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António Guterres, secretario general de la ONU, manifestó en el más reciente informe sobre la Misión de Verificación de su organización en Colombia, que si bien durante el primer año de Gustavo Petro como presidente se renovaron compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz de La Habana, hay varios desafíos pendientes por cumplir y con la intención de “poner en marcha otras iniciativas igualmente ambiciosas en el marco de la política de Paz Total”.
Abarcando los seis puntos del acuerdo firmado entre el Estado colombiano y las extintas FARC, el informe de la ONU mostró desarrollos entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2023 que dejaron una primera gran conclusión según António Guterres: “Se deben cumplir los compromisos del Estado con las víctimas y las comunidades vulnerables y trabajar para aumentar la presencia del Estado en todos los territorios es una profunda responsabilidad y una forma inigualable de demostrar voluntad política y fortalecer la legitimidad del Estado”.
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Comenzando por la Reforma Rural Integral, el gran hito que identificó la ONU fue la puesta en marcha del Sistema Nacional de Reforma Agraria, que entre otras cosas va a posibilitar mayores accesos a la tierra y a los usos del suelo que le puedan dar los campesinos en las regiones. Aquí se empató con una articulación importante que ha habido desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que desde el 7 de agosto de 2022 ha comprado 41.651 hectáreas (29.065 en el periodo del informe de la ONU) y ha entregado 968 de ellas; 607 entre junio y septiembre de 2023.
Lea el informe completo aquí:
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) no se quedaron atrás en el monitoreo de la ONU. La organización internacional indicó que desde que Petro es el jefe de Estado se han aprobado 418 proyectos (cifra que aún se ve lejana de los más de 3.300 proyectos aprobados en el gobierno anterior, con presupuesto de 14 billones de pesos).
La reincorporación política, económica y social también fue elemento de estudio. De acuerdo con Naciones Unidas, de las 299 candidaturas que el partido Comunes tendrá para las contiendas regionales del próximo 29 de octubre, 128 son de mujeres.
Enlazándose con el primer punto del Acuerdo de Paz, la ONU identificó que 13 de los 24 antiguos espacios de reincorporación (ETCR) tienen tierras adquiridas por el Estado luego de que la ANT concediera títulos colectivos de tierras a colectivos de reincorporados que desde el inicio del posconflicto tienen andando proyectos productivos. De estos proyectos, dentro del periodo del informe, fueron aprobados 54 individuales, de los cuales nueve son liderados por mujeres. A su vez, se diagnosticó que 56 de las 218 cooperativas que agrupan a más de la mitad de excombatientes que se acogieron al Acuerdo de Paz son dirigidas por mujeres exFARC.
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El acceso a viviendas rurales para reincorporados sigue teniendo trabas. De acuerdo con la ONU, los avances en la provisión de viviendas a los excombatientes han sido lentos. “Desde 2020 solo han comenzado las obras de construcción en cuatro antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, y únicamente han recibido subsidios 18 excombatientes de zonas urbanas. Es necesario intensificar los esfuerzos, entre otras cosas contemplando la posibilidad de la autoconstrucción y asignando recursos adicionales”, agrega el documento.
La seguridad humana sigue en estado crítico
Hablar de reincorporación, pero tener indicadores altos de asesinatos a esta población es una contradicción. Partiendo de esto, la ONU señaló en su informe que la violencia contra los exmiembros de las FARC es una preocupación. Desde el inicio del gobierno Petro han sido asesinados 15 excombatientes, en los departamentos de Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Huila, Meta, Nariño y Tolima. “Cuatro excombatientes sobrevivieron a intentos de homicidio y otros tres fueron reportados como desaparecidos. Un excombatiente y miembro de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección salió ileso de un ataque ocurrido en Bogotá en agosto, en el que dos de sus escoltas resultaron heridos. Decenas de excombatientes y miembros del partido Comunes se manifestaron ante el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación para exigir medidas urgentes de protección y prevención”, se lee.
Para ello se han propuesto iniciativas. Por un lado, la ONU instó al Gobierno Nacional a robustecer diálogos con la Unidad Nacional de Protección, convocar a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección y acelerar la implementación de la política pública para el desmantelamiento de grupos criminales, que forma parte de otro gran hito de este periodo: el trabajo de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
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A su vez, quedó consignado que el Ministerio de Defensa está formulando planes específicos para poner en práctica la política de seguridad y defensa presentada en abril de 2023.
La gravedad no es poca. Desde el inicio de este gobierno han sido asesinados 52 defensores de DD.HH., líderes y lideresas sociales. A su turno, ha habido 25 masacres en las regiones, de las cuales 12 han sido completamente verificadas.
Este contexto complejo ha llevado a otros escenarios de riesgo como el desplazamiento forzado individual de 8.556 personas y 27.183 más confinadas por el accionar de grupos armados; entre ellos, los que están dentro de los planes de acción de la Paz Total.
Otra salida al fin de la violencia está siendo mediada por la solución al problema de las drogas (cuarto punto del Acuerdo de Paz). Aquí la ONU celebró que el Gobierno Nacional adelantara y desarrollara una nueva política nacional de drogas destinada a ofrecer oportunidades a los territorios y las comunidades afectadas por el problema de las drogas. Que en otras palabras sería destrabar de una vez por todas lo fallido que ha sido el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS).
¿Va bien el acceso a la justicia?
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sigue en marcha, a puertas de la mitad de su mandato. En el periodo de estudio del informe, la justicia transicional celebró una audiencia el 20 de septiembre para que la Fiscalía General de la Nación, el Alto Comisionado para la Paz y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz informaran sobre los avances realizados en las investigaciones de los ataques contra excombatientes, el Plan Estratégico de Seguridad y Protección y la política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales.
Como detalla el informe, “tras las audiencias celebradas sobre el estado de cosas inconstitucional, la Corte Constitucional, entre otras cosas, ordenó a la Unidad Nacional de Protección que refuerce la seguridad y la protección de los excombatientes durante el período electoral; al Gobierno que responda a la situación de los excombatientes trasladados del antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación de Vista Hermosa”.
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Estos esfuerzos, principalmente encaminados hacia la población reincorporada, han estado sumados a lo que ha hecho la Unidad Especial de Investigación, que en el periodo del informe reportó tres nuevas condenas, con lo que en total ya suman 70 en los 475 casos de ataques contra excombatientes de los que se ocupa. No se dictaron nuevas condenas contra autores intelectuales, como dictamina la ONU.
Sobre las sanciones propias también ha habido novedades. En el caso 01 (secuestro) la JEP dictó la primera imputación regional contra 10 antiguos mandos medios del Comando Conjunto Central de las FARC, que operaba en los departamentos de Huila, Quindío y Tolima. Lo propio sucedió en el caso 03 (“falsos positivos”), donde hubo imputaciones a máximos responsables de estos crímenes en Antioquia, incluyendo al general (r) Mario Montoya Uribe. El 03 también dejó audiencias de reconocimiento en el subcaso Casanare y un acercamiento mayor con las víctimas de este flagelo.
No menor sucedió en el caso territorial 02 -pacífico nariñense, donde La JEP dictó su primera imputación contra 14 antiguos mandos medios del Bloque Occidental de las FARC-EP y un antiguo mando del Secretariado.