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Este martes, el Gobierno Nacional publicó la resolución con la que designa a Isabel Zuleta, senadora por el Pacto Histórico, como coordinadora del Ejecutivo en el espacio de conversación socio jurídico que se adelanta con las bandas de alto impacto en Medellín y el Valle de Aburrá.
La senadora estará a cargo de todos los actos necesarios para este tablero de paz total del presidente Petro avance y tendrá como misión que las bandas que delinquen en la capital de Antioquia y sus alrededores “muestren voluntad de transitar hacia el Estado de Derecho”. Además, deberá fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos que establece la ley.
Junto con la designación de Zuleta, el Gobierno designó a Jorge Iván Mejía Martínez, María Isela Quintero Valencia, Jorge Arturo Salgado Restrepo, Mirtha Yolanda Cucaita Rincón y Ramón Elejalde Arbeláez como representantes del Ejecutivo en la mesa con las bandas del Valle de Aburrá.
Así están planeados los diálogos de paz con las bandas en Medellín
Según información compartida por el Gobierno hace algunas semanas, el proceso contempla a 10 municipios de Antioquia (incluido Medellín) y tendrá una hoja de ruta para la participación de la sociedad civil para la construcción de paz urbana en esa zona del país.
“Se promoverá una participación amplia y diversa de los diferentes sectores, poblaciones y organizaciones de los territorios urbanos y rurales de Medellín y demás municipios del Valle de Aburrá en el proceso de Paz Urbana. Se considera prioritaria la participación de víctimas del conflicto armado, las mujeres, los integrantes de comunidades étnicas y la población LGBTIQ+”, dice uno de los apartados de la hoja de ruta que es considerado uno de los primeros acuerdos de ese proceso de paz urbana.
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Con esto, la mesa diálogos tendrá tres espacios de participación: asambleas por la paz urbana, Espacio Asambleario de la sociedad civil y un Comité de Impulso.
Sin embargo, uno de los grandes obstáculos que tiene este proceso, junto con el de bandas criminales en Chocó y Buenaventura, es la falta de un marco legal y jurídico que sirva para establecer cómo será el proceso de sometimiento. En el caso de Valle de Aburrá se contempla un proceso con 350 a 400 bandas y combos y cada uno puede tener entre 20 y 50 personas.
“La preocupación también es sobre la base jurídica, qué sustenta a este proceso, cómo se sustenta y habíamos esperado el pronunciamiento de la ley de Paz Total para dar este paso. Sabemos que esa ley de Paz Total no es suficiente y que mandata al Congreso a que realice un desarrollo normativo para los procesos de sometimiento. Ese mandato lo tiene el Congreso, pero el compromiso que tenemos es hacer las gestiones para impulsarlo que se necesite en materia jurídica, no dejarlo de lado, pero tampoco que sin ello no podamos avanzar en la construcción de paz urbana”, dijo. Zuleta hace algunas semanas.
Los principios que girarán la interacción entre los actores de la sociedad civil y el Gobierno se centran en la confianza, el respeto y el reconocimiento de las diversas perspectivas y agendas de paz que existen en la comunidad. La paz se construye sobre la base del diálogo, en el cual cada voz y cada organización tienen un papel válido y reconocido. Para llevar a cabo esta participación, el Gobierno proveerá los recursos necesarios, y se buscará el acompañamiento permanente de la comunidad internacional, garantizando así un proceso inclusivo y de alcance amplio.
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La Hoja de Ruta para la Participación, entonces, se convierte en un marco de referencia para la construcción de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá. A través de una participación plural y democrática, la sociedad civil contribuye a un proceso que busca establecer una paz duradera y que prioriza la vida y el bienestar.
Los cinco ejes articuladores del proceso
Los diálogos que se adelantan en el Valle de Aburrá están condicionados bajo la sombrilla de cinco ejes:
- Ética de la Vida y la identificación de las formas de las violencias urbanas en los territorios: Este eje está centrado en la protección de la vida como máxima, Se hará un diagnóstico de las causas de las violencias y habrá estrategias para la no repetición de las formas de violencia urbanas. También se contempla la prevención de la vinculación de menores a las estructuras criminales
- Diálogo social e integral para la equidad territorial. En este punto se concentrarán en la construcción de planes integrales focalizados para territorios afectados por la violencia urbana. La idea es conocer las necesidades generales y estructurales de las comunidades, contribuir al mejoramiento integral de esas poblaciones y hacer una restauración del tejido social.
- Verdad para la reconciliación, la no repetición y la construcción de paz. “Este eje busca contribuir al derecho a la verdad, la reparación simbólica y las garantías de no repetición de las víctimas y los territorios, generando escenarios de aporte a la verdad y reconocimiento”, dice el documento.
- Generación de nuevas economías: Buscar estrategias para superarrr la incidencia de economías ilegales, de manera que sean las economías legales las que provean el sustento de las familias y el desarrollo de los territorios.
- Exigibilidad del desmonte de las estructuras armadas ilegales de Medellín y el Valle de Aburra: Este último eje es que tanto el Estado como esos grupos ilegales provean las condiciones necesarias para el tránsito hacia la vida civil de las personas que conforman las estructuras armadas hacia formas que en el marco de la ley les permita proyectar los liderazgos, la identidad, principios y valores comunitarios teniendo como prioridad la ética de la vida.
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