“Hay arrogancia en algunos responsables”: padre Francisco de Roux

El pasado jueves se cumplió un año desde que la Comisión de la Verdad empezó su trabajo. Los 11 integrantes de esa entidad han ido a todas las regiones del país recogiendo relatos sobre cómo el conflicto armado ha dejado casi nueve millones de víctimas, según registros oficiales. Para poder entender por qué Colombia ha vivido décadas de guerra, han hablado con población LGBTI, mujeres, sindicatos, niños y niñas, personas privadas de la libertad, miembros de la Fuerza Pública, empresarios, excombatientes de diferentes grupos armados, entre otros sectores.

Hace poco, en Girardot, se reunieron las cabezas de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Comisión. Buscan articular sus trabajos, aunque las últimas dos tienen un mandato extrajudicial, por lo que no pueden compartir información a la JEP. Para la Comisión sería útil obtener la información que reposa en las otras dos instancias del sistema. Por ejemplo, la JEP tiene bajo su jurisdicción a más de 2.300 miembros de la Fuerza Pública, cerca de 9.700 miembros de las Farc y más de 100 terceros.

El sacerdote jesuita Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, hizo un balance del primer año de trabajo de esa entidad y le pidió al Gobierno implementar integralmente el Acuerdo de Paz que el Estado suscribió con las Farc. Contó que el exministro de Defensa Guillermo Botero no firmó un protocolo para que el Ejército entregara información a la Comisión y espera que Carlos Holmes Trujillo sí suscriba el documento. Además aseguró que están buscando que todos los expresidentes vivos participen voluntariamente en esa instancia.

¿Qué balance hace del trabajo de la Comisión?

Ha sido un año de inmenso trabajo. Todos los comisionados y el equipo han estado abrumados de tareas y tratando de responder a solicitudes de un país que quiere, sorprendentemente, participar en el esclarecimiento de la verdad de lo que nos pasó en el conflicto. Al terminar el año estará en marcha el equipo de casi 100 investigadores dedicados a los 10 grandes núcleos de análisis que debe tener la Comisión. Nos estamos preparando para manejar la gran cantidad de información que obtenemos por las entrevistas y documentos. Queremos entrar en conexión con los datos que tienen la JEP y la Unidad de Búsqueda. También estamos adelantando el diálogo social, que es la conversación del país hacia la reconciliación, hacia la convivencia, hacia el reconocimiento de víctimas y responsables. Las víctimas son las verdaderas protagonistas.

(Lea también: ¿Qué hacer para que no sigan asesinando a líderes sociales en el Pacífico?)

¿Cuántas personas han entregado testimonios?

Hemos entrevistado a cerca de 6.000 personas, de las cuales unas 3.600 son víctimas individuales, que fueron escuchadas en todas las regiones del país, a través de las 28 casas de la verdad. Hay alrededor de 200 entrevistas a profundidad con actores muy significativos, casi 70 entrevistas a responsables, personas que estuvieron en la guerra de una u otra forma, y el resto son entrevistas colectivas en las que comunidades enteras hablan ante la Comisión, como grupos étnicos, afros, colectivos de mujeres.

¿Qué obstáculos han encontrado para desempeñar su labor?

Se nos creó para hacer una reflexión que sirviera para la no repetición de un conflicto que se suponía debería haber terminado con la firma del Acuerdo, pero el conflicto continúa. Por eso estamos trabajando por la no continuación, pero eso nos trae serios obstáculos. El primero de ellos es la inseguridad para la gente. Hay miedo en el país. Estuve en el Bajo Atrato, en Bojayá, acompañando la recepción de los cadáveres, y nos dimos cuenta de que las comunidades están confinadas por el Eln y los Gaitanistas. Para algunas personas, salir a decir la verdad tiene un riesgo; muchas veces se resisten a venir a las casas de la verdad y hay que ir a buscarlas. En algunos casos, los actores armados nos han dicho que tenemos que respetar su autoridad en el territorio. Eso, mezclado con el asesinato de líderes, de casi 180 excombatientes de las Farc, con mensajes poco claros de las instituciones del Estado sobre la determinación de sacar adelante la totalidad del Acuerdo de Paz, nos hace navegar en aguas que no son fáciles. Hoy, la mayoría de los colombianos quiere la implementación completa del Acuerdo de Paz. En el partido de gobierno insisten en que se cumpla una parte muy restringida de los acuerdos, que está relacionada con conseguir un buen empleo para quienes salieron de la guerra, pero no es solo eso. Hablo de que se tome en serio la reforma rural integral, que implica entregar tres millones de hectáreas a los campesinos, hacerles vías terciarias, entregarles créditos, salud, un mercado para sus productos. Lo mismo que la participación de las víctimas en la Cámara de Representantes, cumplir el programa de sustitución de cultivos, la reforma política y el cuidado de los líderes. Todo eso es parte del Acuerdo y hay que tomarlo a fondo.

(Lea también: La niñez habla de lo que ha sufrido en la guerra)

¿En qué regiones han tenido problemas de seguridad?

Arauca, el Catatumbo (Norte de Santander), el Pacífico, el sur del país en la frontera de Nariño con Ecuador. Los hechos se han producido básicamente en las fronteras con Venezuela y en el Pacífico.

¿Cómo les ha ido en los encuentros con los responsables?

Tuvimos uno que fue particularmente significativo el 15 de noviembre. Después de nueve meses de conversaciones, nada fáciles por momentos, entre los grandes jefes del paramilitarismo y los grandes jefes de las distintas guerrillas (desde los tiempos del Quintín Lame hasta los desmovilizados de las Farc) se llegó a un documento común en el que manifiestan su voluntad de contribuir a la verdad, de nunca más volver a las armas, de poner todo para que Colombia avance hacia la paz total, de reconciliación entre ellos, que se hicieron la guerra a morir y se afectaron sus familias.

¿Qué tiene que pasar para que los responsables renuncien a la arrogancia que algunas veces muestran?

Creo que es muy importante que oigan más a las víctimas. Nada hay que doblegue más esa arrogancia que escucharlas. Me ha sorprendido que los jefes paramilitares que participaron en Justicia y Paz, quizás porque ya fueron condenados, hoy hablan crudamente sobre cómo cometieron los crímenes. Hasta los detalles más horrendos nos los han contado. Pero encuentro en los otros actores todavía un discurso apologético. Creo que temen que lo que le entregan a la Comisión pueda ser utilizado en procesos judiciales, lo cual es imposible. Cuando recibimos testimonios sobre la forma como un responsable agredió a las víctimas, no podemos dar el nombre del testigo y no podemos comunicar ese testimonio a nadie, queda totalmente encriptado. Sirve para que comprendamos cómo se hicieron esas cosas en Colombia. También hay arrogancia porque en unos y otros se mantiene el discurso heroico. Es decir, que ellos eran los héroes que defendían la patria o los héroes que confrontaban al Estado opresor. Unos y otros, subidos en ese discurso, se protegen, lo cual es una tontería porque el sistema funciona si se dice la verdad.

¿Han encontrado empresarios que quieran contar cómo fue su participación en el conflicto?

Estamos en conversaciones con sectores de empresarios y esperamos mucho más allí. En Colombia no se puede hablar de “empresarios” en términos generales; acá hay más de un millón de empresarios. De esos hay miles que no tuvieron nada que ver en el conflicto o lo sufrieron indirectamente, o que fueron extorsionados, y hay empresarios responsables. No se puede hablar de “los empresarios” como responsables del conflicto. Estamos invitando a los sectores del empresariado a que nos aporten. Hemos conversado a fondo con la Andi, con empresarios de Antioquia, nos reunimos con empresarios de Urabá, de Valle del Cauca, con el club de presidentes de empresas de Bogotá, hemos estado en el club El Nogal.

(Le puede interesar: Una universidad para la paz en la selva chocoana)

¿Por qué los miembros de la Fuerza Pública poco están en los eventos de reconocimiento de la Comisión?

La verdad es que siempre los invitamos, es lo único que puedo decir. Hemos procurado que las invitaciones sean al más alto nivel, con la expectativa de poder tener a hombres de los más altos rangos, no solamente porque tengan una responsabilidad, sino porque es muy importante que el país escuche su punto de vista. A nosotros nos interesa explicar qué fue lo que pasó, nos interesan los distintos puntos de vista. ¿Por qué no se hacen presentes? No tengo cómo explicarlo, pero lo normal ha sido que tengamos en todos los actos personas que no son de los más altos rangos, sino a los cuadros medios.

Ustedes le pidieron información a la Fuerza Pública. ¿Cómo va ese proceso?

Establecimos unos protocolos para la entrega de información con las cabezas del Ejército, de las distintas instancias de las fuerzas y de la Policía. Todos los que participábamos en la configuración de los protocolos convenimos que eso era lo que queríamos y aprobamos los protocolos, pero nos ha faltado la firma del ministro de Defensa. El anterior no firmó el acuerdo; estamos esperando que el nuevo ministro lo firme.

¿Desde cuándo está listo el protocolo?

Desde septiembre está listo. También quiero decir que el Ejército, muy juiciosamente, con ayuda de universidades y de trabajos muy serios, ha preparado informes que les hemos pedido. Las Farc están haciendo el mismo ejercicio y algunos sectores del empresariado también. Lo otro es que hemos empezado a llamar a los expresidentes. Ya estuvo Ernesto Samper y esperamos tenerlos a todos.

¿A quién más han llamado?

Queremos llamarlos a todos los que están vivos, advirtiendo que no podemos exigir su presencia porque no somos un estamento judicial.

El pasado jueves se cumplió un año desde que la Comisión de la Verdad empezó su trabajo. Los 11 integrantes de esa entidad han ido a todas las regiones del país recogiendo relatos sobre cómo el conflicto armado ha dejado casi nueve millones de víctimas, según registros oficiales. Para poder entender por qué Colombia ha vivido décadas de guerra, han hablado con población LGBTI, mujeres, sindicatos, niños y niñas, personas privadas de la libertad, miembros de la Fuerza Pública, empresarios, excombatientes de diferentes grupos armados, entre otros sectores.

Hace poco, en Girardot, se reunieron las cabezas de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Comisión. Buscan articular sus trabajos, aunque las últimas dos tienen un mandato extrajudicial, por lo que no pueden compartir información a la JEP. Para la Comisión sería útil obtener la información que reposa en las otras dos instancias del sistema. Por ejemplo, la JEP tiene bajo su jurisdicción a más de 2.300 miembros de la Fuerza Pública, cerca de 9.700 miembros de las Farc y más de 100 terceros.

El sacerdote jesuita Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, hizo un balance del primer año de trabajo de esa entidad y le pidió al Gobierno implementar integralmente el Acuerdo de Paz que el Estado suscribió con las Farc. Contó que el exministro de Defensa Guillermo Botero no firmó un protocolo para que el Ejército entregara información a la Comisión y espera que Carlos Holmes Trujillo sí suscriba el documento. Además aseguró que están buscando que todos los expresidentes vivos participen voluntariamente en esa instancia.

¿Qué balance hace del trabajo de la Comisión?

Ha sido un año de inmenso trabajo. Todos los comisionados y el equipo han estado abrumados de tareas y tratando de responder a solicitudes de un país que quiere, sorprendentemente, participar en el esclarecimiento de la verdad de lo que nos pasó en el conflicto. Al terminar el año estará en marcha el equipo de casi 100 investigadores dedicados a los 10 grandes núcleos de análisis que debe tener la Comisión. Nos estamos preparando para manejar la gran cantidad de información que obtenemos por las entrevistas y documentos. Queremos entrar en conexión con los datos que tienen la JEP y la Unidad de Búsqueda. También estamos adelantando el diálogo social, que es la conversación del país hacia la reconciliación, hacia la convivencia, hacia el reconocimiento de víctimas y responsables. Las víctimas son las verdaderas protagonistas.

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¿Cuántas personas han entregado testimonios?

Hemos entrevistado a cerca de 6.000 personas, de las cuales unas 3.600 son víctimas individuales, que fueron escuchadas en todas las regiones del país, a través de las 28 casas de la verdad. Hay alrededor de 200 entrevistas a profundidad con actores muy significativos, casi 70 entrevistas a responsables, personas que estuvieron en la guerra de una u otra forma, y el resto son entrevistas colectivas en las que comunidades enteras hablan ante la Comisión, como grupos étnicos, afros, colectivos de mujeres.

¿Qué obstáculos han encontrado para desempeñar su labor?

Se nos creó para hacer una reflexión que sirviera para la no repetición de un conflicto que se suponía debería haber terminado con la firma del Acuerdo, pero el conflicto continúa. Por eso estamos trabajando por la no continuación, pero eso nos trae serios obstáculos. El primero de ellos es la inseguridad para la gente. Hay miedo en el país. Estuve en el Bajo Atrato, en Bojayá, acompañando la recepción de los cadáveres, y nos dimos cuenta de que las comunidades están confinadas por el Eln y los Gaitanistas. Para algunas personas, salir a decir la verdad tiene un riesgo; muchas veces se resisten a venir a las casas de la verdad y hay que ir a buscarlas. En algunos casos, los actores armados nos han dicho que tenemos que respetar su autoridad en el territorio. Eso, mezclado con el asesinato de líderes, de casi 180 excombatientes de las Farc, con mensajes poco claros de las instituciones del Estado sobre la determinación de sacar adelante la totalidad del Acuerdo de Paz, nos hace navegar en aguas que no son fáciles. Hoy, la mayoría de los colombianos quiere la implementación completa del Acuerdo de Paz. En el partido de gobierno insisten en que se cumpla una parte muy restringida de los acuerdos, que está relacionada con conseguir un buen empleo para quienes salieron de la guerra, pero no es solo eso. Hablo de que se tome en serio la reforma rural integral, que implica entregar tres millones de hectáreas a los campesinos, hacerles vías terciarias, entregarles créditos, salud, un mercado para sus productos. Lo mismo que la participación de las víctimas en la Cámara de Representantes, cumplir el programa de sustitución de cultivos, la reforma política y el cuidado de los líderes. Todo eso es parte del Acuerdo y hay que tomarlo a fondo.

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¿En qué regiones han tenido problemas de seguridad?

Arauca, el Catatumbo (Norte de Santander), el Pacífico, el sur del país en la frontera de Nariño con Ecuador. Los hechos se han producido básicamente en las fronteras con Venezuela y en el Pacífico.

¿Cómo les ha ido en los encuentros con los responsables?

Tuvimos uno que fue particularmente significativo el 15 de noviembre. Después de nueve meses de conversaciones, nada fáciles por momentos, entre los grandes jefes del paramilitarismo y los grandes jefes de las distintas guerrillas (desde los tiempos del Quintín Lame hasta los desmovilizados de las Farc) se llegó a un documento común en el que manifiestan su voluntad de contribuir a la verdad, de nunca más volver a las armas, de poner todo para que Colombia avance hacia la paz total, de reconciliación entre ellos, que se hicieron la guerra a morir y se afectaron sus familias.

¿Qué tiene que pasar para que los responsables renuncien a la arrogancia que algunas veces muestran?

Creo que es muy importante que oigan más a las víctimas. Nada hay que doblegue más esa arrogancia que escucharlas. Me ha sorprendido que los jefes paramilitares que participaron en Justicia y Paz, quizás porque ya fueron condenados, hoy hablan crudamente sobre cómo cometieron los crímenes. Hasta los detalles más horrendos nos los han contado. Pero encuentro en los otros actores todavía un discurso apologético. Creo que temen que lo que le entregan a la Comisión pueda ser utilizado en procesos judiciales, lo cual es imposible. Cuando recibimos testimonios sobre la forma como un responsable agredió a las víctimas, no podemos dar el nombre del testigo y no podemos comunicar ese testimonio a nadie, queda totalmente encriptado. Sirve para que comprendamos cómo se hicieron esas cosas en Colombia. También hay arrogancia porque en unos y otros se mantiene el discurso heroico. Es decir, que ellos eran los héroes que defendían la patria o los héroes que confrontaban al Estado opresor. Unos y otros, subidos en ese discurso, se protegen, lo cual es una tontería porque el sistema funciona si se dice la verdad.

¿Han encontrado empresarios que quieran contar cómo fue su participación en el conflicto?

Estamos en conversaciones con sectores de empresarios y esperamos mucho más allí. En Colombia no se puede hablar de “empresarios” en términos generales; acá hay más de un millón de empresarios. De esos hay miles que no tuvieron nada que ver en el conflicto o lo sufrieron indirectamente, o que fueron extorsionados, y hay empresarios responsables. No se puede hablar de “los empresarios” como responsables del conflicto. Estamos invitando a los sectores del empresariado a que nos aporten. Hemos conversado a fondo con la Andi, con empresarios de Antioquia, nos reunimos con empresarios de Urabá, de Valle del Cauca, con el club de presidentes de empresas de Bogotá, hemos estado en el club El Nogal.

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¿Por qué los miembros de la Fuerza Pública poco están en los eventos de reconocimiento de la Comisión?

La verdad es que siempre los invitamos, es lo único que puedo decir. Hemos procurado que las invitaciones sean al más alto nivel, con la expectativa de poder tener a hombres de los más altos rangos, no solamente porque tengan una responsabilidad, sino porque es muy importante que el país escuche su punto de vista. A nosotros nos interesa explicar qué fue lo que pasó, nos interesan los distintos puntos de vista. ¿Por qué no se hacen presentes? No tengo cómo explicarlo, pero lo normal ha sido que tengamos en todos los actos personas que no son de los más altos rangos, sino a los cuadros medios.

Ustedes le pidieron información a la Fuerza Pública. ¿Cómo va ese proceso?

Establecimos unos protocolos para la entrega de información con las cabezas del Ejército, de las distintas instancias de las fuerzas y de la Policía. Todos los que participábamos en la configuración de los protocolos convenimos que eso era lo que queríamos y aprobamos los protocolos, pero nos ha faltado la firma del ministro de Defensa. El anterior no firmó el acuerdo; estamos esperando que el nuevo ministro lo firme.

¿Desde cuándo está listo el protocolo?

Desde septiembre está listo. También quiero decir que el Ejército, muy juiciosamente, con ayuda de universidades y de trabajos muy serios, ha preparado informes que les hemos pedido. Las Farc están haciendo el mismo ejercicio y algunos sectores del empresariado también. Lo otro es que hemos empezado a llamar a los expresidentes. Ya estuvo Ernesto Samper y esperamos tenerlos a todos.

¿A quién más han llamado?

Queremos llamarlos a todos los que están vivos, advirtiendo que no podemos exigir su presencia porque no somos un estamento judicial.