25 años sin Jesús María Valle, el defensor de DD.HH que se enfrentó a Álvaro Uribe
El 27 de febrero de 1998 fue asesinado Jesús María Valle Jaramillo, un hombre que es recordado por su incansable trabajo con las comunidades más pobres de Ituango. La violencia paramilitar que arreciaba contra su municipio lo llevó a investigar y develar las relaciones entre los paramilitares y la fuerza pública en Antioquia.
Silvia Corredor Rodríguez
Un día antes de cumplir 55 años, el 27 de febrero de 1998, Jesús María Valle Jaramillo fue asesinado por dos hombres armados que ingresaron a su oficina en Medellín. La escritora María MacFarland Sánchez-Moreno reconstruyó lo que sucedió aquella tarde de febrero en su libro ‘Aquí no ha habido muertos’:
“Cuando Nelly regresó de almorzar vio dos hombres en la puerta. Tenían trajes y corbatas y llevaban maletines. Pensó que eran clientes por lo que abrió la puerta que daba al área donde se encontraba la pequeña recepción que llevaba a la oficina de Valle. Pero mientras Nelly entraba en la oficina a saludar a su hermano, los hombres la adelantaron y la empujaron en una silla que estaba al otro lado de Valle, quien se sorprendió por un instante. Luego, sabiendo lo que iba a pasar, Valle se giró hacia su hermana y le sostuvo la mirada con firmeza: “Tranquila, Nelly, que ya estamos aquí”.
Nelly Valle era secretaria de Jesús María y en ese momento, también se encontraba Carlos Jaramillo, un habitante de Ituango que venía a charlar con el abogado sobre la situación de la región luego de la masacre de El Aro perpetrada cuatro meses antes. El 22 de octubre de 1997, cerca de 150 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá asesinaron a 17 personas y durante siete días estuvieron en la zona torturando a las víctimas.
El caso de la muerte de Valle llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 2 de agosto de 2001, por el trabajo de sus antiguos compañeros que se organizaron en el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH). Dos años más tarde, el caso fue aceptado y el 13 de febrero de 2007 llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En los tribunales de Costa Rica, sede de la Corte, un año más tarde, el 8 de febrero de 2008, el Estado colombiano reconoció, de forma parcial, su responsabilidad ante la falta de investigación y sanción de los responsables de la muerte de Valle.
Una vida por la defensa de su pueblo
Jesús María había nacido en el corregimiento de La Granja del municipio de Ituango, ubicado en la subregión del norte de Antioquia. De una familia campesina y muy humilde, logró viajar hasta Medellín en los años 60 para estudiar derecho en la Universidad de Antioquia.
Allí se preparó y para 1980, Valle era profesor de ética, un abogado penalista respetado de Medellín y uno de los fundadores del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia, organización de abogados, académicos y doctores voluntarios que trabajaban con los más pobres y contra las injusticias sociales. En el Comité forjó su liderazgo y capacidades para trabajar por mejorar las condiciones de pobreza en la que se encontraban sus vecinos en La Granja.
“Las defensas que él hacía desde el derecho, las hacía para dignificar a personas que realmente no tenían recursos para pagar una buena defensa penal”, recordó en entrevista con esta redacción Luis Fernando Montoya, sobrino de Jesús María.
Otra familiar de Valle, que prefirió que su nombre no fuera mencionada, recordó que su elocuencia y contundencia al hablar motivaba a muchas personas a asistir a sus audiencias públicas. “En el Palacio Nacional de Medellín, tanto empleados como funcionarios que se daban cuenta que era una audiencia con Jesús, esas salas se llenaban para escucharlo, era muy emotivo”, comentó.
En contexto: Jesús María Valle, 20 años de un asesinato que dejó “infinita tristeza”
En el Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia trabajó junto a Héctor Habad Gómez, Luis Fernando Vélez y Carlos Gónima, hombres que asumieron la presidencia del comité pero fueron asesinados entre agosto de 1987 y febrero de 1988. Una de las integrantes del Comité recordó que entre las décadas de 1970 a 1990, “a los defensores de derechos humanos si no los desaparecían, los asesinaban”.
Diez años más tarde, en 1998, Jesús María asumió la presidencia de la organización que fue llamada Comité Permanente por los Derechos Humanos Héctor Abad Gómez, en homenaje al médico antioqueño, también asesinado.
En entrevista con Colombia +20, María Victoria Fallon, quien fue integrante del Comité y ahora directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), recordó cómo vivieron esos años y la forma que buscaron para proteger a Jesús María.
“Tomamos la determinación de que definitivamente no íbamos a tener presidente sino una dirección colegiada tratando de protegernos y de proteger a Jesús, que todos lo reconocíamos como realmente la cabeza. Jesús María tenía un peso importante como vocero de los defensores de derechos humanos en Antioquia”, explicó Fallon.
“Tomamos la determinación de que definitivamente no íbamos a tener presidente sino una dirección colegiada tratando de protegernos y de proteger a Jesús”
María Victoria Fallon, directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)
El compromiso que tenía Valle con su municipio lo llevó a ser concejal de Ituango y diputado de la Asamblea Departamental en 1972. Acompañó de cerca los procesos judiciales que tenían las familias rurales de Ituango y siguió de cerca el avance paramilitar en Antioquia en los años 90.
Lea también: No más dilaciones: las exigencias de víctimas de masacre de El Aro 25 años después
Max Yuri Gil, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, recordó que tras el asesinato de Jesús María Valle, la defensa de los derechos humanos en el departamento se transformó para mantenerse protegidos en medio de la labor. “Tocó bajarle a la deliberación pública y la denuncia sobre la responsabilidad del Estado, denuncias sobre paramilitarismo y dedicarnos más a la pedagogía y dimensión ética de los derechos humanos”, explicó.
Jesús María se convirtió en el cuarto presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos en ser asesinado de forma consecutiva. Quienes quedaron del equipo, se transformaron en el año 2000 en el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH).
“Decir la verdad, cueste lo que cueste”: Jesús María Valle
Esta frase era uno de los principios del abogado penalista ante los casos que llevaba. Se hizo famosa en una entrevista con un canal de televisión en 1997 sobre las denuncias que venía haciendo, desde un año, de los cientos de asesinatos y desplazamientos, cometidos por paramilitares contra la población de Ituango. Según Valle, estas acciones eran en colaboración u omisión de militares del Batallón Girardot de la Cuarta Brigada del Ejército.
“No me mueven odios contra el Gobernador o el comandante de la Cuarta Brigada… No tengo intereses políticos. Lo hago porque ese es mi pueblo y no quiero que siga sufriendo. Lo hago porque han muerto muchos paisanos, de manera injusta, en plena plaza pública y todos en silencio. Porque hay que decir la verdad, cueste lo que cueste”, manifestó Valle, según lo documentado en el libro ‘Aquí no ha habido muertos’.
Valle le había enviado el 20 de noviembre de 1996 una carta al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, manifestándole la angustia de los niños, mujeres y ancianos de Ituango sobre el asesinato de 150 personas entre septiembre y noviembre de ese año. Meses atrás, el 11 de junio de 1996, paramilitares de las las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá asesinaron a cinco personas del corregimiento La Granja porque supuestamente eran ‘auxiliadores de la guerrilla’. Sin embargo, las víctimas eran líderes y campesinos de la zona.
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Jesús María Valle seguía denunciando estos hechos, en diferentes espacios, ante la falta de respuestas por parte del Gobierno. Una de sus intervenciones más recordadas fue su discurso sobre la situación de derechos humanos en el departamento, el 25 de agosto de 1997 en la Universidad de Antioquia.
“Aparecían fuerzas oscuras que reemplazaban al alcalde: los comandantes. Esas fuerzas se fueron ubicando en los perímetros urbanos y generaban un estado de terror y de zozobra y los campesinos caían asesinados… Los militares, los paramilitares y las Convivir se confunden en los uniformes, en las sedes y en los vehículos que utilizan… Hoy puedo decir que el meridiano de la violencia pasa por Antioquia. Estamos exportando, a través de una concepción equivocada del orden público, violencia a departamentos pacíficos como los de la Costa y el Chocó… Y yo he ido a todas partes invocando el Derecho de Petición para la población campesina y no he recibido una respuesta positiva. Esa es la situación dramática que presenta hoy Antioquia y es el informe que puedo rendir con honestidad en este recinto, sin odios contra nadie, pero con una infinita tristeza”, expresó Valle aquella vez.
“Los militares, los paramilitares y las Convivir se confunden en los uniformes, en las sedes y en los vehículos que utilizan”
Jesús María Valle en su discurso el 25 de agosto de 1997.
El gobernador de Antioquia de la época, Álvaro Uribe Vélez, y el entonces comandante de la Cuarta Brigada, Carlos Alberto Ospina, afirmaron que las denuncias de Valle eran falsas, lo denunciaron por calumnia y lo acusaron de ser “enemigo de las Fuerzas Armadas”.
“Jesús María tuvo el valor de ponerse el lado de la población y confrontar al hombre más poderoso que había en ese momento en Antioquia y que luego se convirtió en el hombre más poderoso de Colombia, que fue Álvaro Uribe Vélez, y no le importó”, recordó Fallon.
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Nubia Ciro Zuleta, socióloga y coordinadora de Agenda Ituango, le contó a Colombia+20 el impacto que tuvo el asesinato de Jesús María para las poblaciones del municipio. “La población queda completamente a merced de los actores armados que estaban allí en connivencia abierta y absoluta con el Ejército y la Policía. El mensaje que enviaron a los territorios fue muy duro: el que denuncie, el que abra la boca, el que levante la mano, ese es aniquilado”.
El asesinato de Jesús María y las masacres de El Aro, La Granja y San Roque fueron clasificados como delitos de lesa humanidad por la Corte Suprema de Colombia en 2018, 12 años después de la condena al Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre estos hechos.
La reparación
La Corte IDH en su fallo emitido en 2009 dispuso que el Estado debía brindar tratamiento psicológico y psiquiátrico requerido a las víctimas de estos hechos, es decir, a su hermana Nelly y a su amigo Carlos Jaramillo, principalmente.
Luis Fernando Montoya es hijo de Nelly Valle, y en entrevista con Colombia+20 relató las afectaciones que vivieron a nivel familiar, a raíz del asesinato de su tío. “Si ha habido una ausencia en la reparación a la familia, se afectó la confianza, la seguridad, el trato, el miedo, todo eso hace que la vida cambie totalmente. Mi mamá no pudo salir de casa casi dos años, su vida laboral o su calidad de vida se vieron afectadas”.
Aunque han tenido que asumir por su cuenta los costos de los procedimientos médicos, resaltan que los reconocimientos públicos que ha hecho el Estado como parte de la reparación han funcionado. “Los reconocimientos públicos sí son importantes porque reconocen las historias de estas personas que se vuelven gigantes con su actuar en la sociedad”, agregó Montoya.
El Estado colombiano realizó un acto público de reconocimiento en la Universidad de Antioquia en 2015, dictado por la Corte IDH, bajo la representación de Guillermo Rivera, consejero presidencial para los DD.HH del gobierno Santos. También colocaron una placa conmemorativa en memoria de Jesús María en el Palacio de Justicia del Departamento de Antioquia.
Un día antes de cumplir 55 años, el 27 de febrero de 1998, Jesús María Valle Jaramillo fue asesinado por dos hombres armados que ingresaron a su oficina en Medellín. La escritora María MacFarland Sánchez-Moreno reconstruyó lo que sucedió aquella tarde de febrero en su libro ‘Aquí no ha habido muertos’:
“Cuando Nelly regresó de almorzar vio dos hombres en la puerta. Tenían trajes y corbatas y llevaban maletines. Pensó que eran clientes por lo que abrió la puerta que daba al área donde se encontraba la pequeña recepción que llevaba a la oficina de Valle. Pero mientras Nelly entraba en la oficina a saludar a su hermano, los hombres la adelantaron y la empujaron en una silla que estaba al otro lado de Valle, quien se sorprendió por un instante. Luego, sabiendo lo que iba a pasar, Valle se giró hacia su hermana y le sostuvo la mirada con firmeza: “Tranquila, Nelly, que ya estamos aquí”.
Nelly Valle era secretaria de Jesús María y en ese momento, también se encontraba Carlos Jaramillo, un habitante de Ituango que venía a charlar con el abogado sobre la situación de la región luego de la masacre de El Aro perpetrada cuatro meses antes. El 22 de octubre de 1997, cerca de 150 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá asesinaron a 17 personas y durante siete días estuvieron en la zona torturando a las víctimas.
El caso de la muerte de Valle llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 2 de agosto de 2001, por el trabajo de sus antiguos compañeros que se organizaron en el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH). Dos años más tarde, el caso fue aceptado y el 13 de febrero de 2007 llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En los tribunales de Costa Rica, sede de la Corte, un año más tarde, el 8 de febrero de 2008, el Estado colombiano reconoció, de forma parcial, su responsabilidad ante la falta de investigación y sanción de los responsables de la muerte de Valle.
Una vida por la defensa de su pueblo
Jesús María había nacido en el corregimiento de La Granja del municipio de Ituango, ubicado en la subregión del norte de Antioquia. De una familia campesina y muy humilde, logró viajar hasta Medellín en los años 60 para estudiar derecho en la Universidad de Antioquia.
Allí se preparó y para 1980, Valle era profesor de ética, un abogado penalista respetado de Medellín y uno de los fundadores del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia, organización de abogados, académicos y doctores voluntarios que trabajaban con los más pobres y contra las injusticias sociales. En el Comité forjó su liderazgo y capacidades para trabajar por mejorar las condiciones de pobreza en la que se encontraban sus vecinos en La Granja.
“Las defensas que él hacía desde el derecho, las hacía para dignificar a personas que realmente no tenían recursos para pagar una buena defensa penal”, recordó en entrevista con esta redacción Luis Fernando Montoya, sobrino de Jesús María.
Otra familiar de Valle, que prefirió que su nombre no fuera mencionada, recordó que su elocuencia y contundencia al hablar motivaba a muchas personas a asistir a sus audiencias públicas. “En el Palacio Nacional de Medellín, tanto empleados como funcionarios que se daban cuenta que era una audiencia con Jesús, esas salas se llenaban para escucharlo, era muy emotivo”, comentó.
En contexto: Jesús María Valle, 20 años de un asesinato que dejó “infinita tristeza”
En el Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia trabajó junto a Héctor Habad Gómez, Luis Fernando Vélez y Carlos Gónima, hombres que asumieron la presidencia del comité pero fueron asesinados entre agosto de 1987 y febrero de 1988. Una de las integrantes del Comité recordó que entre las décadas de 1970 a 1990, “a los defensores de derechos humanos si no los desaparecían, los asesinaban”.
Diez años más tarde, en 1998, Jesús María asumió la presidencia de la organización que fue llamada Comité Permanente por los Derechos Humanos Héctor Abad Gómez, en homenaje al médico antioqueño, también asesinado.
En entrevista con Colombia +20, María Victoria Fallon, quien fue integrante del Comité y ahora directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), recordó cómo vivieron esos años y la forma que buscaron para proteger a Jesús María.
“Tomamos la determinación de que definitivamente no íbamos a tener presidente sino una dirección colegiada tratando de protegernos y de proteger a Jesús, que todos lo reconocíamos como realmente la cabeza. Jesús María tenía un peso importante como vocero de los defensores de derechos humanos en Antioquia”, explicó Fallon.
“Tomamos la determinación de que definitivamente no íbamos a tener presidente sino una dirección colegiada tratando de protegernos y de proteger a Jesús”
María Victoria Fallon, directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)
El compromiso que tenía Valle con su municipio lo llevó a ser concejal de Ituango y diputado de la Asamblea Departamental en 1972. Acompañó de cerca los procesos judiciales que tenían las familias rurales de Ituango y siguió de cerca el avance paramilitar en Antioquia en los años 90.
Lea también: No más dilaciones: las exigencias de víctimas de masacre de El Aro 25 años después
Max Yuri Gil, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, recordó que tras el asesinato de Jesús María Valle, la defensa de los derechos humanos en el departamento se transformó para mantenerse protegidos en medio de la labor. “Tocó bajarle a la deliberación pública y la denuncia sobre la responsabilidad del Estado, denuncias sobre paramilitarismo y dedicarnos más a la pedagogía y dimensión ética de los derechos humanos”, explicó.
Jesús María se convirtió en el cuarto presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos en ser asesinado de forma consecutiva. Quienes quedaron del equipo, se transformaron en el año 2000 en el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH).
“Decir la verdad, cueste lo que cueste”: Jesús María Valle
Esta frase era uno de los principios del abogado penalista ante los casos que llevaba. Se hizo famosa en una entrevista con un canal de televisión en 1997 sobre las denuncias que venía haciendo, desde un año, de los cientos de asesinatos y desplazamientos, cometidos por paramilitares contra la población de Ituango. Según Valle, estas acciones eran en colaboración u omisión de militares del Batallón Girardot de la Cuarta Brigada del Ejército.
“No me mueven odios contra el Gobernador o el comandante de la Cuarta Brigada… No tengo intereses políticos. Lo hago porque ese es mi pueblo y no quiero que siga sufriendo. Lo hago porque han muerto muchos paisanos, de manera injusta, en plena plaza pública y todos en silencio. Porque hay que decir la verdad, cueste lo que cueste”, manifestó Valle, según lo documentado en el libro ‘Aquí no ha habido muertos’.
Valle le había enviado el 20 de noviembre de 1996 una carta al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, manifestándole la angustia de los niños, mujeres y ancianos de Ituango sobre el asesinato de 150 personas entre septiembre y noviembre de ese año. Meses atrás, el 11 de junio de 1996, paramilitares de las las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá asesinaron a cinco personas del corregimiento La Granja porque supuestamente eran ‘auxiliadores de la guerrilla’. Sin embargo, las víctimas eran líderes y campesinos de la zona.
Lea: Consejo de Estado condena a la Nación por desplazamiento forzado en La Granja
Jesús María Valle seguía denunciando estos hechos, en diferentes espacios, ante la falta de respuestas por parte del Gobierno. Una de sus intervenciones más recordadas fue su discurso sobre la situación de derechos humanos en el departamento, el 25 de agosto de 1997 en la Universidad de Antioquia.
“Aparecían fuerzas oscuras que reemplazaban al alcalde: los comandantes. Esas fuerzas se fueron ubicando en los perímetros urbanos y generaban un estado de terror y de zozobra y los campesinos caían asesinados… Los militares, los paramilitares y las Convivir se confunden en los uniformes, en las sedes y en los vehículos que utilizan… Hoy puedo decir que el meridiano de la violencia pasa por Antioquia. Estamos exportando, a través de una concepción equivocada del orden público, violencia a departamentos pacíficos como los de la Costa y el Chocó… Y yo he ido a todas partes invocando el Derecho de Petición para la población campesina y no he recibido una respuesta positiva. Esa es la situación dramática que presenta hoy Antioquia y es el informe que puedo rendir con honestidad en este recinto, sin odios contra nadie, pero con una infinita tristeza”, expresó Valle aquella vez.
“Los militares, los paramilitares y las Convivir se confunden en los uniformes, en las sedes y en los vehículos que utilizan”
Jesús María Valle en su discurso el 25 de agosto de 1997.
El gobernador de Antioquia de la época, Álvaro Uribe Vélez, y el entonces comandante de la Cuarta Brigada, Carlos Alberto Ospina, afirmaron que las denuncias de Valle eran falsas, lo denunciaron por calumnia y lo acusaron de ser “enemigo de las Fuerzas Armadas”.
“Jesús María tuvo el valor de ponerse el lado de la población y confrontar al hombre más poderoso que había en ese momento en Antioquia y que luego se convirtió en el hombre más poderoso de Colombia, que fue Álvaro Uribe Vélez, y no le importó”, recordó Fallon.
Le puede interesar: Onda Pacífica | Ituango: nuevos aires de resistencia
Nubia Ciro Zuleta, socióloga y coordinadora de Agenda Ituango, le contó a Colombia+20 el impacto que tuvo el asesinato de Jesús María para las poblaciones del municipio. “La población queda completamente a merced de los actores armados que estaban allí en connivencia abierta y absoluta con el Ejército y la Policía. El mensaje que enviaron a los territorios fue muy duro: el que denuncie, el que abra la boca, el que levante la mano, ese es aniquilado”.
El asesinato de Jesús María y las masacres de El Aro, La Granja y San Roque fueron clasificados como delitos de lesa humanidad por la Corte Suprema de Colombia en 2018, 12 años después de la condena al Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre estos hechos.
La reparación
La Corte IDH en su fallo emitido en 2009 dispuso que el Estado debía brindar tratamiento psicológico y psiquiátrico requerido a las víctimas de estos hechos, es decir, a su hermana Nelly y a su amigo Carlos Jaramillo, principalmente.
Luis Fernando Montoya es hijo de Nelly Valle, y en entrevista con Colombia+20 relató las afectaciones que vivieron a nivel familiar, a raíz del asesinato de su tío. “Si ha habido una ausencia en la reparación a la familia, se afectó la confianza, la seguridad, el trato, el miedo, todo eso hace que la vida cambie totalmente. Mi mamá no pudo salir de casa casi dos años, su vida laboral o su calidad de vida se vieron afectadas”.
Aunque han tenido que asumir por su cuenta los costos de los procedimientos médicos, resaltan que los reconocimientos públicos que ha hecho el Estado como parte de la reparación han funcionado. “Los reconocimientos públicos sí son importantes porque reconocen las historias de estas personas que se vuelven gigantes con su actuar en la sociedad”, agregó Montoya.
El Estado colombiano realizó un acto público de reconocimiento en la Universidad de Antioquia en 2015, dictado por la Corte IDH, bajo la representación de Guillermo Rivera, consejero presidencial para los DD.HH del gobierno Santos. También colocaron una placa conmemorativa en memoria de Jesús María en el Palacio de Justicia del Departamento de Antioquia.