No hallaron 20.000 cuerpos sin identificar en aeropuerto El Dorado, como dijo ONU

Plantón por los líderes Sociales Asesinados, desaparecidos y en apoyo a las mujeres.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas concluyó su tercera visita a Colombia, un esfuerzo que buscó evaluar el cumplimiento de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Durante esta misión, el Comité recabó información sobre el fenómeno de las desapariciones en el país, analizando su impacto en las víctimas, las limitaciones institucionales y las necesidades urgentes en materia de prevención, justicia y reparación.

Tras la visita, este jueves 5 de diciembre se publicó un informe que recoge algunos de los hallazgos en materia de desaparición forzada. El documento será discutido y adoptado por el pleno del Comité durante su 28° periodo de Sesiones, que tendrá lugar en Ginebra entre el 17 de marzo y el 4 de abril de 2025.

Entre los hallazgos destacó un dato. Según la información presentada a la delegación del Comité, “alrededor de 20.000 cuerpos no identificados en un hangar del aeropuerto de Bogotá”, dice el informe.

Aunque el documento no da mayores detalles, sí afirma que existe una preocupación “por la situación de las instituciones a cargo de la identificación de los cuerpos y restos localizados”.

En rueda de prensa, la experta del Comité Carmen Rosa Villa especificó que se trata de información que les ha brindado el Instituto de Medicina Legal y que “no son cuerpos hallados, son cuerpos que se encuentran resguardados”, porque no “hay otro lugar para poderlos mantener”.

La Procuraduría confirmó en la noche de este jueves 5 de diciembre que, tras revisar los 27 hangares en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, no encontró los 20.000 cuerpos. El Ministerio Público precisó que “no se evidenció la presencia de lugares equipados para la conservación de restos humanos”.

Tras la revisión de los funcionarios del órgano de control disciplinario, que demoró más de cuatro horas, se encontró que “los lugares visitados corresponden a lugares propios de la operación aeroportuaria”. Tito Perilla, asesor de la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, y quien asistió al terminal aéreo de la capital, mencionó que en los 27 hangares “se desarrollan actividades relacionadas con la operación aeroportuaria, talleres de mantenimiento de aeronaves y de equipos de apoyo en tierra”.

¿Qué dijo Medicina Legal, OPAÍN y la Unidad de Búsqueda?

Previo a la confirmación de la Procuraduría, el Instituto de Medicina Legal respondió al informe y dijo que “desconoce la existencia de dicho hangar” y añadió que “no ha recibido solicitudes por parte de ninguna autoridad para el estudio y análisis de dichos casos”.

En la tarde de este jueves también se pronunció OPAIN, concesionario del Aeropuerto Internacional El Dorado. En un escueto comunicado afirman: “Frente a la noticia registrada en algunos medios de comunicación, sobre la supuesta existencia de un hangar con miles de cuerpos sin vida, OPAIN se permite informar a la opinión pública que no tiene conocimiento alguno de estos hechos. Corresponde a las autoridades esclarecer los mismos”.

La Procuraduría, por su parte, adelanta a esta hora labores en el aeropuerto El Dorado para confirmar esas afirmaciones.

Según conoció este diario, en la tarde de este jueves una comisión especial de la Procuraduría delegada para los derechos humanos y la dirección de investigaciones especiales, adelanta las labores para confirmar o desvirtuar los detalles del Comité de la ONU. “El procurador delegado para los derechos humanos, Javier Sarmiento, requirió al director de Medicina Legal para que informe sobre la veracidad de estos hechos debido ya que el referido Comité lo citó como fuente”, precisó el Ministerio Público.

El Espectador también contactó a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), quienes señalaron no tener conocimiento de los hechos ni de la existencia de 20.000 cuerpos en el aeropuerto de la capital.

Según fuentes de la entidad, en los planes de la UBPD no está buscar cuerpos en el terminal aéreo, toda vez que no ha sido confirmado que estos sean de víctimas del conflicto armado. También manifestaron no haber recibido información sobre la existencia de cuerpos en el aeropuerto previo a la publicación del informe de la ONU.

La Fiscalía, por su parte, también precisó no tener hasta el momento una denuncia formal sobre el caso.

La Consejería de Paz de Bogotá también se pronunció al respecto y dijo que “no se tiene conocimiento ni indicios de la existencia de un hangar que contenga los cuerpos mencionados”. Esa entidad dijo que envió solicitudes a la Fiscalía, a Medicina Legal y a la UBPD y a la Cancillería “con el fin de conocer la fuente del informe y hacer el contraste correspondiente.”

El Comité de la ONU hizo esta revelación y dijo que los recursos materiales y humanos disponibles no permiten dar una respuesta a la demanda. “Como fue mencionado por varias personas, los cementerios son tierra de nadie. Dependen de la buena voluntad y creatividad del administrador, y no hay registro real de los cuerpos. Como consecuencia, Colombia se encuentra con miles de cuerpos sin identificar, en los suelos, subsuelos, pero también en bóvedas y las llamadas ‘piscinas’”, se asegura.

La visita, realizada entre noviembre y diciembre de 2024, incluyó reuniones con más de 80 autoridades públicas, 61 colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil provenientes de diversas regiones. En paralelo, los delegados visitaron cementerios, hornos crematorios y centros de privación de libertad para verificar la implementación de las obligaciones contempladas en la Convención.

Los otros temas que toca el informe

El Comité destacó la cooperación del Estado colombiano, pero señaló con preocupación que las desapariciones forzadas no son solo un crimen del pasado. En el contexto actual, persisten de forma sistemática bajo distintas modalidades: desde el reclutamiento forzado de menores, hasta la trata de personas, las desapariciones relacionadas con conflictos de tierras y aquellas vinculadas al desplazamiento forzado y la migración.

Este fenómeno afecta de manera desproporcionada a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, revelando una crisis profunda que se perpetúa por la ausencia de una visión global sobre la magnitud de estas desapariciones.

Las cifras oficiales oscilan entre 98.000 y 200.000 personas desaparecidas, una disparidad que evidencia la falta de un registro centralizado y confiable. La delegación identificó tres factores principales que contribuyen al subregistro: la limitada accesibilidad institucional, el temor a represalias y la desconfianza en las autoridades. En muchas regiones, la presencia del Estado es escasa o inexistente, particularmente en territorios controlados por grupos armados ilegales.

Este vacío institucional se agrava por la discriminación hacia comunidades vulnerables, las barreras geográficas y el uso inadecuado del término “personas dadas por desaparecidas,” que minimiza la gravedad del delito.

La falta de coordinación entre las múltiples entidades encargadas de la búsqueda e identificación agrava aún más esta situación. La multiplicidad de instituciones involucradas, junto con la ausencia de protocolos claros, genera duplicaciones innecesarias y un uso ineficiente de los recursos disponibles. A esta problemática se suma la escasez de profesionales capacitados en ciencias forenses, lo que limita la capacidad técnica necesaria para realizar las identificaciones de manera adecuada. La delegación instó a la apertura de nuevos programas de especialización forense como una medida urgente para enfrentar esta crisis.

En varias regiones del país, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, una de las instituciones clave en el proceso de identificación, no está presente o carece de instalaciones apropiadas. Esta ausencia retrasa las investigaciones y perpetúa la revictimización de las familias que buscan a sus seres queridos. Sin resultados concretos en la identificación de cuerpos, los procesos judiciales enfrentan dilaciones significativas, lo que contribuye a la impunidad que prevalece en los casos de desaparición forzada.

La delegación subrayó la necesidad imperiosa de abordar esta crisis de manera sistémica, comenzando con la creación de una política nacional que regule los cementerios y estandarice las prácticas de identificación. También enfatizó la importancia de garantizar una mejor coordinación entre las instituciones con mandatos forenses, fomentando el intercambio de información para evitar duplicidades y optimizar los recursos existentes.

El sistema de búsqueda, un avance

En materia de búsqueda e investigación, el Comité reconoció avances logrados por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), especialmente en la interacción con las víctimas y la elaboración de protocolos específicos.

Sin embargo, advirtió que las estrategias implementadas no siempre se ajustan a las realidades territoriales. La temporalidad del mandato de la UBPD genera incertidumbre sobre su capacidad para cumplir con sus objetivos. Asimismo, la falta de acuerdos de cooperación con países vecinos obstaculiza la resolución de casos transfronterizos. En este contexto, la búsqueda de personas desaparecidas sigue centrada en una lógica centralista que limita la eficacia de los esfuerzos regionales.

En términos de prevención, Colombia carece de una política pública integral que aborde las causas subyacentes de las desapariciones forzadas. La delegación enfatizó la urgencia de establecer registros fiables e interoperables en los centros de privación de libertad y de garantizar la comunicación entre los detenidos y sus allegados. Asimismo, recomendó incluir explícitamente las desapariciones forzadas en los diálogos de paz y en los planes de desarrollo nacionales. Estas medidas deben ser sostenibles y contar con un enfoque transversal de derechos humanos.

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