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Las cifras son alarmantes: entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2022 se perpetraron en Colombia 92 masacres, que dejaron 321 víctimas mortales. Fueron 116 los defensores y defensoras de derechos humanos asesinados. Ambos indicadores alcanzaron niveles sin precedentes en la última década y están incluidos en el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), que fue revelado este viernes y será presentado en Ginebra (Suiza) el próximo 7 de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Lea los detalles del informe aquí: En 2022 ocurrieron 92 masacres, la cifra más alta en la última década: ONU DD. HH.
Juliette de Rivero es la representante en Colombia de esta oficina de la ONU y fue la encargada de presentar el documento en Bogotá. A esa presentación acudió por primera vez un delegado del Ministerio de Defensa, quien acogió y valoró el informe como una señal de una relación distinta entre el Gobierno Nacional y esa dependencia de Naciones Unidas, con la que se venía de una tensa relación durante el gobierno de Iván Duque, cuyos funcionarios salían a controvertir y desestimar los hallazgos de estos informes. En esta entrevista la representante habló de ese cambio en la interlocución con el Gobierno de Colombia y de la situación de derechos humanos en el país, que, según las cifras, no ha mejorado en los primeros meses del gobierno Petro.
Las cifras de masacres y asesinatos a defensores de derechos humanos son las más altas en la última década. ¿Los primeros meses de la “paz total” de Petro no tuvieron impacto en la situación de derechos humanos?
Creo que la propuesta del Gobierno de una “paz total” es justamente atender esa situación tan grave de los territorios, pero una paz no se construye tan rápido. Los problemas de estos territorios son problemas históricos de abandono, durante generaciones, estos territorios necesitan mayor institucionalidad, Estado de derecho y desarrollo. Eso va a tomar un tiempo, pero es importante apostarle a la paz y tener todo el esfuerzo del Gobierno dirigido a generar condiciones de paz en los territorios para proteger la vida que está tan expuesta.
¿Y qué valoración hace de esos primeros meses de la “paz total” del gobierno Petro?
Nos parecen importantes esos esfuerzos. Creemos que un elemento importante y central de la “paz total” es la implementación del Acuerdo de Paz, y por eso hemos saludado que se haya convocado la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, pero también estamos recomendando que se avance en la adopción de una política de desmantelamiento que todavía no existe en Colombia y en la implementación de esa política, con participación de las comunidades afectadas.
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En varios de sus informes han recomendado la adopción de esa política, ¿por qué no existe aún con el nuevo Gobierno?
Creo que ha habido unos esfuerzos iniciales y esperamos que en los siguientes meses se adopte. La Jurisdicción Especial para la Paz ha pedido que se entregue ya esta política, entonces el Gobierno tiene que responder. La sociedad civil ha hecho una propuesta de 95 puntos muy interesantes, porque significa desmantelar las estructuras que permiten el funcionamiento, significa combatir la connivencia, la corrupción, generar condiciones de desarrollo. El proyecto de desmantelamiento es amplio e integral. Esperamos que no vaya a tardar y que podamos ver en pocas semanas o meses la implementación de esta política.
Ustedes exhortan a que en los diálogos y negociaciones del Gobierno con los grupos armados se incluyan a las poblaciones afectadas, pero eso no está pasando.
El primer llamado es a que los grupos respeten los derechos humanos de la población. No hay ninguna excusa para lo que están haciendo. El segundo es escuchar a las comunidades afectadas y hacerlas partícipes de este proceso. Se tienen que generar condiciones para su participación y hemos expresado nuestra disponibilidad de acompañarlos. Y también escuchar y ver la presencia de mujeres en este proceso, ellas están viviendo esta violencia en sus cuerpos y están sufriendo los efectos de la violencia en el reclutamiento de sus niños, ellas tienen que ser parte de la construcción de esta paz y creemos en las promesas del Gobierno. Hemos visto ciertos gestos y pienso que se puede reforzar aún más esa participación.
Es decir, ¿hasta el momento no ha pasado eso?
Estamos en momentos iniciales, sí ha habido algunos esfuerzos, ha habido discusiones con la Cumbre Humanitaria Nacional, espacios en los que el Gobierno ha estado reunido con las víctimas en territorio, en Bogotá. Ha habido primeros pasos, pero esto se tiene que articular ya de manera más definitiva dentro de la negociación.
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¿Las conversaciones y ceses parciales no han tenido impacto en desescalar la violencia?
La Misión de Naciones Unidas es la que está liderando en este proceso y está acompañando muchas de estas discusiones. Nosotros recibimos de manera muy positiva toda declaración de cese de hostilidades por parte de los grupos armados, pero lo que vemos en territorio es que la situación continúa siendo grave en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos y a la población misma. No se está respetando el derecho a la vida, se ejerce violencia contra las estructuras organizativas de las comunidades y los miembros de las Juntas de Acción Comunal han sido víctimas de esta violencia de los grupos armados. Ese compromiso todavía se tiene que ver en territorio de parte de los grupos.
El informe revela que recibieron 71 denuncias de “privaciones arbitrarias a la vida” cometidas por integrantes del Ejército o la Policía. ¿Estamos hablando de 71 civiles asesinados por balas de la Fuerza Pública?
Son alegaciones, no necesariamente son casos comprobados. Pero son alegaciones que fueron transmitidas a la oficina y que nosotros verificamos en algunos casos, no todos, pero que ahora estamos ya discutiendo con el Ministerio de Defensa, que estimó que en 40 casos se había respetado el derecho a la vida, es decir, que la fuerza se utilizó según la legalidad. Estamos revisando estos casos con el Ministerio, hay apertura de hacerlo, y también los otros 30 casos que ellos han identificado donde tal vez sí se vulneró el derecho a la vida y donde han empezado a tomar medidas disciplinarias y o medidas penales contra los responsables.
Esta es la primera vez que el Ministerio de Defensa acude a la presentación del informe anual del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. ¿Cómo ha cambiado la interlocución con el Gobierno Nacional?
Hay que decirlo, la interlocución es muy diferente, partiendo del reconocimiento de los problemas de derechos humanos que existen y de la apertura para abordarlos. Tenemos las puertas abiertas del Ministerio de Defensa para hablar de las violaciones, tenemos las puertas abiertas del Ministerio del Interior para hablar de cómo mejorar la protección de defensoras y defensores en territorio. Realmente es un diálogo fluido, vemos el compromiso de las autoridades de atender estas situaciones graves de derechos humanos, una gran voluntad. Sí es un contexto político distinto para nosotros, con una gran apertura en temas de derechos humanos.
Durante el gobierno Duque la relación fue muy tensa, los funcionarios salían a desestimar las cifras que ustedes entregaban...
Siempre mantuvimos una relación de cooperación, siempre trabajamos con las autoridades del gobierno anterior, con ministerios anteriores, pero sí había una cierta tensión a veces en esa relación, a veces no existía tanta apertura para reconocer las violaciones de derechos humanos y ahora sentimos que hay una apuesta. El mismo hecho de que se quiera construir una política de seguridad humana y cambiar la forma de llevar la seguridad a los territorios es un indicador de ese cambio.
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¿Qué valoración hace del episodio del 31 de diciembre cuando el presidente Petro anunció un cese al fuego con cinco grupos y después supimos que todavía no estaba pactado?
Construir la paz es un reto muy difícil y tiene sus momentos de altos y bajos. Creo que el Gobierno tiene que insistir, buscar los caminos, usar el diálogo para llegar a esa paz, pero para nosotros lo más importante es escuchar a quienes son afectados por esta guerra y por esta violencia, y que los grupos también se comprometan realmente con los derechos humanos.
Algunos episodios han ensombrecido el arranque de la “paz total”, como libertad de personas cuestionadas, denuncias de dineros a cambio de vocerías, ¿qué valoración hace de eso?
Lo que entristece es el homicidio de personas que están tratando de defender los derechos humanos, de defender su territorio y su pueblo. Y entristece que grupos armados puedan utilizar a la población civil y violentarla de esa manera, violentar a las mujeres y reclutar a los niños, eso es lo sombrío en esta historia, no el esfuerzo de construir una paz que es difícil, hay que apostarle a la paz por todos los caminos posibles y buscar alternativas para que todas las colombianas y colombianos puedan disfrutar realmente de sus derechos.
El delegado del Ministerio de Defensa sostuvo que los resultados deberán verse en el próximo informe, con lo que suceda durante 2023. ¿Cuáles son sus expectativas?
Esperamos que así sea, estamos acompañando al Ministerio de Defensa en esos esfuerzos y esperamos que se pueda generar ese impacto en territorio, lo más importante es llegar a esos lugares y acompañar a la población, y que el accionar de la Fuerza Pública sea para la protección de la población civil, y ahí empezaremos a ver esa gran diferencia.
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¿Y han visto debilidad en la protección a las comunidades por parte de la Fuerza Pública?
Esos cambios son de doctrina, cambios en las operaciones, eso toma tiempo ponerlo en marcha. Estamos trabajando hacia eso, creo que hay un compromiso del Gobierno de trabajar hacia eso, el mismo hecho de que hayan suspendido los bombardeos donde puedan haber niños, niñas y adolescentes, el compromiso de proteger las escuelas, son todos indicios de un camino que va hacia una mejor protección de los derechos en territorio. Espero que podamos ver esos resultados en el informe del próximo año.
