Las 22 recomendaciones que dejó experta de ONU sobre el Acuerdo de Paz y el caso Santrich
El informe que presentó el martes Antonia Urrejola le deja varias tareas con plazos establecidos a la Fiscalía, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El informe que presentó el martes la experta internacional para los Derechos Humanos, Antonia Urrejola, sobre los obstáculos a la implementación del Acuerdo de Paz y el caso de Jesús Santrich, contiene también algunas recomendaciones para el Estado Colombiano y la comunidad internacional sobre cómo avanzar en la ejecución del pacto de 2016 y en las investigaciones por el caso del ex-FARC.
El documento reconoce los avances en la ejecución del Acuerdo firmado con las antiguas FARC, pero identifica al menos seis obstáculos, entre ellos, inestabilidad jurídica para los excombatientes de las FARC, recrudecimiento de la violencia y la necesidad de una alta oficina que coordine y lidere la implementación de lo pactado en La Habana.
Además, incluye las observaciones sobre la denuncia que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) interpuso en contra de la Fiscalía por el entrampamiento del ex-FARC Jesús Santrich y el debilitamiento de la confianza de ese tribunal de paz. El informe da más detalles de esta obstaculización y dice que en el caso de Santrich se habría usado un “agente provocador”.
Sobre este informe: Se habría usado un “agente provocador” en caso de entrampamiento a Santrich: experta de ONU
El documento de 19 páginas será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo 2 de abril. ¿Cuáles son las recomendaciones?
Sobre el Acuerdo de Paz
La experta dice que se deben “desplegar todos los esfuerzos para la implementación integral del acuerdo, en particular el capítulo étnico y las disposiciones de género”.
También se debe asegurar que el acuerdo se implemente como una política de Estado a nivel nacional y local, y que sea central en todas las políticas de paz. “Asimismo, asegurar que todos los procesos de diálogo y negociación con grupos armados no estatales integren un enfoque de derechos humanos y garanticen la centralidad de los derechos de las víctimas”, dice.
La tercera recomendación es la creación de una instancia del más alto nivel gubernamental “que tenga las facultades para liderar la implementación, convocar a todas las entidades y ministerios, asegurar la debida coordinación interinstitucional” y que esté separada de la Oficina del Alto Comisionado para la paz (OACP). La actual arquitectura institucional tiene con esa tarea a la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz que está bajo la sombrilla de la OACP.
En el informe, la experta pide garantizar los “derechos económicos, sociales, culturales y ambientales” de los firmantes de paz y que se garantice su proceso de reincorporación.
Las recomendaciones sobre verdad, justicia, reparación y no repetición
Uno de los llamados más importantes del informe sobre este punto es que se debe redoblar esfuerzos para implementar las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, especialmente en “las políticas públicas del Estado y en los planes de desarrollo departamentales”; así como estrategias de difusión de las mismas e “incrementar los recursos financieros y técnicos del Comité de Seguimiento”.
Además, se hace un pedido para respetar la “independencia y autonomía de la JEP como autoridad judicial”.
Tanto a la JEP como a la OACP y a la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) les pide que se consolide la situación jurídica de los excombatientes de las FARC y que se implementen medidas “para que las decisiones sobre amnistías, indultos y libertades condicionadas sean comunicadas oportunamente”. A las tres instituciones le da un plazo máximo de seis meses para dicha tarea.
Pero además a la JEP le da dos tareas más. En un plazo de un año debe informar públicamente las estrategias para resolver las amnistías judiciales de los firmantes de paz; y debe darle prioridad al alistamiento institucional con miras a las primeras sanciones para los comparecientes de ese tribunal.
Sobre la investigación del asunto “Santrich”
Otra entidad que tiene una fecha límite es la Fiscalía. El ente debe priorizar la investigación de la denuncia de la JEP de marzo 2023 sobre el caso de Jesús Santrich, y “determinar eventuales responsabilidades penales en un plazo razonable”. Para eso, la entidad le dice que debe conformar un grupo de expertos independientes y que tiene un año para informar públicamente sobre los avances y resultados de esta investigación.
Al Estado colombiano le pide revisar los procedimientos legales para la extradición de ciudadanos y que estos cumplan con los “derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y el derecho a la paz”.
En contexto: Informe de ONU da plazo de un año a Fiscalía para presentar avances sobre caso “Santrich”
Las recomendaciones en las políticas públicas de seguridad y protección
El informe de Urrejola pide implementar una “política de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales, la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana, la política nacional de drogas y los mecanismos de justicia transicional, para lograr una disminución sostenida de la violencia, y generar condiciones de seguridad en todo el territorio que permitan la implementación integral del acuerdo de paz”.
Además, se pide la adopción de un plan para proteger a las y los líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como para los firmantes de paz.
Las peticiones sobre la lucha contra la impunidad y la corrupción
El documento también pide que se trabaje en la “desarticulación de los complejos macro criminales y la lucha contra la corrupción y se formalice una “instancia de coordinación permanente entre la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Unidad de Información y Análisis Financiero y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que permita identificar patrones criminales”, entre otros temas.
Lea también: Aprietan tuercas a alcaldes y gobernadores para que incluyan PDET en programas de Gobierno
Además, se recomienda a la Fiscalía instalar “un mecanismo independiente que formule recomendaciones para el refuerzo de la integridad, autonomía e independencia de la institución”, tal como lo dice la Comisión de la Verdad.
Esa entidad también debe fortalecer a nivel regional y “adoptar medidas para garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos para la implementación del Acuerdo de Paz”.
La experta recomienda a la comunidad internacional
El informe pide “Seguir apoyando los esfuerzos hacia la implementación integral del Acuerdo de Paz y de las recomendaciones del informe de la Comisión”. También asegurar que la implementación de los mecanismos de cooperación judicial internacional, como la extradición, “se lleven a cabo con pleno respeto del derecho internacional”.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a estos correos: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.
El informe que presentó el martes la experta internacional para los Derechos Humanos, Antonia Urrejola, sobre los obstáculos a la implementación del Acuerdo de Paz y el caso de Jesús Santrich, contiene también algunas recomendaciones para el Estado Colombiano y la comunidad internacional sobre cómo avanzar en la ejecución del pacto de 2016 y en las investigaciones por el caso del ex-FARC.
El documento reconoce los avances en la ejecución del Acuerdo firmado con las antiguas FARC, pero identifica al menos seis obstáculos, entre ellos, inestabilidad jurídica para los excombatientes de las FARC, recrudecimiento de la violencia y la necesidad de una alta oficina que coordine y lidere la implementación de lo pactado en La Habana.
Además, incluye las observaciones sobre la denuncia que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) interpuso en contra de la Fiscalía por el entrampamiento del ex-FARC Jesús Santrich y el debilitamiento de la confianza de ese tribunal de paz. El informe da más detalles de esta obstaculización y dice que en el caso de Santrich se habría usado un “agente provocador”.
Sobre este informe: Se habría usado un “agente provocador” en caso de entrampamiento a Santrich: experta de ONU
El documento de 19 páginas será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo 2 de abril. ¿Cuáles son las recomendaciones?
Sobre el Acuerdo de Paz
La experta dice que se deben “desplegar todos los esfuerzos para la implementación integral del acuerdo, en particular el capítulo étnico y las disposiciones de género”.
También se debe asegurar que el acuerdo se implemente como una política de Estado a nivel nacional y local, y que sea central en todas las políticas de paz. “Asimismo, asegurar que todos los procesos de diálogo y negociación con grupos armados no estatales integren un enfoque de derechos humanos y garanticen la centralidad de los derechos de las víctimas”, dice.
La tercera recomendación es la creación de una instancia del más alto nivel gubernamental “que tenga las facultades para liderar la implementación, convocar a todas las entidades y ministerios, asegurar la debida coordinación interinstitucional” y que esté separada de la Oficina del Alto Comisionado para la paz (OACP). La actual arquitectura institucional tiene con esa tarea a la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz que está bajo la sombrilla de la OACP.
En el informe, la experta pide garantizar los “derechos económicos, sociales, culturales y ambientales” de los firmantes de paz y que se garantice su proceso de reincorporación.
Las recomendaciones sobre verdad, justicia, reparación y no repetición
Uno de los llamados más importantes del informe sobre este punto es que se debe redoblar esfuerzos para implementar las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, especialmente en “las políticas públicas del Estado y en los planes de desarrollo departamentales”; así como estrategias de difusión de las mismas e “incrementar los recursos financieros y técnicos del Comité de Seguimiento”.
Además, se hace un pedido para respetar la “independencia y autonomía de la JEP como autoridad judicial”.
Tanto a la JEP como a la OACP y a la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) les pide que se consolide la situación jurídica de los excombatientes de las FARC y que se implementen medidas “para que las decisiones sobre amnistías, indultos y libertades condicionadas sean comunicadas oportunamente”. A las tres instituciones le da un plazo máximo de seis meses para dicha tarea.
Pero además a la JEP le da dos tareas más. En un plazo de un año debe informar públicamente las estrategias para resolver las amnistías judiciales de los firmantes de paz; y debe darle prioridad al alistamiento institucional con miras a las primeras sanciones para los comparecientes de ese tribunal.
Sobre la investigación del asunto “Santrich”
Otra entidad que tiene una fecha límite es la Fiscalía. El ente debe priorizar la investigación de la denuncia de la JEP de marzo 2023 sobre el caso de Jesús Santrich, y “determinar eventuales responsabilidades penales en un plazo razonable”. Para eso, la entidad le dice que debe conformar un grupo de expertos independientes y que tiene un año para informar públicamente sobre los avances y resultados de esta investigación.
Al Estado colombiano le pide revisar los procedimientos legales para la extradición de ciudadanos y que estos cumplan con los “derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y el derecho a la paz”.
En contexto: Informe de ONU da plazo de un año a Fiscalía para presentar avances sobre caso “Santrich”
Las recomendaciones en las políticas públicas de seguridad y protección
El informe de Urrejola pide implementar una “política de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales, la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana, la política nacional de drogas y los mecanismos de justicia transicional, para lograr una disminución sostenida de la violencia, y generar condiciones de seguridad en todo el territorio que permitan la implementación integral del acuerdo de paz”.
Además, se pide la adopción de un plan para proteger a las y los líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como para los firmantes de paz.
Las peticiones sobre la lucha contra la impunidad y la corrupción
El documento también pide que se trabaje en la “desarticulación de los complejos macro criminales y la lucha contra la corrupción y se formalice una “instancia de coordinación permanente entre la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Unidad de Información y Análisis Financiero y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que permita identificar patrones criminales”, entre otros temas.
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Además, se recomienda a la Fiscalía instalar “un mecanismo independiente que formule recomendaciones para el refuerzo de la integridad, autonomía e independencia de la institución”, tal como lo dice la Comisión de la Verdad.
Esa entidad también debe fortalecer a nivel regional y “adoptar medidas para garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos para la implementación del Acuerdo de Paz”.
La experta recomienda a la comunidad internacional
El informe pide “Seguir apoyando los esfuerzos hacia la implementación integral del Acuerdo de Paz y de las recomendaciones del informe de la Comisión”. También asegurar que la implementación de los mecanismos de cooperación judicial internacional, como la extradición, “se lleven a cabo con pleno respeto del derecho internacional”.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a estos correos: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.