El Gobierno y la disidencia de las antiguas FARC, conocida como Estado Mayor Central (EMC) anunciaron este viernes que continuarán con la negociación de paz.
“De conformidad con las evaluaciones realizadas, se acordó continuar con los diálogos y reiterar los compromisos construidos”, dice el documento que fue firmado en la reunión extraordinaria que se realizó desde el jueves en San Vicente del Caguán, Caquetá.
El anuncio sobre la continuidad del proceso se da a pesar de los dos ataques con explosivos perpetrados por la disidencia conocida como Estado Mayor Central (EMC) –uno contra casas fiscales del Ejército en Cali, y otro contra la estación de Policía de Jamundí-. Y el tercero ocurrió en Tumaco (Nariño), tan solo media hora después de que sucediera la explosión en Cali, cuando estalló una granada a la entrada de la sede del Gaula Militar.
Ese encuentro en el Caguán, zona histórica de las antiguas FARC venía antecedida por un desafiante anuncio hecho hace unos días por parte de esa disidencia sobre la creación de un nuevo bloque central dentro de su estructura militar que, según el grupo, tendrá operaciones en Huila, Tolima, Quindío y Valle del Cauca. La reunión, donde justamente no estuvieron presentes los delegados de Cauca y Arauca, también fue la primera que se daba tras la suspensión regional del cese al fuego en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, y después del duro rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro e Iván Mordisco, comandante de ese grupo armado, una subida de tono que hasta hoy tiene en vilo la continuidad de la mesa de negociación.
Según el comunicado, se evaluaron esas “situaciones críticas” así como las dificultades del cese al fuego y “lo relacionado con la suspensión parcial del cese”. Para ello, las partes afirman que se adoptaron medidas para fortalecer el Mecanismo de Monitoreo, Veeduría y Verificación nacional y los regionales y locales que ya han sido instalados. Además, se “elaboraron planes para poner en marcha los acuerdos especiales de transformación en Caquetá, Guaviare, Meta, Putumayo, Norte de Santander, Sur de Bolívar y Norte de Antioquia”.
El documento se publicó casi al mismo tiempo de que el presidente Petro llevara a cabo una reunión con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en la que según dijo a varios medios, le llevará una propuesta que varios gobernadores le presentaron a Velásquez en el Consejo de Seguridad que se realizó hace el jueves en Neiva para suspender el cese del fuego de manera total con esa disidencias.
“Ese es un tema que tenemos para discutirlo, precisamente con él, hubo una petición explícita en el último Consejo de Seguridad que realizamos en Neiva. Estamos para reunirnos con él, hacer la evaluación y, como insistimos, esta es una decisión exclusiva del presidente de la República. Nosotros presentamos nuestros análisis y él toma las decisiones correspondientes”, dijo Velásquez.
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En esas declaraciones, el ministro también afirmó que no hay condiciones para restablecer el cese al fuego regional suspendido con el Estado Mayor Central el pasado 17 de marzo en Cauca, Nariño y Valle del Cauca, tras un ataque contra una comunidad indígena en Toribío. “Las disidencias desde hace varios meses han dado claras muestras de no estar dispuestos a cumplir las obligaciones que impone el cese (...) Por no hay ninguna condición para el restablecimiento del cese”, dijo.
¿Qué se acordó en la reunión extraordinaria?
Lo primero es que se mantiene la reunión que sostendrán entre el 8 y 10 de abril en Caquetá las delegaciones junto con representantes de varios ministerios y entidades para avanzar en las transformaciones territoriales que se habían acordado en el cuarto ciclo de diálogos.
Además, se ratificaron todos los acuerdos a los que se llegó en el último ciclo, donde se pactaron acciones de transformación territorial en Caquetá y Catatumbo. También se confirmó que el próximo ciclo será a finales de mayo —la anterior fecha era el 15 de ese mes— en Ocaña, Norte de Santander.
En esa última ronda, el Gobierno y el Estado Mayor Central, aprobaron siete documentos clave. Uno de estos es el Acuerdo Especial sobre Transformaciones Territoriales en Caquetá, Meta y Guaviare, que contiene más de 50 acciones y actividades, casi todas de carácter inmediato, para poner en marcha la apuesta de paz en estos tres departamentos en los que históricamente han hecho presencia las FARC.
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En los acuerdos también se mencionó la formalización de un colegio que terminó en polémica tras un video promocional que circuló por redes sociales en el que se decía que esa institución llevaría el nombre de Gentil Duarte, comandante guerrillero quien fue asesinado en 2022, y uno de los fundadores del EMC.
Otras de las propuestas que quedaron consignadas en los acuerdos es la formalización de pistas de aterrizaje de operación segura, la formulación de un proyecto para la construcción de hospitales en San Vicente del Caguán y La Macarena, y la creación de una universidad en Lozada - Guayabero (Meta), así como instituciones de educación técnica con enfoque rural.
Los ataques violentos de la disidencia
La continuidad se da en medio de una escalada de violencia que viene azotando justamente a los departamentos donde está suspendido el cese al fuego. Desde el día en que se levantó esa medida, el Ministerio de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Militares anunciaron medidas y operaciones para hacerle frente a la respuesta del grupo ilegal a la decisión del Ejecutivo. En departamentos como Huila, Cauca, Valle del Cauca y Nariño se registró un aumento de enfrentamientos entre las disidencias y el Ejército. Según el comandante del Ejército, el general Helder Giraldo, se han registrado 77 operaciones militares, entre capturas, combates y rescates de menores de edad, en contra de las disidencias de Mordisco desde esa suspensión.
Mientras tanto, las autoridades y oenegés también advirtieron sobre la escalada de violencia contra la población civil, que se materializa en secuestros, extorsiones, amenazas y asesinatos. Los casos más recientes se dieron en Valle del Cauca y Nariño. En este último resultó herido por las esquirlas un infante de marina que se encontraba en su turno de centinela. El hombre ya fue atendido y se encuentra fuera de peligro. En los otros dos casos, no se registraron muertos ni heridos. Otro de los casos más críticos de violencia en las últimas semanas se registró en Arauca, en donde, en menos de ocho días, fueron asesinados cuatro líderes sociales. Esa ola de asesinatos comenzó con el homicidio del firmante del Acuerdo de Paz con las Farc, Luis Alfredo Gaitán, el pasado 25 de marzo. La víctima había realizado su proceso de reincorporación y hacía parte de varias asociaciones municipales.
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Dos días después, se reportó el homicidio de Emerson David Silva Martínez, un joven líder y excandidato al Concejo Municipal de Saravena durante las elecciones regionales de 2023. El joven fue secuestrado el pasado 23 de febrero por un grupo de hombres armados y el 27 de marzo su cuerpo fue encontrado en una vía que comunica Arauca con Boyacá. A estos hechos violentos se sumó el homicidio de Graciel Mendoza, el pasado 31 de marzo, quien también fue secuestrado y posteriormente asesinado. El hombre era reconocido por su labor como líder social y campesino en el municipio de Tame. Todavía no hay ningún avance en las investigaciones judiciales.
Finalmente, el último reporte llegó el pasado lunes 1 de abril, con el asesinato de Ever Albeiro Espí Hernández, actual presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Beisal de Maporal en Arauquita. Según las primeras versiones de los crímenes, detrás estaría una facción del EMC. “Nada justifica dichos ataques cuando el protagonista es un grupo armado organizado que está en una mesa de negociación buscando una salida pacífica a la situación que se registra en el país”, señaló el ministro Velásquez, en la mañana de este viernes. El jefe de la cartera ministerial aseguró esta semana que las disidencias del EMC crecieron en número y en poder bajo las reglas del cese al fuego. Y este diario pudo confirmar que ocurrió lo mismo con las estructuras de la Segunda Marquetalia.