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La ruralidad colombiana padece deudas históricas que ni con el final del conflicto parecen saldarse desde el Estado. La paz territorial en las periferias del país sigue siendo un pendiente preocupante para la consolidación de lo pactado entre el Gobierno colombiano y las extintas Farc. Esto no solo lo ha manifestado la Comisión de la Verdad en su Informe Final, sino que la coyuntura misma del país es muestra de ello, con situaciones escandalosas como el desfalco por más de 500.000 millones de pesos desde OCAD-Paz, denunciadas inicialmente por Blu Radio.
A partir de estas inquietudes de cómo va la paz, en qué va bien, en qué va irremediablemente mal y con la idea de analizar situaciones cercanas al proceso de paz, desde las directrices del Acuerdo mismo, la Defensoría del Pueblo publicó informe de seguimiento a la implementación del Acuerdo Final, en el que trata los seis puntos de lo negociado en La Habana para tener una óptica cercana de lo que ha avanzado y se ha estancado en el último año (con corte al 30 de mayo de 2022). La gran parte de sus páginas reúnen las políticas clave de la Reforma Rural Integral (primer punto), abordando desde el acceso y uso de la tierra hasta los alcances del Catastro Multipropósito y el Fondo de Tierras.
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Sobre esto último, de acuerdo con la Defensoría, se recalcó que persiste la inequidad en la distribución de tierras -planteadas en el Fondo- y en el ordenamiento social de la propiedad rural, pues el 80% de esas zonas se concentran en seis departamentos a nivel nacional (Bolívar, Vichada, Meta, Antioquia, Arauca, Meta y Caquetá; en ese orden). En síntesis, la entidad refirió que “se han entregado 485.349 hectáreas, es decir el 16% de la meta dispuesta de tres millones de hectáreas”.
La cantidad de tierra formalizada también es un paradigma dentro de la implementación del Acuerdo de Paz. La Defensoría del Pueblo documentó un avance del 37% sobre este subpunto, lo que representa, con corte a marzo de 2022, a 2.612.986 hectáreas (de 7 millones proyectadas para el posconflicto), entre 88.781 familias rurales.
Caso contrario de avance sucede con el Subsidio Integral de Acceso a Tierras, que reporta disminuciones desde 2018 y a un mes del final del presente gobierno deja a 443 predios beneficiarios a 1.077 familias.
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La dignidad campesina
El gobierno saliente dejó a 13 planes de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) constituidos. Sin embargo, si se analizan las solicitudes de constitución de las ZRC, inquieta para la Defensoría que “algunas llevan más de 10 años esperando surtir el trámite pertinente para su respectiva constitución”. En otras palabras, no ha habido celeridad en la validación de estos terrenos conforme a los términos de ley. Otro debate que se asemeja a esto es el de la jurisdicción agraria que para la Defensoría del Pueblo debe sentarse en debate público frente a situaciones de su enfoque ambiental, sus competencias, composición y funcionamiento.
Lea aquí el informe completo:
Por otra parte, el Catastro Multipropósito sigue siendo un sueño a medias para millones de personas en el campo colombiano. Los análisis han sido varios y tienden a que su política integral es floja y no es de largo aliento. Lo que refirió la Defensoría frente a esto fue que se ha avanzado en caracterización territorial de zonas afectadas por la guerra, lo que ha permitido que se hayan habilitado 20 gestores catastrales que lideran la actualización de las cifras catastrales en por lo menos 237 municipios. Las metas catastrales vigentes tienen como meta el 2025, lo que centra los esfuerzos pendientes en lo que haga el presidente Gustavo Petro y su cartera de Agricultura, principalmente.
Otro punto en torno a la dignificación campesina es la de la restitución de sus tierras. Aquí el balance de la entidad es certero: “en cuanto a la fase judicial, de las 34.266 solicitudes inscritas por ruta individual, se han tramitado para demanda 28.917, es decir, el 84.39%, mientras que, de estas 12.795 ya cuentan con sentencia”. Ahora bien, el debate para la Defensoría es más complejo pues afirman que se debe trabajar en la minimización de gastos para los operadores que benefician en los procesos de restitución, pues hasta ahora esas medidas han sido insuficientes y no generan rentabilidad en favor de las personas que en el pasado fueron despojadas y desplazadas, y que ahora buscan proyectos de vida en condición digna.
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Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) también se han visto salpicados por el escándalo de OCAD Paz. Esto, no está tenido en cuenta dentro del informe de la Defensoría, que se centró en documentar que en los dos últimos años sus cifras de alcance van en ascenso: “se reporta que a marzo de 2022 asciende a 13.19 billones de pesos, provenientes de distintas fuentes de financiación, de la cual la fuente OCAD Paz es la que aporta un mayor número de recursos”, se lee.
Adicionalmente, la Defensoría precisó que si bien hay una ruta de implementación activa, está pendiente una plataforma que permita identificar el estado en tiempo real de los proyectos PDET.
Participación Política y Fin del Conflicto
Como fue dicho en párrafos anteriores, la mayor parte de los esfuerzos dentro del informe de la Defensoría del Pueblo se centraron en la Reforma Rural Integral. A sabiendas de eso, también se abordaron brevemente los demás puntos, en donde la Participación Política logró consolidar cuestiones como el Estatuto de Garantías para el Ejercicio de la Oposición Política o el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.
Entrando a las recomendaciones y observaciones del órgano constitucional, se instó al Estado a promover mayor participación femenina por medio del enfoque étnico, a la vez que se llamó la atención al seguir pendiente el acto legislativo de garantías y promoción de la participación ciudadana.
Lo propio con la elaboración de una Ley Estatutaria que regule alcances y limitaciones del derecho a la protesta pacífica. “Es necesaria una Ley Estatutaria para el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa, así como la expedición de la política pública de convivencia, reconciliación y no estigmatización”, sintetizó el documento.
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Frente al punto del Fin del Conflicto, las observaciones fueron más concretas en cuanto a la reincorporación de los firmantes de paz. Allí la Defensoría recalcó en la necesidad de observar con mayor sigilo los AETCR, pues de los 24 vigentes, cuatro no cuentan “con un predio definido para iniciar el proceso o que se presentan barreras jurídicas para su consolidación”. A su vez, articulando con los proyectos de construcción de vivienda rural, la entidad aseguró que instituciones como la Universidad Nacional – en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo- acreditaron la viabilidad de proyectos rurales de este tipo en lugares como Icononzo (Tolima) o Mutatá (Antioquia); pero falta la ejecución completa de estas iniciativas en siete AETCR.
PNIS y víctimas
El Programa Nacional Integral para la Sustitución de cultivos ilícitos (PNIS) marca la pauta del cuarto punto del Acuerdo de Paz. El balance recogido por la Defensoría a mayo de 2022 muestra a 99.097 familias vinculadas al programa, de las cuales 76.259 han recibido asistencia alimentaria inmediata; 75.570 han sido beneficiarios de asistencia técnica integral y 45.524 han recibido proyectos productivos.
Hay un reconocimiento por los acuerdos de conservación y asistencia técnica para familias cultivadoras, así como por la voluntad de los campesinos de no caer en la resiembra, pero al final lo lunares sobre el cuarto punto del Acuerdo de Paz en su implementación se redujeron en que a Colombia le falta una ley de tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores, cuestión que no solo desenredaría trámites judiciales innecesarios, sino que promovería el paso a cultivos de uso lícito.
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Por último, frente a los acuerdos sobre las víctimas del conflicto armado, el documento estableció que el Sistema Integral para la Paz aún debe incorporar más al enfoque de género para la protección de la vida, procesos que permitan el reencuentro familiar. Mientras eso sucede, se deben trabajar en la implementación de Planes Integrales de Reparación Colectiva y repensar la situación de violencia sexual durante la guerra como un nuevo macrocaso de la Jurisdicción Especial para la Paz que debe ser priorizado y puesto en marcha.