Hubo más de 3.600 ataques a la infraestructura petrolera durante el conflicto armado

En el 2012, Juan Pérez compró una finca en cercanías a Cubará (Boyacá) sin imaginarse las dificultades que le traería vivir a 500 metros del Oleoducto Caño Limón-Coveñas, uno de los más importantes del país. Desde que se fue a su finca con su familia, grupos armados lo han dinamitado en al menos tres ocasiones, provocando un daño profundo en el ecosistema.

La tierra quedó contaminada, el ganado se quedaba enterrado en el crudo o se intoxicaban con el agua. Empezó a ver animales muertos en las manchas negras de petróleo. Recuerda también cuando fue a pescar con su familia a un río aledaño, tiempo después de una voladura, y cuando iban a cocinar los pescados estos brillaban y olían a petróleo.

Ha visto cómo se prende el crudo y lo quema todo a su alrededor, o cuando la mancha va por el río y queda sobre las rocas y el pasto. Dice que por más que se descontamine, siempre habrán de esas manchas.

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Luz Carvajal es lideresa indígena U’wa, en una comunidad que vive cerca al Nevado del Cocuy en Boyacá. Para los U’wa el petróleo es sagrado, así como el agua. Su mal uso, cuenta ella, los contamina, por lo que constantemente tienen que hacer rituales de pagamento y armonización en las áreas afectadas tras un derrame de crudo.

Los ataques al Oleoducto Caño Limón-Coveñas han hecho que la comunidad se enferme, las tierras sean menos fértiles —por lo que no se puede cultivar—, no haya acceso a agua limpia, y los alimentos disponibles hayan disminuido ya que los animales para la caza y la pesca están contaminados. De la mano de todo esto viene la desnutrición, especialmente de los niños.

Las mujeres se han visto muy afectadas por estos ataques. Lo dice específicamente en el caso de quienes están embarazadas, pues necesitan acceso a los alimentos para la nutrición de ella y el bebé y a agua no contaminada para que no los afecte. “Debido a que los alimentos cultivados se manchan con el derrame de petróleo, una mujer embarazada o que recién haya parido, tiene que caminar más tiempo para encontrar comida sin contaminar”.

Para ella y su pueblo, la industria de hidrocarburos es sinónimo de violencia. Desde la llegada de ese oleoducto incrementó la militarización en su territorio, la presencia de actores armados ilegales y con esto también las amenazas y el reclutamiento forzado de niños y niñas del pueblo.

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Ricardo Martínez trabajó durante 22 años con una empresa petrolera en Cartago y el Eje Cafetero. En 2016 fue trasladado a Orito (Putumayo) como responsable del Oleoducto Trasandino, ubicado en ese departamento y Nariño. Desde ese año hasta la fecha ha tenido que manejar al menos 45 atentados al oleoducto por parte de grupos armados. Como Juan y Luz, él también ha visto la contaminación de ríos y quebradas, el daño de las tierras, pero sobre todo el daño en las comunidades. Señala que los explosivos usualmente utilizados vienen con metrallas que cuando estallan alcanzan y matan a animales y personas.

Desde su experiencia, también habla del riesgo que han vivido los equipos de personas con los que trabaja en esa empresa petrolera. Uno de los mayores riesgos son las minas que actores armados siembran en los alrededores del oleoducto para causar daño. En 2015, una de estas minas le explotó a uno de los obreros mientras hacía la reparación del tramo afectado del oleoducto. Él y varios compañeros presenciaron su muerte y tuvieron que recibir tratamiento psicológico. Además, dice él, están expuestos a amenazas, al miedo de ser atacados, y por lo tanto algunos prefieren renunciar a sus trabajos.

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Estas tres historias hacen parte del informe “Verdad y afectaciones a la infraestructura petrolera en Colombia en el marco del conflicto armado”, entregado esta tarde a la Comisión de la Verdad por parte de la Fundación Ideas para la Paz y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). La entrega se hizo a través de un foro virtual en el que participaron el vicepresidente de Ecopetrol, Alberto Consuegra, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, Francisco Lloreda, y Astrid Martínez de Fedesarrollo.

Aunque en medios de comunicación nacionales y regionales son constantes las noticias sobre ataques y voladuras a oleoductos de petróleo en el país, no se había hecho un análisis para la Comisión de la Verdad que recogiera los ataques ocurridos en un lapso de 30 años, las tendencias de ataques por periodos y, sobre todo, examinara las consecuencias que han tenido las explosiones y derrames en las comunidades y el medio ambiente, bajo un enfoque de género y étnico.

“La manera de registrar la información puede ser un poco indiferente ante el factor humano que se toca con estos ataques. La mayoría de los registros hablan del número de barriles perdidos o el tiempo en el que se suspendió la operación, pero no se tiene esa filigrana cuando se trata de cuantificar el número de afectaciones ambientales y eso qué significó para cuántas personas”, resalta Nataly Sarmiento, coordinadora del informe y la directora de Empresas y Derechos Humanos de la FIP.

El informe recoge los hechos ocurridos entre el 1 de mayo de 1986 y el 24 de noviembre de 2016, a partir del primer ataque registrado en bases de datos de la Policía Nacional o el Centro Nacional de Memoria Histórica, hasta la firma del acuerdo de paz con las Farc.

Durante estos 30 años hubo 3.659 ataques de grupos armados contra la infraestructura petrolera, de los cuales el 60% fueron cometidos a través de explosivos y en su mayoría por las Farc y el Eln. El primer grupo cometió 1.195 acciones sobre todo en los departamentos de Putumayo y Nariño, y el segundo realizó 990 ataques en Arauca y Norte de Santander, evidenciando así una repartición del territorio, según las investigadoras.

“Encontramos coincidencias entre los años con mayor número de ataques y el contexto político. En donde tuvimos más registros fueron en el 2000, 2001 y 2013 y lo que observamos en todos estos años es que siempre estaba activo o en proceso de activación algún proceso de negociación de paz. La inferencia nos hace pensar que estos ataques al sector no fueron un fin en sí mismo sino un medio para conseguir otros beneficios de naturaleza política”, señala Sarmiento.

Esos 3.659 dejaron un saldo de 4.455 afectaciones, entre los daños a la infraestructura propiamente; al medio ambiente, como pérdida de fauna y flora y contaminación de afluentes o incendios, y a civiles, como daños de cultivos, rupturas con los entornos naturales, daños psicológicos y físicos, entre otras.

El 76.8% de las acciones armadas ocurrieron en cinco departamentos: Putumayo, Arauca, Norte de Santander, Nariño y Santander. Y el 48% se concentraron en ocho municipios: Orito, con 381; Arauquita, con 376; Saravena, con 330; Valle del Guamuez, con 163; Tibú, con 158; San Miguel, con 116; Teorama, con 110, y Puerto Caicedo, con 105 acciones.

Esto concuerda con los cinco oleoductos que soportaron el mayor número de ataques: Caño Limón-Coveñas, Trasandino, San Miguel-Orito, Mansoyá-Orito y Colombia. Sin embargo, el estudio se concentró en algunas de las comunidades por las que pasa el Caño Limón-Coveñas y el Trasandino y algunos funcionarios que trabajan o trabajaron para empresas petroleras. A través de las diez historias de vida encontraron algunas de las afectaciones vividas por la población.

“Los derrames tienen impactos difíciles de contener y restablecer al estado original: contaminación de fuentes hídricas superficiales y subterráneas; pérdida de cobertura vegetal; filtración de crudo e hidrocarburos en el suelo; e, incluso, cambios en las formas de relacionamiento de las comunidades con sus territorios. En las entrevistas de contextualización en Tumaco, se reportó que las comunidades han visto disminuida la cantidad de pesca de camarón tras los ataques; como consecuencia de ello, su seguridad alimentaria ha cambiado, obligándolos a modificar sus prácticas ancestrales de auto sustento”, señala el documento.

También afecta los derechos reproductivos de las mujeres, quienes ven restringido el acceso a agua no contaminada para la práctica de partos, la limpieza de los recién nacidos y su menstruación, además del consumo. O las rupturas sociales entre la misma comunidad, ya que tienen que competir entre ellos mismos para ser contratados por las empresas para las actividades descontaminación.

Estas rupturas también se dan dentro de las empresas petroleras. Por ejemplo, el pago de extorsiones a grupos armados para continuar sus operaciones o, como lo aseguraron algunos entrevistados, la contratación de terceros por petición de los mismos hombres armados.

A través de este informe, la FIP le hace varias recomendaciones a la Comisión de la Verdad. Entre ellas, incrementar la investigación sobre la relación del conflicto armado y la industria de hidrocarburos, así como las consecuencias de los ataques en las comunidades y el medio ambiente. Para esto, sostienen que se deben fortalecer los lazos de confianza con las empresas de este sector para que también participen en la construcción del informe que develará las razones y consecuencias de la violencia en Colombia en los últimos 50 años.

En el 2012, Juan Pérez compró una finca en cercanías a Cubará (Boyacá) sin imaginarse las dificultades que le traería vivir a 500 metros del Oleoducto Caño Limón-Coveñas, uno de los más importantes del país. Desde que se fue a su finca con su familia, grupos armados lo han dinamitado en al menos tres ocasiones, provocando un daño profundo en el ecosistema.

La tierra quedó contaminada, el ganado se quedaba enterrado en el crudo o se intoxicaban con el agua. Empezó a ver animales muertos en las manchas negras de petróleo. Recuerda también cuando fue a pescar con su familia a un río aledaño, tiempo después de una voladura, y cuando iban a cocinar los pescados estos brillaban y olían a petróleo.

Ha visto cómo se prende el crudo y lo quema todo a su alrededor, o cuando la mancha va por el río y queda sobre las rocas y el pasto. Dice que por más que se descontamine, siempre habrán de esas manchas.

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Luz Carvajal es lideresa indígena U’wa, en una comunidad que vive cerca al Nevado del Cocuy en Boyacá. Para los U’wa el petróleo es sagrado, así como el agua. Su mal uso, cuenta ella, los contamina, por lo que constantemente tienen que hacer rituales de pagamento y armonización en las áreas afectadas tras un derrame de crudo.

Los ataques al Oleoducto Caño Limón-Coveñas han hecho que la comunidad se enferme, las tierras sean menos fértiles —por lo que no se puede cultivar—, no haya acceso a agua limpia, y los alimentos disponibles hayan disminuido ya que los animales para la caza y la pesca están contaminados. De la mano de todo esto viene la desnutrición, especialmente de los niños.

Las mujeres se han visto muy afectadas por estos ataques. Lo dice específicamente en el caso de quienes están embarazadas, pues necesitan acceso a los alimentos para la nutrición de ella y el bebé y a agua no contaminada para que no los afecte. “Debido a que los alimentos cultivados se manchan con el derrame de petróleo, una mujer embarazada o que recién haya parido, tiene que caminar más tiempo para encontrar comida sin contaminar”.

Para ella y su pueblo, la industria de hidrocarburos es sinónimo de violencia. Desde la llegada de ese oleoducto incrementó la militarización en su territorio, la presencia de actores armados ilegales y con esto también las amenazas y el reclutamiento forzado de niños y niñas del pueblo.

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Ricardo Martínez trabajó durante 22 años con una empresa petrolera en Cartago y el Eje Cafetero. En 2016 fue trasladado a Orito (Putumayo) como responsable del Oleoducto Trasandino, ubicado en ese departamento y Nariño. Desde ese año hasta la fecha ha tenido que manejar al menos 45 atentados al oleoducto por parte de grupos armados. Como Juan y Luz, él también ha visto la contaminación de ríos y quebradas, el daño de las tierras, pero sobre todo el daño en las comunidades. Señala que los explosivos usualmente utilizados vienen con metrallas que cuando estallan alcanzan y matan a animales y personas.

Desde su experiencia, también habla del riesgo que han vivido los equipos de personas con los que trabaja en esa empresa petrolera. Uno de los mayores riesgos son las minas que actores armados siembran en los alrededores del oleoducto para causar daño. En 2015, una de estas minas le explotó a uno de los obreros mientras hacía la reparación del tramo afectado del oleoducto. Él y varios compañeros presenciaron su muerte y tuvieron que recibir tratamiento psicológico. Además, dice él, están expuestos a amenazas, al miedo de ser atacados, y por lo tanto algunos prefieren renunciar a sus trabajos.

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Estas tres historias hacen parte del informe “Verdad y afectaciones a la infraestructura petrolera en Colombia en el marco del conflicto armado”, entregado esta tarde a la Comisión de la Verdad por parte de la Fundación Ideas para la Paz y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). La entrega se hizo a través de un foro virtual en el que participaron el vicepresidente de Ecopetrol, Alberto Consuegra, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, Francisco Lloreda, y Astrid Martínez de Fedesarrollo.

Aunque en medios de comunicación nacionales y regionales son constantes las noticias sobre ataques y voladuras a oleoductos de petróleo en el país, no se había hecho un análisis para la Comisión de la Verdad que recogiera los ataques ocurridos en un lapso de 30 años, las tendencias de ataques por periodos y, sobre todo, examinara las consecuencias que han tenido las explosiones y derrames en las comunidades y el medio ambiente, bajo un enfoque de género y étnico.

“La manera de registrar la información puede ser un poco indiferente ante el factor humano que se toca con estos ataques. La mayoría de los registros hablan del número de barriles perdidos o el tiempo en el que se suspendió la operación, pero no se tiene esa filigrana cuando se trata de cuantificar el número de afectaciones ambientales y eso qué significó para cuántas personas”, resalta Nataly Sarmiento, coordinadora del informe y la directora de Empresas y Derechos Humanos de la FIP.

El informe recoge los hechos ocurridos entre el 1 de mayo de 1986 y el 24 de noviembre de 2016, a partir del primer ataque registrado en bases de datos de la Policía Nacional o el Centro Nacional de Memoria Histórica, hasta la firma del acuerdo de paz con las Farc.

Durante estos 30 años hubo 3.659 ataques de grupos armados contra la infraestructura petrolera, de los cuales el 60% fueron cometidos a través de explosivos y en su mayoría por las Farc y el Eln. El primer grupo cometió 1.195 acciones sobre todo en los departamentos de Putumayo y Nariño, y el segundo realizó 990 ataques en Arauca y Norte de Santander, evidenciando así una repartición del territorio, según las investigadoras.

“Encontramos coincidencias entre los años con mayor número de ataques y el contexto político. En donde tuvimos más registros fueron en el 2000, 2001 y 2013 y lo que observamos en todos estos años es que siempre estaba activo o en proceso de activación algún proceso de negociación de paz. La inferencia nos hace pensar que estos ataques al sector no fueron un fin en sí mismo sino un medio para conseguir otros beneficios de naturaleza política”, señala Sarmiento.

Esos 3.659 dejaron un saldo de 4.455 afectaciones, entre los daños a la infraestructura propiamente; al medio ambiente, como pérdida de fauna y flora y contaminación de afluentes o incendios, y a civiles, como daños de cultivos, rupturas con los entornos naturales, daños psicológicos y físicos, entre otras.

El 76.8% de las acciones armadas ocurrieron en cinco departamentos: Putumayo, Arauca, Norte de Santander, Nariño y Santander. Y el 48% se concentraron en ocho municipios: Orito, con 381; Arauquita, con 376; Saravena, con 330; Valle del Guamuez, con 163; Tibú, con 158; San Miguel, con 116; Teorama, con 110, y Puerto Caicedo, con 105 acciones.

Esto concuerda con los cinco oleoductos que soportaron el mayor número de ataques: Caño Limón-Coveñas, Trasandino, San Miguel-Orito, Mansoyá-Orito y Colombia. Sin embargo, el estudio se concentró en algunas de las comunidades por las que pasa el Caño Limón-Coveñas y el Trasandino y algunos funcionarios que trabajan o trabajaron para empresas petroleras. A través de las diez historias de vida encontraron algunas de las afectaciones vividas por la población.

“Los derrames tienen impactos difíciles de contener y restablecer al estado original: contaminación de fuentes hídricas superficiales y subterráneas; pérdida de cobertura vegetal; filtración de crudo e hidrocarburos en el suelo; e, incluso, cambios en las formas de relacionamiento de las comunidades con sus territorios. En las entrevistas de contextualización en Tumaco, se reportó que las comunidades han visto disminuida la cantidad de pesca de camarón tras los ataques; como consecuencia de ello, su seguridad alimentaria ha cambiado, obligándolos a modificar sus prácticas ancestrales de auto sustento”, señala el documento.

También afecta los derechos reproductivos de las mujeres, quienes ven restringido el acceso a agua no contaminada para la práctica de partos, la limpieza de los recién nacidos y su menstruación, además del consumo. O las rupturas sociales entre la misma comunidad, ya que tienen que competir entre ellos mismos para ser contratados por las empresas para las actividades descontaminación.

Estas rupturas también se dan dentro de las empresas petroleras. Por ejemplo, el pago de extorsiones a grupos armados para continuar sus operaciones o, como lo aseguraron algunos entrevistados, la contratación de terceros por petición de los mismos hombres armados.

A través de este informe, la FIP le hace varias recomendaciones a la Comisión de la Verdad. Entre ellas, incrementar la investigación sobre la relación del conflicto armado y la industria de hidrocarburos, así como las consecuencias de los ataques en las comunidades y el medio ambiente. Para esto, sostienen que se deben fortalecer los lazos de confianza con las empresas de este sector para que también participen en la construcción del informe que develará las razones y consecuencias de la violencia en Colombia en los últimos 50 años.