita superación de la crisis, la polémica con los vehículos sigue minando la esperanza en un proceso que ya viene débil no solo por la fractura que vivió ese grupo armado en marzo pasado por el levantamiento del cese al fuego regional y que provocó que unos frentes se levantaran de la mesa —los leales a Iván Mordisco— y otros decidieran seguir en el proceso —los que están con Calarcá Córdoba—.
Además, se suma a otros hechos violentos que se han cometido en medio de ese proceso como las amenazas que hicieron contra firmantes de paz que habitaban el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ECTR) de Miravalle, Caquetá, quienes tuvieron que salir desplazados; y el ataque en Valdivia, Antioquia, donde murieron seis soldados del Ejército en un campo minado, que, según las Fuerzas Militares, habría sido accionado por miembros del EMC.
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González reconoce que hay una pérdida de confianza de ambas partes que va a tener repercusiones en cómo se harán las reuniones y encuentros —justamente porque se requieren traslados—.
Tanto Calarcá Córdoba como Andrey Avendaño, los dos hombres fuertes de la guerrilla en esa negociación, tienen disposición de seguir en la mesa y, dicen fuentes cercanas al proceso, “están convencidos de la salida negociada”.
Para Johnson, en este caso la voluntad de paz no se vio tan afectada, en parte porque ambas delegaciones reconocieron que hubo errores de parte y parte. En ese sentido, el investigador explica que si bien los disidentes en la mesa le apuestan a una salida negociada, no es excluyente pensar que hay otros motivos de por medio. “En parte los que están en la mesa, están ahí porque quieren negociar. Pero al mismo tiempo no hay una pérdida clara para ellos. Si quieren negociar, pero el proceso no avanza, igual pueden salir ganando. Tienen voluntades intermedias”, añadió.
El gran interrogante es si la mesa ha superado las controversias por una real voluntad de paz de la disidencia o si el Gobierno ha sido demasiado permisivo con los episodios que han ocurrido.
Hace unos días, el investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Andrés Preciado, advirtió a este diario que era probable que el escándalo no tuviera mayor impacto sobre el proceso con el EMC. “Muchas veces las controversias no han frenado la mesa, eso hay que reconocerlo. Por ejemplo, el desplazamiento forzado de los excombatientes en Caquetá, un hecho muy delicado y que no tuvo repercusión en la realización del quinto ciclo de diálogos que sucedió sin mayores percances. No es la primera vez que esta mesa pasa por encima de las polémicas que genera”, explicó.
Sin embargo, para el investigador Johnson, el Gobierno podría estar enviando un mensaje equivocado. “La mesa ha tenido problemas desde su comienzo y es una mesa que ha estado de crisis en crisis, pero han seguido ahí. Hay cierta aceptación en la mesa de que a pesar de la crisis, hay que seguir adelante. Eso puede ser un mensaje equivocado”.
Aunque el jefe negociador del Gobierno fue enfático en que deben tomarse los correctivos en los procedimientos, el comunicado no deja ver cuáles y sobre quiénes recaerán las consecuencias de ese escándalo.
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