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El Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló su primer informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia, el primero publicado en la administración de Joe Biden, este 30 de marzo de 2021. El documento, de 43 páginas, no deja bien parado al Gobierno en esta materia y le da un espaldarazo fuerte a la JEP, el tribunal de justicia especial que ha buscado debilitar y desacreditar la administración de Duque. Además, si bien incluye los reportes sobre el accionar de grupos armados ilegales como el Eln, el Clan del Golfo (Agc) o las disidencias de las Farc, buena parte del informe, de siete apartados, se centra en las responsabilidades directas que tuvieron agentes del Estado en violaciones a derechos humanos el año pasado.
Solo entre enero y agosto de 2020, citando cifras del Cinep, se registraron 15 casos de muertes intencionales de civiles cometidas por agentes estatales, dice el documento. Y entre los casos específicos que cita está el del campesino Salvador Jaimes Durán, en Norte de Santander, en el que la comunidad detuvo seis soldados que identificaron como responsables del asesinato. O también el caso ocurrido en ese mismo departamento, de Digno Emérito Buendía, que según denuncias fue asesinado por miembros de la Segunda División del Ejército en medio de un operativo de erradicación de cultivos de coca. En ambos casos, el documento hace énfasis en que las autoridades militares, luego de las muertes, trataron de vincular a las víctimas con grupos ilegales, mientras las comunidades sostenían que se trataba de civiles.
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Pero también está incluido en el reporte el asesinato de Javier Humberto Ordoñez, en Bogotá. En este caso, cita la autopsia que se le practicó a la víctima, la cual reveló que había muerto como consecuencia de la golpiza que le propinaron agentes de Policía.
En relación con las investigaciones sobre homicidios de civiles cometidos por la Fuerza Pública, el documento asegura que avanzan lentamente. Entre enero y agosto, la Fiscalía registró 25 nuevos casos de presuntos homicidios agravados cometidos por agentes estatales, entre 2008 y 2020. Igualmente, también entre enero y agosto, seis miembros de las fuerzas del Estado fueron acusados formalmente de homicidio u homicidio agravado, todos por hechos cometidos en años previos.
Sin embargo, reconoce los esfuerzos por hallar a los responsables en los casos de ‘Falsos positivos’. Con corte a junio de 2020, la Fiscalía reportaba que 1.740 miembros de la Fuerza Pública habían sido condenados en 270 casos relacionados con falsos positivos desde 2008. También reportaba que había investigaciones abiertas por esa práctica contra 14 generales activos y retirados y que en total había 2.286 investigaciones abiertas por falsos positivos en el país, con corte a julio del año pasado.
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Pero una referencia especial se llevó el trabajo que en ese camino viene adelantando la Jurisdicción Especial para la Paz. Según el Departamento de Estado: “La JEP, el componente de justicia previsto en el acuerdo de paz de 2016 continuó tomando medidas efectivas para sancionar a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos de una manera compatible con el derecho internacional. Esto incluyó actividades para adelantar el Caso 03, centrado en ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ cometidos por las Divisiones Primera, Segunda, Cuarta y Séptima del Ejército”.
En particular, el documentó resalta el hallazgo de la fosa común de Dabeiba gracias a los testimonios recogidos y el reconocimiento del general William Henry Torres Escalante de su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ y su petición de perdón a las familias de las víctimas. Vale aclarar que el periodo de estudio del documento fue anterior a que la JEP revelara la nueva cifra de 6.402 víctimas de esa práctica entre 2002 y 2008. “Al 31 de agosto, la JEP había recibido 250 ‘versiones voluntarias’ de los presuntos perpetradores que relatan en sus versiones los hechos ocurridos durante el conflicto (caso 03). Dichos testimonios llevaron a los investigadores a descubrir una fosa común de presuntas víctimas de falsos positivos en el departamento de Antioquia”, destacó.
El Gobierno de Joe Biden subrayó que, si bien la Fiscalía General de la Nación es la entidad colombiana llamada a investigar las denuncias de abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado en Colombia, la JEP es la entidad que tiene la competencia para resolver y sancionar los crímenes cometidos en relación con el conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016 tal y como lo estableció el Acuerdo Fina de Paz.
Así como destacó la legitimidad del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, diciendo que si bien, en agosto de 2019, un pequeño grupo de disidentes de la exguerrilla regresó al conflicto armado, “alegando que el gobierno no había cumplido con sus obligaciones en virtud del acuerdo de paz esto no resultó en una respuesta significativa de los excombatientes de las Farc-EP que han estado participando en el proceso” y que siguen firmes con las tres entidades del sistema de justicia transicional: la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
El fantasma de las ‘Chuzadas’
El reporte se refirió a una práctica que en el país es ya bien conocida: la de las interceptaciones ilegales o ‘chuzadas’. “La ley prohíbe esas acciones, pero hubo acusaciones de que el gobierno no respetó las prohibiciones. Las agencias de inteligencia gubernamentales que investigan organizaciones terroristas a veces monitorean conversaciones telefónicas sin autorización judicial”.
Como uno de esos casos, el informe incluye la denuncia que se conoció en mayo del año pasado de que miembros de inteligencia elaboraron 130 expedientes sobre políticos, jueces, exmiembros del Ejército, defensores de Derechos Humanos y periodistas. Según las cifras del informe, en agosto la Fiscalía tenía abiertas dos investigaciones por esos hechos y la Procuraduría tenía 16 investigaciones disciplinarias en marcha.
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El crítico panorama de la situación humanitaria
“El Eln, los disidentes de las Farc y otros grupos armados continuaron sembrando minas”, resalta el Departamento de Estado. Con base en las cifras de Acción contra Minas del Alto Comisionado para la Paz, entre enero y septiembre 13 personas murieron y 74 resultaron heridas como consecuencia de los artefactos explosivos improvisados.
De forma específica se refiere el documento a los asesinatos de excombatientes de las Farc. “Observadores independientes expresaron su preocupación por el hecho de que inadecuadas garantías de seguridad facilitan el asesinato de exmilitantes de las Farc”. Con corte a noviembre y con las cifras de la Misión de Verificación de la ONU, el informe habla de 232 excombatientes asesinados desde la firma de la paz. Sobre esos casos, la Fiscalía reportó 22 sentencias, 15 casos en juicio, 17 en investigación y 44 con órdenes de captura vigentes. Hoy la cifra de homicidios alcanzó los 260 casos, según el partido Comunes, antes FARC.
En relación con el desplazamiento forzado, el Departamento de Estado habla de 37.760 víctimas en 84 eventos de desplazamiento en 2019, mientras que a agosto de 2020 la cifra iba en 15.400 víctimas en 52 desplazamientos. Los departamentos con más casos: Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.
La posible connivencia entre miembros de la Fuerza Pública y actores armados ilegales también aparece referida en el informe, con base en las denuncias de organizaciones de Derechos Humanos e investigadores del gobierno. Entre enero y septiembre, según la Fiscalía, nueve miembros de la Fuerza Pública fueron formalmente acusados de tener lazos con grupos ilegales.
Las condiciones en las cárceles
Un capítulo especial se llevó en el reporte la situación en las prisiones del país. Con cifras del propio Inpec, el informe habla de un 29% de sobrepoblación en las cárceles, con 106.700 presos en 132 prisiones. Igualmente, incluyó los 24 prisioneros que murieron “durante un fallido intento de escape en La Modelo, en Bogotá, que tuvo lugar durante las protestas coordinadas con otras 19 cárceles que ocurrieron en aparente respuesta a las condiciones sanitarias y de salud exacerbadas por el Covid-19”. Según un informe de Human Rights Watch citado en este documento, “las muertes fueron consistentes con homicidio intencional”.
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También se detalla en el informe que el abuso físico por parte de los guardias, la violencia entre prisioneros y la incapacidad de las autoridades de mantener el control fueron problemas comunes en las prisiones. Con corte a julio, el Inpec tenía abiertas investigaciones disciplinarias contra 135 guardias por abuso y tratamiento inhumano. Igualmente, se reportaron 392 muertes en prisiones y otros centros de detención, de las cuales 37 se atribuyeron a peleas internas.
“Muchos prisioneros continuaron enfrentando dificultades para recibir atención medica adecuada. La nutrición y la calidad del agua fueron deficientes y contribuyeron a la mala salud general. Los reclusos sostuvieron que las autoridades racionaban habitualmente el agua en muchas instalaciones, lo que los funcionarios atribuían a la escasez de agua en la ciudad”.
Tambien se hizo referencia a que, según ONG, hubo un sinnúmero de denuncias de casos de violencia sexual cometidos por guardias hacia los reclusos. Pero no solamente en las prisiones. El informe resalta el caso en el que siete miembros del Ejército fueron acusados de violar a una niña indígena de 12 años en Risaralda.
La actitud del Gobierno frente a investigaciones por violaciones a Derechos Humanos
Según el informe, un sinnúmero de ONG denunció haber recibido amenazas por correo, a sus celulares, falsos obituarios y otras amenazas, en el marco de su labor en la investigación de violaciones a derechos humanos. Sin embargo, el mismo documento resalta que “una amplia variedad de organizaciones de derechos humanos locales e internacionales generalmente operaron sin restricciones del gobierno, e investigaron y publicaron sus hallazgos. Miembros del Gobierno estuvieron regularmente cooperativos y dispuestos a escuchar las preocupaciones de grupos locales de derechos humanos”.
Con corte a julio, la Fiscalía reportaba 471 investigaciones activas por amenazas a defensores de derechos humanos y hubo tres condenas durante el año en casos de amenazas a estos defensores. Además, el informe reconoce el carácter independiente del defensor del Pueblo, que promueve y monitorea el ejercicio de los derechos humanos.