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“No importa cuánto nos cueste ni cuánto tengamos que ceder, vamos a dejar de matarnos. (...) Sólo un ciego, un bruto o una persona llena de odio no lo logra entender. Esto es la garantía de que algún día, muy pronto, vamos a poder mirarnos a los ojos sin odiarnos”.
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Estas palabras las pronunció Yolanda Pinto de Gaviria durante la firma del decreto que le dio vida a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y dejan ver la expectativa de las víctimas respecto a su puesta en marcha, sobre todo tratándose de uno de los principales ejes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado por el Gobierno y las Farc en La Habana.
Y si bien es cierto que con la firma presidencial todo quedó dispuesto para su funcionamiento, también lo es que los ajustes y preparativos para que opere al 100 % tomarán por lo menos seis meses, pues aún falta elegir a los 11 comisionados que la integrarán.
Con una labor tan titánica por delante, como es el esclarecimiento de hechos ocurridos durante más de 50 años de conflicto armado, la Comisión tiene varios retos inmediatos y a largo plazo, aún más si se tiene en cuenta que, como quedó estipulado en el Acuerdo de Paz, tendrá una duración de tan sólo tres años. Así lo asegura Álvaro Villarraga, encargado de la Dirección de Acuerdos de Verdad del Centro de Memoria Histórica, quien se ha dedicado en los últimos años a trabajar sobre el tema, puntualmente respecto a hechos relacionados con el paramilitarismo. En entrevista con El Espectador, Villarraga explica por qué el mayor reto de la naciente Comisión será lograr reunir las voces de todos los sectores de la sociedad.
¿Cree que un período de tres años sea suficiente, teniendo en cuenta que hay que escudriñar en más de 50 años de conflicto armado?
Es un tiempo apretado, pero hay un mandato y debe cumplirse. No parto de cuestionar sino de advertir que es bastante justo. Pero también hay argumentos justos que señalan que este es un tiempo histórico y que prolongar demasiado la Comisión de la Verdad le puede quitar el efecto necesario en la aplicación de los pactos de paz y en tener unos resultados prontos frente a la sociedad. Ahí tiene un gran reto la Comisión.
¿Cuál podría ser entonces el reto inmediato?
Hay un acierto en haber dado un período de seis meses para el diseño de la Comisión, para que se dé el montaje de toda la estructura y la metodología a implementar, porque la Comisión no puede salir a experimentar y a tener errores. Debe aprovechar muy bien este tiempo para definir una metodología y una forma muy hábil de lograr la participación de diversas voces de la sociedad, para tener presencia regional y territorial, una sintonía y una capacidad de inclusión y de concertar voces. Va a ser una comisión plural y los ejercicios y las audiencias serán para recibir muchas voces. La memoria se debe nutrir de un ejercicio de pluralidad y con los debates que se han dado en torno a asuntos como responsabilidades, dinámicas victimizantes, efectos y expresiones de la crisis humanitaria. Va a ser un ejercicio de permanente y muy sano debate y hay un gran reto a canalizar.
Pero si de lo que se trata es de reunir todas las voces posibles, ¿cómo hacer para incluir a los sectores de la sociedad que siguen escépticos frente al proceso de paz?
La Comisión debe responder a unos quereres y a unos anhelos nacionales. No se trata de una comisión sólo para unos sectores de la sociedad, y ahí hay un gran reto, porque a todas luces el proceso de paz no ha contado con el respaldo y la sintonía de toda la ciudadanía y hemos tenido la fractura de opiniones y sectores aún reacios o contrarios al Acuerdo de Paz. Ese es un gran reto para la Comisión: que no sea algo solamente a satisfacción o con participación de los sectores que tienen simpatía con el Acuerdos de Paz. Debe aspirar a representar un consenso nacional y a tener la capacidad de acordar unas conclusiones que señalen recomendaciones y que tengan un eco positivo, en lo posible, en el conjunto de la sociedad frente a muy diversos actores. Por eso la Comisión debe ser muy abierta para que lleguen todas las expresiones, aun las renuentes al mismo proceso de paz. Eso es algo necesario.
¿Y esos anhelos nacionales y expectativas altas no podrían jugar en contra de la Comisión?
Existe el riesgo, pero habría que advertir varias cosas. Primero, que no es el primer ejercicio de esclarecimiento de la verdad. En Colombia hay antecedentes valiosos desde la propia sociedad, desde el Estado y la justicia. Además, si bien es cierto que la Comisión es clave, también lo es que representa una pieza más y que la expectativa debe ser adecuada a reconocer que este es un proceso que viene andando. También hay que entender el papel específico que tiene, porque puede haber expectativas más allá de lo que realmente le corresponde y puede hacer. Es claro que —como es su espíritu— se trata de la respuesta a la impunidad que ha predominado ante la crisis humanitaria y no está diseñada para resolver grandes vacíos de justicia en todos los casos de victimización. La Comisión tiene su límite y tiene que priorizar. Tiene que dar unos diagnósticos para los que se puede apoyar en casos emblemáticos, en formas de victimización y en formas metodológicas para ilustrar lo que sucedió, pero no va a dar cuenta de todos los casos, será imposible.
Sin embargo, la gente espera mucho...
Las expectativas también deben moderarse en entender exactamente lo que es su mandato, porque es claro y apunta en particular a un informe de reconocimiento de víctimas, de reconocimiento de responsabilidades. Es un informe síntesis, no una respuesta completa que falsamente se puede esperar.
La Comisión basará su trabajo en la participación de las víctimas y todos los sectores de la sociedad. ¿Existen condiciones para que se den estos espacios?
En Colombia hay todas las condiciones para que se den unos ejercicios muy participativos en las audiencias, en los ámbitos de los territorios, en los sectores sociales, rurales y urbanos, en las distintas formas de victimización. También hay condiciones para contar con la voz de los distintos actores. Si somos optimistas y se logra un pacto de paz también con el Eln, eso facilitará que haya un contexto general del proceso de paz, porque también tienen que hablar el Estado, la Fuerza Pública, los paramilitares, las Farc, las guerrillas que existieron antes, como el M-19 y el Epl. Ojalá alcance la dinámica de tres años para que se haya consolidado un acuerdo con el Eln. Ellos vienen mandando signos positivos desde conversaciones anteriores y ahora lo reiteran. Coinciden en que el tema de la verdad es central, que debe ser toda la verdad y la verdad de todos. Creo que es una consigna válida.
Hay sectores que sugieren que para que exista verdad completa se deben desclasificar los archivos militares. ¿Considera viable la propuesta?
El Acuerdo de Paz es muy claro en decir que se trata de un esclarecimiento de la verdad de lo sucedido con respecto a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, y en ese sentido están incluidas las diversas responsabilidades. No hay ninguna duda de que la Comisión está también comprometida con señalar claramente las responsabilidades estatales, gubernamentales, de la Fuerza Pública y de los organismos de seguridad, y que no hay ninguna limitación. Además tiene que reconocer a las víctimas en su conjunto, y eso incluye a las víctimas de crímenes de Estado, de casos tan significativos como los crímenes contra la Unión Patriótica. En mi opinión, eso está clarísimamente contemplado en el centro de lo que es el informe. Obviamente, siempre ha habido debate, y seguirá habiendo, sobre los niveles de responsabilidad y la centralidad de esas responsabilidades.
Terminado el período de tres años de la Comisión, ¿qué viene?
Las experiencias como la peruana señalan que, después de que la Comisión de la Verdad termine la labor específica de su mandato y entregue su informe, debe quedar también una dinámica de continuidad en labores de difusión de sus resultados, de aplicación de recomendaciones y de pedagogía hacia la sociedad de lo que logró condensar en su documento. Hay que aprovechar su propio legado y el contenido de su informe con el concurso de unas dinámicas que habrán de habilitarse en su momento.
¿Con qué trabajo previo contará la Comisión de la Verdad para comenzar a realizar su trabajo?
Cuenta con el legado del Centro Nacional de Memoria Histórica. Claro, también tendrá muchas fuentes de información, porque hay ejercicios autónomos desde la sociedad, desde las organizaciones de derechos humanos, desde las organizaciones de víctimas, incluso con más antecedente que los esfuerzos del Estado. Se pueden recuperar informes relativos a la memoria histórica en el país desde los años 80, desde finales de los 70. Ejercicios como los distintos tomos del informe que se llamó“ Nunca más” y múltiples informes que fueron saliendo. Otra fuente para la Comisión serán los aportes directos de la comunidad internacional y de los organismos de derechos humanos. Las 17 sentencias de la Corte Interamericana, los tres informes generales sobre Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe anual —ya por dos décadas— de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informes de Acnur sobre desplazamiento y refugio, aportes también con relación a temas de desplazamiento forzado, entidades como Codhes, entre otras.
¿Cuál va a ser, entonces, el aporte del Centro de Memoria a la Comisión de la Verdad?
Hay una construcción de un aporte importante. Son numerosos los informes realizados de casos regionales, de sectores sociales victimizados, elementos históricos de los diversos actores del conflicto, el tratamiento en enfoques diferenciales. Hay una contribución copiosa y sobre todo informes elaborados desde el Centro Nacional de Memoria Histórica. No se trata sólo de historias sino de respuestas claves de las demandas del derecho a la verdad, de recuperar el nombre y la dignidad de las víctimas, de hacerlas partícipes en las revelaciones, en sus formas de resistencia en toda la trayectoria de la victimización, pero asimismo de los horizontes que se han venido construyendo. Ver que el ejercicio de memoria histórica es parte de la reparación colectiva.
¿Cómo se ha orientado el trabajo del Centro en esa materia?
Creo que hay experiencias muy diversas de rescate de la memoria histórica más allá de los informes como expresiones múltiples. Creo que el Centro de Memoria ha conseguido contribuir a iniciativas paralelas y antecedentes en torno a ejercicios de memoria de carácter simbólico, de carácter lúdico, de construcción en los municipios y en muchos lugares de formas que se pueden asimilar a pequeños museos de la memoria con fotografías, biografías de las víctimas y con determinados ejercicios. Hay un legado muy amplio en lo que tiene que ver con la tarea del archivo de violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario. Ya son más de 300 los acuerdos y convenios con instituciones, organizaciones sociales y determinados sectores victimizados, comprometidos de una u otra forma que han venido —de una manera muy técnica— consolidando el archivo que se demandó, un archivo de memoria.
Usted ha dirigido la parte encargada de los llamados Acuerdos de Verdad. ¿Cómo ha sido ese trabajo?
Se trata de otra vertiente de memoria con la particularidad de la participación masiva de un actor comprometido en el conflicto, uno de los que más han tenido responsabilidades —de manera general— en términos de graves actuaciones: el paramilitarismo. Con Acuerdos de la Verdad hemos tenido la experiencia en la toma masiva de relatos en un trabajo muy sistemático que empieza por la sensibilización, la capacitación en el sentido pedagógico, y luego por la toma de sus relatos a través de encuestas, entrevistas y sesiones de trabajos. En esta tarea —que se nos entregó con la Ley 1424— tenemos una población a cargo que supera las 17.000 personas, y de esas ya hemos hecho el ejercicio con más de 10.000, de las cuales ya nos estamos aproximando a unas 8.000 certificadas. Es un ejercicio masivo con presencia en todos los territorios del país y donde el saldo resulta favorable porque la mayoría de ellos han podido ser certificados como contribuciones positivas a la verdad. Ha sido un trabajo muy serio, asumido con mucha ética, con mucha autonomía en la elaboración, muy constructivo hacia la verdad, pero también muy franco y muy sincero, sin ninguna limitación a revelar todo lo que sea necesario revelar en aras de que las cosas no se repitan y de que la sociedad sea consciente del horror y de los niveles de violencia y graves impactos generados desde el conflicto armado y otras formas de violencia.