Este martes se oficializó la prórroga del cese al fuego por tres meses entre el Gobierno y los frentes de la disidencia Estado Mayor Central (EMC) que aún permanecen en la mesa de diálogos y que están bajo la comandancia de Alexander Mendoza, conocido como Calarcá Córdoba.
El Gobierno hizo oficial la extensión de ese periodo hasta el próximo 15 de octubre a través de un decreto firmado por el Ministerio de Defensa, en el que se especifica que el alto al fuego será con los bloques Jorge Suárez Briceño (compuesto de ocho frentes con presencia en Meta, Caquetá, Guaviare), Magdalena Medio Gentil Duarte (que cuenta con siete frentes) y el frente Raúl Reyes.
El cese, dice el decreto, tiene entre sus objetivos, respetar la vida y evitar afectaciones a la población civil, desarrollar programas de desminado humanitario, evitar el desplazamiento de comunidades y crear condiciones de seguridad para la implementación de las transformaciones territoriales en Caquetá, Putumayo, Guaviare, Meta, Huila, Norte de Antioquia, nordeste y bajo cauca antioqueño, sur de Bolívar y región del Catatumbo, entre otras.
“La continuidad del cese al fuego está condicionada al cumplimiento de acuerdos y protocolos aprobados por la mesa de diálogos”, dice el decreto.
En el documento también se da cuenta de un cambio de nombre en ese grupo que ahora se autodenomina como Estado Mayor de los Bloques.
Previo a la publicación del decreto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ya había hecho oficial que el cese al fuego no se mantendría con todos las estructuras del EMC. La razón es que esa disidencia está dividida desde marzo pasado tras un atentado del EMC contra una comunidad indígena en Toribío, que llevó al presidente Petro a suspender el alto al fuego en tres departamentos del suroccidente del país (Cauca, Nariño y Valle).
Mientras unos delegados del EMC querían mantener el alto al fuego, la mesa de diálogos e incluso avanzar en más acuerdos parciales, otros querían tomar medidas más radicales por esa decisión de Petro. Al final, los frentes leales a Iván Mordisco hacen parte de la facción del grupo disidente que se levantó de la mesa de diálogos y contra la cual el Gobierno anunció este martes una “ofensiva total”, mientras que con la otra parte del EMC, la de Calarcá Córdoba, continuará las conversaciones.
Con el anuncio más reciente de la cartera de Defensa, las Fuerzas Militares recibieron la orden de reanudar todas las operaciones ofensivas en contra de al menos 24 estructuras del EMC. El ministro Velásquez aseguró, además, que se utilizarán todas las capacidades disponibles para atender la nueva directriz del gobierno.
Quedó oficializada la georreferenciación del grupo armado
Tal como lo había contado Colombia+20, el decreto también oficializó un inédito acuerdo sobre la georreferenciación, una especie de protocolo en el que la disidencia suministrará las coordenadas de los lugares donde están ubicados y que actualmente ocupan. Dicha información tendría una verificación por parte de las Fuerzas Militares.
Según conoció este diario, ya habrían entregado las coordenadas el bloque Jorge Suárez Briceño y el Comando Conjunto del Sur (Putumayo). Aún estaría pendiente el Bloque Magdalena Medio, que lo entregará posterior a su reunión de mandos durante la semana entrante.
Para la georreferenciación (que ya se implementó también en el proceso con la Segunda Marquetalia), se creará un comité técnico que asesorará y verificará la entrega de esa información. El decreto indica que ese comité estará integrado por delegados de las partes, personal de la Oficina del Alto Comisionado de Paz (OACP) y del Ministerio de Defensa, incluidos el observador militar y policial, con sus equipos técnicos de apoyo. Ese comité deberá crear el protocolo donde se determinen y delimiten las áreas de presencia de esas estructuras del EMC.
El decreto también indica que continuarán suspendidas las operaciones ofensivas de la Fuerza Pública. Además, quedó establecido, que se debería hacer la instalación y la puesta en marcha de Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) a nivel local, regional y nacional, cuyo retraso estaría relacionado con problemas logísticos del Gobierno. El MVMV está integrado por representantes del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la OACP. Además, miembros de esas estructuras, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia (cuya tarea está sujeta a la aprobación del Consejo de Seguridad) y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp-OEA). Contará con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal y el Consejo Mundial de Iglesias.
Lea aquí el decreto
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