Hace 34 años se inició el proceso de paz con las Farc en el gobierno de Belisario Betancur

Archivo - El Espectador

En 1982, casi dos décadas después de su nacimiento, por primera vez las Farc fueron reconocidas como un interlocutor político en un proceso de paz. Lo hizo el presidente Belisario Betancur, una vez asumió la Presidencia de Colombia en agosto de ese año. Su propuesta de gobierno había sido buscar una salida negociada con las guerrillas y por eso asumió esta tarea desde el primer momento.

No fue un asunto fácil porque dejaba la Presidencia Julio César Turbay, cuyo cuatrienio estuvo dominado por la influencia del Estatuto de Seguridad, un severo decreto expedido al amparo del Estado de Sitio, con amplias facultades a las Fuerzas Armadas. Aunque en su etapa final, Turbay quiso dar un giro hacia la paz y expidió una ley de amnistía, sus iniciativas de última hora no prosperaron. 

El 19 de septiembre de 1982, un mes después de su posesión, Belisario Betancur creó una Comisión de Paz de 34 integrantes para dar viabilidad a su proyecto político. Al frente de la Comisión fue designado el expresidente Carlos Lleras Restrepo, quien renunció diez días después, razón por la cual asumió el exministro liberal Otto Morales Benítez, quien había cumplido misiones de paz en los años 50. 

Entre los integrantes de la primera Comisión de Paz creada para dialogar con los grupos guerrilleros estuvieron John Agudelo Ríos, monseñor Mario Revollo, Nohemí Sanín, Gerardo Molina, Ariel Armel o la periodista Margarita Vidal. En ese mismo 1982, el Congreso tramitó una Ley de Amnistía (Ley 35 de 1982), sancionada el día 4 de diciembre por el Presidente de la República. 

Con ley de amnistía a bordo y Comisión de Paz en desarrollo, la expectativa de una pronta solución negociada creció rápidamente. Además, en aplicación de la ley, se abrieron las puertas de las cárceles y salieron de ellas decenas de presos políticos, la mayoría de los cuales habían perdido su libertad en desarrollo del Estatuto de Seguridad. Fueron beneficiarios de la ley todos los grupos guerrilleros. 

Como era de esperarse, la política del gobierno Betancur generó polarización en el país, entre defensores a ultranza del proceso de paz y detractores absolutos. Entre los últimos figuró con airado protagonismo el ministro de Defensa, general Fernando Landazábal Reyes, quien argumentó que Colombia debía acostumbrarse a escuchar a sus generales, sobre todo frente al proceso de paz.

En febrero de 1983, cuando la tensión política estaba al máximo, sobrevino un hecho que caldeó aún más el ambiente nacional. El presidente Betancur había solicitado al procurador Carlos Jiménez Gómez un informe sobre el movimiento Muerte a Secuestradores (MAS), que protagonizaba en una ola de violencia contra organizaciones de izquierda democrática y sectores afines. 

El 5 de febrero, el procurador Jiménez entregó el informe requerido y, cuando aparecieron en el mismo 59 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, en una lista de autodefensas y narcotraficantes, se armó revuelo en los cuarteles. Mientras la Comisión de Paz trataba de darle forma a las negociaciones con los alzados en armas, el país se dividió de forma irreconciliable frente a la paz. 

Tres meses después, el 30 de mayo de 1983, el comisionado de paz, Otto Morales, renunció a su misión y, en una difundida carta pública, resumió en una frase histórica sus argumentos. “Los enemigos agazapados de la paz, dentro y fuera del gobierno”, fue el calificativo que el dimitente funcionario utilizó para advertir dónde estaban los principales obstáculos para llegar a la paz en Colombia. 

Ante la renuncia de Otto Morales, asumió la coordinación de la Comisión de Paz el exministro John Agudelo Ríos, quien fortaleció la negociación política, agilizó contactos y coordinó acciones para que el Plan Nacional de Rehabilitación se hiciera sentir en las zonas afectadas por el conflicto armado. Los efectos de la nueva dinámica tuvieron eco inmediato y en 1984 se firmaron los primeros acuerdos. 

El 28 de marzo de 1984 en Uribe (Meta), se firmó el acuerdo de cese al fuego entre la Comisión de Paz y las Farc. En el texto, confirmado días después por la comandancia guerrillera, quedó claro que a partir del 28 de mayo, los 27 frentes de esta organización debían cesar sus actividades. La noticia de los avances con las Farc se dio en momentos en que Colombia comenzaba a vivir otra tragedia. 

De manera paradójica, mientras el gobierno de Belisario Betancur acordaba un cese al fuego con las Farc, el narcotráfico asesinaba a su ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984. En otras palabras, se  promovían acciones de paz al tiempo que empezaba una nueva guerra. El Ejecutivo persistió también en la tarea de dialogar con el M-19, el Epl y la Autodefensa Obrera. 

El 29 de mayo de 1984, un día después de la vigencia del cese al fuego, el gobierno creó la Comisión Nacional de Verificación, orientada a garantizar la eficacia de los acuerdos. Entre los integrantes de la Comisión estuvieron Horacio Serpa, Lucy Nieto de Samper, Álvaro Leyva Durán, Nicanor Restrepo, Fernando Cepeda Ulloa, Gilberto Vieira, Samuel Hoyos Arango, Óscar Alarcón o Rafael Rivas. 

Con el paso de los días, la Comisión de Negociación y Diálogo prosperó y entre el 23 y 24 de agosto se firmaron nuevos acuerdos de cese al fuego. Con el Epl, en Medellín, y la Autodefensa Obrera en Bogotá. Los acuerdos con el M-19 se firmaron en El Hobo (Huila). Los tres grupos guerrilleros aceptaron el cese al fuego a partir del 30 de agosto de 1984. De inmediato, el gobierno Betancur amplió los trabajos de la Comisión Nacional de Verificación. 

Durante los primeros meses, los acuerdos de cese al fuego se vieron acompañados por dicha Comisión Nacional de Verificación. Incluso, el 24 de noviembre de 1984, se desarrolló una reunión en La Uribe (Meta), durante la cual se decretó un periodo de prueba de un año para que las Farc se organizaran política, económica y socialmente, con plenas garantías de seguridad por parte del Estado. 

No obstante, hacía finales de 1984, ya el gobierno Betancur afrontaba dificultades para cumplir con los acuerdos del cese al fuego, en especial con el M-19, a raíz de enfrentamientos militares en la región de Yarumales, municipio de Corinto, al norte del Cauca. A comienzos de 1985, se acordó el traslado de los guerrilleros del M-19 a la zona de Los Robles, para tratar de superar la crisis de la tregua. 

En enero de 1985, en Bogotá se instalaron 10 subcomisiones de diálogo nacional, que hacían prever importantes avances. Además se instalaron comités regionales de verificación, sobre todo en zonas donde el orden público había amainado a raíz del cese al fuego. El 30 de marzo, el tema avanzaba de tal forma que en La Uribe (Meta), las Farc anunciaron la creación del partido político Unión Patriótica (UP). 

Sin embargo, empezaron los crímenes selectivos. Primero fue asesinado José del Carmen Yepes, miembro de la Comisión de Paz (13 de febrero de 1985). Después atentaron contra el representante del Partido Comunista Hernando Hurtado (4 de junio). Hacia septiembre la crisis era evidente y varios de los miembros de la Comisión de Paz, diálogo y verificación optaron por renunciar. Las amenazas aumentaban y los avances de la paz anunciaban fracaso. 

El asalto del M -19 al Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985, con cruento desenlace en la retoma protagonizada por las Fuerzas Armadas, dejó la política de paz de Belisario Betancur herida de muerte. Como si fuera poco, el 20 de noviembre del mismo año, fue asesinado en Bogotá el vocero político y principal negociador del Epl, Óscar William Calvo. El M-19 y el Epl recrudecieron su guerra. 

La Comisión de Paz persistió en sus conversaciones con las Farc y el 9 de diciembre lograron un nuevo acuerdo de cese al fuego con los destacamentos “Simón Bolívar” y “Antonio Nariño” del Eln. Con sabor agridulce y el peso histórico del holocausto del Palacio de Justicia, concluyó el año 1985. El mensaje del comisionado John Agudelo Ríos al Ejecutivo fue sobre la necesidad de persistir en la brega por la paz. 

Por eso, a cinco meses de entregar su mandato, Betancur se jugó su última carta de negociación: el 2 de marzo de 1986 firmó con las Farc un acuerdo de prórroga del cese al fuego. Inicialmente, en los campamentos de la guerrilla en Uribe (Meta) y después en un acto en Casa de Nariño con la asistencia de tres dirigentes de la UP: Braulio Herrera, Jaime Pardo Leal y Alberto Rojas Puyo. 

El acuerdo permitió además que la Unión Patriótica (UP) participara en las elecciones parlamentarias previstas para el 9 de marzo. En dichos comicios electorales, la UP logró  elegir cinco senadores, nueve representantes a la Cámara, 20 diputados y 353 concejales. Dos meses después, el 25 de mayo, fue electo presidente Virgilio Barco, quien de inmediato anunció continuidad en la política de paz. 

El 22 de julio de 1986, en carta dirigida al presidente  Betancur, presentó su renuncia a la Comisión de Paz, Diálogo y Verificación, John Agudelo Ríos. Lo mismo hicieron los demás miembros. Con su dimisión concluía una etapa crucial en la historia de Colombia, en la que por primera vez se formalizó la búsqueda de la paz con las Farc y otros grupos guerrilleros, a través de una tregua incumplida. 

*Consulte los otros capítulos de El camino hacia la paz con las Farc

1. Hace 34 años se inició el proceso de paz con las Farc en el gobierno de Belisario Betancur
2. El exterminio de la UP
3. El secuestro acabó con el proceso de paz en el gobierno Gaviria
4. Los prisioneros de guerra, la estrategia de las Farc que surgió en 1996
5. Cuando Marulanda dejó la “silla vacía”
6. Entre la Seguridad Democrática y los acuerdos humanitarios
7. La hora de la paz y el tiempo de Santos