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En el universo de víctimas del conflicto armado colombiano, los pueblos y comunidades étnicas fueron una población afectada constante y desproporcionadamente. Justamente por los rezagos que esas comunidades padecieron por décadas, a causa de la guerra y sus efectos colaterales fue que 15 de los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), consignados en el punto 1 sobre reforma rural en el Acuerdo de Paz, cobijan a poblaciones afro e indígenas.
La vocación rural de esos programas ha tenido como meta que millones de familias en el campo colombiano superen brechas históricas como el acceso a los servicios básicos esenciales, la recuperación de sus tierras e incluso la administración y participación en los sistemas de justicia.
En la planeación de los PDET, la participación de los pueblos étnicos fue amplia: más de 52.300 personas, reunidas en 715 cabildos indígenas y 517 Consejos Comunitarios, se involucraron de forma directa en la constitución de estos programas creados para impulsar y transformar el desarrollo económico, social y ambiental en las zonas más afectadas por la violencia. En otras palabras, el 25% de quienes construyeron los procesos PDET fueron personas procedentes de estas comunidades y el resultado preliminar de estos programas arrojó que, de las 32.808 iniciativas aprobadas, 8.381 fueron calificadas como de corte étnico.
(Sobre el capítulo étnico del Acuerdo de Paz: “Somos los más rezagados en la implementación del Acuerdo”: pueblos étnicos)
En el papel esto suena atractivo pero, sobre el terreno, de acuerdo con algunos voceros de las comunidades, ha faltado interacción real entre las autoridades nacionales y municipales para ejecutar las obras que fueron propuestas por las comunidades étnicas y ha sido escasa la participación efectiva de todas las poblaciones en su implementación.
“Si bien hay buenas intenciones, los que sabemos lo que realmente falta para avanzar somos nosotros”
De acuerdo con Luz Nelly Uncarían, vocera del Mecanismo Especial de Consulta (MEC) de Arauca, si bien a nivel de planeación los PDET se han sostenido de manera uniforme, “no hay articulaciones entre el nivel nacional y las autoridades indígenas en los territorios para definir prioridades de las comunidades”. Uncarían agrega que se tiene que corregir el rumbo. “Si bien hay buenas intenciones, los que sabemos lo que realmente falta para avanzar somos nosotros”, precisa.
El MEC es una instancia que garantiza que la participación de grupos étnicos en el diseño, implementación y vigilancia de los PDET. Con una mirada similar, Héctor Fabio Gómez, del MEC Buenaventura, sugirió que las lecciones que han dejado hasta la fecha los PDET se resumen tangencialmente en que ninguna de estas iniciativas se debe hacer ni pensar fuera de los lugares en los que se van a implementar. “Es que se priorizan cosas que no tienen impacto. Por ejemplo, en nuestro territorio se priorizan megacarreteras, pero esa obra beneficia a las comunidades que están en el casco urbano y no en la ruralidad”, explicó Gómez.
El líder invitó al actual gobierno y al que se elegirá en las próximas elecciones a que se garanticen los derechos territoriales en el Pacífico medio a partir de tres máximas: el reconocimiento de una mesa subregional PDET, la creación de un plan de choque para estructurar proyectos que permitan avanzar en los PDET en esta subregión y la consolidación de coordinaciones temporales que se ajusten a las necesidades de estas poblaciones.
Consensos sobre PDET étnicos
Esta conversación, que se dio en el evento “La incorporación de los Pueblos Étnicos en los PDET”, organizado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y Colombia+20 de El Espectador, también contó con miradas más generales que describieron avances y obstáculos.
Richard Moreno, coordinador nacional del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, afirmó que pueden llegar a acuerdos si se entiende que la agenda de los pueblos étnicos no se puede limitar a las propuestas étnicas dentro del Acuerdo de Paz y que por tal motivo los planes de desarrollo son engañosos.
“Ha sido un error hablar exclusivamente de cultura para tratar los temas de enfoque étnico. Debe haber una desproporcionalidad positiva para implementar acciones que lleven a la superación de crisis humanitarias que han estado vigentes en zonas con poblaciones étnicas. Trabajar en enfoques étnicos participativos significa, al final del día, reconocer debilidades técnicas de educación y posibilidades reales en los territorios para competir con el resto del país. Por eso estamos todos del mismo lado”, añadió Moreno.
(En contexto: Acuerdo Final con las Farc: cinco años de una paz fragmentada)
Por su parte, Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, aseguró que en los tres años y medio de la “Paz con legalidad” una de cada dos obras PDET han contado con componente étnico. “La mitad de las comunidades étnicas están asentadas en territorios PDET, donde se han ejecutado 117 planes de trabajo específico para las poblaciones”, afirmó.
Archila aceptó la invitación de Moreno y estará junto con y otras autoridades étnicas de nivel nacional en una reunión el próximo 24 de febrero en Cali para profundizar sobre este tipo de peticiones regionales para aumentar la participación en los PDET de esta categoría, sin dejar atrás conversaciones en torno a una mayor gobernabilidad y articulación interinstitucional, que permita llevar la paz de una manera más efectiva a estas poblaciones.
Sobre las críticas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y su relación con los PDET, Archila dijo: “el PND tiene 700 indicadores, de los cuales 550 cuentan con componente étnico. De estos, apenas cuatro son correspondientes al PDET”.
El balance de Archila fue rebatido por la investigadora del Instituto Kroc, Ivonne Zúñiga, especialista del Punto 6 del Acuerdo de Paz y de Enfoque Étnico, quien advirtió que hay una brecha entre la implementación general del acuerdo y las disposiciones étnicas.
De acuerdo con cifras del Instituto Kroc, en el marco general hay avances del 30%, mientras que el componente étnico no ha superado el 13%. Esto, sin dejar de reconocer los esfuerzos gubernamentales en materia de planeación. Zúñiga pidió una mayor revisión en los municipios PDET con bajas capacidades técnicas y en los lugares en los que los recursos de OCAD Paz pueden tener un impacto más efectivo.