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Hasta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas llegó el más reciente informe trimestral de esa organización internacional sobre Colombia, en el que los puntos altos fueron los temas relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz, la política de Paz Total y los esfuerzos desde la sociedad civil para pacificar los territorios con iniciativas locales.
Antonio Guterres, secretario general de la ONU, fue el encargado de presentar el documento ante ese consejo, a la espera que desde allí avalen en las próximas tres semanas la extensión de la Misión de Verificación en la ONU; principalmente para que esta instancia acompañe y sea veedora de los intentos de paz con los grupos armados vigentes tras la desmovilización de las FARC hace siete años.
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El informe trimestral, que se extiende en 20 páginas, da un espaldarazo importante a la Paz Total pero no olvida asuntos que tiene pendientes y que son responsabilidad imperante del Gobierno Nacional para sacar adelante en los próximos meses.
En concreto, hay una mención al riesgo que puede representar tener ceses al fuego frágiles y no verificados. De acuerdo con la ONU, “los ceses al fuego que llevan en vigor desde enero (de 2023) se vienen observando en gran medida sin protocolos ni mecanismos de verificación definidos, lo que hace que sean más frágiles y dificulta evaluar su cumplimiento y determinar sus resultados”.
Esta crítica no es nueva ni exclusiva de la ONU. De hecho, desde la misma Oficina del Alto Comisionado para la Paz confirmaron en mayo de 2023 que dentro de los diálogos exploratorios con la disidencia de la Segunda Marquetalia y con los paramilitares de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) no hay existencia de “mecanismos de veeduría, monitoreo y verificación”.
Si se mira esto desde una perspectiva de seguridad territorial, los hechos muestran que un cese al fuego no verificado volatiliza la tranquilidad de las poblaciones. Por ejemplo, como mostró el informe trimestral, si bien en los primeros cuatro meses de 2023 hubo una reducción del 48% en enfrentamientos respecto al mismo periodo de 2022 – según datos de la Fiscalía de la JEP- el hecho de no contar con ceses verificados generó que en escenarios de guerra se presente un aumento de delitos conexos contra los civiles.
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“En los primeros cuatro meses de 2023 habían aumentado el reclutamiento y la utilización de niños”, acotó el informe de la ONU.
Aunque los diálogos con el Estado Mayor Central (EMC) -disidencia de FARC- no están activos, en términos de verificación de ceses este fue el único caso en 2023 donde si hubo un acompañamiento constante (de nivel nacional, no territorial) de este tipo por parte de organismos internacionales e Iglesia Católica. Esto a sabiendas que entre febrero y marzo el EMC emitió comunicados en los que afirmó que las Fuerzas Militares estaban incumpliendo con el cese al fuego y que la Fiscalía, por ese entonces, no había levantado órdenes de captura contra sus cabecillas.
Retomando lo documentado por la ONU en su informe trimestral, la organización internacional hizo énfasis en la importancia de la Misión de Verificación de la ONU “para apoyar los esfuerzos de diálogo con grupos armados en el marco de la política de Paz Total, y en particular la verificación de los ceses al fuego”. En otras palabras, expresaron la voluntad de estar en territorio para que diálogos sin verificación como el de la Segunda Marquetalia o las ACSN no vuelvan a suceder.
Atención a las reformas rurales
El documento de la ONU no obvia coyunturas nacionales y hace referencia a hechos como los pactos entre el Gobierno y la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) para la compra, adjudicación y titulación de tierras en las regiones, así como hace una descripción tangencial sobre las zonas de reserva campesina y postulados del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que se ven envueltas en temas de paz.
Un punto importante dentro del informe trimestral es lo relacionado con la aprobación del PND, lo que representa -al menos en el papel- una posibilidad de avance para realizar reformas rurales en los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), donde haya cabida real de acceso a educación, salud, electrificación, conectividad, y cierre de brechas entre zonas urbanas y rurales.
La ejecución de este tipo de proyectos son un debate de no acabar y eso lo reconoce la ONU. En ese sentido, la organización internacional propuso en su documento que es imperativa la creación de instancias como el “Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación, previsto en el Acuerdo Final, con la participación de organizaciones de sociedad civil […]”.
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A su vez, el informe detalló que una política rural integral no es posible sin un capítulo étnico de largo aliento y si a la población reincorporada se le atiende sin acceso a tierras, garantías económicas o empoderamiento de las mujeres.
Frente a lo positivo que plantea el PND respecto a las intenciones de construir paz, la ONU alabó la unión que se propone allí de reactivar “el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, mecanismo clave de coordinación interinstitucional. Además, estableció un mecanismo de diálogo con organizaciones campesinas y reiteró los objetivos que el Gobierno tiene la intención de alcanzar en el transcurso de los cuatro años de su mandato: 3 millones de hectáreas entregadas a campesinos sin tierra y 3,9 millones de hectáreas con tenencia formalizada”.
En línea con esto, están los avances de la Agencia Nacional de Tierras con la compra de más de 13.800 hectáreas que son apenas uno de los primeros pasos para alcanzar la meta de 500.000 ha. para final de año.
Naciones Unidas no desprende las intenciones de política agraria en los temas de restitución de tierras. Sobre esto, el informe trimestral señala que el PND tiene una ruta para que haya esclarecimiento en las “seis millones de hectáreas cuya situación jurídica está todavía por determinar y la mejora del acceso a vivienda y proyectos productivos en las tierras restituidas”.
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Aún así, no todo se puede atar al PND si no hay voluntad de todas las partes en las guerras territoriales por hacer la paz. Por ejemplo, como ha declarado la Misión de Verificación de la ONU, es menester que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad le dé al país una propuesta de desmantelamiento de grupos armados criminales.
Es menester que la Agencia Nacional de Tierras siga con la compra de predios para la equidad en tenencia de tierras y es urgente un llamado a la Fiscalía y a la JEP para acelerar los procesos de administración de la justicia, con el fin de esclarecer tantos hechos que el conflicto armado dejó a medias y que necesitan más de un gobierno y más de una propuesta política para solventarse y salir adelante.
Lea aquí el informe trimestral: