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Esta semana, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia dará a conocer su informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz. Ese documento que se hace desde 2017 muestra los avances y retos en la ejecución de ese pacto firmado en 2016 con las extintas FARC.
Según lo que conoció Colombia+20, la presentación ante el Consejo de Seguridad de la ONU será el próximo 15 de octubre y participarán varios miembros del Gobierno de Gustavo Petro. Entre ellos, como es usual, el canciller, Luis Gilberto Murillo; el consejero comisionado de paz, Otty Patiño; y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien desde que llegó al cargo hace dos meses tiene el trabajo de implementador del Acuerdo.
Esa cita es la primera tras la visita de Petro al Consejo de Seguridad en julio pasado cuando demandó respaldo a la ONU para acelerar el Acuerdo de Paz -y habló de un fast track-, pidió ayuda económica, adelantó su plan de choque y propuso un plan de ocho puntos con miras a acelerar la implementación.
En estos tres meses, el Gobierno avanzó en varias tareas para apresurar la ejecución como la actualización del Gabinete de paz, la regulación del programa para la reincorporación de los excombatientes de las FARC, la reforma política (que tiene un guiño al partido Comunes, creado tras la firma del Acuerdo) y el plan de choque.
Pero también hubo otros asuntos en los que o hubo retrocesos, como la adjudicación de recursos para el Acuerdo de Paz en el presupuesto, y otros en los que persisten las diferencias como las pugnas alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Sumado a eso, el Gobierno también deberá dar cuenta sobre algunos de sus procesos de paz total, especialmente el del Ejército de Liberación Nacional (ELN), suspendido hace tres semanas. Esto porque la Misión de Verificación ejerce el rol de buenos oficios en esa negociación de paz -al igual que la que se lleva con la disidencia de Calarcá Córdoba- y también, por mandato aprobado el Consejo de Seguridad, era parte del Mecanismo de Verificación, Monitoreo y Veeduría del cese al fuego.
Lo que sí hizo el Gobierno por el Acuerdo de Paz en este trimestre
1. La inclusión del Acuerdo en el Gabinete de Paz
El decreto que reglamentó el funcionamiento del ‘Gabinete de paz’, una instancia conformada por el presidente Petro y sus ministros para definir los componentes de la política pública de paz, se firmó en junio -antes de la visita de Petro a la ONU-.
Sin embargo, el pasado 24 de septiembre le hizo una actualización a ese decreto donde se incluye una Comisión Intersectorial “para la articulación y orientación del Acuerdo Final firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las FARC”.
Este órgano, que ahora será presidido por el Ministerio del Interior, permite la participación de diferentes ministerios y entidades gubernamentales, con el fin de identificar barreras en la ejecución del acuerdo y proponer soluciones.
2. El plan de choque
En su visita a la ONU, Petro dijo que haría un plan de choque para acelerar la implementación del Acuerdo.
El pasado 30 de septiembre, Colombia+20 publicó el borrador de ese documento, que aún debe pasar por algunos ajustes y consultas, entre ellas a Petro. Se trata de una estrategia con acciones urgentes en la que se venía trabajando desde la llegada de Cristo al Ministerio del Interior.
Los seis puntos incluirían agilizar el acceso a tierras, actualizar el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) —encargado, entre otras cosas de las garantías de seguridad para firmantes de paz, líderes sociales, defensores de derechos humanos— y redefinir algunas funciones del Gabinete de Paz. Esto último está contemplado en un borrador de decreto que dio a conocer Colombia+20 la semana pasada.
Los otros tres puntos son las iniciativas que pasarían por la agenda legislativa, impulsar el acuerdo nacional a través del Acuerdo de Paz y los pactos territoriales, el corazón del plan de choque, porque incluyen las acciones que se realizarán para ponerles acelerador a las obras y proyectos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
3. Programa de Reincorporación para ex-FARC
Aunque hace varios meses, Petro firmó el decreto que creó el Sistema Nacional de Reincorporación (SNR), el pasado 10 de septiembre se dio a conocer la resolución que regula el Programa de Reincorporación Integral (PRI) que busca acelerar el tránsito a la vida civil de los excombatientes de las FARC, incluidos los grupos familiares de los sujetos de esa reincorporación.
El programa también fomenta el desarrollo de proyectos productivos liderados por excombatientes, con el fin de crear oportunidades económicas sostenibles y promover la integración en las comunidades locales. Además, se ha enfatizado el apoyo a proyectos colectivos liderados por excombatientes, incentivando la autogestión y el emprendimiento en zonas rurales afectadas por el conflicto.
4. El tema de tierras
En el ámbito de tierras, punto 1 del Acuerdo de Paz, el gobierno de Petro alista la ponencia de la ley ordinaria para jurisdicción agraria para ser radicada en el Congreso Esa jurisdicción tendría entre sus funciones dirimir disputas agrarias sobre la tenencia de la tierra, posesión de predios rurales privados, entre otras.
Además, tras la decisión de la Corte Constitucional de tumbar un artículo del Plan Nacional de Desarrollo sobre la compra de tierras, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) presentará su reforma agraria el Congreso.
Felipe Harman, director de la ANT, explicó que desde la Agencia pretenden que el proyecto profundice las herramientas que están en la ley 160 de 1994, entre las que se encuentra la expropiación. Así como mantener la facultad administrativa de decisión de procesos agrarios que tiene la entidad y reestructurarla para vincular las funciones de proyectos productivos para los beneficiarios de la reforma agraria, proceso que se encuentran a cargo de la Agencia de Desarrollo Rural.
Hace unos días, se conoció un borrador de decreto para acelerar compra de tierras revivió fantasma de expropiación exprés.
5. La reforma Política y el guiño para Comunes
Otro de los compromisos importantes de la administración ha sido la reforma política, que busca mejorar la representatividad y la transparencia del sistema electoral colombiano. Entre los puntos destacados se incluye la financiación 100% estatal de las campañas, pero toca en varios puntos al Acuerdo de Paz, entre ellos, la representación del partido Comunes, que surgió tras la firma del pacto, para permitirles hacer un trabajo político.
Un parágrafo en la reforma política que, recién se acaba de presentarse ante el Congreso, le permitiría a Comunes y otros partidos pequeños conservar la personería hasta 2030.
Lo que está pendiente
1. ¿Y la plata para el Acuerdo en el Presupuesto?
La discusión alrededor del proyecto del Presupuesto General de la Nación presentado por el Gobierno que ahora parece que se dará por decreto tras no pasar en el Congreso, dejó otra tensión entre el Congreso y el Ejecutivo, y una especie de pausa de con cuánta plata contará el Gobierno para su funcionamiento y la asignación de los recursos públicos.
En esa ecuación de 523 billones que fue la cifra que se presentó ($511 billones del Presupuesto más una Ley de Financiamiento por $12 billones), la apuesta de paz resultó damnificada. Varias entidades claves para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 tienen serias reducciones en su destinación presupuestal o en su inversión o, entre otro escenario, aunque tienen incrementos en los recursos podrían ser insuficientes.
Aunque el Gobierno ha destinado mayores recursos en comparación con el inicio de su mandato, las demandas del proceso son altas y los fondos asignados parecen ser insuficientes para cumplir con los objetivos trazados.
La principal alerta es, en efecto, sobre la Agencia Nacional de Tierras (ANT), cuyo presupuesto de funcionamiento cayó en un 68,3 % y el de inversión en un 68,2 %.}
2. La JEP y la idea del tribunal de cierre
En la última semana, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha enfrentado dos viejas tensiones que están muy relacionadas: por un lado, los reclamos del antiguo secretariado de las FARC que dicen, entre otras cosas, que el tribunal se ha vuelto “lento, engorroso y estigmatizante”, y por el otro las declaraciones y acciones del Gobierno que parecen pedir una “clausura” anticipada de esa justicia y dar paso a un tribunal de cierre.
Esto último está sustentado en la tesis de fragmentación la ha dicho el mandatario varias veces y sosteniendo que por eso se hace necesario un tribunal de cierre en la que confluyan todos los actores armados. “Deben estar empresarios, que digan la verdad de su papel en el conflicto”, dijo Petro en ese momento.
La más reciente tensión con el Gobierno fue por la presunta falta de dinero destinado para las sanciones propias y para las medidas de contribución a la reparación por parte de comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
La alerta la lanzó el magistrado Vidal, quien aseguró la deuda sería de $450.000 millones y que el Gobierno Nacional tiene responsabilidad en ello. Incluso, se lo dejó claro al presidente Gustavo Petro en una carta.
A eso se suma las duras críticas que ese tribunal viene teniendo por parte de algunos exjefes de las extintas FARC quienes han asegurado que la JEP ha perdido el espíritu de lo que se acordó en La Habana y que sus acciones lentas han provocado inseguridad jurídica para los firmantes.
El gran pero de todo esto es que la JEP sigue siendo uno de los tribunales (si no el más) aclamados en el mundo porque fue el pionero en hablar de justicia transicional y poner en el centro de los procesos a las víctimas.
La paz total… ¿rajada?
Esta quizás no es la mejor semana para presentar grandes avances en sus actuales nueve tableros de diálogos.
Hace tres semanas, uno de sus procesos estrellas, el que lleva con el ELN, fue suspendido tras un atentado a una base militar en Arauca que dejó tres muertos y 27 heridos. Eso significa que, las negociaciones con la guerrilla del ELN que en 30 años nunca habían llegado tan lejos con un Gobierno, están ahora en una pausa.
El jefe de la Misión de Verificación de la ONU y Representante Especial del Secretario General de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, pidió la semana pasada que las partes vuelvan a la mesa y afirmó que se han presentado más hechos de violencia durante estas semanas de dificultades en esa negociación, que en el año que duró el cese al fuego con esa guerrilla.
Con la disidencia del Estado Mayor de los Bloques, comandada por Calarcá Córdoba y quienes se quedaron en la mesa tras la ruptura con el grupo de Mordisco, esta semana deberá definirse la extensión del cese al fuego. El viernes empezará el sexto ciclo, en el que también se debe avanzar en la agenda de negociaciones y en las transformaciones territoriales.
Aunque el Gobierno ha pedido que la Misión de Verificación de la ONU también acompañe el monitoreo de ese cese al fuego, el Consejo de Seguridad no ha dado la autorización para extender ese mandato.
De hecho, en la presentación del informe en enero, Estados Unidos condicionó esa ampliación a que el proceso tenga aún más madurez.
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