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Teniendo en cuenta que el 10% de las víctimas en el país son afrocolombianos, las comunidades negras, palenqueras y raizales se acercaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para entregarle unos informes que evidencian las graves violaciones de derechos humanos que estas poblaciones tuvieron que padecer en la guerra.
Asesinatos selectivos, reclutamiento forzado, estigmatización, despojo de tierras, trabajos forzados y violencia sexual son algunos de los delitos que se denuncian en los informes y que las 178 comunidades afro esperan que sean estudiados y juzgados por esta justicia transicional.
Además, los documentos buscan evidenciar el impacto diferenciado que ha tenido el conflicto armado que también ha afectado el territorio, el medio ambiente, la cultura y los procesos organizativos de sus comunidades.
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“Apreciamos este nuevo gesto de confianza que han tenido muchas organizaciones de víctimas, especialmente, hoy de los pueblos afrocolombianos de distintos territorios del país. Este es un voto de confianza en el que hay una oportunidad de hacer justicia, de esclarecer lo ocurrido y de atribuir responsabilidades por los crímenes. También es un voto para que la JEP vuelque sus ojos a los territorios más apartados y afectados”, dijo la magistrada Catalina Díaz.
Díaz recordó que hasta ahora se han priorizado siete macrocasos, entre ellos, tres territoriales: Tumaco, Ricaurte, Barbacoas; Urabá antioqueño y Chocano, y el del Norte del Cauca y Sur del Valle. En ellos se van a incluir los hechos que aportaron hoy las organizaciones de víctimas y consejos comunitarios afros. Aunque, explicó la magistrada, también se analizarán estos y otros informes para continuar con la priorización de nuevos casos.
María Ángela Salazar, comisionada de la verdad de las comunidades afro, agregó que estos datos serán elementos claves para fortalecer el informe final que se debe entregar en tres años al país. Para Salazar es importante que, desde la comisión étnica, se trabaje a partir de un análisis diferenciado de estas poblaciones, teniendo en cuenta cómo, por culpa de la violencia, hubo una desestabilización en sus costumbres, hábitos y cultura.
Una de las lideresas afro que entregaron los informes, y quien prefirió ocultar su identidad por seguridad, agregó que hoy en Colombia no hay una sola comunidad negra que no haya sido afectada por el conflicto armado interno. Resaltó, además, que las más afectadas han sido las mujeres, por eso contarán con un gran apartado en los documentos: “Nosotras hemos sido víctimas de diferentes formas de violencia en el marco del conflicto. Hemos sido víctimas del sexismo, clasismos, patriarcado, racismo. El tema de la violencia sexual nos preocupa porque es claro el impacto diferenciado y desproporcionado que hemos padecido, por eso queremos resaltarlo".
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Para los representantes de las comunidades negras, raizales y palenqueras, la entrega de esta información es un gran aporte para que por fin se sepa lo que ocurrió en Colombia. Asimismo, es un espaldarazo para las tres entidades del Sistema Integral creado después del Acuerdo de Paz: la JEP, la Comisión de la verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. “Sabemos que debemos apoyar estas entidades. No podemos seguir en una sociedad donde hacemos acuerdos para no cumplirlos. La mayoría del pueblo colombiano debe salir a defender la paz. Es mejor una paz imperfecta, que una guerra eterna que le heredemos a nuestros hijos y nietos”, señaló otro líder.
Las organizaciones de víctimas destacaron su preocupación por el recrudecimiento de la guerra y, en nombre Bojayá, una población que ha vivido sus peores secuelas, se envió un mensaje al Estado: “Es necesario en esta nueva coyuntura que se generen las condiciones para que estos procesos violentos que seguimos viviendo se superen y podamos desarrollar el trabajo y se garantice la no repetición de la guerra. Bojayá le exige al Estado colombiano no más sangre en nuestros territorios. No queremos un muerto más ni un amenazado más”.
La violencia, denunciaron, está cada vez peor. Hace tan dos días hubo un atentado en contra del líder Henry Chaverra, defensor en Belén de Bajirá. Los mayores avances que hay de protección a líderes por parte del Gobierno están relacionados con medidas materiales. Sin embargo, consideran que “inundar el país con chalecos y escoltas es insostenible”. Por eso pidieron celeridad y efectividad en medidas políticas y judiciales. “Nosotros no necesitamos que nos protejan a los líderes, sino a los derechos de nuestras comunidades a decidir sobre nuestros territorios. Si no se avanza en eso, somos cada día más y más vulnerables”, insistió uno de los voceros.
Por otro lado, les preocupa que, como consecuencia de estas amenazas constantes contra la población, en los últimos dos años, al menos 8.000 personas han tenido que desplazarse. De ellas, el 40% pertenece a la población afrocolombiana.
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Entre las organizaciones que hicieron parte de la construcción de estos documentos están La Comadre de Afrodes, un grupo de mujeres que han documentado diferentes tipos de victimizaciones a las mujeres negras, especialmente de violencia sexual en Buenaventura, Cali, Cartagena, Guapi, Tumaco, Riosucio, Quibdó y el Comité por los derechos de las víctimas de Bojayá, que denuncia graves violaciones a los derechos humanos en este municipio.
Según cifras del Registro Único de Víctimas (RUV), llega a 1.035.068, lo que corresponde a más del 11,75 % del total de (8´803.836) de víctimas registradas. Del total de víctimas de estas comunidades, 550.354 corresponden a mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.