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A las fuertes emergencias en Chocó por las lluvias de los últimos días que han provocado inundaciones y deslizamientos en un 85% del territorio, se suma el paro armado que fue decretado por la guerrilla del ELN en los ríos San Juan, Sipí y Cajón a partir del 9 de noviembre.
Ante este panorama, la delegación de Gobierno en la mesa de diálogo con ese grupo armado hizo un llamado de urgencia para que, por razones humanitarias, suspenda el paro armado en ese departamento.
Asimismo, el equipo negociador pidió que se “levante cualquier acción de confinamiento y de limitación a la libre movilización de la población, y que permita que la ayuda estatal llegue al territorio”.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro también se pronunció a través de su cuenta en X y solicitó que se levantara el paro armado. “Amor eficaz es levantar paros armados ante la crisis humanitaria de la gente en el Chocó. Lo revolucionario es el amor y la solidaridad”, dijo el mandatario.
Precisamente, las principales vías de acceso a las poblaciones son los tres ríos señalados en el paro armado. El ELN emitió un comunicado en el que señalaron que la decisión se da por cuenta de las labores de patrullaje que la fuerza pública estaría haciendo en connivencia con el Clan del Golfo.
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Horas antes del anuncio de un nuevo paro armado, las delegaciones del Gobierno y del ELN anunciaron que reanudan las actividades en la mesa de diálogos de paz. En el comunicado conjunto número 29, los equipos negociadores detallaron que tendrán un próximo encuentro del 19 al 25 de noviembre para avanzar al máximo en los temas de paz.
Sin embargo, el anuncio de un paro armado deja más dudas y contradicciones ad portas de esa reanudación de los temas en la mesa. Es la tercera vez en un año en que el Frente de Guerra Occidental restringe la movilidad en medio del proceso de paz.
Esa orden afecta a por lo menos 45.000 personas. Justamente, este viernes la Defensoría del Pueblo también le hizo un llamado al ELN a que revoque el paro armado.
“Este será el tercer confinamiento forzoso en el año que perjudicará a 85 comunidades afros e indígenas; 7.500 están afectadas por inundaciones en sus comunidades”.
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Sobre el panorama de inundaciones, la entidad resaltó que los organismos de socorro requieren movilizarse en la zona para verificar las afectaciones y el paro armado impedirá que las comunidades reciban este apoyo. “El hecho no solo vulnerará su libre locomoción, sino que pondrá en riesgo su derecho a la salud y la vida. La situación incrementará la difícil realidad de los pobladores que sufren la violencia y la falta de acceso a servicios básicos”, indicó la Defensoría.
El padre Albeiro Parra, quien ha dedicado su vida a luchar por las comunidades de Chocó, señala que todo esto pone más en riesgo a la población chocoana. “Las comunidades tienen el agua hasta el cuello y encima tienen un paro armado. Ellos saben que en estas épocas de lluvias las comunidades necesitan ser atendidas en estas emergencias. Es una situación gravísima y no sabemos hasta dónde va esa voluntad de paz”, explicó el padre.
En ese contexto, el sacerdote también explicó a Colombia+20 que lo que las comunidades necesitan de manera urgente es llegar a un acuerdo humanitario y un cese al fuego multilateral. “No estamos ganando nada con un cese bilateral o unilateral, necesitamos que sea un cese de carácter humanitario, que además de lo militar, también se hagan compromisos para no adelantar acciones que afecten a la comunidad”, añadió.
Una reunión decisiva
Las delegaciones están preparando el camino para reactivar oficialmente y por completo este diálogo que entró en una fase letárgica cuando el Gobierno decidió abrir un diálogo regional con Comuneros del Sur, un frente que se separó del ELN. Pero esto abre algunas dudas sobre cuáles serán los cambios de cara a esta nueva etapa de negociación, qué compromisos adquirirá el ELN, si esa guerrilla está dispuesta a hacerlos y a cumplirlos, y cómo se resolverán las nada fáciles demandas acumuladas de ambas partes.
Una “prenegociación” ya tiene una primera fecha de encuentro, entre 19 y el 25 de noviembre -justo en medio de la conmemoración de los dos años de instalación de esa mesa-, será crucial no solo para que el diálogo vuelva a tener vida, sino también para que el Gobierno trace nuevas directrices en este proceso de paz y tenga, al fin, una mejor estrategia que pueda evitar la inactividad en la que cayó la negociación muchos meses antes de que se suspendiera el proceso.
Se espera que en esa nueva reunión el Gobierno plantee un tema que desde hace meses han reclamado las comunidades: que haya un compromiso expreso no solo con el cese al fuego, sino también con el cese de todas las hostilidades que vulneren a la población civil, incluidos los paros armados.
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