La implementación del Acuerdo de Paz no se ha detenido en el gobierno Petro, pero los cambios son escasos
Esa es una de las conclusiones del octavo informe del Instituto Kroc, que afirma que el 49 % de los compromisos no tiene evidencias de viabilidad para completar su ejecución antes de que venza el plazo establecido. También da recomendaciones al presidente Petro y al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, entre otros.
Cindy A. Morales Castillo
El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame publicó este lunes su informe anual sobre el Acuerdo de Paz, en el que analiza el estado de ejecución del pacto firmado, que cumple este año ocho años, la mitad del tiempo estimado para su implementación.
Una de las conclusiones del documento, que analiza el período entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, es que durante el último año de ejecución del Acuerdo de Paz —ya en la administración de Gustavo Petro— “se han mantenido niveles muy similares a los del cuatrienio anterior”; es decir, durante el gobierno de Iván Duque.
Según el informe, esto indica que, “aunque la implementación no se ha detenido, los cambios experimentados en los niveles de implementación a lo largo de cada año han sido escasos” y que eso se refleja en el alto grado de disposiciones en estado mínimo y no iniciado.
De acuerdo con la tabla de medición que hace el Instituto, a noviembre de 2023 el Acuerdo Final “había logrado una puntuación de 69,55 % (de implementación) y aún no ha experimentado lapsos de estancamiento, a pesar de haber estado cerca de hacerlo”. Así mismo, agrega que “el pico más alto se experimentó al concluir el segundo año de implementación (2018). Después de esto, los cambios en las puntuaciones anuales han sido mínimos”, dice el informe.
El texto explica que la ejecución del Acuerdo siempre ha tenido cambios de puntuación al alza, pero que es evidente que esta se ha “ralentizado en los últimos años” y advierte que “es imperativo aumentar los niveles de implementación para evitar un período de inactividad que impida alcanzar la implementación al final de los 15 años proyectados para su ejecución”.
El Instituto Kroc también enfatiza en que se debe tener en cuenta que durante el séptimo año de implementación persistieron varios conflictos armados en el territorio nacional, empezó a ejecutarse la política de paz total y se realizaron las elecciones locales.
¿En qué estado está la implementación del Acuerdo?
El informe analiza 578 disposiciones que componen la matriz que creó el Instituto Kroc, basado en el texto completo del Acuerdo de Paz y el estado de la implementación de los enfoques transversales: étnico, territorial y de género.
La investigación muestra que solo el 32 % de esos 578 compromisos completó su implementación, el 19 % está en estado intermedio, el 39 % en estado mínimo y el 10 % no había iniciado su ejecución.
“Estos datos muestran que, al cumplirse este séptimo año tras la firma, el 49 % de las disposiciones del Acuerdo Final no muestra un progreso significativo y parece no estar encaminado hacia una trayectoria viable para su cumplimiento antes de que venza el plazo establecido para ello”, dice el informe.
El análisis del Instituto, que por primera vez integra el enfoque territorial y un análisis sobre la reincorporación de los excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC, indica que los puntos 3 (el de reincorporación) y 6 (implementación) siguen teniendo el mayor grado de implementación.
Mientras tanto, los puntos 1 (reforma rural) y 2 (participación política y apertura democrática) tienen las cifras más bajas. Los puntos 4 (solución al programa de drogas ilícitas) y 5 (reparación a las víctimas) están en un nivel promedio.
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El análisis del Instituto Kroc también tiene en cuenta la implementación en el ámbito territorial, de donde salieron cuatro características comunes: persiste el centralismo en algunas políticas y los gobiernos locales tuvieron dificultades en sus presupuestos para impulsar la implementación territorial. La tercera es que persistieron hechos de violencia en los territorios y, por último, que aún hay diferencias entre lo que ejecuta el Gobierno y las expectativas de los habitante en relación con la implementación.
El informe también muestra los principales avances para cada uno de los seis puntos del Acuerdo Final, los enfoques de género, étnico y territorial, pero también para los retos.
Los avances y retos punto por punto
Punto 1 (Reforma Rural Integral)
Avances:
· Creación de la Jurisdicción Especial Agraria
· Construcción de la metodología de revisión y actualización de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR)
Retos:
· El Gobierno nacional debe clarificar las cifras correspondientes a tierras adjudicadas y formalizadas
· Definir la programación física y financiera para la implementación de las iniciativas de los Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
Punto 2 (Participación política y apertura democrática)
Avances:
· Aprobación de la reforma al Código Electoral
· Fortalecimiento de la participación política de las mujeres y las personas LGBTIQ+
Retos:
· Aún no hay consenso para transformar el sistema político electoral en el Congreso.
· La Política Pública de Reconciliación, Convivencia y no Estigmatización no avanza al ritmo esperado.
· Se reactivó el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, pero no es claro su papel asesor en la política de paz gubernamental
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Punto 3 (Reincorporación)
Avances:
· Se aprobó la Política Pública de Desmantelamiento, el Programa de Reincorporación Integral y el Sistema Nacional de Reincorporación en el marco del Consejo Nacional de Reincorporación
Retos:
· No se han implementado garantías de seguridad para personas defensoras de derechos humanos, líderesas y lideresas sociales y firmantes de paz
Punto 4 (Solución al problema de drogas ilícitas)
Avances:
· Se expidió la Política Nacional de Drogas
· Reactivación de algunos Comités Municipales de Seguimiento y Evaluación en municipios Programación de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)
Retos:
· La expedición de la nueva Política debe articularse con lo relacionado con el PNIS, así como con el nuevo Programa de Sustitución de Economías Ilegalizadas
Punto 5 (Reparación a las víctimas)
Avances:
· Creación del Sistema Nacional de Búsqueda y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió cinco autos de determinación de hechos y conductas, en los cuales imputó a 79 comparecientes
· Apertura formal del Macrocaso 11 que investiga la violencia sexual y basada en género.
Retos:
· La JEP aún no ha expedido las primeras sentencias ni ha impuesto sanciones propias en ninguno de los macrocasos
· Se han presentado demoras en la resolución de amnistías por parte de la JEP
· Persisten los rezagos en el programa de reparación colectiva
Así va la reincorporación
El documento también analizó la reincorporación de los excombatientes. Según el informe, el examen de este punto del Acuerdo de Paz se hace, entre otras cosas, porque, aunque los compromisos relacionados con el cese al fuego y la dejación de armas, desarme y desmovilización están completos en el 97%, no pasa lo mismo en los procesos de reincorporación económica, social y política.
También puede leer: Acuerdo de paz: la alerta del DNP para acelerar con urgencia la implementación
El documento dice que el 34 % de las disposiciones de la reincorporación “continua en proceso de implementación; es decir, sin iniciar, en estado mínimo o en estado intermedio de implementación”. Eso incluye la acción integral contra las minas antipersonales y las garantías de seguridad para los firmantes de paz. De acuerdo con registros de Indepaz, hasta abril de 2024 han sido asesinados 10 excombatientes de las FARC y 425 desde la firma del Acuerdo de Paz.
El informe indica que “la complejidad del Acuerdo de 2016 radica en su amplitud y en la diversidad de temas que aborda”, pero que, aun siendo el más comprensivo “jamás firmado”, no incluyó algunos elementos para la reincorporación que otros sí incorporaron. Pese a ello, destacan que esos faltantes se han incluido en el proceso de implementación “como las medidas de acceso a tierras para personas en reincorporación”.
Algunas de las recomendaciones:
A la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación (CSIVI): considerar la actualización del Plan Marco de Implementación y la revisión de indicadores que han representado dificultades para avanzar en compromisos establecidos en cada punto del Acuerdo.
Al presidente Gustavo Petro: iniciar las operaciones del artículo 8 de la Ley de Paz Total, sobre el Gabinete de Paz. Esta norma señala “que cada uno de los ministerios que conforman el Gobierno tienen la responsabilidad de definir los elementos de la política pública de paz en el marco de su competencia”.
A Otty Patiño, alto comisionado para la Paz: identificar estrategias que permitan la conexión entre las agendas de las negociaciones en curso y las políticas, los planes y programas derivados del Acuerdo de Paz.
A Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz: impulsar y liderar en el Gobierno nacional una estrategia orientada a territorializar el principio de integralidad en la implementación.
A la comunidad internacional: continuar con el respaldo técnico, político y financiero a la implementación del Acuerdo de Paz.
El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame publicó este lunes su informe anual sobre el Acuerdo de Paz, en el que analiza el estado de ejecución del pacto firmado, que cumple este año ocho años, la mitad del tiempo estimado para su implementación.
Una de las conclusiones del documento, que analiza el período entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, es que durante el último año de ejecución del Acuerdo de Paz —ya en la administración de Gustavo Petro— “se han mantenido niveles muy similares a los del cuatrienio anterior”; es decir, durante el gobierno de Iván Duque.
Según el informe, esto indica que, “aunque la implementación no se ha detenido, los cambios experimentados en los niveles de implementación a lo largo de cada año han sido escasos” y que eso se refleja en el alto grado de disposiciones en estado mínimo y no iniciado.
De acuerdo con la tabla de medición que hace el Instituto, a noviembre de 2023 el Acuerdo Final “había logrado una puntuación de 69,55 % (de implementación) y aún no ha experimentado lapsos de estancamiento, a pesar de haber estado cerca de hacerlo”. Así mismo, agrega que “el pico más alto se experimentó al concluir el segundo año de implementación (2018). Después de esto, los cambios en las puntuaciones anuales han sido mínimos”, dice el informe.
El texto explica que la ejecución del Acuerdo siempre ha tenido cambios de puntuación al alza, pero que es evidente que esta se ha “ralentizado en los últimos años” y advierte que “es imperativo aumentar los niveles de implementación para evitar un período de inactividad que impida alcanzar la implementación al final de los 15 años proyectados para su ejecución”.
El Instituto Kroc también enfatiza en que se debe tener en cuenta que durante el séptimo año de implementación persistieron varios conflictos armados en el territorio nacional, empezó a ejecutarse la política de paz total y se realizaron las elecciones locales.
¿En qué estado está la implementación del Acuerdo?
El informe analiza 578 disposiciones que componen la matriz que creó el Instituto Kroc, basado en el texto completo del Acuerdo de Paz y el estado de la implementación de los enfoques transversales: étnico, territorial y de género.
La investigación muestra que solo el 32 % de esos 578 compromisos completó su implementación, el 19 % está en estado intermedio, el 39 % en estado mínimo y el 10 % no había iniciado su ejecución.
“Estos datos muestran que, al cumplirse este séptimo año tras la firma, el 49 % de las disposiciones del Acuerdo Final no muestra un progreso significativo y parece no estar encaminado hacia una trayectoria viable para su cumplimiento antes de que venza el plazo establecido para ello”, dice el informe.
El análisis del Instituto, que por primera vez integra el enfoque territorial y un análisis sobre la reincorporación de los excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC, indica que los puntos 3 (el de reincorporación) y 6 (implementación) siguen teniendo el mayor grado de implementación.
Mientras tanto, los puntos 1 (reforma rural) y 2 (participación política y apertura democrática) tienen las cifras más bajas. Los puntos 4 (solución al programa de drogas ilícitas) y 5 (reparación a las víctimas) están en un nivel promedio.
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El análisis del Instituto Kroc también tiene en cuenta la implementación en el ámbito territorial, de donde salieron cuatro características comunes: persiste el centralismo en algunas políticas y los gobiernos locales tuvieron dificultades en sus presupuestos para impulsar la implementación territorial. La tercera es que persistieron hechos de violencia en los territorios y, por último, que aún hay diferencias entre lo que ejecuta el Gobierno y las expectativas de los habitante en relación con la implementación.
El informe también muestra los principales avances para cada uno de los seis puntos del Acuerdo Final, los enfoques de género, étnico y territorial, pero también para los retos.
Los avances y retos punto por punto
Punto 1 (Reforma Rural Integral)
Avances:
· Creación de la Jurisdicción Especial Agraria
· Construcción de la metodología de revisión y actualización de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR)
Retos:
· El Gobierno nacional debe clarificar las cifras correspondientes a tierras adjudicadas y formalizadas
· Definir la programación física y financiera para la implementación de las iniciativas de los Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
Punto 2 (Participación política y apertura democrática)
Avances:
· Aprobación de la reforma al Código Electoral
· Fortalecimiento de la participación política de las mujeres y las personas LGBTIQ+
Retos:
· Aún no hay consenso para transformar el sistema político electoral en el Congreso.
· La Política Pública de Reconciliación, Convivencia y no Estigmatización no avanza al ritmo esperado.
· Se reactivó el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, pero no es claro su papel asesor en la política de paz gubernamental
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Punto 3 (Reincorporación)
Avances:
· Se aprobó la Política Pública de Desmantelamiento, el Programa de Reincorporación Integral y el Sistema Nacional de Reincorporación en el marco del Consejo Nacional de Reincorporación
Retos:
· No se han implementado garantías de seguridad para personas defensoras de derechos humanos, líderesas y lideresas sociales y firmantes de paz
Punto 4 (Solución al problema de drogas ilícitas)
Avances:
· Se expidió la Política Nacional de Drogas
· Reactivación de algunos Comités Municipales de Seguimiento y Evaluación en municipios Programación de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)
Retos:
· La expedición de la nueva Política debe articularse con lo relacionado con el PNIS, así como con el nuevo Programa de Sustitución de Economías Ilegalizadas
Punto 5 (Reparación a las víctimas)
Avances:
· Creación del Sistema Nacional de Búsqueda y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió cinco autos de determinación de hechos y conductas, en los cuales imputó a 79 comparecientes
· Apertura formal del Macrocaso 11 que investiga la violencia sexual y basada en género.
Retos:
· La JEP aún no ha expedido las primeras sentencias ni ha impuesto sanciones propias en ninguno de los macrocasos
· Se han presentado demoras en la resolución de amnistías por parte de la JEP
· Persisten los rezagos en el programa de reparación colectiva
Así va la reincorporación
El documento también analizó la reincorporación de los excombatientes. Según el informe, el examen de este punto del Acuerdo de Paz se hace, entre otras cosas, porque, aunque los compromisos relacionados con el cese al fuego y la dejación de armas, desarme y desmovilización están completos en el 97%, no pasa lo mismo en los procesos de reincorporación económica, social y política.
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El documento dice que el 34 % de las disposiciones de la reincorporación “continua en proceso de implementación; es decir, sin iniciar, en estado mínimo o en estado intermedio de implementación”. Eso incluye la acción integral contra las minas antipersonales y las garantías de seguridad para los firmantes de paz. De acuerdo con registros de Indepaz, hasta abril de 2024 han sido asesinados 10 excombatientes de las FARC y 425 desde la firma del Acuerdo de Paz.
El informe indica que “la complejidad del Acuerdo de 2016 radica en su amplitud y en la diversidad de temas que aborda”, pero que, aun siendo el más comprensivo “jamás firmado”, no incluyó algunos elementos para la reincorporación que otros sí incorporaron. Pese a ello, destacan que esos faltantes se han incluido en el proceso de implementación “como las medidas de acceso a tierras para personas en reincorporación”.
Algunas de las recomendaciones:
A la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación (CSIVI): considerar la actualización del Plan Marco de Implementación y la revisión de indicadores que han representado dificultades para avanzar en compromisos establecidos en cada punto del Acuerdo.
Al presidente Gustavo Petro: iniciar las operaciones del artículo 8 de la Ley de Paz Total, sobre el Gabinete de Paz. Esta norma señala “que cada uno de los ministerios que conforman el Gobierno tienen la responsabilidad de definir los elementos de la política pública de paz en el marco de su competencia”.
A Otty Patiño, alto comisionado para la Paz: identificar estrategias que permitan la conexión entre las agendas de las negociaciones en curso y las políticas, los planes y programas derivados del Acuerdo de Paz.
A Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz: impulsar y liderar en el Gobierno nacional una estrategia orientada a territorializar el principio de integralidad en la implementación.
A la comunidad internacional: continuar con el respaldo técnico, político y financiero a la implementación del Acuerdo de Paz.