El 13 de marzo de 2022, Karen Manrique Olarte fue elegida como representante a la Cámara tras obtener una de las llamadas 16 curules de paz o curules para las víctimas que fueron pactadas en el Acuerdo de Paz de 2016 para dar representación a las poblaciones y zonas más afectadas por el conflicto armado.
Manrique es parte de los nueve congresistas que, según la Fiscalía, habrían participado en hechos de corrupción relacionados con la contratación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los nombres de estos políticos aparecieron en medio de las averiguaciones que hizo el ente investigador en contra de los exdirectivos de la entidad Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como del contratista Luis Eduardo López, conocido como el Pastuso.
El martes López habló ante la Corte Suprema de Justicia y entregó, aunque aun sin pruebas, más información sobre la supuesta participación de varios congresistas y al menos tres ministros del gabinete de Gustavo Petro en casos de corrupción al interior de la UNGRD. Señaló que desde las carteras se organizaban reuniones para hacer acuerdos por debajo de la mesa y favorecer iniciativas en el Congreso a cambio de puestos en la Unidad.
En esas declaraciones volvió a mencionarse el nombre de Manrique quien al parecer habría actuado como emisaria del Gobierno en la Cámara mientras era presidenta de la comisión tercera para pactar contratos por más de 92 mil millones de pesos, que la favorecerían a ella y a 5 de sus compañeros de comisión a cambio de apoyos para los proyectos de ley clave.
De acuerdo con Olmedo López, habría un documento escrito de puño y letra de Manrique con las obras que debería ejecutar la UNGRD y el nombre de cada uno los congresistas a los que se favorecería a cambio de esos favores.
Manrique se pronunció sobre este señalamiento en su cuenta de X (antes Twitter) y dijo que Olmedo mentía. “Confío plenamente en las entidades que imparten justicia en nuestro país; esperaré notificación oficial, ya que hasta este momento sé lo mismo que la mayoría de colombianos, lo visto por medios periodísticos y redes sociales. Olmedo López miente, su desespero para ser acogido por un buen acuerdo con la Fiscalía lo está llevando a actuar errónea y mal intencionadamente, estoy segura de que la justicia actuará en favor de la verdad”, afirmó.
Sobre la postura y votación de Manrique sobre proyectos de ley presentados por el Gobierno, por ahora se conoce que votó sí a la reforma tributaria, la de salud y la de educación.
Además: Denuncias de financiación al ELN: esto se ha hablado sobre recursos en negociación
#ElOjoInquisidorCondena Confío plenamente en las entidades que imparten justicia en nuestro país; esperaré notificación oficial, ya que hasta este momento sé lo mismo que la mayoría de Colombianos, lo visto por medios periodísticos y redes sociales.
— Karen Manrique (@KarenManriqueO) July 17, 2024
Olmedo López miente, su… pic.twitter.com/whu4P8PTM6
¿Quién es y cómo llegó al Congreso?
Manrique, especialista en gestión de proyectos y con máster en derechos humanos, quien se lanzó al ruedo político por la Asociación de Víctimas Intercultural y Regional, obtuvo la curul de paz de Arauca con 1.685 votos. Para esas escaños, se exigió que los candidatos tuvieron una fórmula (y para cumplir con la equidad de género se pedía que fuera hombre y mujer). En el caso de Manrique, su compañero era Ismael Jaimes Camargo, quien alcanzó apenas 546 votos.
En contexto: Estos son los elegidos a las 16 curules de paz en la Cámara de Representantes
Por esta curul había otros líderes sociales con trayectoria que aspiraban llegar hasta el Congreso, como John Jairo Hurtado, un líder afrodescendiente del departamento, víctima de secuestro y desplazamiento forzado.
Su trayectoria incluye el paso como secretaria de Bienestar Social de la alcaldía del municipio de Tame, en Arauca, cargo que desempeñó entre enero y abril de 2020.
En 2019, Manrique habría apoyado la candidatura del entonces alcalde de Tame, Aníbal Mendoza, y la candidatura al concejo de Fidel Galindo Guzmán. De hecho, varios habitantes de la región señalaron en su momento que su candidatura habría tenido apoyos políticos del Partido Liberal en el departamento.
La relación de su esposo con el sector de construcción
Otra línea de investigación que se empieza a abrir con la representante son los negocios de su esposo Gustavo González Ruiz, socio de la firma Grucori SAS (Grupo de constructor de la Orinoquía), empresa constituida al menos desde 2015. La empresa ha estado ligada a varios proyectos de infraestructura en la región, incluyendo servicios a oleoductos.
En 2016, González figuró como representante de la Unión Temporal Pavimentado de Arauca, que se presentó como oferente para un contrato con la Gobernación de Arauca. La licitación era por poco más de 12 mil millones de pesos para la “construcción de obras de urbanismo y pavimentación de las vías en proyectos de vivienda”.
Arauca, uno de los departamentos más golpeados por el ELN
Manrique es oriunda de Arauca, uno de los departamentos con más presencia de la guerrilla del ELN. Esa zona del país ha sido blanco de varios ataques de esa guerrilla. Además, en ese lugar se han expuesto sendos casos de corrupción de funcionarios públicos, entre concejales, gobernadores y alcaldes.
Algunas de las denuncias, hasta ahora sin pruebas, de López también hablan sobre un supuesto direccionamiento de contratos para financiar a esta guerrilla en medio del proceso de paz.
Tras ese señalamiento, el senador Iván Cepeda, uno de los negociadores del Gobierno en la mesa de diálogos, rechazó tajantemente las afirmaciones de López. Según el congresista, si bien existe un acuerdo sobre la creación de un fondo multidonante para el proceso de paz, este no tiene nada que ver con las denuncias del exdirector de la UNGRD, quien enfrenta un proceso judicial por el escándalo de corrupción en esa entidad. Además, Cepeda explicó que por el momento no hay ningún avance en ese punto.
La delegación del Gobierno ha explicado en varios momentos de la negociación que no hay sobre la mesa un punto de financiación del ELN. El fondo multidonante, que sí está consignado en uno de los acuerdos alcanzados en un año de diálogos, se refiere a dineros de la comunidad internacional para financiar proyectos de ese proceso de paz, como la participación de la sociedad civil, pero nunca para fines relacionados con la manutención del grupo mientras no abandone las armas.
Sin embargo, la posibilidad de que el ELN adquiera recursos de contratación estatal es máxima, aunque se aclara que no es a través del proceso de paz. Esto porque el modus operandi de esa guerrilla en ese departamento ha sido a través de extorsiones o de influir con candidatos en las elecciones regionales. La Misión de Observación Electoral (MOE), en una monografía político-electoral sobre Arauca entre 1997 y 2007, concluyó que desde 1990 el Estado en el departamento fue “capturado”. El frente Domingo Laín Sáenz del ELN, explicó, a partir de ese momento, “se involucró en los procesos electorales para garantizar que sus aliados ocuparan cargos de elección popular y, así, dominar el terreno estatal y capturar los recursos de las regalías del petróleo”.
Según investigaciones de El Espectador, la UNGRD llevó a cabo al menos dos grandes proyectos justo cuando el ELN amenazó con volver a los secuestros. “La UNGRD entregó hace unos meses las ollas comunitarias, que fueron casi por $18.000 millones. Pero se las dieron a las organizaciones sociales y en el departamento fue un escándalo porque mucha gente denunció que la comida estaba en mal estado y que, si eran dos platos de comida, les daban solo uno”, le dijo a este diario Edgar Guzmán, exsecretario de la Gobernación de Arauca para el periodo 2022. Salió del departamento por amenazas de muerte.
En contexto: Arauca y una historia de cómo el ELN se adueñó de la contratación estatal
En el historial de funcionarios están, por ejemplo, Luis Colmenares, primer gobernador de elección popular, (1992-1994), quien fue investigado por supuesta entrega de dinero al ELN a través de fondos públicos de fomento. Colmenares fue asesinado por paramilitares en 2001. Dos de los últimos gobernadores, Ricardo Alvarado (2016-2020) y Facundo Castillo Cisneros (2012-2015 y 2020-2021), están en juicio por presuntamente contratar con esa guerrilla.
