Informe entregado a la JEP alerta sobre violencia a población LGBT en el Cauca

“Cuando nos perseguían con ladrillos vea… tenía 17 años. El comandante de la estación de policía de Miranda me encerró en la estación de policía durante 4 horas, me amarró en un palo y había un hormiguero. Que… eso era una forma que tenían ellos como de castigo, y a todos los “maricas” del pueblo, para que se nos quitara la “maricada”. Y eso era de conocimiento público… y porque de pronto nos cogimos de la manito y nos dimos el besito”, dijo una mujer lesbiana del norte del Cauca.

En los municipios caucanos de Popayán, Villa Rica, Buenos Aires, Santander de Quilichao y Miranda las personas LGBT vieron sus vidas controladas por los actores armados legales e ilegales que fueron la ley. Por un lado, la guerrilla de las Farc, con presencia histórica en la región, las amenazó, las golpeó, las violentó sexualmente y las desplazó, buscando vigilar sus cuerpos, incluso los de niños, niñas y adolescentes. Los paramilitares del Bloque Calima se sumaron a esta violencia, además secuestrando y torturando a esta población, para mitigar la amenaza que decían que representaban para el orden público. La Fuerza Pública, por su parte, sumó otros crímenes como detenciones arbitrarias y tentativas de homicidio. El resultado fueron cuerpos y vidas marcadas por el prejuicio de tener una orientación sexual o una identidad o expresión de género diversa.

El informe “Aquí nadie pidió la guerra”, realizado por Caribe Afirmativo en compañía del Colectivo Viraje en Cauca, documentó 23 crímenes cometidos contra cinco personas lesbianas, gais, bisexuales y trans en estos cinco municipios. Es decir, cada víctima vivió múltiples hechos victimizantes. Este documento, que fue entregado este martes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del caso 05, que prioriza la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, estuvo acompañado de la solicitud de acreditación de estas víctimas, de modo que puedan participar del proceso en la JEP.

Entre los 23 casos documentados, que son competencia de la jurisdicción por haber sido cometidos durante el conflicto armado, se encuentran 15 que tienen asidero en la violencia por prejuicio. Es decir, que fueron motivados por las ideas preconcebidas que, en este caso, los actores armados tenían sobre la orientación sexual, expresión e identidad de género de las víctimas. Esta diversidad, según los hallazgos del documento, era para los victimarios una “desviación” que podía corromper el proyecto de orden social que buscaron imponer. A cada actor armado (guerrilla, “paras” y Fuerza Pública) le fueron atribuidos cinco casos.

Cindy Hawkins Rada, abogada de Caribe Afirmativo y coordinadora de esta investigación, explica que en esta región “se da una lucha por la autoridad y todos los grupos armados implementan ese orden moral y social de controlar a la población, establecer normas de comportamiento, y quien se desviara de eso era quien debía ser excluido o castigado”.

Por ejemplo, en el caso de las Farc, que hacían presencia con el Bloque Sur, múltiples columnas móviles del Frente 30 y la presencia del Frente 6 en varios municipios, se establece que cometieron estos crímenes entre 1990 y 2012, “identificamos que hubo en el Norte del Cauca un mandato de desterrar a las personas LGBT, de exiliarlas y excluirlas”.

“(…) la vida del travesti es muy dura. Igual que la del gay, es muy dura. Pero más dura es la del travesti. Eso lo cogen del pelo, lo arrastran, lo cascan, lo violan; me salve como unas cuatro veces de que me mataran, me salve de la guerrilla y de la fuerza pública (…)”, dijeron víctimas entrevistadas.

En el caso de los paramilitares, entre 1999 y 2002, “estas políticas de la mal llamada limpieza social buscaban controlar la vida cotidiana y excluir a esas personas, además buscaban eliminar presuntos colaboradores de la guerrilla y, en ese sentido, el Bloque Calima adopta una política para generar terror en la población e imponer unas regulaciones sobre la vida cotidiana con miras a aislar a la guerrilla, quitarles terreno, y en esas estrategias se muestra cómo muchas veces hubo complicidad por parte de la Fuerza Pública y que pudo haber sido también responsable por acción y por omisión”, explica Hawkins.

“Tiene 12 horas para salir del territorio, marica hijueputa, una cantidad de cosas que hasta me da pena decirlas, que yo era gay, que yo era marica, que yo era un hijueputa, malparido…, un poco de groserías y que si yo no me iba le entregaban la cabeza a mi mamá”, relató otra víctima en medio de la investigación.

Respecto a la Fuerza Pública, las investigadoras encontraron que, si bien desde antes de los 90 la Policía estaba en el territorio como una fuerza antiinsurgente, fue tras la Constitución de 1991 cuando empieza a estar también el Ejército, “y luego cuando se da la desmovilización de los grupos paramilitares, entre 2005 y 2006, empieza a incrementar su actividad armada para luchar con ese fortalecimiento que estaba ganando la guerrilla de las Farc. Entonces logramos identificar que por ese contexto es que se da la violencia contra personas LGBT entre esos años de 2005 y 2012, en el que el Ejército se incrementa y busca luchar contra las guerrillas”, dice Hawkins.

Los impactos que estas violencias generaron en las víctimas fueron diferenciados en tanto afectaron la forma en la que se autoreconocían como personas LGBT, llevándolos incluso a interrumpir sus procesos de reconocimiento o de tránsito. Esto, según identifica el informe, generó un duelo difícil de superar. Sin embargo, los impactos también fueron psicosociales, socioeconómicos, físicos y comunitarios. Padecieron sentimientos de angustia, miedo, depresión, estrés postraumático y, sobre todo, aislamiento.

Además, las investigadoras encontraron que en algunos de estos casos hubo una intersección entre el racismo y el sexismo. “Tenemos casos de víctimas afrodescendientes diversas y este informe tiene ese análisis de cómo los prejuicios asociados a la diversidad sexual y de género también están relacionados con esas dinámicas históricas que imponen roles a las personas afro, que vienen de esas dinámicas de la esclavitud en la que se buscaba proveer una mayor capacidad física y fuerza de trabajo, en el que se crea esta idea hipermasculinizada de los hombres e hipersexualizada de las mujeres”, expone Hawkins. Encontraron entonces el caso de un hombre gay con una expresión de género femenina que fue sometido a diferentes formas de violencia por “esa idea de que era una persona afro con unos rasgos blanqueados que le imponía esa obligación de reproducirse, casarse, tener una relación heterosexual y que por su orientación sexual y su orientación de género fue castigado con estas violencias”.

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“Cuando nos perseguían con ladrillos vea… tenía 17 años. El comandante de la estación de policía de Miranda me encerró en la estación de policía durante 4 horas, me amarró en un palo y había un hormiguero. Que… eso era una forma que tenían ellos como de castigo, y a todos los “maricas” del pueblo, para que se nos quitara la “maricada”. Y eso era de conocimiento público… y porque de pronto nos cogimos de la manito y nos dimos el besito”, dijo una mujer lesbiana del norte del Cauca.

En los municipios caucanos de Popayán, Villa Rica, Buenos Aires, Santander de Quilichao y Miranda las personas LGBT vieron sus vidas controladas por los actores armados legales e ilegales que fueron la ley. Por un lado, la guerrilla de las Farc, con presencia histórica en la región, las amenazó, las golpeó, las violentó sexualmente y las desplazó, buscando vigilar sus cuerpos, incluso los de niños, niñas y adolescentes. Los paramilitares del Bloque Calima se sumaron a esta violencia, además secuestrando y torturando a esta población, para mitigar la amenaza que decían que representaban para el orden público. La Fuerza Pública, por su parte, sumó otros crímenes como detenciones arbitrarias y tentativas de homicidio. El resultado fueron cuerpos y vidas marcadas por el prejuicio de tener una orientación sexual o una identidad o expresión de género diversa.

El informe “Aquí nadie pidió la guerra”, realizado por Caribe Afirmativo en compañía del Colectivo Viraje en Cauca, documentó 23 crímenes cometidos contra cinco personas lesbianas, gais, bisexuales y trans en estos cinco municipios. Es decir, cada víctima vivió múltiples hechos victimizantes. Este documento, que fue entregado este martes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del caso 05, que prioriza la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, estuvo acompañado de la solicitud de acreditación de estas víctimas, de modo que puedan participar del proceso en la JEP.

Entre los 23 casos documentados, que son competencia de la jurisdicción por haber sido cometidos durante el conflicto armado, se encuentran 15 que tienen asidero en la violencia por prejuicio. Es decir, que fueron motivados por las ideas preconcebidas que, en este caso, los actores armados tenían sobre la orientación sexual, expresión e identidad de género de las víctimas. Esta diversidad, según los hallazgos del documento, era para los victimarios una “desviación” que podía corromper el proyecto de orden social que buscaron imponer. A cada actor armado (guerrilla, “paras” y Fuerza Pública) le fueron atribuidos cinco casos.

Cindy Hawkins Rada, abogada de Caribe Afirmativo y coordinadora de esta investigación, explica que en esta región “se da una lucha por la autoridad y todos los grupos armados implementan ese orden moral y social de controlar a la población, establecer normas de comportamiento, y quien se desviara de eso era quien debía ser excluido o castigado”.

Por ejemplo, en el caso de las Farc, que hacían presencia con el Bloque Sur, múltiples columnas móviles del Frente 30 y la presencia del Frente 6 en varios municipios, se establece que cometieron estos crímenes entre 1990 y 2012, “identificamos que hubo en el Norte del Cauca un mandato de desterrar a las personas LGBT, de exiliarlas y excluirlas”.

“(…) la vida del travesti es muy dura. Igual que la del gay, es muy dura. Pero más dura es la del travesti. Eso lo cogen del pelo, lo arrastran, lo cascan, lo violan; me salve como unas cuatro veces de que me mataran, me salve de la guerrilla y de la fuerza pública (…)”, dijeron víctimas entrevistadas.

En el caso de los paramilitares, entre 1999 y 2002, “estas políticas de la mal llamada limpieza social buscaban controlar la vida cotidiana y excluir a esas personas, además buscaban eliminar presuntos colaboradores de la guerrilla y, en ese sentido, el Bloque Calima adopta una política para generar terror en la población e imponer unas regulaciones sobre la vida cotidiana con miras a aislar a la guerrilla, quitarles terreno, y en esas estrategias se muestra cómo muchas veces hubo complicidad por parte de la Fuerza Pública y que pudo haber sido también responsable por acción y por omisión”, explica Hawkins.

“Tiene 12 horas para salir del territorio, marica hijueputa, una cantidad de cosas que hasta me da pena decirlas, que yo era gay, que yo era marica, que yo era un hijueputa, malparido…, un poco de groserías y que si yo no me iba le entregaban la cabeza a mi mamá”, relató otra víctima en medio de la investigación.

Respecto a la Fuerza Pública, las investigadoras encontraron que, si bien desde antes de los 90 la Policía estaba en el territorio como una fuerza antiinsurgente, fue tras la Constitución de 1991 cuando empieza a estar también el Ejército, “y luego cuando se da la desmovilización de los grupos paramilitares, entre 2005 y 2006, empieza a incrementar su actividad armada para luchar con ese fortalecimiento que estaba ganando la guerrilla de las Farc. Entonces logramos identificar que por ese contexto es que se da la violencia contra personas LGBT entre esos años de 2005 y 2012, en el que el Ejército se incrementa y busca luchar contra las guerrillas”, dice Hawkins.

Los impactos que estas violencias generaron en las víctimas fueron diferenciados en tanto afectaron la forma en la que se autoreconocían como personas LGBT, llevándolos incluso a interrumpir sus procesos de reconocimiento o de tránsito. Esto, según identifica el informe, generó un duelo difícil de superar. Sin embargo, los impactos también fueron psicosociales, socioeconómicos, físicos y comunitarios. Padecieron sentimientos de angustia, miedo, depresión, estrés postraumático y, sobre todo, aislamiento.

Además, las investigadoras encontraron que en algunos de estos casos hubo una intersección entre el racismo y el sexismo. “Tenemos casos de víctimas afrodescendientes diversas y este informe tiene ese análisis de cómo los prejuicios asociados a la diversidad sexual y de género también están relacionados con esas dinámicas históricas que imponen roles a las personas afro, que vienen de esas dinámicas de la esclavitud en la que se buscaba proveer una mayor capacidad física y fuerza de trabajo, en el que se crea esta idea hipermasculinizada de los hombres e hipersexualizada de las mujeres”, expone Hawkins. Encontraron entonces el caso de un hombre gay con una expresión de género femenina que fue sometido a diferentes formas de violencia por “esa idea de que era una persona afro con unos rasgos blanqueados que le imponía esa obligación de reproducirse, casarse, tener una relación heterosexual y que por su orientación sexual y su orientación de género fue castigado con estas violencias”.

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