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Así lo afirmó el comisionado Carlos Berinstain durante la entrega de los 14 informes del movimiento sindical del país a la Comisión de la Verdad: es la primera vez que en el mundo que una Comisión recibe información de sindicatos sobre los impactos de la violencia por su defensa de los derechos laborales.
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“¿Por qué en este país las políticas económicas se han impuesto con violencia?”, preguntó también durante su intervención. “Todos los sectores económicos y sociales han sido afectados de manera profunda por el conflicto. La Comisión se compromete a incluir un apartado en el informe sobre la afectación de la guerra en el movimiento sindical”.
La entrega se llevó a cabo este miércoles desde las 2:00 p.m. Se encontraron de manera virtual los comisionados Francisco de Roux, Berinstain y Lucía González con representantes de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda para escuchar los testimonios de gran parte de los sindicatos.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación General del Trabajo (CGT), el sindicato de maestras y maestros Fecode, la Unión Sindical Obrera (USO), Anthoc, Sintraunicol, Fensuagro, Sintraofán, Sintramiénergetica, el sindicato de Telecom y los sindicatos de la palma de aceite les presentaron 14 documentos en los que recogieron los patrones y hechos de violencia, periodos de tiempo y casos de homicidios, torturas y desapariciones forzadas de líderes sindicales.
En total, según la Escuela Nacional Sindical, desde 1971 hasta el 18 de julio documentaron 15.245 actos de violencia contra el movimiento sindical en Colombia. Las amenazas fueron las principales victimizaciones, con 7.492 casos, luego de homicidios, con 3.270 y desplazamiento forzado con 1.952 casos, algunos de ellos incluyeron el exilio. Por otro lado, las regiones más afectadas han sido Antioquia, Eje Cafetero, Suroccidente, Nororiente, Magdalena Medio y Región Caribe por parte de todos los actores armados, en su mayoría grupos paramilitares que defendían intereses empresariales.
Los hombres, mayoría dentro de este movimiento, fueron los más afectados con 11.850 casos. En el caso de las mujeres fueron 3.395. Fue la primera vez también que las mujeres de estas organizaciones se unieron para construir el informe “Mujeres sindicalistas: entre violencias históricas, resistencias, legados de paz y democracia”, en el que evidencian las afectaciones para las mujeres sindicales y las familiares de miembros de estas organizaciones.
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Entre las victimizaciones está la discriminación por su condición de mujeres, la estigmatización por ser sindicalista y su rol de lideresas sociales más cuidadoras del hogar. De acuerdo con Mirtha Rodríguez, encargada del área de Derechos Humanos en la CTC, “las amenazas y hostigamientos que hemos recibido nosotras o sobre nuestros compañeros ha generado un alto impacto emocional que provoca su retiro de las organizaciones o de los espacios de incidencia. Como además está la dificultad de llegar a esos espacios por la doble jornada con el hogar, proporcionalmente el impacto es mayor en las mujeres”.
Aseguró que en general para la CTC, las principales victimizaciones han sido contra la agroindustria y el sector público en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca. “Los asesinatos selectivos contra dirigentes sindicales en Colombia comenzaron con el secuestro y asesinato del entonces presidente de la CTC José Raquel Mercado, el 15 de febrero de 1976 y asesinado el 19 de abril del mismo año por el M-19”, agregó.
En la década de los 2000, Colombia se ubicó como el país más peligroso para ejercer el trabajo sindical, según Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT). Entre junio del 2000 y junio de 2001 fueron asesinados 197 sindicalistas.
El informe de esta organización “Impactos y afectaciones del conflicto armado interno al Sindicalismo en Colombia”, recoge 492 casos de violencia: 175 son amenazas, 172 homicidios y 55 intimidaciones. Los departamentos más afectados fueron Arauca, Valle del Cauca y Magdalens y las principales victimizaciones ocurrieron durante los procesos de privatización de empresas estatales o al denunciar actos de corrupción al interior de estas.
Con respecto al sindicato del magisterio de educadores, Fecode, su documento “La vida por educar” recoge 1.057 agresiones contra maestras y maestros entre 1988 y 2010. La Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) ha sido una de las filiales de Fecode que más ha sufrido la violencia antisindical.
Las victimizaciones han ido desde lo individual y familiar, como el asesinato y desplazamiento o exilio forzado, hasta lo organizativo, como la fragmentación del colectivo, el ataque a las sedes, la pérdida de liderazgos y recursos, la estigmatización y deslegitimación para reclamar derechos.
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Entre los vacíos de verdad se encuentra la identificación de los responsables y los beneficiaros de la violencia antisindical. Si bien las centrales sindicales han identificado que fueron los paramilitares y organismos estatales los principales victimarios, la impunidad en los casos es mayor al 90%.
“Queremos que se sepa la verdad. El país debe aceptar que se cometieron atropellos contra el movimiento sindical y eso se debe remediar con que el Estado acepte la posibilidad de que haya sindicatos fuertes, de que estos negocien sólidamente. También pretendemos que el país aprenda a vivir, a estar con los sindicatos y que el sindicalismo pueda ser un actor fundamental en los debates nacionales, en las definiciones nacionales, en la defensa del trabajador, en la construcción de un nuevo país”, sostuvo Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.
Durante el acto de entrega, los sindicatos también lanzaron el documental “El sindicalismo cuenta”. Véalo aquí: