Dos días antes de la presentación ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la Misión de Verificación de ese organismo en Colombia dio a conocer su informe trimestral con los avances de la implementación del Acuerdo de Paz.
El informe se hizo eco de la reafirmación pública del presidente Gustavo Petro de cumplir con la ejecución del pacto firmado en 2016 con las extintas FARC y, aunque asegura que hay “notables esfuerzos para mejorar la coordinación y la coherencia entre las entidades involucradas en la implementación”, también hay una “necesidad de buscar el consenso y aunar esfuerzos para la consolidación de la paz” dadas las opiniones divergentes sobre este tema de diversos sectores.
Además, menciona el debate de la constituyente. “Tras varios comentarios del presidente sobre la cuestión, se produjo un fuerte debate interno sobre si el Acuerdo prevé o no la convocatoria de una asamblea constituyente”, dice el informe.
El documento también hace referencia a lo que este martes denominó el canciller Luis Gilberto Murillo como el “plan de choque” del Gobierno para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz. El texto afirma que dicho proceso está en cabeza del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz que se “encargarán de cumplir los objetivos fijados en el Acuerdo de Paz”.
Sobre esto el informe dice: “El trabajo en curso para poner en marcha un plan de choque que acelere la implementación es prometedor, al igual que el proceso de revisión del Plan Marco de Implementación con sus objetivos a más largo plazo. Es imperativo que haya un compromiso inequívoco de todas las entidades gubernamentales para dirigir esfuerzos y recursos hacia la implementación”.
El primer puntazo de ese plan de choque será que Petro le pedirá al Consejo de Seguridad ocho años más de plazo para la ejecución del Acuerdo. De acuerdo con el canciller Murillo, bajo las condiciones actuales no se podría cumplir con los tiempos acordados. “Estamos proponiendo que se dé un ajuste al marco de implementación diseñado a 15 años. Con los rezagos hay que considerar muy seriamente extender el periodo de implementación de ese plan (…) Desde la Cancillería se ha venido hablando que tiene que ser una extensión de 5 a 8 años, pero esto está en discusión porque este es un acuerdo entre dos partes y que se tiene que discutir con las partes”, dijo.
La agenda del presidente Petro incluye una reunión ante la Comisión para la Consolidación de la Paz de Naciones Unidas, en la que se prevé que se traten estos temas del plan de choque e incluso de recursos y en los que se va a incluir la política de paz total.
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La Comisión está compuesta por 31 Estados Miembros, que son elegidos por la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social. También pertenecen a ella los países que más contribuyen a financiar el sistema de las Naciones Unidas y los países que más contingentes militares aportan. A esa reunión estarían convocados algunos miembros de la comitiva de Petro, como el director del DNP, Alexander López, y Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo, aunque aún no se confirma la asistencia a Nueva York de esta última funcionaria.
Por otro lado, el mandatario tendrá un encuentro con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pero no se dieron detalles sobre los temas a tratar.
El informe también aborda los seis procesos que actualmente lleva el Gobierno Petro en su apuesta de paz total y afirma: “En el período sobre el que se informa, el presidente Petro reconoció públicamente las complejidades de lograr la paz total”.
Sobre el ELN califica como un hito el acuerdo alcanzado sobre el primer punto de la agenda de diálogos y también dice que el cese al fuego se ha respetado ampliamente, pero advierte que las negociaciones están afectadas por “graves desafíos” como el diálogo que lleva el Gobierno con Comuneros del Sur, un frente disidente del ELN.
También se pronuncia acerca de las negociaciones con la disidencia Estado Mayor Central y afirma que el Cauca sufrió un aumento de los enfrentamientos violentos, incluidos varios ataques del EMC FARC-EP contra la Fuerza Pública.
Por último, saluda el inicio de los diálogos con la otra disidencia de las FARC, autodenominada como Segunda Marquetalia.
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La verificación de los seis puntos del Acuerdo de Paz
En otros temas más relacionados con la ejecución de los seis puntos del Acuerdo de Paz, el informe resalta la expedición del decreto que creó el Gabinete de Paz con el que el Gobierno quiere impulsar su apuesta de paz total y dar solución desde distintas instancias al rezago del pacto de La Habana. Esto, dice el documento, “ofrece una oportunidad real a ese respecto, al definir las funciones, las responsabilidades y las acciones de las entidades gubernamentales pertinentes”.
Acerca del punto uno de reforma rural integral, el texto exalta la creación e implementación de que el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural y los acuerdos alcanzados con productores de cacao y caña de azúcar para que incrementen su capacidad productiva. Pero afirman que el tema de la seguridad es un objetivo que aún no se alcanza en las regiones donde se implementan algunos de estos proyectos, pues persisten las amenazas contra líderes campesinos, solicitantes de restitución de tierras y mujeres.
El informe también señala que la nueva dirección de la Agencia Nacional de Tierras ajustó los criterios de adquisición de tierras y priorizó las compras de tierras a gran escala, un tema que se había convertido en una fuente de tensión entre esa entidad y el Ministerio de Agricultura, que consideraba que las cifras presentadas no correspondían a las tierras adquiridas.
Sobre los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) -uno de los tres ejes en los que se enfocará Petro en su discurso, los otros dos son reforma rural integral y el esclarecimiento de la verdad judicial y el esclarecimiento de la verdad judicial – la Misión da cuenta de la asignación de inversiones por 44 millones de dólares y la inclusión en el 97 % de los planes de desarrollo local.
Sobre la reincorporación, segundo punto del Acuerdo de Paz, el informe alerta sobre la falta de establecimiento formal del Programa de Reincorporación Integral (PRI) y el Sistema Nacional de Reincorporación. El presupuesto para ello ya lo tiene la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), pero, dice el documento, sin la aprobación del decreto por parte de varias instituciones gubernamentales, “la capacidad de la Agencia para ejecutar su presupuesto se ve gravemente mermada”.
También se está trabajando en la búsqueda de predios para trasladar los antiguos espacios territoriales de los departamentos de Antioquia, Guaviare y el Putumayo, en algunos casos dadas las condiciones de seguridad para los firmantes de paz. Hace menos de dos semanas, los excombatientes de Miravalle, Caquetá, tuvieron que salir de su territorio por hostigamientos por parte de miembros de la disidencia Estado Mayor Central.
Sobre este punto, el informe advierte que se necesita acelerar la entrega de viviendas y de tierras a firmantes. Ese punto también está incluido en el plan de choque que tiene previsto Petro.
Sobre el tercer punto de garantías de seguridad, uno de los más rezagados del Acuerdo de Paz, el informe exalta la reducción de la cifra de homicidios contra reincorporados de las FARC y la expedición del decreto por el que se adopta la política pública para el desmantelamiento de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, pero dice que “la violencia general sigue siendo motivo de preocupación en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, el Caquetá, el Cauca y el Chocó” y que “La seguridad de los excombatientes siguió viéndose afectada por desapariciones, desplazamientos, intentos de reclutamiento y amenazas de grupos armados ilegales”.
El informe también se refiere a las persistentes tensiones entre los firmantes de paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “Representantes del partido Comunes siguieron afirmando que, tras siete años de actividad, la Jurisdicción Especial se estaba desviando de los objetivos para los que se había creado, a saber, proporcionar justicia rápida a las víctimas y seguridad jurídica a las personas sometidas” a ese tribunal.
Por último, el informe indica que el Acuerdo de Paz de Colombia sigue siendo reconocido como un modelo por la comunidad internacional y que siguen altas las expectativas para su implementación. “Celebro que el presidente Petro haya reconocido su responsabilidad histórica en la implementación integral del Acuerdo. Lo aliento, así como a todos los sectores en Colombia, a aunar esfuerzos para transformar esta loable aspiración en resultados tangibles para los más afectados por el conflicto (…) Las Naciones Unidas seguirán al lado de los colombianos en este esfuerzo crucial”.
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