Los esfuerzos por consolidar la paz en las ciudades no son nuevos. Con los recientes anuncios del alto comisionado de Paz Danilo Rueda de integrar a bandas criminales de Medellín a la política de sometimiento de la Paz Total, la capital antioqueña volvió a ser noticia por sus intentos de apaciguar décadas de un conflicto armado urbano que se gestó desde los años 80 y que se fortaleció en los 90 con el cartel de Medellín.
Uno de los actores armados más poderosos en esa guerra fueron las milicias populares urbanas, consolidadas por varios grupos armados que nacieron entre 1987 y 1990 para hacerle frente al accionar de las bandas criminales y pandillas que operaban en el Valle de Aburrá. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) los definió como “un actor híbrido” con rasgos propios del accionar de una guerrilla, pero integrado por grupos de vigilantes y justicieros “con aprendizajes adquiridos en bandas cuya existencia se multiplicó con el cartel de Medellín”.
Para finales de la década de los 80, en Medellín operaban tres grupos milicianos: las Milicias Independientes del Valle de Aburrá, las Milicias Metropolitanas y las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo (Mppp). Su presencia alcanzó a copar toda la zona nororiental y noroccidental de la ciudad con un control importante sobre la Comuna 13.
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La Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía (Dinac) reseñó que estos grupos, que también buscaban hacerle frente a la guerra por el narcotráfico liderada por Pablo Escobar con el cartel de Medellín tenían una orientación ideológica vinculada con las guerrillas de las Farc y el Eln. Según la Dinac, “había fuertes vínculos entre las Milicias Metropolitanas con el Eln y más cercanía entre las Mppp con las Farc”.
Las milicias urbanas y su guerra contra las pandillas
Aunque los años 80 no fue el comienzo de la violencia desmedida en la ciudad, se configuró como un punto de partida de lo que han significado los esfuerzos por desmontar estructuras armadas lejos de la ruralidad. En el gobierno de César Gaviria, desde 1990, las milicias comenzaron a expandirse en Medellín: iniciaron en los barrios Santo Domingo, Santa Inés y Granizal y luego su poder llegó hasta barrios más lejanos como el 12 de Octubre y El Picachito, al noroccidente de la ciudad, así como en La Floresta y el 20 de Julio, en la zona centro occidental.
En 1995, en un censo realizado por los mismos expandilleros, se determinó que en la capital antioqueña operaban, al menos, 156 organizaciones criminales.
Fue en ese momento, según Henry Holguín, integrante de la Corporación Sinergia y exmiembro de una de esas pandillas, que comenzaron a gestarse pequeñas batallas y disputas territoriales entre las llamadas “bandas” delincuenciales y las milicias urbanas. Holguín fue el máximo líder de ‘La Banda de Lebrón’, un poderoso grupo criminal en la comuna noroccidental de Medellín que luego fue protagonista del primer proceso de paz carcelario en esa ciudad.
Aunque de esas guerras entre milicias y bandas no habla mucho, sí asegura que fue una de las épocas de más terror en la ciudad. Según informes de la Fiscalía, los primeros años de la década de los noventa Medellín se posicionó como la ciudad más violenta de Colombia y una de las más violentas en América Latina.
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Para dimensionarlo basta con saber que en 1991 la capital antioqueña registró una tasa de 395,4 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa de todo el país se ubicó en 84,2. Entre 1983 y 1991, apenas en un lapso de ocho años, los homicidios crecieron ocho veces en esa ciudad: mientras en 1983 se registraron 869 muertes violentas, en 1991 esa cifra ascendió a 6.809 asesinatos.
El “mediador de bandidos”
Una de las tantas guerras cazadas en la ciudad fue entre la Banda de Lebrón y las milicias populares. Holguín, que para la época lideraba a ‘Lebrón’ y llegó a colaborar para el cartel de Medellín, asegura que en el barrio Popular, en la comuna nororiental, comenzó una de las disputas más violentas con ese actor armado. “Ellos demolieron la casa de mis padres, me desterraron y cazamos una guerra. Nosotros antes estábamos en la zona noroccidental, pero eso lo tomó la guerrilla después”.
En 1993, cuando fue asesinado Pablo Escobar Gaviria, los grupos de sicariato y otras bandas al servicio del cartel de Medellín comenzaron a transformarse. Holguín explica que su banda -la de ‘Lebrón’-, comenzó una guerra en las comunas en busca de control territorial y liderazgo. Uno de sus principales enemigos fueron las Milicias Bolivarianas, lideradas por las Farc en las ciudades.
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Holguín, que hoy es gestor de paz con pandillas por su experiencia como mediador, dice que fue justo en 1994, que comenzó a sonar por primera vez el tema de la paz urbana. “Yo no le creí a ese cuento de la paz, más bien lo vi como una oportunidad para identificar al enemigo y poder avanzar más en mi proceso de guerra. Hubo un tema muy importante allá en esa comuna noroccidental en el barrio Picacho, en la frontera entre el barrio París (del municipio de Bello y el barrio 12 de Octubre), porque ahí comenzó un pacto o acuerdo de no agresión entre las milicias y los que éramos bandidos”.
Su relato sobre lo que recuerda ese día es como describir la historia de dos enemigos irreversibles de la guerra. “En esa actividad nos tocaba decir qué soñaba cada uno de su barrio y el miliciano empezó a hablar y a decir lo que él quería de su barrio. Cuando ese hombre terminó de hablar yo quedé muy sorprendido porque él pensaba exactamente lo mismo que yo, soñaba lo mismo para su comuna, entonces me di cuenta que el enemigo no era él por ser miliciano”.
Aunque Henry dice que prefiere omitir el nombre del exmiliciano porque hoy en día son amigos impensables, dice que ese fue un hito en los procesos de paz urbanos de Medellín. “Cuando se acabó la actividad reuní a mi gente (los de la Banda de Lebrón) y les dije ‘muchachos, a él no me lo vayan a tocar porque ese man me cayó muy bien’”.
Sin embargo, los intentos de negociaciones empezaron a avanzar por dos vías: desde el gobierno central y desde la iniciativa de los expandilleros en las calles. Fue el 26 de mayo de 1994 que el gobierno nacional, en cabeza del presidente Gaviria, firmó un acuerdo final para la paz y convivencia con las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, las Milicias Independientes del Valle de Aburrá y las Milicias Metropolitanas. Sin embargo, ese acuerdo no lo acogieron otros grupos de milicias como La Sierra, 8 de Marzo y Comuna 13.
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En 1995, en un censo realizado por los mismos expandilleros, se determinó que en la capital antioqueña operaban, al menos, 156 organizaciones criminales.
De ahí en adelante, según cuenta Holguín, vinieron procesos de acercamiento entre esas milicias que no acataron el acuerdo de paz y las bandas criminales de Medellín que comenzaron con pequeños y cortos pactos de no agresión en los barrios. Holguín fue capturado en 1997 y condenado a 43 años por homicidio agravado. Parte de su condena la pagó en la cárcel de Bellavista.
“Las Convivir se convirtieron en uno de los factores que permitió el resurgimiento del paramilitarismo y las cooperativas de seguridad llegaron a funcionar como un pequeño grupo de autodefensa ciudadana para contribuir con las autoridades”
“Después empiezan a capturar a otros líderes de los procesos de convivencia que habíamos hecho por fuera y nos encontrábamos y decíamos bueno, comenzamos a trabajar por la paz, pacificamos los barrios, pero ya se están dañando los procesos. El alcalde nos pide que le ayudemos, pero nos están mandando los ‘tombos’ (policías) a que nos capturen”, cuenta.
En ese momento, según cuenta Henry, dentro de la cárcel comenzó un proceso de pacificación urbana inicialmente, entre ‘Los Lebrón’ y ‘Los Triana’, -otra banda “independiente” con presencia en Bello (Antioquia) y que se disputa el control en ese municipio con ‘Los Pachelly’-. “Lo que hicimos fue hacer una propuesta seria al Estado colombiano en la que les dijimos que íbamos a montar una comisión para la reconciliación urbana dentro de la cárcel”.
Y así fue: la propuesta la formularon el 20 de agosto de 1997 y la respuesta llegó poco más de un mes después, el 24 de septiembre de ese año en el que el gobierno, en cabeza del entonces presidente Ernesto Samper, aceptaron construir y respaldar la creación de una oficina de paz al interior de la cárcel Bellavista.
Los expandilleros en su momento recibieron varios beneficios como tener una oficina física, tener un teléfono fijo y entrar 20 personas de la sociedad civil al día (líderes comunales y la Iglesia Católica) para gestar el proceso de convivencia. “Me convertí en un mediador de bandidos porque entre 40 presos de milicias y pandillas logramos desarticular como unos 57 combos de diferentes bandas de la ciudad dando instrucciones desde la cárcel”.
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El problema de las cooperativas de seguridad ciudadana
Uno de los problemas que acarreó el acuerdo de paz entre el gobierno de Gaviria con las milicias urbanas de Medellín es que, dentro de lo pactado, se acordó crear una Cooperativa de Seguridad y Servicio a la Comunidad (Coosercom) que llegó a contar con 358 integrantes. Aunque su funcionamiento arrancó en 1996 como una “alternativa (de trabajo) para los milicianos desmovilizados”, como reseña el informe sobre guerra urbana en Medellín del CNMH.
En ese documento, de hecho, explican que entre las funciones de Coosercom estaba “portar armas y detener personas para entregárselas a las autoridades”. Es decir, llegó a funcionar como un pequeño grupo de autodefensa ciudadana para contribuir con las autoridades. O como dice el informe del Centro: “Visto en retrospectiva se trató de un caso claro de delegación abierta y legal del monopolio de las armas a un cuerpo privado de seguridad, que implicaba un proceso de privatización de la seguridad”.
Ese mismo año el entonces presidente Gaviria, a través del Decreto 356 de 1994 reglamentó los “servicios especiales de seguridad privada” y, un año más tarde, esa iniciativa se concretó en las Convivir, un grupo de cooperativas civiles de vigilancia privada al servicio del Estado que podían portar armas, llevar prendas de uso privativo de las fuerzas militares y hacer labores de inteligencia para “aportar” a la lucha contra las insurgencias. Esa iniciativa fue avalada por gremios económicos del país, así como de alcaldes, ministros y gobernadores, entre esos Álvaro Uribe Vélez, que para esa época comenzó su período como gobernador de Antioquia.
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Sin embargo, en 1997 la Corte Constitucional restringió la actuación de grupos como Coosercom y las Convivir y, a partir de allí, varios de sus integrantes resultados vinculados a grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia. El informe del CNMH advierte que “las Convivir se convirtieron en uno de los factores que permitió el resurgimiento del paramilitarismo y ayudó a superar el relativo estancamiento que estas habían padecido en los años del gobierno de César Gaviria por las pugnas internas y la concentración de sus esfuerzos en la guerra contra Pablo Escobar”.
La guerra urbana entre ‘paras’ y guerrillas
El Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia fue un frente paramilitar con fuerte presencia en Antioquia , que llegó a incursionar en la zona urbana de Medellín. Uno de los sectores en los que más se sintió su control territorial fue en la Comuna 13, una zona que para comienzo de los años 90 tenía una influencia alta de las guerrillas de las Farc, el Eln y los Comandos Armados del Pueblo (Cap).
De hecho, fue en esa Comuna que el 16 y 17 de octubre de 2002 se llevó a cabo la Operación Orión, uno de los 12 operativos militares contra la guerra urbana que llevó a cabo el Ejército en Medellín. Ese operativo, que buscaba atacar a las milicias urbanas de las guerrillas, se realizó bajo el “Estado de Excepción” que había decretado el gobierno Nacional en cabeza en ese entonces del presidente Álvaro Uribe Vélez.
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Según el informe del CNMH, en ese operativo resultaron heridas al menos 80 personas civiles, hubo 71 personas asesinadas por paramilitares y 17 por la Fuerza Pública, además de más de un centenar de desapariciones forzadas y al menos 350 detenciones arbitrarias.
Orión ha sido una de las operaciones más cuestionados del Ejército en su historia por denuncias de ejecuciones extrajudiciales. De hecho, es por este caso que el sector de La Escombrera, en Medellín, tiene medidas cautelares ante la Jurisdicción Especial para la Paz en busca de los cuerpos de las personas desaparecidas que pudieron haber sido arrojadas allí en medio de la incursión armada.
Además, el pasado 31 de enero, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Estado colombiano reconoció su responsabilidad por la desaparición a manos de paramilitares de Arles Edison Guzmán, una de las víctimas de la Operación Orión.
En esa época que se desató una guerra entre varios “capos” narcotraficantes y paramilitares en varias comunas de Medellín. Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como Don Berna, buscó apoyos para atacar al Bloque Metro de las Auc. Según el CNMH, “inicialmente obtuvo el respaldo de los jefes paramilitares Carlos Mario Jiménez Naranjo (Macaco); Éver Veloza García (HH) y Ramiro Vanoy (Cuco Vanoy). De hecho, una de las bandas criminales que también se movilizó contra el Bloque Metro fue, justamente la Oficina de Envigado.
La Oficina es una de las estructuras armadas más fuertes que todavía tienen presencia en Medellín y en su área metropolitana. De hecho, es uno de los grupos que ya tiene una propuesta lista para hacerle al alto comisionado, Danilo Rueda, para entrar a la “paz total”. “En ese momento, los paramilitares tenían control sobre buena parte de las bandas armadas de Medellín y les ordenó que conformaran un bloque paramilitar con todos los hombres que pudieran para darle manejo al problema con el Bloque Metro y erradicar las milicias de las guerrillas”, dice el documento del Centro Nacional de Memoria Histórica. Así nació, en 2001, el Bloque Cacique Nutibara.
Este fue el primer bloque paramilitar que se desmovilizó con el proceso de Justicia y Paz liderado también por el expresidente Uribe. En 2003, con ese proceso de paz con el Gobierno Nacional se ordenó la creación de la Corporación Democracia que tenía como fin acompañar el proceso de reinserción de los exintegrantes de ese grupo paramilitar. El CNMH, sobre este hito, dice que “de esta manera varios de sus integrantes se empoderaron como nuevos actores sociales que impulsaron pequeñas corporaciones dedicadas a labores comunitarias y al desarrollo de proyectos productivos”.
El “pacto de los fusiles”
Durante la década siguiente varios combos y bandas continuaron disputándose el control territorial y las rentas de microtráfico que habían quedado acéfalas después de la caída del cartel de Medellín. En 2010, de hecho, el entonces alcalde Alsonso Salazar advirtió en una entrevista con El Espectador el 6 de enero que “la intensidad de los enfrentamientos hizo temer el retorno a una situación similar a la que se vivió en la época de la guerra contra el Estado por parte de Escobar”.
Sin embargo, el 1 de febrero de 2010 se anunció una tregua mediada por Jaime Jaramillo Panesso y Jorge Gaviria, exasesores de paz de la alcaldía, entre varios grupos armados urbanos. Fue gracias a ese proceso que se decretaron varios ceses en los enfrentamientos pero, con la llegada de las Agc a Medellín, las disputas con la Oficina de Envigado por el control territorial se acrecentaron.
En 2013, en medio de una nueva ola de violencia desmedida, el 22 y 23 de julio del 2013 se estableció el Pacto de los Fusiles, un acuerdo con el que decretaron un cese a los enfrentamientos armados en la ciudad y establecieron “un monto de las tarifas de cobro a comerciantes y control de las plazas de vicio”, según indica el informe del CNMH.
Desde entonces, los intentos por establecer intentos de paz urbanos en Medellín no han llegado a buen término. El documento del CNMH concluye que “las continuidades y los cambios a los que hemos hecho referencia guardan una estrecha relación con la persistencia, por algo más de cuatro décadas, de un conflicto armado cuya intensidad y características condicionaron, en buena medida, el desempeño de los actores armados en la ciudad”.
Actualmente, según cifras de la Fiscalía, organizaciones sociales y centros de investigación,en la capital antioqueña y en el Valle de Aburrá hay más de 250 “combos” (pandillas que ejercen control en los barrios), que le obedecen a una veintena de bandas organizadas urbanas que entre microtráfico, extorsiones, sicariato, control forzado de negocios locales y otras formas de delincuencia común.
