Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Este fin de semana, el presidente Gustavo Petro aseguró que “centenares de jóvenes detenidos por participar en protestas serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena”. El anuncio, al margen de la controversia que despertó, volvió a poner sobre la mesa una figura creada hace más de dos décadas, bajo la cual personas como Tulio Gilberto Astudillo, “Juan Carlos Cuéllar”; Elda Nellys Mosquera, “Karina”; Rodrigo Granda, o Raúl Agudelo Medina,”Olivo Saldaña”, tuvieron esa designación durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
En contexto: Petro: jóvenes detenidos durante movilizaciones serán liberados antes de Navidad
La figura de los gestores de paz, creada a partir de la Ley 418 de 1997, fue creada para designar a personas que han pertenecido a los grupos armados ilegales y que estando en la cárcel son liberadas para que presten sus buenos oficios en tareas varias que ayuden a alcanzar acuerdos humanitarios o avanzar en contactos que permitan consolidar la paz con el grupo al que pertenecen.
Sin embargo, al parecer, el anuncio del mandatario, no se referiría a esta figura, ya que los jóvenes a los que se refiere no han manifestado -y de hecho han negado- su pertenencia a un grupo armado ilegal. La propuesta desató una estampida de críticas, por lo que el ministro del Interior, Alfonso Prada, salió a aclarar que la última palabra la tienen los jueces y la Fiscalía y reafirmó que “no es un proceso ni de amnistía, ni de indulto, ni de perdón judicial”, sino que “se trata es de utilizar una figura transitoria que nos permita contar con líderes juveniles que son reconocidos en sus comunidades y que tienen la posibilidad de contribuir a la generación de la ‘paz total’ y de la seguridad humana”.
Además: Esto dice la carta que Mancuso envió a Petro para participar en la “paz total”
El jefe de la cartera política dijo que el Gobierno ha revisado las alternativas de la Ley 418 de 1997 (que consagra instrumentos para buscar la convivencia, entre estos las gestorías de paz), para involucrar a líderes de organizaciones sociales en la construcción de paz.
Esa norma fue recientemente modificada por la Ley 2272 de 2022, conocida como la Ley de Paz Total, que en uno de sus artículos se refiere a las personas en prisión, una carta de la que podría echar mano el Ejecutivo en los casos de los detenidos en protestas. “Se admitirá como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad”, dice el parágrafo 1 del artículo 5.
Según Camilo González Posso, director de Idepaz, los voceros serían de la sociedad civil sin ser integrantes de ningún grupo armado, y son aquellos a los que el gobierno considera que como integrantes de organizaciones sociales, pueden ayudar al proceso de paz. Ese sería el caso de quienes están detenidos por la protesta, algunos de los cuales hacían parte de la Primera Línea. Esto tendría que estar acompañado de un decreto reglamentario.
“El presidente es quien hace la escogencia , quien califica que pueden aportar al proceso de paz, y de esa manera se les pueden asignar tareas en sus propias comunidades, frente a diferentes conflictos, no solo para que vayan a una mesa de negociación, sino en otras dimensiones del proceso de paz, que es mucho más amplio que las conversaciones de paz”, aseguró González.
Puede ver: Petro anunció acuerdo con Eln para retorno de emberas a sus resguardos
¿Cómo ha funcionado la figura de gestor de paz y quiénes han sido designados?
En los 24 años de existencia de las gestorías de paz, uno de los casos emblemáticos ha sido el de “Juan Carlos Cuéllar” (cuyo nombre de pila es Gilberto Astudillo Victoria).
“Cuéllar”, quien milita en el Eln hace más de tres décadas, ha sido puente entre esa guerrilla y los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque en sus intentos por lograr la paz con el Eln.
Antes de la actual mesa de diálogos, en la que ya participa como gestor de paz, la última designación de Cuéllar bajo esta figura fue en 2021, cuando el entonces comisionado de paz, Miguel Ceballos, anunció que se habían suspendido las medidas judiciales que lo tenían privado de la libertad para retomar su labor.
“Juan Carlos Cuéllar” estuvo privado de la libertad desde el 2004 hasta el 2017, por rebelión. Aunque desde la cárcel participó de manera activa en los acercamientos del Eln con diferentes gobiernos, fue en 2017 que obtuvo la libertad a pedido de los jefes guerrilleros que adelantaban una negociación con el gobierno de Juan Manuel Santos. Viajó a Quito, Ecuador, donde integró la mesa de negociación.
En el caso de “Cuéllar”, para cada designación, el gobierno del momento ha expedido una resolución, firmada por el alto comisionado para la paz, que le asigna tareas concretas y un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección. A cambio le piden la entrega de informes periódicos sobre sus desplazamientos y labores cumplidas.
Por esa misma época, “Eduardo Martínez”, también ofició como gestor de paz del Eln tras salir de la cárcel donde pagó 54 meses de cárcel por su pertenencia a esa guerrilla. Él representó a ese grupo en diversos actos públicos y participó activamente en un intento de paz con el Epl en la fuerte confrontación que libraron en Catatumbo en 2018.
Ambos, “Cuéllar” y “Martínez” perdieron su categoría de gestores cuando el Eln hizo explotar una bomba en la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía, en enero de 2017, acto en el que murieron 22 cadetes y 68 personas más quedaron heridas. “Martínez” salió del país, pero “Cuéllar” fue detenido por la Policía cuando se desplazaba por una vía nacional y estuvo preso en la cárcel de Jamundí, de donde fue liberado en mayo de 2021 por decisión del entonces alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, quien le devolvió su nombramiento como gestor de paz.
La más reciente designación en las gestorías de paz, fue la que hizo el presidente Petro a Violeta Arango Ramírez, una joven de 29 años, acusada de participar en la explosión de un artefacto explosivo en el Centro Comercial Andino en junio de 2017. Ella y “Cuéllar” estuvieron presentes en la instalación de la mesa de diálogos entre el gobierno y el Eln en Caracas.
Puede leer: Gobierno designa a exmiembro del Eln Juan Carlos Cuéllar como gestor de paz
Otras designaciones se dieron hacia 2007 durante el gobierno de Álvaro Uribe aunque no estuvieron motivadas en una exploración de voluntad de paz, sino como una estrategia para excarcelar guerrilleros que lograran la desmovilización de sus excompañeros de armas.
De hecho, el gobierno Uribe designó a Rodrigo Granda como gestor de paz en junio de 2007. En ese momento, el hombre conocido como “el canciller de las Farc” estaba preso en la cárcel de La Dorada, tras ser “capturado” en una operación ilegal en territorio venezolano en diciembre de 2004. El episodio provocó una de las más graves crisis diplomáticas con el gobierno de Hugo Chávez.
Uribe dijo en su momento que había ordenado la liberación del guerrillero a pedido del recién elegido presidente francés Nicolas Sarkozy, para que prestara sus buenos oficios en la liberación de Ingrid Betancur y cerca de medio centenar de secuestrados, a los que el gobierno llamó “canjeables”. Los llamaba así porque el presidente estaba ofreciendo que varios subversivos salieran de las cárceles a cambio de la libertad de civiles, miembros de la fuerza pública y tres ciudadanos estadounidenses. Se supone que la excarcelación de Granda era la primera cuota de esa promesa.
Ni Granda ni las Farc aceptaron esas condiciones. De hecho, en poco tiempo se confirmó, tal como se preveía que “el canciller de las Farc” había “retomado sus funciones” y el gobierno tuvo que retirarle su condición de gestor o vocero.
En 2009, el rol de gestora de paz también le fue otorgado a Elda Nellys Mosquera, “Karina”, luego de que desertara de las Farc, tras una fuerte presión de organismos de inteligencia a una de sus hijas. “Esta es la posibilidad de seguir trabajando no desde la guerra sino desde la pacificación, el diálogo y la política”, dijo en su momento, e invitó a la guerrillerada a dejar las armas.
Otro exmiembro de las Farc, Raúl Agudelo Medina, conocido como “Olivo Saldaña”, fue designado por la misma época como gestor de paz con la misma intención: lograr la desmovilización masiva de sus excompañeros de armas.
Este guerrillero fue capturado en 2004 y se convirtió en el primer miembro de las Farc en ser imputado en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Promovió, desde una fundación llamada Manos a la Paz, la “rebelión” contra sus anteriores jefes entre los guerrilleros presos. Su designación tenía como objetivo lograr más desmovilizaciones, razón por la cual se convirtió en objetivo militar por sus excompañeros. Unos años después terminó reconociendo su participación en la falsa desmovilización de un supuesto frente de las Farc llamado Cacica La Gaitana, proceso en el que terminó como prófugo el excomisionado Luis Carlos Restrepo.
En otras noticias: Los ganaderos despojadores en el Urabá que le volverán a dar la cara a la justicia transicional
Varios miembros de las autodefensas pidieron pista para tener este beneficio. El exparamilitar Daniel Rendón Herrera, Don Mario, pidió ser gestor de paz en 2016, a pocos meses de la firma del acuerdo con las Farc. Dijo que quería “iniciar procesos regionales que terminen en un gran acuerdo nacional entre la sociedad y actores del conflicto y así llegar a la paz estable y duradera”. Su propuesta incluía promover la desmovilización de 6.000 miembros de las bandas emergentes que decía controlar.
Siete años antes, desde su sitio de reclusión en Estados Unidos, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso había pedido ser designado como gestor de paz. A finales de octubre de 2022, Mancuso repitió su solicitud, a través de una carta enviada al presidente Petro, en la que expresó su voluntad de aportar verdad y reparación a las víctimas y trabajar por la paz.
Por ahora, habrá que esperar a que desde el Gobierno se defina cuáles son las reglas del juego para las personas -combatientes, excombatientes y civiles- que entren a participar como gestores de paz. La cuenta regresiva está en marcha, pues quedan apenas 20 días para que se cumpla la fecha que Petro mencionó para que los capturados en las protestas puedan obtener ese beneficio.