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La negociación del Gobierno de Gustavo Petro y la disidencia que ahora se denomina el Estado Mayor de los Bloques (EMB) comandado por Alexander Díaz, conocido como Calarcá Córdoba, empezarán este viernes 11 de octubre en Bogotá el sexto ciclo de diálogos.
Esta ronda de negociación estará marcada por la premura de la extensión del cese al fuego que se vence el próximo martes 15 de octubre. Todo indica que sí se ampliará ese alto al fuego, aunque las partes aún no se han puesto de acuerdo sobre si será por tres o por seis meses. De hecho, el pasado 27 de septiembre se reinstaló el mecanismo para verificar y monitorear ese cese.
Esa negociación se considera uno de los dos procesos “estrella”. El otro era el del ELN que está suspendido desde hace tres semanas. Por eso el avance de esta mesa es clave para el Gobierno de Gustavo Petro, cuya apuesta de paz total por ahora no le da tantos réditos.
Camilo González Posso, jefe negociad del Gobierno con esa disidencia habló con Colombia+20 sobre lo que se espera de esta ronda y lo que viene para esa negociación.
En el acta del pasado ciclo, el de julio, se había dicho que la próxima ronda iba a ser a finales de septiembre. Nosotros tuvimos información de que sería el viernes pasado. ¿Ya hay fecha para el inicio de este sexto ciclo?
Sí. A partir de la próxima semana iniciamos con reuniones con comisiones para estar en plenaria a partir del viernes. Vamos a estar ambas delegaciones en Bogotá.
Aparte del cese al fuego, cuya vigencia termina el próximo 15 de octubre, ¿cuáles serán los puntos a tocar en este ciclo?
El cese, sin duda. También el fortalecimiento de todos los mecanismos para que se garantice el respeto a la población civil, todo lo relacionado con el Derecho Internacional Humanitario. Hay que revisar muy bien que funcione el mecanismo de verificación y todo lo que tiene que ver con el respeto a la población civil.
También se debe avanzar en tener un cronograma más preciso para llevar a cabo las transformaciones territoriales. Y te diría que es muy importante ponerle tiempo y metodología a la construcción de la agenda de este acuerdo de paz. Ya se definió un temario casi desde el año pasado, entonces ya es la hora de que se le ponga metodología, participación, tiempos, para que eso se vuelva realidad. No podemos postergar la construcción de los temas del acuerdo.
¿Cómo se ha abordado desde la mesa la declaración de guerra que hizo Mordisco hace un mes en contra de los frentes de Calarcá y todo lo que ha venido después con los enfrentamientos que se han presentado entre ambos grupos armados?
No hemos tenido ninguna manifestación que indique cambios por ese tipo de situaciones, pero es un hecho que sí hay una escalada verbal y de operaciones en el Bajo Caguán. Eso afecta mucho a la población y por supuesto preocupa a la mesa y habrá necesidades para reforzar esa seguridad. Pero sobre todo la gente lo que está planteando es que en esos enfrentamientos los que se han perjudicado son ellos, las comunidades. Hay un llamado de la gente, yo lo pude escuchar en la visita que hicimos al Caguán el domingo, diciendo que ojalá se busque hacer una especie de tregua entre esos sectores.
¿En la mesa se hablará algo sobre el tema de las extorsiones? Es un tema que preocupa a varios gobernadores, por ejemplo, la del Meta, Rafaela Cortés, que ahora tiene un papel de facilitadora.
Desde ciclos anteriores hemos venido insistiendo sobre esos temas que son gravísimos. En el quinto ciclo se entregó un documento y que dejó planteamientos muy fuertes sobre el tema de la extorsión y la extracción. Vamos a abordar eso también en los próximos ciclos. Eso es un claros en todas las regiones.
También se definió el tema de la georreferenciación para entregarles a las autoridades las coordenadas de dónde están los frentes de ese grupo, pero dicen que hay retrasos con eso. ¿Es así?
Por ahora no. Obviamente, no hay mucha experiencias sobre este tema y menos en el marco de un proceso de negociaciones. Entonces se requiere un acuerdo sobre ello porque para unos la georreferenciación puede significar concentración y para otros puede ser otra cosa. Todo eso forma parte de lo que hoy se está estudiando y construyendo.
En el acta de la reunión decían que se tenían que hacer unas acciones urgentes. Una de ellas era la de la gestoría de paz de las cuatro personas que fueron detenidas en el episodio de las camionetas de la UNP en Anorí. Se ha dicho que hay molestia en el grupo porque esas personas no han salido de la cárcel. ¿En qué va eso?
Sí, se dijo que se iban a hacer gestiones, pero nunca se dijo que era una condición previa para empezar el ciclo. El procedimiento es que la mesa lo solicitó, el presidente lo estudió y firmó, dando el visto bueno a ese decreto que los autorizaba como gestores. Eso pasa a un juez que debe estudiar unos documentos, como un plan de trabajo sobre el rol que ellos van a ejercer. Es un requisito para el juez, quien después de eso hace su procedimiento. Puede pedir más información, puede pedir ampliación del plan de trabajo y luego resuelve si salen o no. Eso no es algo automático, es un proceso demorado.
Hago una claridad muy importante y es que el criterio para que alguien sea gestor de paz es que pertenezca a esas estructuras o haya pertenecido y que, por ese conocimiento, se comprometa a trabajar para que se produzcan acciones de paz. Eso no es un título de mérito. Se nombra gestor a alguien que conozca a los grupos y les pueda hablar.
En contexto: Caso UNP: Disidentes de FARC capturados en retén en Medellín serán gestores de paz
En esa acta también se dijo que se debía atender la situación del señor Hermes Tovar, quien es conocido como Boyaco, y es uno de los que están en la cárcel. ¿Se hizo esa gestión?
Sí, todo se ha hecho. Se hizo toda esa atención médica y su ubicación.
La otra cosa que decía el acta era reafirmar el reconocimiento político de este nuevo grupo, es decir, del Estado Mayor de los Bloques. ¿Eso también ya se hizo? Entiendo que tener la misma mesa es ya un gesto de reconocimiento, pero ¿habrá un decreto para ello?
Sí, exacto solo el hecho de que esté en una mesa y las mismas resoluciones para los representantes de ese grupo en la mesa se hace sobre la base del reconocimiento político. Lo que pasa es que sí hay otro paso adicional que es el decreto, porque ellos (la disidencia) han estado interesados en que se haga un acto administrativo específico aparte. Esas definiciones y ese decreto están andando. Yo creo que es un buen instrumento complementario, pero no ha estado en duda nunca desde los diálogos de sentido político. En resumen, se está tramitando ese decreto, pero el reconocimiento político ya está dado.
Hablemos del tema de transformaciones territoriales que ha estado presente en varias actas y acuerdos de esta mesa. ¿En qué se ha avanzado en ese sentido?
Se han hecho jornadas en el norte de Santander sobre diferentes temas relacionados con proyectos productivos, con cuestiones educativas, con asuntos ambientales de reforestación y protección de humedales, con mujeres y con jóvenes. En Antioquia se han hecho reuniones para estudiar una estrategia de recuperación forestal y de reconversión productiva. Es un ejercicio que se ha hecho con varios municipios. Es un proyecto importante que también se puso en consulta con diferentes entidades.
En la zona del Caquetá, la Agencia Nacional de Tierras ha continuado la evaluación de predios. Es un trabajo muy avanzado, muy detallado en lo que tiene que ver con toda la identificación de precios y delimitación de ordenamiento territorial. Porque hay predios que son de segunda, que son baldíos o por parte de la frontera agrícola. Es un trabajo importantísimo y es un trabajo muy avanzado. Lo mismo que los estudios alrededor de ciertas iniciativas productivas, particularmente experimentos agroindustriales y agro técnicas en maíz. Y lo mismo que todo lo que han sido los pasos necesarios para la parte educativa. Sobre eso vamos a informar. Pero por supuesto que en el Estado y en cualquier gobierno esas cosas tienen su trámite. Llevamos cinco meses y con toda la interferencia y las situaciones críticas siempre se han mantenido las actividades.
En el quinto ciclo también se avanzaron en cosas como la realización de una iniciativa frente a la lucha por detener la tala de selva del Arco Amazónico. Sobre eso se planteó la realización de unos eventos para presionar y estimular que se detenga esa tala que se hace en los últimos años. Es una tarea pendiente, y urgentísima. Es de las tareas del quinto ciclo sobre la que hay mayor expectativa, sobre todo de cara a la COP.
¿Y es cierto que ha habido otras reuniones con comunidades que no se han podido hacer, digamos, por cruce de agendas con algunos ministerios? Hace unos días se supo de una amenaza de paro por parte de comunidades campesinas en Meta, Caquetá y Guaviare que demandan estos encuentros e incluso decían que era un boicot de esas carteras...
No, no, ahí no ha habido ningún boicot. Lo que sí es que hubo vario cruces de agendas, también el paro camionero y por eso se solicitó el aplazamiento de varios encuentros. Y, es cierto, que algunas de esas cosas ocurrieron también porque el presidente está en una gira con algunos ministerios y eso hizo que se cruzaran las agendas.
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El otro tema del que se dijo que se hablaría es la solicitud de la familia de David Fernández, quien es el joven de Primera Línea que, según Mordisco, habría sido reclutado y asesinado por la disidencia de Calarcá. ¿En qué quedó ese asunto?
Sí, eso se ha aclarado suficientemente. Se van a tener noticias esclarecedoras en las próximas semanas. Pero sobre eso no quiero dar más detalles porque hay de por medio asuntos que le conciernen solo a su familia.
Y por último se decía sobre las visitas a las cárceles por la Comisión Jurídica Mixta. ¿De eso qué ha pasado?
La Comisión Jurídica Mixta ha estado pendiente evaluando las situaciones en las cárceles. No tengo claro si se hicieron visitas o si hubo gestiones con el INPEC. La Comisión tiene una programación y si ha habido algunos inconvenientes con algunas visitas para que se cumplan, pero creo que la Comisión está funcionando bien.
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