Inclusión laboral, una necesidad urgente de las víctimas del conflicto armado

Empacar una maleta de afán, dejar la casa y los animales, pedir ayuda con los vecinos para salir en un carro, una chiva o una balsa hacia una ciudad grande y desconocida ha sido la decisión de miles de personas en Colombia para salvarse del conflicto armado. De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, al menos nueve millones de personas han tenido que desplazarse forzosamente por las constantes amenazas y enfrentamientos entre grupos armados. Y cuando llegan a las ciudades se encuentran con otros problemas, como la falta de empleo.

María Elena Gómez fue una de ellas. Vivía en Buenaventura (Valle del Cauca), pero tuvo que dejar el municipio después de que su hermano mayor fuera asesinado. “Nunca supimos por qué lo mataron. Vimos cómo le arrebataron la vida. Fue muy duro para mi mamá porque ella vio todo. Tuvimos tratamiento y ella denunció para saber si algún día podíamos saber por qué lo asesinaron, pero nada”, relata.

Los asesinatos, principalmente de jóvenes, no paraban, así que María Elena y su familia decidieron ir a Cali y empezar una nueva vida. “Es difícil irte de tu propia casa, porque la economía cambia, porque te toca pagar arriendo aunque tienes tu casa, y los afectos también. Ya ni te hablás con los del barrio. Y luego llegan otros a apropiarse de la casa que dejaste allá, en Buenaventura. Mucha gente ha perdido sus propiedades así. Y la justicia no hace nada tampoco. Uno pone denuncia y nada”, dice.

(Lea también: Llega a Colombia una campaña que busca eliminar prejuicios raciales)

Empezar de cero, con miedo en los bolsillos y sin un peso es un común denominador de quienes han sufrido el desplazamiento. Así lo cree Daiana Marín, quien desde pequeña tuvo que dejar su natal Barbosa (Antioquia), después de que asesinaran al esposo de su madre y amenazaran a su familia: “Desde ahí hemos tenido que trabajar duro y fuerte para poder sobrevivir. Para mi mamá fue horrible. Le mataron al esposo y lo dejaron prácticamente en sus pies. Para ella fue muy duro volverse a recuperar de ese suceso horrible, pero la motivación de ella fueron sus hijos para salir adelante en Medellín”.

Además de sufrir afectaciones económicas y sicológicas, hay otras barreras que las víctimas encuentran en las ciudades: la violencia, el hambre, las largas distancias, la discriminación y los prejuicios, la falta de empleo o de acceso a vacantes por no estar capacitadas para trabajos puntuales y el exceso de requisitos que piden las empresas y que por sus condiciones estas personas afectadas no alcanzan a cumplir.

Para que las víctimas no tengan que vivir más dificultades en los lugares a donde llegan, el Ministerio del Trabajo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid) diseñaron la Estrategia integral de inclusión laboral para víctimas del conflicto, una iniciativa que no sólo invita a las empresas a contratar a quienes han tenido que desplazarse por culpa de la violencia, sino que también les da una oportunidad y capacita a estas personas para un mejor futuro. En total, hay 50 empresas, 74% de ellas pequeñas y medianas en Colombia que decidieron vincular a más de 1.800 empleados con un trabajo formal a largo plazo. Entre ellos están María, quien trabaja en la empresa de confecciones Agatex y Daiana, en el supermercado La Vaquita.

“Cuando mataron a mi hermano, mi mamá denunció el hecho y metió todo esos papeles para declararse como víctima del conflicto. Luego vinimos aquí a Cali y me llamaron de esta estrategia para una oportunidad laboral. Entregué la hoja de vida, me hicieron las pruebas y ya quedé. Yo de textil no sabía nada, pero me dieron la oportunidad, me capacité y ya sé mucho sobre los retoques de la prenda”, cuenta María Elena.

Crear un modelo para la inclusión laboral de la población víctima no es una tarea fácil. Varios actores deben estar sincronizados para generar resultados. En el caso de esta estrategia, se cuenta con el apoyo de la red de prestadores de servicios de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, que elabora las propuestas de inclusión laboral a partir de la identificación de vacantes con los empresarios de la región y contribuye a identificar a las personas idóneas para el cargo, además de las barreras que podrían presentarse para quienes estén interesadas.

Luego están las empresas dispuestas a ser parte del proyecto. Ellas estructuran, junto con los prestadores de servicios, una propuesta de empleo formal que pueda, durante al menos seis meses, mejorar las condiciones de vida de quienes intentan acomodarse en su nuevo lugar de asentamiento.

Y, por supuesto, están las víctimas, quienes deben cumplir con el perfil que exige la compañía. En caso de que para la vacante se necesitan habilidades específicas, como manejar una máquina, el Gobierno Nacional, Usaid y OIM contribuyen con el pago de un curso de capacitación. Y en otros casos también hay apoyo con atención psicosocial.

“La situación extrema que vivieron los llevaba a sentirse mal consigo mismos. Su postura, cuando llegan a entrevista es como inclinada. Entonces aquí les decimos: no más, ahora eres el protagonista social. El problema para empoderarlos es que no tenían la oportunidad. El gran reto ha sido ese: hacerles ese acompañamiento y engrandecerlos con nuevas oportunidades”, señala Claudia Hurtado, gerente de recursos humanos de Agatex.

Para esta estrategia, el Gobierno y Usaid han invertido alrededor de 7.000 millones de pesos, recursos que han sido implementados por la OIM. Para estas organizaciones, todo este esfuerzo ha valido la pena, pues “las víctimas logran tener un acceso a un empleo formal y decente con las prestaciones de ley, una vinculación mínima de ocho meses, una estabilidad laboral con contratos fijos, además de prestaciones sociales que le permiten mejorar su calidad de vida”.

En el caso de las empresas también hay beneficios, pues ahora cuentan con formación del personal a la medida de sus necesidades y también existe un apalancamiento de costos laborales. Por ejemplo, los primeros meses, entre el Estado, Usaid y la OIM pueden pagar las prestaciones de servicios. Con esta estrategia, las compañías aumentan los indicadores de responsabilidad social empresarial y también contribuyen a mitigar el desempleo en el país, sobre todo ahora en medio de una emergencia mundial sanitaria que tanto ha afectado a la economía.

Los sectores de la agricultura, los alimentos y la construcción son los que más han abierto sus puertas a las víctimas del conflicto armado. Aunque también han participado empresas de comunicaciones, moda, comercio, minería, servicios, vigilancia, entre otros. El 72% de ellas ha contratado por ocho meses, el 23% por seis meses y un 5% a término indefinido. Quisieran que fuera más larga la duración, pero en medio de una pandemia las compañías también se han enfrentado a numerosos problemas para sostener su planta de personal.

(Puede interesarle: ¿Qué les espera a las víctimas del conflicto si se prorroga su ley?)

“De todas maneras, esta es una oportunidad que tenemos los empresarios de resarcir de alguna manera la violencia que tanto les ha afectado. Y es una forma de construir paz. Desde el municipio o la vereda donde nací pude ver de cerca la violencia. Nos fuimos a la ciudad buscando nuevas oportunidades, pero nos encontramos que también había violencia. Teníamos que aceptar que la violencia hacía parte de la vida e ir mirando dentro de ella cómo teníamos oportunidades. Pero podíamos ir más allá. No solo eran las oportunidades mías y de mi familia, sino también de las personas que nos podían rodear”, asegura Dalia Calderón, gerente de Cofeccionarte, una de las empresas vinculadas a la estrategia.

¿Quiénes se han beneficiado hasta el momento? En total 1.804 personas consiguieron un empleo gracias a la estrategia. De ellas, el 50.9% han sido mujeres, el 49% hombres y el 0.09% personas LGBT+. Por otro lado, quienes más han encontrado oportunidades han sido los jóvenes: el 55 % tiene entre 18 y 28 años y el 39%, entre 29 y 45 años.

Para Calderón, “la mayoría de personas que se une al proceso llegan a sumar a la organización”. Y, en ese sentido, tiene la misión y la responsabilidad de hacerlas mejores personas, a partir de lo que han vivido. “Ese es el caso del jefe de mantenimiento. Recolectaba café, vivió el secuestro de su abuelo y se vino a la ciudad. Entró a estudiar al Sena, se profesionalizó en otro politécnico y hoy ocupa ese cargo y tiene cinco empleados bajo su supervisión”, agrega la empresaria.

La Estrategia integral de inclusión laboral para víctimas del conflicto, que se trazó para 2020-2021, superó en un 39% su meta inicial de llenar 1.300 vacantes, logrando sobrepasar las 1.800 colocaciones. Y aunque la cifra es alta, lo más importante es que detrás de ellas hay un modelo que ha venido mejorándose desde 2016 y que puede replicarse, pero sobre todo que hay vidas, como las de María y Daiana, que han encontrado una mayor estabilidad económica y la tranquilidad de empezar a “echar raíces” y salir adelante con sus familias.

Empacar una maleta de afán, dejar la casa y los animales, pedir ayuda con los vecinos para salir en un carro, una chiva o una balsa hacia una ciudad grande y desconocida ha sido la decisión de miles de personas en Colombia para salvarse del conflicto armado. De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, al menos nueve millones de personas han tenido que desplazarse forzosamente por las constantes amenazas y enfrentamientos entre grupos armados. Y cuando llegan a las ciudades se encuentran con otros problemas, como la falta de empleo.

María Elena Gómez fue una de ellas. Vivía en Buenaventura (Valle del Cauca), pero tuvo que dejar el municipio después de que su hermano mayor fuera asesinado. “Nunca supimos por qué lo mataron. Vimos cómo le arrebataron la vida. Fue muy duro para mi mamá porque ella vio todo. Tuvimos tratamiento y ella denunció para saber si algún día podíamos saber por qué lo asesinaron, pero nada”, relata.

Los asesinatos, principalmente de jóvenes, no paraban, así que María Elena y su familia decidieron ir a Cali y empezar una nueva vida. “Es difícil irte de tu propia casa, porque la economía cambia, porque te toca pagar arriendo aunque tienes tu casa, y los afectos también. Ya ni te hablás con los del barrio. Y luego llegan otros a apropiarse de la casa que dejaste allá, en Buenaventura. Mucha gente ha perdido sus propiedades así. Y la justicia no hace nada tampoco. Uno pone denuncia y nada”, dice.

(Lea también: Llega a Colombia una campaña que busca eliminar prejuicios raciales)

Empezar de cero, con miedo en los bolsillos y sin un peso es un común denominador de quienes han sufrido el desplazamiento. Así lo cree Daiana Marín, quien desde pequeña tuvo que dejar su natal Barbosa (Antioquia), después de que asesinaran al esposo de su madre y amenazaran a su familia: “Desde ahí hemos tenido que trabajar duro y fuerte para poder sobrevivir. Para mi mamá fue horrible. Le mataron al esposo y lo dejaron prácticamente en sus pies. Para ella fue muy duro volverse a recuperar de ese suceso horrible, pero la motivación de ella fueron sus hijos para salir adelante en Medellín”.

Además de sufrir afectaciones económicas y sicológicas, hay otras barreras que las víctimas encuentran en las ciudades: la violencia, el hambre, las largas distancias, la discriminación y los prejuicios, la falta de empleo o de acceso a vacantes por no estar capacitadas para trabajos puntuales y el exceso de requisitos que piden las empresas y que por sus condiciones estas personas afectadas no alcanzan a cumplir.

Para que las víctimas no tengan que vivir más dificultades en los lugares a donde llegan, el Ministerio del Trabajo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid) diseñaron la Estrategia integral de inclusión laboral para víctimas del conflicto, una iniciativa que no sólo invita a las empresas a contratar a quienes han tenido que desplazarse por culpa de la violencia, sino que también les da una oportunidad y capacita a estas personas para un mejor futuro. En total, hay 50 empresas, 74% de ellas pequeñas y medianas en Colombia que decidieron vincular a más de 1.800 empleados con un trabajo formal a largo plazo. Entre ellos están María, quien trabaja en la empresa de confecciones Agatex y Daiana, en el supermercado La Vaquita.

“Cuando mataron a mi hermano, mi mamá denunció el hecho y metió todo esos papeles para declararse como víctima del conflicto. Luego vinimos aquí a Cali y me llamaron de esta estrategia para una oportunidad laboral. Entregué la hoja de vida, me hicieron las pruebas y ya quedé. Yo de textil no sabía nada, pero me dieron la oportunidad, me capacité y ya sé mucho sobre los retoques de la prenda”, cuenta María Elena.

Crear un modelo para la inclusión laboral de la población víctima no es una tarea fácil. Varios actores deben estar sincronizados para generar resultados. En el caso de esta estrategia, se cuenta con el apoyo de la red de prestadores de servicios de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, que elabora las propuestas de inclusión laboral a partir de la identificación de vacantes con los empresarios de la región y contribuye a identificar a las personas idóneas para el cargo, además de las barreras que podrían presentarse para quienes estén interesadas.

Luego están las empresas dispuestas a ser parte del proyecto. Ellas estructuran, junto con los prestadores de servicios, una propuesta de empleo formal que pueda, durante al menos seis meses, mejorar las condiciones de vida de quienes intentan acomodarse en su nuevo lugar de asentamiento.

Y, por supuesto, están las víctimas, quienes deben cumplir con el perfil que exige la compañía. En caso de que para la vacante se necesitan habilidades específicas, como manejar una máquina, el Gobierno Nacional, Usaid y OIM contribuyen con el pago de un curso de capacitación. Y en otros casos también hay apoyo con atención psicosocial.

“La situación extrema que vivieron los llevaba a sentirse mal consigo mismos. Su postura, cuando llegan a entrevista es como inclinada. Entonces aquí les decimos: no más, ahora eres el protagonista social. El problema para empoderarlos es que no tenían la oportunidad. El gran reto ha sido ese: hacerles ese acompañamiento y engrandecerlos con nuevas oportunidades”, señala Claudia Hurtado, gerente de recursos humanos de Agatex.

Para esta estrategia, el Gobierno y Usaid han invertido alrededor de 7.000 millones de pesos, recursos que han sido implementados por la OIM. Para estas organizaciones, todo este esfuerzo ha valido la pena, pues “las víctimas logran tener un acceso a un empleo formal y decente con las prestaciones de ley, una vinculación mínima de ocho meses, una estabilidad laboral con contratos fijos, además de prestaciones sociales que le permiten mejorar su calidad de vida”.

En el caso de las empresas también hay beneficios, pues ahora cuentan con formación del personal a la medida de sus necesidades y también existe un apalancamiento de costos laborales. Por ejemplo, los primeros meses, entre el Estado, Usaid y la OIM pueden pagar las prestaciones de servicios. Con esta estrategia, las compañías aumentan los indicadores de responsabilidad social empresarial y también contribuyen a mitigar el desempleo en el país, sobre todo ahora en medio de una emergencia mundial sanitaria que tanto ha afectado a la economía.

Los sectores de la agricultura, los alimentos y la construcción son los que más han abierto sus puertas a las víctimas del conflicto armado. Aunque también han participado empresas de comunicaciones, moda, comercio, minería, servicios, vigilancia, entre otros. El 72% de ellas ha contratado por ocho meses, el 23% por seis meses y un 5% a término indefinido. Quisieran que fuera más larga la duración, pero en medio de una pandemia las compañías también se han enfrentado a numerosos problemas para sostener su planta de personal.

(Puede interesarle: ¿Qué les espera a las víctimas del conflicto si se prorroga su ley?)

“De todas maneras, esta es una oportunidad que tenemos los empresarios de resarcir de alguna manera la violencia que tanto les ha afectado. Y es una forma de construir paz. Desde el municipio o la vereda donde nací pude ver de cerca la violencia. Nos fuimos a la ciudad buscando nuevas oportunidades, pero nos encontramos que también había violencia. Teníamos que aceptar que la violencia hacía parte de la vida e ir mirando dentro de ella cómo teníamos oportunidades. Pero podíamos ir más allá. No solo eran las oportunidades mías y de mi familia, sino también de las personas que nos podían rodear”, asegura Dalia Calderón, gerente de Cofeccionarte, una de las empresas vinculadas a la estrategia.

¿Quiénes se han beneficiado hasta el momento? En total 1.804 personas consiguieron un empleo gracias a la estrategia. De ellas, el 50.9% han sido mujeres, el 49% hombres y el 0.09% personas LGBT+. Por otro lado, quienes más han encontrado oportunidades han sido los jóvenes: el 55 % tiene entre 18 y 28 años y el 39%, entre 29 y 45 años.

Para Calderón, “la mayoría de personas que se une al proceso llegan a sumar a la organización”. Y, en ese sentido, tiene la misión y la responsabilidad de hacerlas mejores personas, a partir de lo que han vivido. “Ese es el caso del jefe de mantenimiento. Recolectaba café, vivió el secuestro de su abuelo y se vino a la ciudad. Entró a estudiar al Sena, se profesionalizó en otro politécnico y hoy ocupa ese cargo y tiene cinco empleados bajo su supervisión”, agrega la empresaria.

La Estrategia integral de inclusión laboral para víctimas del conflicto, que se trazó para 2020-2021, superó en un 39% su meta inicial de llenar 1.300 vacantes, logrando sobrepasar las 1.800 colocaciones. Y aunque la cifra es alta, lo más importante es que detrás de ellas hay un modelo que ha venido mejorándose desde 2016 y que puede replicarse, pero sobre todo que hay vidas, como las de María y Daiana, que han encontrado una mayor estabilidad económica y la tranquilidad de empezar a “echar raíces” y salir adelante con sus familias.