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La negociación del Gobierno de Gustavo Petro y la disidencia que ahora se denomina el Estado Mayor de los Bloques (EMB) comandado por Alexander Díaz, conocido como Calarcá Córdoba, ha enfrentado una serie de sucesos que han retrasado actividades e incluso el mismo inicio del sexto ciclo de diálogos que se tenía previsto que empezara en Bogotá para el viernes pasado.
La última reunión extraordinaria se llevó a cabo el pasado 9 de agosto para superar uno de los peores episodios de esta negociación cuando en julio fue detenida por el Ejército una caravana de carros de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la vía entre Anorí y Medellín en la que se desplazaban delegados de esa guerrilla en el proceso de paz y en la que se encontraron varias irregularidades.
Ese suceso llevó a la captura de cuatro personas, que fueron nombrados gestores de paz el pasado 3 de septiembre. La delegación de Gobierno en su momento explicó que la petición del levantamiento de órdenes de captura se había hecho antes de lo ocurrido con la caravana.
Desde entonces, si bien siguen los trabajos entre las partes, no se había podido concretar una fecha para la sexta ronda de negociación —el último ciclo fue en julio— que tiene la premura de la extensión del cese al fuego que se vence el próximo martes 15 de octubre.
Todo indica que sí se ampliará ese alto al fuego, aunque las partes aún no se han puesto de acuerdo sobre si será por tres o por seis meses. De hecho, el pasado 27 de septiembre se reinstaló el mecanismo para verificar y monitorear ese cese.
Esa negociación se considera uno de los dos procesos “estrella”. El otro era el del ELN que está suspendido desde hace tres semanas. Por eso el avance de esta mesa es clave para el Gobierno de Gustavo Petro, cuya apuesta de paz total por ahora no le da tantos réditos.
El tema de los gestores de paz y transformaciones territoriales
Fuentes enteradas le contaron a este diario que hay molestias de parte de la delegación del EMB porque no han salido de la cárcel de esos cuatro gestores de paz y por el lento avance en las transformaciones territoriales en Caquetá, Meta y Guaviare, así como la cancelación de varios eventos de la mesa —que algunos han tildado de “boicot” por parte de varios Ministerios del Gobierno (Defensa, Agricultura y Ambiente)—.
Sobre el tema de las gestorías de paz, Colombia+20 supo que un juez de reparto al parecer en Antioquia es quien tiene el caso y que, hasta ahora, recibió los planes de trabajo que deben entregar quienes cumplan este rol. Ese documento es parte del proceso que se surte y luego viene el levantamiento de las órdenes de captura para que puedan ejercer su función como gestores.
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El gobernador de ese departamento, Andrés Julián Rendón, quien ha estado siguiendo de cerca el caso de las camionetas de la UNP, ha pedido en varias ocasiones el Gobierno que revoque el cese o no lo extienda. Su última petición se dio esta semana cuando se presentó una masacre de al menos dos líderes comunales en Yondó, Antioquia. Sobre el hecho hay distintas versiones que apuntan a que los responsables serían o miembros del Clan del Golfo o del frente 24 del Bloque Magdalena Medio de la disidencia de Calarcá.
El otro punto son las acciones para la transformación del territorio, que son el corazón de esta negociación. Al menos en los últimos tres ciclos se han acordado varias tareas que incluyen construcción de colegios, vías, gestión de cultivos de arroz, evaluar zonas de reserva campesina e incluso intervenciones de la Agencia de Desarrollo Rural y de la Agencia Nacional de Tierras. Sin embargo, pocas de esas acciones se han concretado, lo que también ha generado molestia y dudas en la delegación de la disidencia.
La declaración de guerra con Mordisco
La seguridad también hizo que se aplazara este ciclo. Aunque hasta inicios de esta semana la cita para la ronda de negociación se mantenía firme el jueves los planes se desbarataron. Según fuentes enteradas, había rumores sobre dos temas: que Calarcá no quería moverse del territorio y desplazarse a la capital dados los duros enfrentamientos que se están llevando a cabo entre los departamentos de Meta y Guaviare y Caquetá tras la declaración de guerra le hizo en agosto pasado Iván Mordisco, jefe de las estructuras que se levantaron de la mesa.
En un comunicado fechado el 21 de agosto, Mordisco dijo que no había otro camino que enfrentar a los “traidores” y “fraccionalistas”, como los calificó. “Es doloroso que siempre nos busquen arrinconar con la guerra, y en esas condiciones no nos queda más que el honor y el valor para enfrentarlos hasta derrotarlos, por tal razón se ha ordenado a las unidades en el área entrar en combate con cualquier fuerza que se encuentre en el avance de la retoma del área”, decía el documento publicado por el Bloque Amazonas.
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Las confrontaciones entre ambas estructuras en límites entre los departamentos de Meta y Guaviare, y otras más en Caquetá, empezaron a darse casi desde el mismo momento en que ese comunicado se publicó. Ambos grupos luchan por lo mismo: el control de las rutas del narcotráfico, cultivos de uso ilícito e incluso de zonas donde se ejerce con fuerza extorsión, especialmente para ganaderos.
La violencia se ha ido incrementando en las últimas semanas y ha dejado a varias comunidades desplazadas. Una alerta de la Procuraduría emitida el pasado 24 de septiembre advertía sobre una crisis humanitaria y de seguridad en Caquetá, como consecuencia de enfrentamientos entre ambos grupos armados ilegales.
Según la entidad, durante todo agosto se presentaron varios incidentes con minas antipersonal en San Vicente del Caguán, al menos siete homicidios en Puerto Rico y Belén de los Andaquíes, declaraciones de confinamientos y restricciones de movilidad en Solano y Cartagena del Chairá.
Los países garantes y acompañantes del proceso han estado trabajando desde hace días para que el encuentro de delegaciones se dé lo antes posible. De hecho, varios de ellos se trasladaron al Yarí para tener conversaciones con Calarcá y prestar sus buenos oficios para que el sexto ciclo pueda llevarse a cabo.
Reuniones con Mindefensa
El otro hecho era que se estaba a la espera de varias reuniones, unas de ellas con el Ministerio de Defensa para evaluar el cese al fuego y decidir cómo sería la ampliación del mismo. Fuentes militares afirman que desde esa cartera se ha pujado para que la extensión no sea de seis, sino de tres meses. También se evaluaron las operaciones que se vienen dando en el territorio, donde confluyen otros actores armados con los que no hay cese, como las mismas disidencias de Mordisco.
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En el encuentro con Mindefensa también se evaluó el tema de la georreferenciación, uno de los acuerdos a los que la mesa llegó en julio pasado, en el que la guerrilla aceptó entregarle al Ejército las coordenadas donde están ubicados sus hombres para que se determinen y/o limiten esas áreas. Sobre este punto aún no hay mayor avance porque las autoridades aún no han querido recibir esa información.
La otra reunión era la que tenían los y las gobernadoras de Meta, Norte de Santander, Nariño y Caquetá, con el consejero comisionado, Otty Patiño, para hablar justamente de las transformaciones sociales, pero sin mayor explicación, el consejero la suspendió a último minuto.
Todo este panorama pone en riesgo el avance de esta negociación, aunque hay positivismo de ambas delegaciones para que, a más tardar la otra semana se reanude el sexto ciclo. Ambas partes saben que es clave mantener el cese al fuego, mucho más con las confrontaciones que vienen del lado de Mordisco, para no prolongar un conflicto que afecta directamente a las comunidades vulnerables en las zonas de disputa.
*Nota de la editora: Esta nota tuvo cambios, entre otros, sobre el proceso que se surte sobre las gestorías de paz y el informe sobre ataques militares porque se tuvo acceso a información complementaria.
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