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Tras siete años y medio de la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC, la población colombiana mantiene opiniones divididas sobre el impacto, cumplimiento y transformaciones que han surgido durante la puesta en marcha del pacto. Así lo demuestran los resultados de la tercera medición de Escuchar la paz: entre contrastes y anhelos de paz con desarrollo humano, realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El informe con los hallazgos de la encuesta será presentado este 19 de junio en Bogotá (puede seguir el evento desde las 8:30 a.m. a través de los canales digitales de Colombia+20). Este documento incluye temas clave como la satisfacción con la implementación del Acuerdo, la seguridad, la justicia, la atención a las víctimas, la presencia y confianza en el Estado, la reconciliación y los procesos de tránsito a la vida civil de excombatientes. Además, la medición le toma el pulso a la opinión de la ciudadanía frente a nuevos procesos de paz, como los que actualmente está llevando a cabo el Gobierno del presidente Gustavo Petro con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las antiguas FARC.
De hecho, uno de los principales descubrimientos del documento es que hay una relación estrecha entre la opinión respecto a la ejecución del acuerdo de 2016 y las expectativas frente a los nuevos diálogos de paz. “Las personas que se sienten más satisfechas con la implementación del acuerdo con las FARC están mayoritariamente inclinadas a pensar que las negociaciones con el ELN llegarán a buen puerto”, señala el informe del PNUD.
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También llama la atención que, en general, la población colombiana prefiere una salida negociada al conflicto con los grupos ilegales que una ofensiva militar.
La encuesta fue aplicada entre finales de 2023 e inicios de 2024 a 11.800 habitantes, mayoritariamente en los municipios más afectados por el conflicto armado y el abandono estatal (los cuales fueron priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET), pero también incluye, por primera vez, una muestra de 1.172 pobladores de las principales ciudades capitales (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga).
La medición en zonas PDET también se realizó en 2019 y 2021, lo que permitió un análisis comparado de las percepciones. Estos son los principales hallazgos y recomendaciones:
Satisfacción con la paz
Según los resultados del informe, hay un incremento en la satisfacción general con la puesta en marcha del Acuerdo en las regiones PDET, pasando de 35,9% en 2019 a 58,1% en 2023; mientras que en las ciudades capitales este porcentaje es del 40%.
Cuando se compara entre los territorios PDET, se observan las dos caras de la percepción: Catatumbo (Norte de Santander) es la zona menos satisfecha con la implementación (29,8%), seguida de Arauca y Macarena Guaviare. Montes de María es la más satisfecha (74,7%), seguida de Pacífico y Frontera Nariñense y Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño.
Frente a la relación de la población satisfecha y sus expectativas en el éxito de los diálogos que empezaron hace 18 meses con el ELN, es evidente una diferencia entre los encuestados que viven en zonas donde opera esta guerrilla y las ciudades.
“La mayoría de las subregiones PDET donde tiene presencia activa este grupo como Arauca, Sur de Córdoba, Chocó, Sur de Bolívar, Alto Patía y Norte del Cauca, Pacífico Medio y Sierra Nevada se ubican en un rango alto de satisfacción y un mayor optimismo frente a un eventual acuerdo con el ELN. El optimismo frente a la ocurrencia de un acuerdo es menor en las cinco ciudades capitales encuestadas”, dice el informe.
¿Se mantiene la ausencia estatal en zonas PDET?
Desde que el PNUD aplicó su primera encuesta de actitudes y percepciones (2019) hasta la actualidad, se mantienen los problemas principales que perciben las personas en las subregiones PDET: la delincuencia común (25,4%), el desempleo (22,7%), la corrupción (12,4%), el conflicto armado (8,6%) y la infraestructura vial (4,6%), lo que indica una continuidad en las preocupaciones.
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Al tratarse de los municipios históricamente más golpeados por el conflicto, desde que se estaba negociando el acuerdo con las FARC en La Habana, Cuba, se pensó el desarrollo de los PDET como una mayor presencia de las instituciones del Estado para la provisión de bienes y servicios en la ruralidad, para atacar las causas estructurales del conflicto. Sin embargo, los resultados muestran que, para los pobladores, eso aún está lejos de ser una realidad.
Si bien creció la percepción en las zonas PDET de que hay mayor presencia del Estado en los territorios, pasando de 15,5% en 2021 a 25,7% en 2023, aún la mayoría de las personas en estos territorios considera que el Estado está ausente (71,2%).
Las subregiones más pesimistas al respecto son Catatumbo (88,5%), Pacífico Medio (79,2%), Alto Patía y Norte del Cauca (77,8%), y Pacífico y Frontera Nariñense (87,5%), mientras que las más optimistas son Sur de Córdoba (48,3%), Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño (44%) y Montes de María (41%).
Difícil panorama para excombatientes
Otro de los temas en los que indagó la encuesta del PNUD son los procesos de tránsito a la vida civil de exguerrilleros de las FARC (reincorporación) y exparamilitares (reintegración).
Para los encuestados, la necesidad de que los excombatientes pasen por programas de reintegración y reincorporación para confiar en ellos aumenta, pasando de 52% en 2019 a 64% en 2023, y en las cinco ciudades capitales es del 51,3%.
No obstante, aún hay mucho camino por recorrer en la reconciliación con esta población. Una prueba de ello es que solo una de cada cuatro personas estaría cómoda teniendo a exmiembros de grupos armados como vecinos.
En las ciudades principales, aunque la mayoría compraría productos de excombatientes (72,5%), las opiniones sobre si los emplearía o trabajaría con ellos están divididas en un 44,6% que estaría dispuesto y un 48,6% que no lo estaría.
“Estas percepciones, tanto de las ciudades como de las zonas PDET, evidencian las dificultades para los procesos de reintegración comunitaria y convivencia con los excombatientes”, indica el PNUD en su análisis.
Justicia transicional y centralidad de víctimas
Aunque a nivel internacional se ha aplaudido el sistema integral para la paz que se estructuró en el acuerdo con las FARC, en el país se mantiene un bajo reconocimiento de las entidades que lo componen: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), la única de las tres que ya terminó su mandato.
“Las personas en los territorios PDET expresan casi en su totalidad estar de acuerdo con brindar verdad, justicia y reparación a las víctimas y esclarecer los hechos, encontrar a las personas desaparecidas y visibilizar los delitos del conflicto armado. No obstante, a pesar de que existe una tendencia al aumento en el conocimiento de las entidades del sistema integral de verdad, justicia y reparación, sigue siendo alto el porcentaje de personas que no ven una contribución”, dice el informe.
En cuanto a la percepción de contribución de la JEP, la UBPD y la CEV, en promedio para el año 2023 el 41,6% de los encuestados considera que no contribuyen a los derechos de las víctimas, frente a un 27,7% que cree que sí lo hacen.
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De acuerdo con el PNUD, en esta ecuación el acceso de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación es un paso fundamental.
Al respecto, la mayoría de las víctimas en los PDET están registradas en el Registro Único de Víctimas (74,2%), pero el 79,9% de estas personas no han recibido ningún tipo de reparación.
Un punto clave en materia de justicia es que aún se mantiene una alta expectativa punitiva en el modelo transicional. Esto contrasta con el enfoque de la JEP, que aunque es transicional, se basa en la justicia restaurativa.
La mayoría de los ciudadanos favorecen sanciones de prisión sin reducción de penas, y en segundo lugar, prefieren sanciones de prisión con reducción de penas si dicen la verdad y hacen acciones reparadoras. Solo en tercer lugar y lejos de la tendencia, se ubica la sanción fuera de la cárcel si dicen la verdad y hacen acciones reparadoras, que es el modelo adoptado por la jurisdicción. Esta información puede dar pistas de las opiniones que saldrán a la luz en los próximos meses, cuando la JEP dicte sus primeras sentencias contra exjefes de las FARC, miembros de las Fuerzas Militares y terceros civiles involucrados en el conflicto.
Seguridad, entre los principales retos
El análisis del PNUD parte de la base de que la seguridad y la justicia son un tema fundamental para la sostenibilidad del Acuerdo de Paz, por lo cual resulta preocupante que los municipios PDET sigan siendo escenarios de violencia, con una baja resolución de disputas ante las instituciones judiciales.
“La percepción de control social y territorial por parte de grupos ilegales y criminales continúa siendo considerable en los municipios PDET y, además, las personas reportan un aumento sostenido desde 2019 en el involucramiento de estos actores en la resolución de disputas y la aplicación de justicia en las comunidades. La percepción de que el Estado es el actor responsable de impartir justicia pasa del 73,6% en el 2021 al 52,9% en el 2023 y aumenta la percepción de que son las organizaciones criminales (13,5%), las disidencias de las FARC-EP (5,5%) y el ELN (3,4%) quienes imparten justicia”, se lee en el informe.
Tareas pendientes con la reconciliación
El informe analiza cómo la “creencia de la reconciliación en el país no ha sido automática”, y asegura que sigue siendo baja la percepción ciudadana sobre los avances, la cual no supera el 33%, con un leve incremento para 2023.
Frente a este tema, el PNUD señala para dar pasos en ese campo “no solamente requiere que se lleven a cabo procesos de justicia transicional o reparaciones, sino que también implica mejorar las condiciones económicas para la población. No obstante, de forma paralela a la inversión y la presencia del Estado, es crucial desarrollar acciones para reconstruir los lazos comunitarios, la confianza y el tejido social para que la reconciliación vaya más allá de la coexistencia y la agenda de desarrollo”.
En cuanto a las recomendaciones del informe, se destaca entre los ejes clave la necesidad de acelerar la implementación del Acuerdo de 2016, vincular los esfuerzos de reincorporación con medidas que involucren a los excombatientes con las comunidades receptoras para aumentar la confianza, y comunicar eficientemente los logros de las salidas negociadas al conflicto para que se mantenga el respaldo de la sociedad en estos procesos.
El PNUD también dice que “es urgente que la Jurisdicción Especial para la Paz emita las primeras sentencias, sanciones propias, de manera que los ciudadanos puedan conocer el alcance de la justicia transicional como una forma de aumentar la confianza en ella”.
En ese sentido, también proponen que haya un abordaje integral para cerrar las brechas con las víctimas, no solo en asistencia e indemnizaciones, sino en una reparación transformadora.