Jorge 40 puede aclarar si la Drummond financió a los paramilitares: exjefe de las AUC

“Tengo la certeza que una vez pise una cárcel ordinaria colombiana, van a asesinarme”, le dijo Rodrigo Tovar Pupo, o Jorge 40, al presidente Iván Duque en una misiva fechada el 1 de octubre y dada a conocer esta semana. En ella, el exjefe paramilitar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) pidió protección no solo por su derecho a la vida, “sino también por las víctimas de este país que necesitan conocer la verdad de esta parte de la historia del conflicto que me corresponde”.

La parte de la historia del conflicto que le corresponde a Tovar Pupo y que para algunos aún sigue sin esclarecerse es gruesa y está ligada a la estela de sangre que dejaron los paramilitares en el Caribe colombiano. Además de más de un centenar de masacres, desplazamientos forzados y asesinatos de líderes sindicales, el exjefe paramilitar tiene aún mucho por decir en un capítulo en el que falta mucho por esclarecerse: la financiación de las AUC por parte de grandes sectores empresariales. Uno de esos, el del carbón en el departamento del Cesar y en particular de la minera estadounidense Drummond.

A finales del año pasado, como contó El Espectador, seis directivos de esa carbonera fueron llamados a indagatoria y vinculados formalmente a una investigación penal por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, este último por dos líderes sindicales de esa empresa asesinados por paramilitares en marzo de 2001.

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Los llamados a indagatoria fueron Augusto Jiménez, presidente de la Drummond en Colombia entre 1990 y 2012; José Miguel Linares, vicepresidente ejecutivo de la época y actual presidente; Alfredo Araújo, gerente de relaciones con la comunidad, capturado en 2015 y dejado en libertad; Jorge Garzón Hernández, director de seguridad de ferrocarril entre 1996 y 2006, y Ricardo Linero y Luis Rodríguez Victoria, coordinadores de seguridad de la mina entre 1996 y 2005.

En esa historia un testimonio clave es el de Óscar José Ospino, conocido en la guerra como Tolemaida, quien comandó por casi seis años el Frente Juan Andrés Álvarez, que operó en el corredor minero del Cesar, fue el que ejecutó el doble homicidio de los líderes sindicales y es el que supuestamente habría recibido financiación de la Drummond. Hablamos con él en Bogotá y la versión que sostuvo en la entrevista contradice lo que han dicho otros exintegrantes de esa misma estructura paramilitar, quienes han afirmado haber sido testigos directos de pagos hechos por la carbonera a ese frente del Bloque Norte.

Tolemaida asumió la comandancia de ese frente en julio de 2000, luego de que el anterior comandante, John Jairo Esquivel, conocido como El Tigre, fuera capturado por las autoridades. Este último, de hecho, es uno de los exparamilitares que ha declarado que la Drummond financió al Juan Andrés Álvarez. Para Ospino, es improbable que su antecesor en el frente tuviera conocimiento de dichos pagos, por la estructura del Bloque para esa época.

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“Las finanzas que yo recogía como comandante del frente eran unas finanzas a mi alcance, de cierto nivel hacia abajo. La estructura era: Mancuso y Jorge 40, un jefe de finanzas del bloque, un coordinador del bloque y luego vienen todos los frentes. Entonces esas negociaciones de alto nivel con grandes empresarios, mineros, palmicultores, cañicultores, bananeros y grandes hacendados las cobraba el jefe de finanzas del bloque, no el jefe de finanzas del frente”, aseguró.

Sin embargo, no solo El Tigre ha hablado de la presunta financiación de la carbonera al Juan Andrés Álvarez. Por lo menos otros cinco exparamilitares así lo han declarado, así como Jaime Blanco Maya, excontratista de los servicios de alimentación para la Drummond, quien fue condenado en 2013 como determinador del homicidio de los líderes sindicales de la minera, Victor Hugo Orcasita y Valmore Locarno, en marzo de 2001. Buena parte de las declaraciones que ellos le han entregado a la justicia quedaron consignadas en la investigación El Lado Oscuro del Carbón, que la organización holandesa Pax hizo pública en 2014 en Berlín (Alemania).

Allí hay algunas declaraciones que establecen que Tolemaida sí habría tenido conocimiento de primera mano de los pagos de la Drummond a su estructura paramilitar. En particular, la de Alcides Mattos Tabares, conocido como Samario, quien fue escolta suyo. Según él, presenció una reunión en mayo de 2001 en Bosconia, en la que habrían estado Jorge 40 y Tolemaida con Alfredo Araújo Castro, gerente de relaciones comunitarias de Drummond, y un funcionario estadounidense de la empresa. Reunión que se habría dado para coordinar pagos de la carbonera a los paras. Tolemaida sostiene hoy que ese encuentro nunca existió. “Para mayo de 2001, Samario no formaba parte del frente Juan Andrés Álvarez, él estaba en el sur de Bolívar. Él llega al frente en septiembre de 2001 como escolta mío, más de cuatro meses después de la supuesta reunión”, sostuvo.

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Al preguntarle por el interés que tendrían exparamilitares en declarar sobre una presunta financiación de esa empresa a los paras, Ospino aseguró que “el tema Drummond se volvió un negocio. Todo el que declaraba en contra de Drummond recibía plata”. Dinero que vendría, según dice, de los abogados que han acompañado los procesos de las familias de las víctimas de la violencia paramilitar en el Cesar ante cortes de Estados Unidos, país donde está la casa matriz de Drummond.

Allí han intentado probar, en procesos que fueron desestimados por esas cortes, la relación de la carbonera con los paramilitares. Se trataría de los abogados Terrence Collingsworth e Iván Otero. “Dentro del proceso jurídico está demostrado que ellos les giraban una plata a ciertos postulados de Justicia y Paz en las cárceles, bajo la figura de ayuda humanitaria”, dijo el exjefe paramilitar.

Según contó, a él mismo lo habrían buscado para que declarara contra la Drummond. “Cuando a mí me capturan en Venezuela, estando preso allá, fue un abogado colombiano, Francisco Cuellar, a ofrecerme beneficios jurídicos y económicos. Que me daba asilo político si yo declaraba en contra de la Drummond y me daba un pago de $3 millones mensuales durante todo el tiempo que demorara el proceso jurídico. Si la Drummond salía culpable me daban un porcentaje en la plata que tuviera que pagar la empresa. Él me lo dijo a mi y eso ya yo lo dije tanto en Justicia y Paz como en la justicia ordinaria”.

Lo dicho por Tolemaida coindice con la defensa de la Drummond sobre los señalamientos. Particularmente, luego de que Pax publicara su investigación en 2014, la carbonera publicó una carta abierta de 24 páginas en las que sostuvo que varios de los exparamilitares que declararon contra ella cambiaron de versión durante los procesos judiciales y que recibieron pagos de los abogados Collingsworth y Otero.

(Lea también: Los coletazos de la guerra de “Jorge 40” en Magdalena: una restitución estancada)

Hoy, en respuesta a Colombia2020, se reafirmaron en esa postura: “En las últimas dos décadas, Drummond ha ganado cada uno de los casos presentados en su contra. En esas instancias se ha establecido que los testigos que declararon contra la compañía recibieron compensaciones económicas por sus testimonios, los cuales resultaron contradictorios y/o falsos. Esto llevó a un Juez federal en Estados Unidos a encontrar una causa probable de que Terrence Collingsworth, el abogado que presentó las demandas contra Drummond, participó en el soborno y perjurio de los testigos. Esto fue denunciado por Drummond ante la Unidad Quinta de Falsos Testigos de la Fiscalía General de la Nación, entregando las pruebas correspondientes”.

De algunos de los exparas que han declarado en el proceso de Drummond organizaciones de víctimas han pedido que se les investigue por falso testimonio, como Javier Ernesto Ochoa, conocido como El Mecánico, y a Samario. Es el caso del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo que en medio del caso de la desaparición de siete agentes del CTI de la Fiscalía, también a manos del Bloque Norte, pidió que se los investigara pues habrían reconocido que cambiaron sus versiones porque el abogado que los representaba, Iván Otero, les dijo que de esa manera recibirían beneficios jurídicos dentro de Justicia y Paz. También pidieron investigar por fraude procesal y falso testimonio a ese jurista. En ese caso, también El Tigre ha cambiado de versión, lo que ha ocurrido de forma similar en el proceso contra la Drummond.

“¿Que la Drummond queda dentro de la zona del Bloque Norte? Sí, ¿Que de la seguridad que prestábamos nosotros ella se benefició de manera indirecta? Sí, ¿Qué sabían que estábamos ahí? Sí, ¿Qué alrededor de la Drummond estaban los grupos nuestros? Sí, desde el 96 hasta 2006 estuvieron ahí. Eso es cierto. De ahí a que yo hubiese sabido en su momento que Drummond pagaba, nunca lo supe. Por lo menos conmigo no lo hicieron. Quien puede decir eso es Jorge 40, entonces él tendrá que decir si como comandante del Bloque Norte tuvo acercamiento con la Drummond, negociación con ellos y si recibió plata de la Drummond o no para el funcionamiento del Bloque Norte o del frente Juan Andrés Álvarez”, dijo Tolemaida.

Jaime Blanco Maya ha dicho que a través de una sobretasa en las facturas de los alimentos en el contrato que su empresa Industrial de Servicios y Alimentos (ISA) tenía con la Drummond se canalizaron recursos de la carbonera que iban a parar a las arcas del Juan Andrés Álvarez. Sobre eso, Tolemaida afirmó: “Jaime Blanco, como contratista de la Drummond, le pagaba a las Autodefensas, a mí me pagaba. Pero esa plata venía de su empresa. La empresa de alimentación, las de seguridad, los que transportaban el combustible, todo el que tuviese contrato nos pagaba. Por ejemplo, la alcaldía de la Jagua de Ibirico tenia una contratación altísima. El frente le cobraba un 10% a todos los contratistas que ejecutaran obras en ese municipio. Quisieran o no, nos pagaban. ¿Quién me pagaba, el contratista o la alcaldía? Que la plata venga de la alcaldía, sí, pero a mí me pagaba el contratista con su ganancia. En el caso de la Drummond, nos pagaban sus contratistas”.

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Tolemaida también habló del asesinato en marzo de 2001 de los líderes sindicales Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, presidente y vicepresidente, respectivamente, de Sintramienergética, el sindicato de la Drummond. Crimen que él ya reconoció en los tribunales de Justicia y Paz. “Yo recibo la orden de Jorge 40 de organizar un operativo y dar de baja a los sindicalistas de la Drummond porque según él, al parecer ese sindicato estaba penetrado por la guerrilla, en cabeza de Simón Trinidad y que de ahí salía una plata para las Farc”, dijo. En cumplimiento de la orden, encargo a su comandante urbano Adinael para que la ejecutara.

Una de las personas que participó en el operativo fue Jairo de Jesús Charris, quien para la época era jefe de seguridad de la empresa que tenía el contrato de alimentos con Drummond, cuyo propietario era Jaime Blanco Maya. Este último fue condenado en 2013 como determinador de ese doble homicidio.

A finales del año pasado, Blanco Maya fue aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en su plan de verdad aseguró que esclarecería la financiación de la Drummond a los paramilitares, en la que él fungió como intermediario. Mientras tanto, Tolemaida, hombre de confianza de Jorge 40, dice que su antiguo jefe está comprometido con la verdad y que en nada le beneficiaría negar esa financiación, en caso de que existiera. “A Mancuso le preguntaron en Justicia y Paz si tenía conocimiento de ese tema y él dijo que no, porque él en su momento le entregó todo el manejo a Jorge 40, y será él quien tenga que esclarecer esa verdad”.

“Tengo la certeza que una vez pise una cárcel ordinaria colombiana, van a asesinarme”, le dijo Rodrigo Tovar Pupo, o Jorge 40, al presidente Iván Duque en una misiva fechada el 1 de octubre y dada a conocer esta semana. En ella, el exjefe paramilitar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) pidió protección no solo por su derecho a la vida, “sino también por las víctimas de este país que necesitan conocer la verdad de esta parte de la historia del conflicto que me corresponde”.

La parte de la historia del conflicto que le corresponde a Tovar Pupo y que para algunos aún sigue sin esclarecerse es gruesa y está ligada a la estela de sangre que dejaron los paramilitares en el Caribe colombiano. Además de más de un centenar de masacres, desplazamientos forzados y asesinatos de líderes sindicales, el exjefe paramilitar tiene aún mucho por decir en un capítulo en el que falta mucho por esclarecerse: la financiación de las AUC por parte de grandes sectores empresariales. Uno de esos, el del carbón en el departamento del Cesar y en particular de la minera estadounidense Drummond.

A finales del año pasado, como contó El Espectador, seis directivos de esa carbonera fueron llamados a indagatoria y vinculados formalmente a una investigación penal por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, este último por dos líderes sindicales de esa empresa asesinados por paramilitares en marzo de 2001.

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Los llamados a indagatoria fueron Augusto Jiménez, presidente de la Drummond en Colombia entre 1990 y 2012; José Miguel Linares, vicepresidente ejecutivo de la época y actual presidente; Alfredo Araújo, gerente de relaciones con la comunidad, capturado en 2015 y dejado en libertad; Jorge Garzón Hernández, director de seguridad de ferrocarril entre 1996 y 2006, y Ricardo Linero y Luis Rodríguez Victoria, coordinadores de seguridad de la mina entre 1996 y 2005.

En esa historia un testimonio clave es el de Óscar José Ospino, conocido en la guerra como Tolemaida, quien comandó por casi seis años el Frente Juan Andrés Álvarez, que operó en el corredor minero del Cesar, fue el que ejecutó el doble homicidio de los líderes sindicales y es el que supuestamente habría recibido financiación de la Drummond. Hablamos con él en Bogotá y la versión que sostuvo en la entrevista contradice lo que han dicho otros exintegrantes de esa misma estructura paramilitar, quienes han afirmado haber sido testigos directos de pagos hechos por la carbonera a ese frente del Bloque Norte.

Tolemaida asumió la comandancia de ese frente en julio de 2000, luego de que el anterior comandante, John Jairo Esquivel, conocido como El Tigre, fuera capturado por las autoridades. Este último, de hecho, es uno de los exparamilitares que ha declarado que la Drummond financió al Juan Andrés Álvarez. Para Ospino, es improbable que su antecesor en el frente tuviera conocimiento de dichos pagos, por la estructura del Bloque para esa época.

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“Las finanzas que yo recogía como comandante del frente eran unas finanzas a mi alcance, de cierto nivel hacia abajo. La estructura era: Mancuso y Jorge 40, un jefe de finanzas del bloque, un coordinador del bloque y luego vienen todos los frentes. Entonces esas negociaciones de alto nivel con grandes empresarios, mineros, palmicultores, cañicultores, bananeros y grandes hacendados las cobraba el jefe de finanzas del bloque, no el jefe de finanzas del frente”, aseguró.

Sin embargo, no solo El Tigre ha hablado de la presunta financiación de la carbonera al Juan Andrés Álvarez. Por lo menos otros cinco exparamilitares así lo han declarado, así como Jaime Blanco Maya, excontratista de los servicios de alimentación para la Drummond, quien fue condenado en 2013 como determinador del homicidio de los líderes sindicales de la minera, Victor Hugo Orcasita y Valmore Locarno, en marzo de 2001. Buena parte de las declaraciones que ellos le han entregado a la justicia quedaron consignadas en la investigación El Lado Oscuro del Carbón, que la organización holandesa Pax hizo pública en 2014 en Berlín (Alemania).

Allí hay algunas declaraciones que establecen que Tolemaida sí habría tenido conocimiento de primera mano de los pagos de la Drummond a su estructura paramilitar. En particular, la de Alcides Mattos Tabares, conocido como Samario, quien fue escolta suyo. Según él, presenció una reunión en mayo de 2001 en Bosconia, en la que habrían estado Jorge 40 y Tolemaida con Alfredo Araújo Castro, gerente de relaciones comunitarias de Drummond, y un funcionario estadounidense de la empresa. Reunión que se habría dado para coordinar pagos de la carbonera a los paras. Tolemaida sostiene hoy que ese encuentro nunca existió. “Para mayo de 2001, Samario no formaba parte del frente Juan Andrés Álvarez, él estaba en el sur de Bolívar. Él llega al frente en septiembre de 2001 como escolta mío, más de cuatro meses después de la supuesta reunión”, sostuvo.

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Al preguntarle por el interés que tendrían exparamilitares en declarar sobre una presunta financiación de esa empresa a los paras, Ospino aseguró que “el tema Drummond se volvió un negocio. Todo el que declaraba en contra de Drummond recibía plata”. Dinero que vendría, según dice, de los abogados que han acompañado los procesos de las familias de las víctimas de la violencia paramilitar en el Cesar ante cortes de Estados Unidos, país donde está la casa matriz de Drummond.

Allí han intentado probar, en procesos que fueron desestimados por esas cortes, la relación de la carbonera con los paramilitares. Se trataría de los abogados Terrence Collingsworth e Iván Otero. “Dentro del proceso jurídico está demostrado que ellos les giraban una plata a ciertos postulados de Justicia y Paz en las cárceles, bajo la figura de ayuda humanitaria”, dijo el exjefe paramilitar.

Según contó, a él mismo lo habrían buscado para que declarara contra la Drummond. “Cuando a mí me capturan en Venezuela, estando preso allá, fue un abogado colombiano, Francisco Cuellar, a ofrecerme beneficios jurídicos y económicos. Que me daba asilo político si yo declaraba en contra de la Drummond y me daba un pago de $3 millones mensuales durante todo el tiempo que demorara el proceso jurídico. Si la Drummond salía culpable me daban un porcentaje en la plata que tuviera que pagar la empresa. Él me lo dijo a mi y eso ya yo lo dije tanto en Justicia y Paz como en la justicia ordinaria”.

Lo dicho por Tolemaida coindice con la defensa de la Drummond sobre los señalamientos. Particularmente, luego de que Pax publicara su investigación en 2014, la carbonera publicó una carta abierta de 24 páginas en las que sostuvo que varios de los exparamilitares que declararon contra ella cambiaron de versión durante los procesos judiciales y que recibieron pagos de los abogados Collingsworth y Otero.

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Hoy, en respuesta a Colombia2020, se reafirmaron en esa postura: “En las últimas dos décadas, Drummond ha ganado cada uno de los casos presentados en su contra. En esas instancias se ha establecido que los testigos que declararon contra la compañía recibieron compensaciones económicas por sus testimonios, los cuales resultaron contradictorios y/o falsos. Esto llevó a un Juez federal en Estados Unidos a encontrar una causa probable de que Terrence Collingsworth, el abogado que presentó las demandas contra Drummond, participó en el soborno y perjurio de los testigos. Esto fue denunciado por Drummond ante la Unidad Quinta de Falsos Testigos de la Fiscalía General de la Nación, entregando las pruebas correspondientes”.

De algunos de los exparas que han declarado en el proceso de Drummond organizaciones de víctimas han pedido que se les investigue por falso testimonio, como Javier Ernesto Ochoa, conocido como El Mecánico, y a Samario. Es el caso del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo que en medio del caso de la desaparición de siete agentes del CTI de la Fiscalía, también a manos del Bloque Norte, pidió que se los investigara pues habrían reconocido que cambiaron sus versiones porque el abogado que los representaba, Iván Otero, les dijo que de esa manera recibirían beneficios jurídicos dentro de Justicia y Paz. También pidieron investigar por fraude procesal y falso testimonio a ese jurista. En ese caso, también El Tigre ha cambiado de versión, lo que ha ocurrido de forma similar en el proceso contra la Drummond.

“¿Que la Drummond queda dentro de la zona del Bloque Norte? Sí, ¿Que de la seguridad que prestábamos nosotros ella se benefició de manera indirecta? Sí, ¿Qué sabían que estábamos ahí? Sí, ¿Qué alrededor de la Drummond estaban los grupos nuestros? Sí, desde el 96 hasta 2006 estuvieron ahí. Eso es cierto. De ahí a que yo hubiese sabido en su momento que Drummond pagaba, nunca lo supe. Por lo menos conmigo no lo hicieron. Quien puede decir eso es Jorge 40, entonces él tendrá que decir si como comandante del Bloque Norte tuvo acercamiento con la Drummond, negociación con ellos y si recibió plata de la Drummond o no para el funcionamiento del Bloque Norte o del frente Juan Andrés Álvarez”, dijo Tolemaida.

Jaime Blanco Maya ha dicho que a través de una sobretasa en las facturas de los alimentos en el contrato que su empresa Industrial de Servicios y Alimentos (ISA) tenía con la Drummond se canalizaron recursos de la carbonera que iban a parar a las arcas del Juan Andrés Álvarez. Sobre eso, Tolemaida afirmó: “Jaime Blanco, como contratista de la Drummond, le pagaba a las Autodefensas, a mí me pagaba. Pero esa plata venía de su empresa. La empresa de alimentación, las de seguridad, los que transportaban el combustible, todo el que tuviese contrato nos pagaba. Por ejemplo, la alcaldía de la Jagua de Ibirico tenia una contratación altísima. El frente le cobraba un 10% a todos los contratistas que ejecutaran obras en ese municipio. Quisieran o no, nos pagaban. ¿Quién me pagaba, el contratista o la alcaldía? Que la plata venga de la alcaldía, sí, pero a mí me pagaba el contratista con su ganancia. En el caso de la Drummond, nos pagaban sus contratistas”.

(Le sugerimos: Nueve malas prácticas empresariales que profundizaron la guerra, según el Cajar)

Tolemaida también habló del asesinato en marzo de 2001 de los líderes sindicales Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, presidente y vicepresidente, respectivamente, de Sintramienergética, el sindicato de la Drummond. Crimen que él ya reconoció en los tribunales de Justicia y Paz. “Yo recibo la orden de Jorge 40 de organizar un operativo y dar de baja a los sindicalistas de la Drummond porque según él, al parecer ese sindicato estaba penetrado por la guerrilla, en cabeza de Simón Trinidad y que de ahí salía una plata para las Farc”, dijo. En cumplimiento de la orden, encargo a su comandante urbano Adinael para que la ejecutara.

Una de las personas que participó en el operativo fue Jairo de Jesús Charris, quien para la época era jefe de seguridad de la empresa que tenía el contrato de alimentos con Drummond, cuyo propietario era Jaime Blanco Maya. Este último fue condenado en 2013 como determinador de ese doble homicidio.

A finales del año pasado, Blanco Maya fue aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en su plan de verdad aseguró que esclarecería la financiación de la Drummond a los paramilitares, en la que él fungió como intermediario. Mientras tanto, Tolemaida, hombre de confianza de Jorge 40, dice que su antiguo jefe está comprometido con la verdad y que en nada le beneficiaría negar esa financiación, en caso de que existiera. “A Mancuso le preguntaron en Justicia y Paz si tenía conocimiento de ese tema y él dijo que no, porque él en su momento le entregó todo el manejo a Jorge 40, y será él quien tenga que esclarecer esa verdad”.