Gobierno y Farc firman otra vez la paz

Víctimas, embajadores de diferentes países, expresidentes, magistrados de las altas cortes, congresistas, directores de medios de comunicación y representantes de organizaciones de la sociedad civil son los invitados y a la vez serán los testigos de la firma del nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. La sobria ceremonia se llevará a cabo hoy a partir de las 11:00 de la mañana en el Teatro Colón de Bogotá. La cantante cartagenera Cecilia Silva Caraballo, del grupo Tambores del Cabildo, interpretará a capela el Himno Nacional y luego cantará acompañada por esa escuela de formación en música y danza tradicionales del Caribe. Habrá discursos del presidente Juan Manuel Santos y del máximo comandante de la guerrilla, Rodrigo Londoño Echeverri, Timochenko. Y nada más.

Y como no hay tiempo que perder, según dijo el mismo jefe de Estado, una vez concluido el evento, hacia la 1:00 de la tarde, el texto del nuevo acuerdo será llevado al Congreso de la República para ser presentado ante las plenarias de Senado y Cámara de Representantes. La idea es incluir una proposición pidiendo su refrendación y que la próxima semana ambas corporaciones citen a debate para su votación, al que serían invitados varios de los voceros del No en el plebiscito del 2 de octubre, quienes se ganaron en las urnas la legitimidad política de forzar una reorientación de lo pactado, algo que según el Gobierno se cumplió pero que según ellos no fue así, pues se dejaron intactos temas que son fundamentales para la democracia, como elevar parte de los acuerdos al nivel constitucional o permitir la elegibilidad de responsables de crímenes atroces.

Así las cosas, Colombia llega hoy a la cuarta firma de un acuerdo de paz con las Farc más polarizada que nunca. La primera fue el 23 de junio, cuando Santos y Timochenko pactaron el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas. Luego, el 24 de agosto, las delegaciones del Gobierno y de las Farc anunciaron que se había llegado a un acuerdo final, integral y definitivo sobre la totalidad de los puntos de la agenda negociada durante cuatro años, y se firmó un documento por parte Humberto de la Calle e Iván Márquez. Después, el 26 de septiembre, en una pomposa ceremonia realizada en Cartagena con muchos invitados internacionales, se realizó la firma protocolaria de la paz. Y ahora, en Bogotá, el primer mandatario y el comandante de las Farc estamparán una vez más sus rúbricas en un nuevo acuerdo.

Ya la decisión de que la refrendación se haga vía legislativa está tomada y no tiene reversa. Y aunque ello marca el punto de partida para iniciar la implementación, queda pendiente aún saber cuál será la posición que asumirá la Corte Constitucional frente a las demandas interpuestas en contra del Acto Legislativo para la Paz, que es el que le otorga al Gobierno la facultad de desarrollar leyes ordinarias y reformas constitucionales que faciliten dicha implementación. Y en este sentido, hay dos temas claves: el fast track o “vía rápida”, mecanismo por medio del cual se busca abreviar el trámite de esas iniciativas reduciendo el número de debates, y el artículo quinto, que estipula que el Acto Legislativo rige a partir de la refrendación popular del acuerdo final. Lo que espera el Gobierno es que se abra camino a lo primero y se caiga la segundo, pero la Corte puede también modular su decisión.

Quienes demandaron esta reforma creen, por ejemplo, que el reducir de ocho a cuatro los debates necesarios para aprobar cambios a la Constitución implica un gran riesgo ante la improvisación y ligereza en el análisis que generalmente ha caracterizando la producción normativa del Congreso. De hecho, el exconstituyente Jesús Pérez González Rubio, uno de esos demandantes, considera que es inconstitucional, “debido a que son incompatibles e irreconciliables con los ejes definitorios de la identidad de la Constitución”. Sin embargo, se sabe que la tendencia en el alto tribunal es que se trata de un mecanismo excepcional para un proceso también excepcional, en aras de la paz del país.

Más allá de todo ese tejemaneje jurídico, está lo político. A comienzos de esta semana, el Gobierno se concentró en explicarles a los representantes del No las modificaciones que se le hicieron al acuerdo y los consensos no logrados en La Habana con las Farc. Un diálogo que, finalmente, resultó poco útil, dada la negativa del expresidente Álvaro Uribe y sus delegados del Centro Democrático, del expresidente Andrés Pastrana, del exprocurador Alejandro Ordóñez, de la exministra Marta Lucía Ramírez e incluso de un grupo de víctimas, entre otros, de apoyar el nuevo texto. Surtido ese trámite, las fuerzas se concentraron en hablar con quienes, por segunda vez, le dirán Sí al nuevo acuerdo de paz.

 Ayer, en el Club de Banqueros en el centro de Bogotá, voceros de los partidos de la llamada “coalición por la paz” y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se reunieron con los negociadores Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo. ¿La razón? Explicar en qué cambio el nuevo texto que salió de La Habana y, más importante, qué debates vienen ahora en el Congreso para implementarlo. La ley de amnistía sigue siendo la prioridad, pues permitirá a los guerrilleros trasladarse hacia las zonas veredales transitorias y otorgará seguridad jurídica a las Farc.

Ese fue el primer consenso al que se llegó en dicho encuentro, previo a un álgido debate sobre la refrendación de la próxima semana. Quedó claro, según explicó la senadora de la Alianza Verde Claudia López, que no será un proceso de un solo día. Aunque el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, confirmó que el martes de la semana que viene Senado y Cámara conocerán la proposición para refrendar el acuerdo de paz, es muy poco probable que ese mismo día se vote. Habrá una discusión amplia a lo largo de la semana, si es preciso, antes de que el Legislativo decida sobre el acuerdo.

La posición del Centro Democrático, segunda fuerza mayoritaria en el Legislativo, sigue siendo la de oponerse a lo pactado, así tenga algunos de los cambios que pidió después del No al plebiscito de octubre. Revocar al Senado y a la Cámara es una propuesta que cada vez cobra mayor fuerza en su bancada y aunque para el ministro Cristo eso significa que “destaparon las cartas y le confirmaron al país que están utilizando la paz como mecanismo para hacer política electoral para el 2018”, todavía quedan dudas sobre si asistirán o no a los debates a los que se convoque para refrendar la paz con las Farc.

Por otra parte, el Gobierno aún se enfrenta a una disyuntiva: decidir si comienza a radicar cuanto antes las primeras leyes para darle desarrollo jurídico a lo que se pactó con la guerrilla o, por el contrario, esperar la decisión de la Corte Constitucional frente al Acto Legislativo para la Paz, sobre todo en lo de la “vía rápida”. Es una decisión que no da espera, dada la urgencia de no seguir poniendo en riesgo el cese bilateral al fuego. En este sentido, ha anunciado que, en todo caso, respetará la decisión del alto tribunal que, eso sí, confía en que sea tomada con la mayor independencia y lejos de las presiones que, según dice, se están ejerciendo hacia la Corte por parte de la oposición.

El tiempo apremia. La firma hoy de la paz parece ser la definitiva y la refrendación, la próxima semana en el Congreso, significa el Día D para que comiencen a correr los tiempos de la concentración de las tropas guerrilleras para su desmovilización y desarme y para la constitución en movimiento político legal. Y el Gobierno sabe también que le queda hasta mediados de junio del próximo año para avanzar lo máximo posible en la implementación, pues a partir de ese momento arranca el pulso electoral de 2018.

Víctimas, embajadores de diferentes países, expresidentes, magistrados de las altas cortes, congresistas, directores de medios de comunicación y representantes de organizaciones de la sociedad civil son los invitados y a la vez serán los testigos de la firma del nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. La sobria ceremonia se llevará a cabo hoy a partir de las 11:00 de la mañana en el Teatro Colón de Bogotá. La cantante cartagenera Cecilia Silva Caraballo, del grupo Tambores del Cabildo, interpretará a capela el Himno Nacional y luego cantará acompañada por esa escuela de formación en música y danza tradicionales del Caribe. Habrá discursos del presidente Juan Manuel Santos y del máximo comandante de la guerrilla, Rodrigo Londoño Echeverri, Timochenko. Y nada más.

Y como no hay tiempo que perder, según dijo el mismo jefe de Estado, una vez concluido el evento, hacia la 1:00 de la tarde, el texto del nuevo acuerdo será llevado al Congreso de la República para ser presentado ante las plenarias de Senado y Cámara de Representantes. La idea es incluir una proposición pidiendo su refrendación y que la próxima semana ambas corporaciones citen a debate para su votación, al que serían invitados varios de los voceros del No en el plebiscito del 2 de octubre, quienes se ganaron en las urnas la legitimidad política de forzar una reorientación de lo pactado, algo que según el Gobierno se cumplió pero que según ellos no fue así, pues se dejaron intactos temas que son fundamentales para la democracia, como elevar parte de los acuerdos al nivel constitucional o permitir la elegibilidad de responsables de crímenes atroces.

Así las cosas, Colombia llega hoy a la cuarta firma de un acuerdo de paz con las Farc más polarizada que nunca. La primera fue el 23 de junio, cuando Santos y Timochenko pactaron el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas. Luego, el 24 de agosto, las delegaciones del Gobierno y de las Farc anunciaron que se había llegado a un acuerdo final, integral y definitivo sobre la totalidad de los puntos de la agenda negociada durante cuatro años, y se firmó un documento por parte Humberto de la Calle e Iván Márquez. Después, el 26 de septiembre, en una pomposa ceremonia realizada en Cartagena con muchos invitados internacionales, se realizó la firma protocolaria de la paz. Y ahora, en Bogotá, el primer mandatario y el comandante de las Farc estamparán una vez más sus rúbricas en un nuevo acuerdo.

Ya la decisión de que la refrendación se haga vía legislativa está tomada y no tiene reversa. Y aunque ello marca el punto de partida para iniciar la implementación, queda pendiente aún saber cuál será la posición que asumirá la Corte Constitucional frente a las demandas interpuestas en contra del Acto Legislativo para la Paz, que es el que le otorga al Gobierno la facultad de desarrollar leyes ordinarias y reformas constitucionales que faciliten dicha implementación. Y en este sentido, hay dos temas claves: el fast track o “vía rápida”, mecanismo por medio del cual se busca abreviar el trámite de esas iniciativas reduciendo el número de debates, y el artículo quinto, que estipula que el Acto Legislativo rige a partir de la refrendación popular del acuerdo final. Lo que espera el Gobierno es que se abra camino a lo primero y se caiga la segundo, pero la Corte puede también modular su decisión.

Quienes demandaron esta reforma creen, por ejemplo, que el reducir de ocho a cuatro los debates necesarios para aprobar cambios a la Constitución implica un gran riesgo ante la improvisación y ligereza en el análisis que generalmente ha caracterizando la producción normativa del Congreso. De hecho, el exconstituyente Jesús Pérez González Rubio, uno de esos demandantes, considera que es inconstitucional, “debido a que son incompatibles e irreconciliables con los ejes definitorios de la identidad de la Constitución”. Sin embargo, se sabe que la tendencia en el alto tribunal es que se trata de un mecanismo excepcional para un proceso también excepcional, en aras de la paz del país.

Más allá de todo ese tejemaneje jurídico, está lo político. A comienzos de esta semana, el Gobierno se concentró en explicarles a los representantes del No las modificaciones que se le hicieron al acuerdo y los consensos no logrados en La Habana con las Farc. Un diálogo que, finalmente, resultó poco útil, dada la negativa del expresidente Álvaro Uribe y sus delegados del Centro Democrático, del expresidente Andrés Pastrana, del exprocurador Alejandro Ordóñez, de la exministra Marta Lucía Ramírez e incluso de un grupo de víctimas, entre otros, de apoyar el nuevo texto. Surtido ese trámite, las fuerzas se concentraron en hablar con quienes, por segunda vez, le dirán Sí al nuevo acuerdo de paz.

 Ayer, en el Club de Banqueros en el centro de Bogotá, voceros de los partidos de la llamada “coalición por la paz” y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se reunieron con los negociadores Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo. ¿La razón? Explicar en qué cambio el nuevo texto que salió de La Habana y, más importante, qué debates vienen ahora en el Congreso para implementarlo. La ley de amnistía sigue siendo la prioridad, pues permitirá a los guerrilleros trasladarse hacia las zonas veredales transitorias y otorgará seguridad jurídica a las Farc.

Ese fue el primer consenso al que se llegó en dicho encuentro, previo a un álgido debate sobre la refrendación de la próxima semana. Quedó claro, según explicó la senadora de la Alianza Verde Claudia López, que no será un proceso de un solo día. Aunque el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, confirmó que el martes de la semana que viene Senado y Cámara conocerán la proposición para refrendar el acuerdo de paz, es muy poco probable que ese mismo día se vote. Habrá una discusión amplia a lo largo de la semana, si es preciso, antes de que el Legislativo decida sobre el acuerdo.

La posición del Centro Democrático, segunda fuerza mayoritaria en el Legislativo, sigue siendo la de oponerse a lo pactado, así tenga algunos de los cambios que pidió después del No al plebiscito de octubre. Revocar al Senado y a la Cámara es una propuesta que cada vez cobra mayor fuerza en su bancada y aunque para el ministro Cristo eso significa que “destaparon las cartas y le confirmaron al país que están utilizando la paz como mecanismo para hacer política electoral para el 2018”, todavía quedan dudas sobre si asistirán o no a los debates a los que se convoque para refrendar la paz con las Farc.

Por otra parte, el Gobierno aún se enfrenta a una disyuntiva: decidir si comienza a radicar cuanto antes las primeras leyes para darle desarrollo jurídico a lo que se pactó con la guerrilla o, por el contrario, esperar la decisión de la Corte Constitucional frente al Acto Legislativo para la Paz, sobre todo en lo de la “vía rápida”. Es una decisión que no da espera, dada la urgencia de no seguir poniendo en riesgo el cese bilateral al fuego. En este sentido, ha anunciado que, en todo caso, respetará la decisión del alto tribunal que, eso sí, confía en que sea tomada con la mayor independencia y lejos de las presiones que, según dice, se están ejerciendo hacia la Corte por parte de la oposición.

El tiempo apremia. La firma hoy de la paz parece ser la definitiva y la refrendación, la próxima semana en el Congreso, significa el Día D para que comiencen a correr los tiempos de la concentración de las tropas guerrilleras para su desmovilización y desarme y para la constitución en movimiento político legal. Y el Gobierno sabe también que le queda hasta mediados de junio del próximo año para avanzar lo máximo posible en la implementación, pues a partir de ese momento arranca el pulso electoral de 2018.