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Una noche de septiembre de 2015 las llamas abrasaron más de 100 hectáreas del cerro Carbunco, dejando una montaña arrasada y negra, sin ningún rastro de vida sobre la pendiente abrupta de peñascos.
Los ancianos del resguardo de Cañamomo y Lomaprieta supieron que se trataba algo más profundo y grave que un simple incendio forestal por la sequía: “para ellos fue una manifestación del cerro sobre lo que estaba pasando en el territorio: una señal en términos de la debilidad organizativa de las comunidades que estaban ahí”, asegura Ricardo Agudelo, un funcionario de la Corporación Autónoma de Caldas que en aquellos días ejecutaba su proyecto de maestría en la zona.
“Allí [en ese cerro] están los espíritus con los que las autoridades tradicionales conversan, pero también tiene un alto significado político y organizativo”, explica Agudelo, porque ese lugar “terminó siendo refugio de la comunidad para retomar áreas que habían sido entregadas a terratenientes alrededor del resguardo”.
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La restauración del cerro Carbunco, que se hizo con mingas y convites colectivos de los comuneros indígenas que se trepaban hasta la cumbre de la montaña para reforestarla, aquello ocurrió a la par de dos hechos cruciales para el resguardo colonial de Cañamomo y Lomaprieta, uno de los más antiguos del país.
El primer hecho fue la sentencia T-530 de la Corte Constitucional, que amparó los derechos de la comunidad indígena sobre este pequeño territorio del occidente de Caldas y además ordenó a la Agencia Nacional de Tierras la delimitación del resguardo, una orden que a la fecha esa entidad no ha cumplido.
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El segundo hecho fue que entre 2016 y 2017 la comunidad de Cañamomo y Lomaprieta empezó las gestiones, consultas internas y un proceso amplio que acordó lograr el ingreso de su territorio a una base de datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Después de cinco años, el pasado 27 de marzo el resguardo recibió una carta de Neville Ash, director del Centro Mundial para el Seguimiento de la Conservación, quien informó que por los “esfuerzos de conservación de su comunidad” el resguardo ahora hace parte del registro TICCA, o Territorios de Vida, la base de datos más completa sobre áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales alrededor del mundo.
Los esfuerzos de la comunidad para lograr la inclusión en el registro no han sido pocos: se propusieron una meta de sembrar 100 mil árboles y han conservado y plantado nuevas áreas forestales protectoras, todas georreferenciadas. Más de 182 hectáreas de su territorio están intactas, dedicadas en exclusivo a la protección de los ecosistemas, también desde hace años trabajan por ampliar las áreas protectoras de los 415 nacimientos de agua que hay en el resguardo, todo en un territorio de poco más de 4.000 hectáreas con 22.956 habitantes censados, la mayoría de ellos con vocación agraria.
Lograr que el resguardo sea reconocido a nivel internacional como un Territorio de Vida es una victoria importante en la larga tradición de litigios y luchas jurídicas de los indígenas
“Lo que esto implica es que tenemos muy poca tierra para muchísima gente, a pesar de esto en lo ambiental hemos dejado 182 hectáreas única y exclusivamente para protección de nuestros ecosistemas y hemos logrado restablecer los corredores biológicos en el territorio”, explica Héctor Jaime Vinasco, un líder indígena que antes fue gobernador del resguardo y ha sido uno de los mayores impulsores de la protección al medio ambiente en la región.
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¿Qué son los TICCA o Territorios de Vida?
Los Territorios de Vida (o ICCA por sus siglas en inglés) son áreas conservadas por comunidades locales o pueblos indígenas a lo largo del mundo que no necesariamente están reconocidas por los Estados como áreas de conservación.
Desde el 2008 existe uns base de datos global -el registro ICCA- que sirve para aportar información cuantitativa y determinar cuáles comunidades conservan y protegen territorios en el mundo “con la misión de evidenciar el papel y la importancia de las prácticas de la conservación de los pueblos indígenas y las comunidades locales”, sostiene Leonardo Parra, un funcionario del equipo PPD-GEF PNUD, que ha acompañado varias de estas iniciativas. Además, el registro TICCA permite conocer los “impactos positivos en la adaptación al cambio climático y la conservación de la biodiversidad” que realizan dichas comunidades, según Parra.
“Lo que esto implica es que tenemos muy poca tierra para muchísima gente, a pesar de esto en lo ambiental hemos dejado 182 hectáreas única y exclusivamente para protección de nuestros ecosistemas y hemos logrado restablecer los corredores biológicos en el territorio”
Héctor Jaime Vinasco, líder y exgobernador indígena
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En dichos territorios las poblaciones locales, a través de la gobernanza comunitaria tienen prácticas propias que son “eficaces para cuidar y conservar la naturaleza, y garantizar los medios de sustento de las comunidades”, explica Parra, quien agrega que en el país ya son 15 comunidades locales, todas de resguardos indígenas, quienes han accedido al resgistro ICCA: “El Gobierno debería reconocer estos esfuerzos porque de esta manera puede cumplir la meta a la que se comprometió con el convenio internacional sobre diversidad biológica”.
Una tradición de lucha en campos y tribunales
A Luis Chaurra los paramilitares lo sacaron de su casa la noche del 24 de noviembre de 2001 y después de someterlo a torturas lo asesinaron junto al esposo de su hija. Aquello ocurrió en las tierras de la antigua hacienda La Rueda, una gran finca que había sido usurpada a los indígenas de Cañamomo y Lomaprieta, recuperada por ellos en invasiones y luchas agrarias que se remontan a la década de 1970. Antes habían matado cerca otros tres comuneros del resguardo.
El recuerdo de la masacre de La Rueda pervive en la memoria de cualquiera en esas montañas pues ese crimen guarda un doble simbolismo. La Rueda es una finca arrebatada a los terratenientes y Chaurra era un veterano dirigente indígena y comunista de la región, había sido fundador de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), su asesinato, fraguado por el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas quiso castigar a un referente del movimiento indígena en Caldas, que había desafiado a los políticos y grandes terratenientes de la región cafetera luchando por sus tierras.
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La lucha de los indígenas de Cañamomo y Lomaprieta por defender su territorio se remonta por lo menos a 1627, cuando los caciques de la zona se quejaron ante el oidor del rey, Lesmes de Espinoza y Sarabia, por los abusos que blancos y encomenderos cometían contra ellos esclavizándolos y robándoles sus tierras. El historiador Víctor Zuluaga se aventura a fechar el conflicto un siglo antes, apenas décadas después de la llegada de los españoles a la Vega de Supía.
Desde entonces los indígenas de Cañamomo y Lomaprieta no han hecho más que luchar en campos y tribunales para defender su territorio, con una larga tradición de litigios jurídicos en los que no siempre han salido bien librados.
“Hay una serie de sentencias y litigios jurídicos que han llevado a que gran parte de la historia del resguardo de Cañamomo y Lomaprieta sea la historia de la defensa territorial, por el derecho colectivo a la tierra, a una identidad étnica, y el ejercicio de gobierno”, cuenta Héctor Jaime Vinasco, al recordar cómo en el siglo XIX el resguardo perdió casi dos terceras partes de su territorio en medio de la feroz colonización antioqueña, cuando el abogado caucano Ramón Elías Palau convenció a Gregorio Trejos, uno de los gobernadores indígenas de la época, para que segregaran parte de su territorio a cambio de seguridad jurídica. Lo primero se consolidó, pero no lo segundo.
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“Con este reconocimiento vamos a ahuyentar, eso que se vuelve como un espanto”, asegura Vinasco, “las multinacionales que puedan interesarse en hacer explotación a gran escala en nuestro territorio pues van a encontrarse con que esta es una comunidad registrada como área conservada, lo más seguro es que van a desistir, no van a ver interesante este territorio”.
En palabras de Vinasco, no es otra cosa sino la restauración ecológica y ambiental como estrategia de defensa territorial, en una región donde “aún hay personas que niegan la autoridad indígena, con posturas bastante racistas, en el sentido de que esta comunidad étnicamente no existe, e so lleva a que sigamos generando estos litigios”.
Nevile Ash, del Centro Mundial para el Seguimiento de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente reconoció que las acciones realizadas por la comunidad de Cañamomo y Lomaprieta “contribuye[n] a aumentar la conciencia del papel de conservación desempeñado por pueblos indígenas, y ayuda[n] a destacar la importancia de estas iniciativas para el mantenimiento y el fortalecimiento de la cultura y la protección y el uso sostenible de la biodiversidad”.
Lograr que el resguardo sea reconocido a nivel internacional como un Territorio de Vida es, de acuerdo con Vinasco, una victoria importante en la larga tradición de litigios y luchas jurídicas de los indígenas para conservar la autonomía sobre su territorio, sobre el que ha habido una fuerte presión de empresas multinacionales de minería como la Anglo Gold Ashanti, que obtuvieron decenas de títulos mineros en la región.
“Lo que nos ha quedado es seguir peleando, seguir discutiendo, seguir litigando ese derecho que tenemos sobre nuestro resguardo, del que cada vez hay menos duda”, concluye.
