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Nadie le consultó al pueblo indígena yukpa la decisión del Gobierno de tramitar uno de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR) pactados en el Acuerdo de Paz de La Habana, ni la posible constitución de zonas de reserva campesina. Eso fue lo que concluyó la Corte Constitucional en un fallo reciente, al proteger el derecho fundamental a la consulta previa de las casi 500 familias indígenas que hacen parte de la comunidad, ubicada en la parte alta de la Serranía del Perijá, entre el Cesar y La Guajira.
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El fallo, por una parte, ordenó al Gobierno evaluar en los próximos cuatro meses la ubicación de los ETCR. Por otra, si se comprueba que este está en el territorio ancestral de los yukpas, “deberá proceder a realizar la consulta previa con dicha comunidad indígena, respetando los estándares constitucionales e internacionales, en el término máximo de cuatros meses”. Además, la Corte Constitucional le ordenó a la Agencia Nacional de Tierras empezar desde ya el trabajo para delimitar el territorio de la comunidad.
La Corte Constitucional aseguró que “echa de menos que el Gobierno Nacional, conociendo la resistencia que la implementación de la entonces Zona Veredal Transitoria de Normalización de La Paz (Cesar) estaba generando en el pueblo yukpa, no hubiera sido más insistente en la búsqueda de espacios de diálogo y concertación con las comunidades posiblemente afectadas, en aras de tramitar adecuadamente sus inquietudes y prever un manejo de los posibles impactos sobre sus derechos territoriales de autogobierno y autodeterminación”.
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Además, no se trata de un asunto nuevo. Los yukpas, por lo menos desde 2016, ya habían manifestado públicamente que se oponían a que instalaran en su territorio zonas transitorias para las Farc, y pedían cuando menos una consulta previa para discutirlo. El Espectador intentó comunicarse con la oficina del alto comisionado para conocer en qué va el cumplimiento de las órdenes de la Corte. La respuesta fue que no han sido notificados, pese a que la sentencia fue firmada hace ya dos meses y entidades como la Defensoría del Pueblo también fueron notificadas.
Los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, nacieron con el nombre de zonas veredales transitoria de normalización y fueron creados para reintegrar a los miembros de las Farc a la sociedad tras la firma del Acuerdo de Paz. Guillermo Cabrales, miembro del pueblo yukpa, aseguró: “Lo que se entendía era que el pueblo yukpa estaba en contra de la paz. Al contrario, apoyamos la paz pero que, si nos van a poner una zona veredal, se haga una consulta previa”.
Édwar Álvarez, dirigente social del Catatumbo y experto en temas territoriales, ambientales y étnicos, agrega: “En este momento hay unos indígenas encajonados en una grave crisis humanitaria y alimentaria en los municipios de La Paz, Becerril y Codazzi (Cesar), porque unas tierras las tienen los campesinos y las más prósperas las tienen la minería y la industria en la parte baja de la serranía. Otros están desplazados en Santa Marta, Valledupar y Mingueo, y el Estado no los quiere retornar”.
Cabrales confirmó la delicada situación de su comunidad: “De los seis resguardos que conforman el pueblo yukpa como tal, es muy poca la tierra que se tiene utilizada legalmente. Podemos decir con certeza que hay resguardos que solo tienen 200 hectáreas para unas 80 familias, lo cual no permite producir el alimento necesario ni prácticas culturales”.
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La omisión de la consulta, por parte del Gobierno, fue inexplicable para la comunidad yukpa. Ellos insisten en que la zona que quiere utilizar el Estado está dentro de su territorio ancestral y le han pedido de todas las maneras que mida oficialmente su terreno para protegerlo. Desde octubre de 2016, la Agencia Nacional de Tierras se comprometió a hacerlo. Pero hasta la fecha, la Corte Constitucional asegura que no se ha hecho el trabajo con la comunidad y por eso le ordenó a la Agencia que lo haga sin más demoras.
Dentro del material que el alto tribunal tomó en cuenta en el caso está la firma, en 1989, del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mejor conocido como el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales. El artículo 15 asegura que el derecho de los grupos étnicos al territorio establece que deben “participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos”. El artículo 6º, además, es claro en que se debe “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
La comunidad indígena es seminómada y es una de las pocas que utiliza siete dialectos caribe. Se ubica en los municipios de Becerril, Codazzi y La Paz, en el Cesar. Durante años vivieron fuertes tensiones territoriales con “latifundistas, campesinos, colonos, palmicultores, ganaderos y mineros, a lo que se sumó la situación de violencia por la presencia de grupos armados al margen de la ley. Lo anterior implicó que el pueblo yukpa fuera confinado a vivir en la parte alta de la Serranía de Perijá en pequeños resguardos”, se lee en el fallo de la Corte. Cabrales asegura que desde la llegada de la Iglesia católica quedaron confinados en la parte alta de la Serranía del Perijá.
El camino es positivo para los yukpas. La orden de la Corte Constitucional abre una puerta para que el lugar donde preservan su cultura pueda permanecer intacto. En unos meses el Gobierno tendrá que comenzar a entregar resultados, lo cual, para Cabrales, no es ir en contra de la paz. Al contrario, significa apoyarla haciendo valer los derechos fundamentales indígenas para proteger su territorio ancestral.