Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Decenas de reuniones presenciales y confidenciales con altos funcionarios del Gobierno (incluido el vicepresidente del momento), un plan para el desmantelamiento integral del grupo, apoyos y trabas por parte de la Fiscalía, encuentros con las delegaciones de paz de grupos enemigos como las FARC y el ELN, y una ley que enredó el proceso. Estos fueron algunos de los episodios clave de la última negociación real que el Estado colombiano llevó a cabo con el Clan del Golfo, entre finales del año 2015 y mediados del 2018.
Todo ocurrió durante el segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos y, aunque el proceso no llegó a buen puerto, dejó una serie de aprendizajes cruciales para posteriores intentos de diálogo con ese grupo ilegal, como los que ha planteado en algunos anuncios el presidente Gustavo Petro, en el marco de su apuesta por alcanzar una paz total que involucre a los principales grupos armados ilegales del país (de los cuales el Clan es el más poderoso).
“Las principales lecciones de esa experiencia de 2015-2018 fueron la de tener o construir un marco jurídico, tener un plan y método para estas conversaciones, la presión policial y judicial -una estrategia de seguridad-, y una coordinación decidida con la Fiscalía, entre otras. Hoy estos factores no aparecen y ya vamos a llegar a la mitad del periodo de gobierno. El gobierno hoy no parece estar convencido de que el Clan del Golfo es el principal spoiler de la Paz Total”, asegura Gerson Arias, investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y autor, junto a Carlos Prieto, de La última negociación del Clan, un informe que analiza los antecedentes, desarrollo y aprendizajes del intento de desmovilización que se dio durante el Gobierno Santos.
¿Hay ambigüedad por parte de Petro?
El Clan -ahora autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)- fue incluido desde el comienzo en la apuesta de paz total de Petro e, incluso, fue uno de los cinco grupos con los que el presidente activó un cese bilateral al fuego el 1. ° de enero de 2023. Sin embargo, apenas tres meses después el Ejecutivo suspendió el acuerdo con los gaitanistas, lo que en la práctica congeló los acercamientos para dialogar desde hace un año.
Esa posición dio un giro el pasado 18 de marzo, cuando el jefe de Estado volvió a abrir la puerta a una negociación con el Clan del Golfo, cuya comandancia no tardó en responder que “aceptaba la invitación”. Pese a los mensajes de un lado y otro, tras dos semanas no ha habido ninguna acción concreta para retomar los diálogos, según fuentes cercanas al proceso.
Puede leer: Habla abogado del Clan del Golfo: ¿qué plantea el grupo para dialogar con Petro?
De acuerdo con Arias, “sin descartar que ya esos contactos se estén llevando a cabo, lo cierto es que el mensaje del gobierno es ambiguo. Si el gobierno quiere concluir con algún resultado su estrategia de paz total, tiene que dejar a un lado las distracciones políticas, y concentrarse en avanzar en el proceso de paz con el ELN y en una negociación para el sometimiento o acogimiento a la justicia con el Clan del Golfo”, que al ser el grupo con mayor poderío, representa también el principal desafío de seguridad y estabilidad para que el Ejecutivo ponga en marcha su apuesta de paz.
Se trata de una decisión que el gobierno ha tardado en tomar, pese a que el tiempo le juega en contra. “A estas alturas el gobierno tiene que priorizar e identificar qué es lo posible de hacer en este año y medio que falta. Y esta tarea de priorización debería ayudar con plan y con método la comunidad internacional”, agrega el investigador de la FIP.
El rol determinante del tiempo en este tipo de procesos fue uno de los factores que quedó en evidencia durante el intento frustrado de negociación con el expresidente Santos.
El clan que negoció con Santos no es el mismo que se sentaría con Petro
A diferencia de lo que ocurrió con la guerrilla del ELN -cuyos avances del Gobierno Santos fueron aprovechados por Petro para retomar una negociación de paz en un punto avanzado-, el proceso con el Clan del Golfo parece estar estancado en los mismos temas que hace ocho años generaron trabas: un marco jurídico para el sometimiento y una serie de incentivos que motiven la desmovilización del grupo.
De hecho, en la actualidad se suman algunas cuestiones espinosas, como la solicitud del grupo para que el Gobierno le reconozca un estatus político (como lo hizo con el ELN y las disidencias de las FARC, que ya tienen mesas de diálogo formal).
Lea: La paz con el Clan del Golfo y las ACSN, en vilo ante inacción del Gobierno Petro
También hay que tener en cuenta que durante los acercamientos con Santos el Clan del Golfo (‘Urabeños’ o ‘clan Úsuga’, como se le decía entonces) estaba debilitado tras una serie de golpes producto de la Operación Agamenón.
De acuerdo con reportes de la Policía Nacional, entre 2015 y 2017 esa estrategia permitió la captura de más de mil integrantes del Clan, además de 66 muertes de personas estratégicas para este grupo, la incautación de 94 toneladas de cocaína y la ubicación de 517 bienes para extinción de dominio, entre otras acciones que promovieron un cerco a la comandancia de los gaitanistas.
Según reconstruye el informe de la FIP, esas acciones llevaron a que el entonces máximo jefe del grupo, Dairo Antonio Úsuga (‘Otoniel’, en la actualidad preso en Estados Unidos), a finales de 2015 le propusiera al Estado Mayor del Clan que negociara con el Gobierno. Tras algunas reuniones -que generaron tensiones en la cúpula de la estructura-, los tres principales comandantes del grupo le enviaron un mensaje al presidente Santos con el propósito de explorar una negociación que pudiera llevar a un sometimiento a la justicia.
Lea: La historia del proceso de paz con “Otoniel” que nunca fue
La lógica de trabajo durante esos años de acercamiento se basó en reuniones presenciales y confidenciales, luego de las cuales los delegados del Clan informaban a sus jefes y solicitaban de tres a cuatro semanas para poder recibir instrucciones. Del lado del Gobierno, un tema que impulsó los avances fue la designación del entonces vicepresidente, el general Óscar Naranjo, como uno de los negociadores.
Otro de los personajes de alto nivel que sirvió como facilitador de los acercamientos de la frustrada negociación fue el senador Iván Cepeda, quien resumió los alcances del proceso así en entrevista con la FIP: “Faltando pocos días para que dejara sus funciones el presidente Santos, se había avanzado al punto que ya se estaba por planificar en qué guarniciones podrían llegar miembros del Clan del Golfo para entregar armas, es decir que estuvo a punto de lograrse si no la desmovilización total, sí la de una parte de los hombres de esa tenebrosa organización y del propio Otoniel. Allí hubo personas que obstruyeron este proceso”.
Lejos de ese escenario, en el que fue crucial el debilitamiento del grupo, el Clan del Golfo de la actualidad es un grupo fuerte y en expansión.
En términos militares y según datos oficiales, comparando 2018 con 2023, el pie de fuerza de los gaitanistas creció en un 58% (de 3.803 a 6.015 integrantes), pasó de tener influencia en 188 municipios a 214, y tiene planes de expandirse hacia Cundinamarca, Tolima, el suroeste antioqueño y el Magdalena Medio. De acuerdo con otras fuentes, el poderío del grupo podría ser incluso mayor, pues señalan que tendría más de 9.000 integrantes. Según la Defensoría de Pueblo, durante 2023 el grupo hacía presencia en 392 municipios de 24 departamentos.
Otro factor que se debe tener en cuenta -y que según varios analistas explica la falta de avances del Gobierno Petro con el EGC- es que en las mesas de negociación con grupos de origen rebelde, especialmente el ELN, se ha exigido que el Ejecutivo combata de forma frontal a las estructuras herederas del paramilitarismo como el Clan del Golfo.
Sea por esa exigencia o por decisión propia del Gobierno, durante el último semestre se ha incrementado la ofensiva de las Fuerzas Militares contra el Clan, especialmente en zonas donde sus frentes le están ganando terreno al ELN, como el Chocó, el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar.
A pesar de esta situación, el investigador Gerson Arias explica que no adelantar una negociación con los gaitanistas podría tener un efecto contrario para las intenciones de paz del Gobierno.
“Por un lado, los grupos como el ELN tendrían una justificación para no terminar el conflicto y avanzar en un proceso serio de tránsito a la paz. Además, la influencia del Clan en 214 municipios y su grado de control social significaría para comunidades de Córdoba, Urabá, Chocó o Sur de Bolívar que seguirían bajo el yugo del Clan. En otras palabras, si no se hace nada se estaría consolidando al mayor grupo de crimen organizado de América Latina”, explica que el miembro de la FIP, que trabajó durante más de un año el informe sobre la última negociación del grupo.
Para Arias, lo que se espera del Gobierno Petro de cara a los riesgos de no negociar con los gaitanistas es que se construya “un consenso político previo, pero además algo sencillo y básico: sentarse con sus voceros, con reglas de confidencialidad, para identificar que motivaría hoy al Clan a su acogimiento a la justicia, y con base en esto y el consenso político presentar un marco jurídico”.
Las lecciones para el actual proceso
Tras analizar la experiencia del Gobierno Santos, el informe de la Fundación Ideas para la Paz plantea una serie de aprendizajes que podrían servir para que el proceso actual, en cabeza de Petro, avance.
El primer punto es resolver el escollo del marco jurídico. “Hay que encontrar un adecuado balance entre la posibilidad de generar un nuevo marco jurídico para el sometimiento, que cuente con incentivos claros y efectivos para este grupo y, por otro lado, que respete la autonomía y lineamientos de la Fiscalía y del Gobierno Nacional frente a las posibilidades del sometimiento”, sostiene el informe.
Otro punto que se recalca en el documento es que las puertas del sometimiento no se abren solo con voluntad, sino con una combinación de factores que incluyen las acciones de la Fuerza Pública para debilitar militarmente al grupo, la persecución por parte de la Fiscalía y las capacidades de recoger información clave de inteligencia.
De otro lado, dice la FIP, “es importante que el Gobierno defina el lugar y la importancia del sometimiento dentro de su estrategia de paz. Para esto hay que designar un equipo negociador y definir cuál es el punto de llegada. Hay que apropiar conjuntamente objetivos, reglas y procedimientos claros para el sometimiento”.
Le puede interesar: Bajo Cauca: el reciclaje de la guerra que había advertido la Comisión de la Verdad
Frente a este punto, el mismo presidente Santos reconoció, en una entrevista citada en el informe de la fundación, el rol de personajes de alto nivel como Naranjo en los diálogos.
“El general Naranjo condujo muy bien el proceso. Le di espacio para que ayudara, tenía muchos más elementos de juicio que yo, además que tenía buenas fuentes de información para impulsar y hacer confiable el proceso”, contó el exjefe de Estado.
Anclado a este asunto está el de la confidencialidad en la negociación, un criterio que en la negociación entre 2015 y 2018 fue esencial para avanzar y plantear la apuesta de sometimiento.
Un tema de suma importancia es la caracterización del grupo, que implica información oportuna y precisa sobre trayectorias, composición y actividades para avanzar con mayor certeza.
En cuanto al tiempo de la negociación, la FIP asegura que “si el proceso de acercamiento y definición de acuerdos es demasiado largo, se corre el riesgo de que los actores involucrados y sus valoraciones cambien de manera desfavorable”.
Puede interesarle: La barbarie paramilitar que revive el Clan del Golfo en Montes de María
Entre las lecciones también se incluye la necesidad de respaldo jurídico “para facilitar la tarea de delegados y abogados representantes del grupo, así como de los funcionarios públicos que acompañan la negociación”, a lo que se suma el apoyo internacional para que ayude a definir el margen de acción para negociar el sometimiento de este grupo ilegal.
Pese a que la voluntad de negociar y los aprendizajes del pasado están sobre la mesa, habrá que esperar a que el gobierno termine de definir su posición frente a un eventual diálogo con los gaitanistas. Aunque es evidente que abrir una mesa de diálogos tendría varios desafíos de frente, la desmovilización del Clan del Golfo parece una condición necesaria para materializar el escenario de paz total como el que propone el presidente Petro.
