“Es urgente desescalar el conflicto”: ONU en informe de Acuerdo de Paz en Colombia
En su informe trimestral sobre la implementación, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, destacó avances en reforma rural y el capítulo étnico del Acuerdo. Señaló con preocupación la escalada violenta en varias regiones.
Con optimismo en unos puntos y preocupación en otros, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, rindió al Consejo de Seguridad de esa entidad su informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC. Este documento abarca el período del 27 de diciembre de 2022 al 26 de marzo de 2023.
“Los avances durante este periodo y el compromiso de las partes con el Acuerdo de Paz, aún en medio de inmensos desafíos, son motivos para el optimismo”, destacó el secretario general, apuntando que “las acciones de implementación del Acuerdo y las iniciativas de diálogo con distintos grupos armados realizadas por el Gobierno en el marco de su política de “paz total” se refuerzan mutuamente”.
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Avances importantes en la reforma rural
El informe señala que una muestra importante del compromiso del nuevo gobierno con el Acuerdo de Paz se refleja en que el 82% del presupuesto asignado en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo a la implementación de la paz tiene que ver con cumplir el punto número uno del acuerdo sobre reforma rural integral.
En ese sentido, el gobierno ha avanzado en la formalización de poco más de un millón de hectáreas, mientras que la Agencia Nacional de Tierras había entregado 17.506 hectáreas a campesinos, además de crear cuatro nuevas zonas de reserva campesina que suman un total de 400.000 hectáreas. De acuerdo con el informe, en el proyecto del nuevo Plan Nacional de Desarrollo se estipulan 200 millones de dólares para el funcionamiento de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) contemplados en el Acuerdo.
Según el informe, estos son importantes “pasos en la entrega y formalización de tierra orientados a permitir un acceso más equitativo y amplio a la tierra para las poblaciones rurales y afectadas por el conflicto”.
El informe también reconoce que se haya dado prioridad a la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz, aunque indica que en general la tasa de cumplimiento de este apartado es mucho menor que la del resto de puntos del Acuerdo.
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Seguridad: ha mejorado, pero persisten amenazas
De acuerdo con el informe, uno de los índices que han mejorado tiene que ver con la seguridad de los excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz, pues los ataques y homicidios contra ellos han disminuido considerablemente en comparación con años anteriores, aunque aún persisten amenazas.
Al corte del 26 de marzo la ONU llevaba un registro de seis excombatientes asesinados en lo que va corrido del año, a pesar de lo cual señala que “este último trimestre fue uno de los menos violentos contra excombatientes desde la dejación de armas en 2017″.
El informe también destaca que hubo una desescalada de la violencia en algunas regiones, pero señala con preocupación el incremento en dos focos de confrontación que se enmarcan en la reconfiguración de la guerra en el Pacífico y la frontera con Venezuela: “entre otros hallazgos en materia de seguridad durante el periodo del informe, la Misión ha observado una reducción de los asesinatos en medio de combates entre actores armados en zonas rurales de Caquetá, Meta, Putumayo y Norte de Santander. Sin embargo, los altos niveles de violencia relacionada con el conflicto son motivo de preocupación en Cauca, Arauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca”.
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Como punto a destacar, el informe señala que el Plan Nacional de Desarrollo incluyó recomendaciones de las Comisión de la Verdad para las entidades pertinentes, así como la materialización de lo que serán las primeras sanciones propias en la Jurisdicción Especial de Paz para castigar a los responsables de crímenes que se hayan sometido a esa jurisdicción y sean juzgados por ella.
También se considera un avance que el Gobierno haya logrado acuerdos parciales con el Ejército de Liberación Nacional, aunque el secretario general Guterres hizo un llamado a “desescalar el conflicto”, esperando que próximamente se concrete un cese bilateral al fuego con esa organización armada.
“La implementación decidida del Acuerdo Final en todos sus puntos debe seguir siendo el núcleo de este esfuerzo y de nuestro apoyo”, puntualiza Antonio Guterres en el informe, agregando que “elogio los esfuerzos adicionales en curso para ampliar el alcance de la paz a través del diálogo. La realidad ineludible sobre el terreno en Colombia actualmente es que la consolidación de la paz depende tanto de la implementación integral del Acuerdo como de la capacidad de las autoridades para frenar las expresiones de violencia que se continúan produciendo”, concluye.
Con optimismo en unos puntos y preocupación en otros, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, rindió al Consejo de Seguridad de esa entidad su informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC. Este documento abarca el período del 27 de diciembre de 2022 al 26 de marzo de 2023.
“Los avances durante este periodo y el compromiso de las partes con el Acuerdo de Paz, aún en medio de inmensos desafíos, son motivos para el optimismo”, destacó el secretario general, apuntando que “las acciones de implementación del Acuerdo y las iniciativas de diálogo con distintos grupos armados realizadas por el Gobierno en el marco de su política de “paz total” se refuerzan mutuamente”.
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Avances importantes en la reforma rural
El informe señala que una muestra importante del compromiso del nuevo gobierno con el Acuerdo de Paz se refleja en que el 82% del presupuesto asignado en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo a la implementación de la paz tiene que ver con cumplir el punto número uno del acuerdo sobre reforma rural integral.
En ese sentido, el gobierno ha avanzado en la formalización de poco más de un millón de hectáreas, mientras que la Agencia Nacional de Tierras había entregado 17.506 hectáreas a campesinos, además de crear cuatro nuevas zonas de reserva campesina que suman un total de 400.000 hectáreas. De acuerdo con el informe, en el proyecto del nuevo Plan Nacional de Desarrollo se estipulan 200 millones de dólares para el funcionamiento de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) contemplados en el Acuerdo.
Según el informe, estos son importantes “pasos en la entrega y formalización de tierra orientados a permitir un acceso más equitativo y amplio a la tierra para las poblaciones rurales y afectadas por el conflicto”.
El informe también reconoce que se haya dado prioridad a la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz, aunque indica que en general la tasa de cumplimiento de este apartado es mucho menor que la del resto de puntos del Acuerdo.
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Seguridad: ha mejorado, pero persisten amenazas
De acuerdo con el informe, uno de los índices que han mejorado tiene que ver con la seguridad de los excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz, pues los ataques y homicidios contra ellos han disminuido considerablemente en comparación con años anteriores, aunque aún persisten amenazas.
Al corte del 26 de marzo la ONU llevaba un registro de seis excombatientes asesinados en lo que va corrido del año, a pesar de lo cual señala que “este último trimestre fue uno de los menos violentos contra excombatientes desde la dejación de armas en 2017″.
El informe también destaca que hubo una desescalada de la violencia en algunas regiones, pero señala con preocupación el incremento en dos focos de confrontación que se enmarcan en la reconfiguración de la guerra en el Pacífico y la frontera con Venezuela: “entre otros hallazgos en materia de seguridad durante el periodo del informe, la Misión ha observado una reducción de los asesinatos en medio de combates entre actores armados en zonas rurales de Caquetá, Meta, Putumayo y Norte de Santander. Sin embargo, los altos niveles de violencia relacionada con el conflicto son motivo de preocupación en Cauca, Arauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca”.
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Como punto a destacar, el informe señala que el Plan Nacional de Desarrollo incluyó recomendaciones de las Comisión de la Verdad para las entidades pertinentes, así como la materialización de lo que serán las primeras sanciones propias en la Jurisdicción Especial de Paz para castigar a los responsables de crímenes que se hayan sometido a esa jurisdicción y sean juzgados por ella.
También se considera un avance que el Gobierno haya logrado acuerdos parciales con el Ejército de Liberación Nacional, aunque el secretario general Guterres hizo un llamado a “desescalar el conflicto”, esperando que próximamente se concrete un cese bilateral al fuego con esa organización armada.
“La implementación decidida del Acuerdo Final en todos sus puntos debe seguir siendo el núcleo de este esfuerzo y de nuestro apoyo”, puntualiza Antonio Guterres en el informe, agregando que “elogio los esfuerzos adicionales en curso para ampliar el alcance de la paz a través del diálogo. La realidad ineludible sobre el terreno en Colombia actualmente es que la consolidación de la paz depende tanto de la implementación integral del Acuerdo como de la capacidad de las autoridades para frenar las expresiones de violencia que se continúan produciendo”, concluye.