"La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para líderes va a paso lento"

Esta será una semana política. El presidente electo, Iván Duque, terminará de conformar su gabinete, con lo que dejará claro el talante de su gobierno; y el viernes 20 de julio tomará posesión el Congreso de la República que legislará hasta el 2022. Por primera vez, en más de 50 años de guerra, las Farc llegarán convertidas en un partido político al Capitolio, que deberá convivir entre férreos opositores políticos, como son el expresidente Álvaro Uribe y el excandidato presidencial Gustavo Petro, por mencionar algunos.

La transición política en el Gobierno y el Congreso tendrá como primer problema combatir la oleada de asesinatos a líderes sociales. El gobierno Duque lo sabe y esta semana, pese a las incertidumbres que existen aún sobre su compromiso con ese tema, encargó a personas del mayor nivel para el empalme relativo a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

Lea también: Las medidas del Estado para proteger a los líderes sociales​

El presidente Juan Manuel Santos, a su turno, convocó la semana pasada a dicha comisión , un espacio de articulación estatal, producto del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, que busca detener este flagelo y desarticular a las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo. De este espacio salieron importantes medidas de protección que deberán ponerse en práctica, como es el compromiso de crear un registro único permanente de líderes sociales asesinados.

Esta importante instancia, además de todas las autoridades estatales, cuenta con la participación de la sociedad civil, a través de cinco delegados. Tres de ellos son expertos ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). Se trata de Camilo González Posso, director de Indepaz; Jaime Caicedo, secretario general del Partido Comunista Colombiano y Vilma Franco. Así como dos delegados de plataformas de derechos humanos, como son Gustavo Gallón y Franklin Castañeda.

En diálogo con Colombia2020, como vocero de esta delegación, Castañeda aseguró que esta Comisión no está funcionando como debería. Estas son sus razones:

¿Qué funciones resalta de esta Comisión Nacional de Garantías de Seguridad?

La comisión tiene 16 funciones pero tres de ellas son básicas. La primera es trazar una política pública para el desmantelamiento de las organizaciones criminales que atacan a los defensores de derechos humanos o que se puede considerar que atacan a la población reincorporada de las Farc, y eso incluye a los grupos sucesores de los paramilitares. Es decir, la primera función de la Comisión realmente es hacer que el Estado colombiano tenga una política muy clara para desmantelar esos grupos.

A más de un año de implementación de esta Comisión, ¿cuál es su balance?

Es un balance agridulce. Creemos que hay algunas medidas muy importantes en camino, pero el avance ha sido muy lento.

¿En qué sentido?

En que, para este momento, ya finalizando el Gobierno, la Comisión no ha podido decirle al país, ‘mire la política pública integral es esta’ o ‘proponemos estos cambios’. A pesar de ello, reconocemos varios avances.

¿Cómo qué?

La política de sometimiento de estos grupos, aunque no es de todo el gusto de los delegados de la sociedad civil, pero se avanzó en eso. Se avanzó en un sistema de alertas tempranas. Se avanzó en ir proyectando lo que sería un plan de acción integral contra organizaciones criminales, pero este Gobierno no va a poder entregarlo.

Escuche aquí el podcast: “No queremos chalecos antibalas”, líderes sociales

¿Por qué?

Porque la lentitud con la que se trabajó el tema, al interior de la Comisión y, sobre todo, por parte de las autoridades del Estado, hizo que, de alguna forma, esta sea una tarea que se le delegue al próximo Gobierno.

¿Qué otra misión tiene la Comisión?

La segunda misión tiene que ver con hacer seguimiento a la actuación del Estado en el desmantelamiento a estos grupos. En poder hacer un seguimiento a la labor de la justicia, de la Fiscalía, de la Policía y creo que en eso la Comisión avanzó bastante. Se convirtió en un foro constante en el cual la Fiscalía y la Policía constantemente rendían cuentas.

Entonces, ¿cree que la Comisión no está funcionando como debería?

Sí. Creemos que se necesita una mayor voluntad política del Estado para poder trabajar estos temas relevantes como lo son el asesinato de líderes sociales de manera mucho más rápido y profunda. Creemos que la Comisión tiene el diseño adecuado, están todas las autoridades que deben estar, sin embargo, se necesita, y en particular con miras al próximo Gobierno, que se demuestre una voluntad con hechos de poder tomar decisiones rápidas. Este Gobierno ha tomado muchas medidas, hay que reconocerlo, sin embargo, las cifras de los asesinatos hablan por sí solas de que estas medidas han sido insuficientes.

¿En qué se avanzó?

Se trasladó el sistema de alertas tempranas de la Defensoría y se le dio mayor autonomía a esta entidad. Eso hizo que, a finales de junio, la Defensoría ya hubiese emitido 52 alertas tempranas, donde básicamente le está diciendo al Estado: ‘Es inminente que en determinadas zonas del país hay ataques contra población civil, contra organizaciones sociales, etc’. Antes, la Defensoría estaba sometida a hacer un informe que era supervisado por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, y pocas veces terminaba en alertas, porque se desestimaba. Ahora la alerta queda y eso constituye, en principio, una responsabilidad para el Estado, porque si no toma medidas, de alguna forma, es responsable política y administrativamente por los daños que eso cause. Incluso, se podría hablar de un principio de responsabilidad de algunos funcionarios por omitir sus funciones.

¿Qué falta entonces?

Que ese sistema tenga un sistema de respuesta rápida, en cabeza del Ministerio del Interior y de los entes territoriales, como alcaldías y gobernaciones. Ahí vamos más lentos, porque se emite la alerta, pero todavía no hemos logrado que el Estado, a nivel territorial y nacional, organice sus acciones para responder rápidamente a esa alerta. Entonces, si bien existe un avance normativo, eso no se está traduciendo en acciones concretas. Igual es un avance normativo de diciembre de 2017 y sigue en proceso de implementación. Lo que esperaríamos nosotros es que sea algo respetado y acompañado por el nuevo Gobierno, en la medida en que la respuesta rápida pueda garantizarse para evitar que los líderes sociales sigan siendo asesinados en Colombia.

¿Qué más ajustaría?

Se creó un cuerpo investigativo, en junio de 2017, y se ha dedicado a ser policía judicial en los casos de líderes amenazados. Sin embargo, en el acuerdo de paz este cuerpo élite se concibe como un instrumento del Estado para desarticular a las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y no solo para luchar contra uno de los síntomas de estas organizaciones, como es el asesinato de estos líderes. En ese sentido, estamos destinando tanto al cuerpo de la Policía como a la nueva unidad élite que surge de la Fiscalía a investigar y esclarecer crímenes, pero hace falta un mayor esfuerzo en desarticular los grupos organizados para ser más efectivo en lo que nunca se ha avanzado en Colombia y es en identificar a los autores intelectuales que están detrás de los crímenes.

¿Qué otras medidas ha tomado el Estado, que rescate?

Sale también un decreto, que es muy reciente, el 660 de 2018, que habla sobre la protección colectiva de líderes sociales y hace un llamado de atención sobre los entes territoriales para que, bajo el liderazgo del Ministerio del Interior, se creen planes territoriales e integrales de protección, que ya no se basan en los esquemas de seguridad clásicos o individuales, como vehículos u hombres armados, sino que se intenta que esos planes puedan tener medidas que puedan cambiar los entornos.

Vea: El reto de proteger a los líderes sociales

¿Por ejemplo?

Que en una comunidad apartada se establezca que para mitigar el riesgo se necesita, por ejemplo, comunicación o señal en la zona, o que se necesita la presencia de la Defensoría comunitaria, o investigación judicial, o medidas sociales para prevenir la vinculación de muchachos jóvenes para que no sean cooptados por grupos criminales. Se trata de disponer de estas medidas que pueden ser efectivas, si logramos que el Estado pueda articular su acción. El problema es que este es un decreto nuevo, que apenas lleva cuatro planes piloto que se acaban de terminar de formular la semana pasada y que no han sido puestos en práctica. Y por eso no podemos decir hoy si estas medidas van a servir o no.

¿Qué avances rescata de la última reunión de la Comisión?

Hay diez nuevos planes, que sumados a los cuatro que ya se hicieron, estamos hablando de 14 municipios priorizados de los 1.102 que tiene el país. Cuando tenemos un problema tan grande, ir tan lento es complejo, en materia de resultados, pero es un buen comienzo.

¿Qué esperan que avance antes de que termine este gobierno?

Que este decreto pueda funcionar, que el Ministro del Interior pueda realmente avanzar en el poco tiempo que le queda en la formulación de nuevos planes y que el nuevo Gobierno ojalá pueda continuar con una política para la creación de estos planes que deben ser concertados con las comunidades en riesgo.

¿Lo mismo ocurre con la Comisión de Garantías de Seguridad?

Sí. Se avanzó en la identificación de normas y otros instrumentos jurídicos vigentes que deben cambiar en Colombia para que se pueda producir el efecto de un país que previene realmente la comisión de estos crímenes y ataca con efectividad las organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Ahí, lastimosamente, la Comisión no va a poder cumplir en este Gobierno con esta función. Nos empantanamos en una serie de discusiones, a pesar de que desde la sociedad civil identificamos manuales de la Fuerza Pública que deben ser revisados y no fue posible, porque existe una especie de bloqueo a pensar en tocar la Fuerza Pública.

Y, ¿cómo ven esa perspectiva?

Ya lo decía el Procurador, públicamente, y es que uno de los temas que vemos también en la Comisión de seguridad y que lo denunció el propio fiscal es que hay una afectación a la efectividad del Estado en las regiones, en la medida en que se ha logrado confirmar que hay casos de cooperación de Fuerza Pública e incluso de entes judiciales en la zona con grupos sucesores del paramilitarismo. Y esto es gravísimo porque nos pone en riesgo de repetir historias que tienen que ver con el aniquilamiento de organizaciones políticas, pero también nos pone en el escenario de la existencia y continuidad del paramilitarismo, tal y como lo conocimos, con una participación activa de agentes del Estado.

¿Qué se requiere entonces?

Que podamos revisar qué hace falta por hacer en Colombia para evitar que este fenómeno se siga repitiendo. Desde la sociedad civil creemos que se debe, además, realizar una política de la no estigmatización a los liderazgos políticos de oposición en Colombia y de los liderazgos sociales. Por eso hay que avanzar realmente en articular mucho mejor los instrumentos de control interno y administrativo de las fuerzas armadas. Creo que la principal conclusión de la reunión es la vinculación de militares en estos casos de la Comisión de Garantías de Seguridad, de todas las medidas. Y esperamos que la Procuraduría realmente pueda liderar ese esfuerzo por identificar a los actores de la Fuerza Pública, o por corrupción o por ideología, metidos en este asunto. Así como esperamos que el próximo gobierno lo permita. Creo que le hace mucho daño al país el hecho de que hayan esfuerzos muy fuertes por proteger a estos líderes y por acabar con la criminalidad en las regiones, y tengamos a sectores de la institucionalidad vinculados a estos grupos, en estos casos.

Vea también: La labor de líder social no puede ser estigmatizada

¿Cuál es el llamado al próximo gobierno?

La Comisión ha hecho 10 visitas territoriales, en Putumayo, en Cauca, en La Guajira, en San José del Guaviare, en Norte de Santander, en Buenaventura, etc., en donde el Estado ha asumido una serie de compromisos, que ojalá el próximo gobierno le pueda dar continuidad. El llamado que nosotros queremos hacer es que hay que reconocer que la situación es grave pero hay un hoja de ruta, que así haya avanzado lentamente está ahí y debe impulsarse. Detrás de esos compromisos creemos que está la clave del éxito, a la hora de poder disminuir la situación de inseguridad que están viviendo los y las líderes del país.

Esta será una semana política. El presidente electo, Iván Duque, terminará de conformar su gabinete, con lo que dejará claro el talante de su gobierno; y el viernes 20 de julio tomará posesión el Congreso de la República que legislará hasta el 2022. Por primera vez, en más de 50 años de guerra, las Farc llegarán convertidas en un partido político al Capitolio, que deberá convivir entre férreos opositores políticos, como son el expresidente Álvaro Uribe y el excandidato presidencial Gustavo Petro, por mencionar algunos.

La transición política en el Gobierno y el Congreso tendrá como primer problema combatir la oleada de asesinatos a líderes sociales. El gobierno Duque lo sabe y esta semana, pese a las incertidumbres que existen aún sobre su compromiso con ese tema, encargó a personas del mayor nivel para el empalme relativo a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

Lea también: Las medidas del Estado para proteger a los líderes sociales​

El presidente Juan Manuel Santos, a su turno, convocó la semana pasada a dicha comisión , un espacio de articulación estatal, producto del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, que busca detener este flagelo y desarticular a las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo. De este espacio salieron importantes medidas de protección que deberán ponerse en práctica, como es el compromiso de crear un registro único permanente de líderes sociales asesinados.

Esta importante instancia, además de todas las autoridades estatales, cuenta con la participación de la sociedad civil, a través de cinco delegados. Tres de ellos son expertos ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). Se trata de Camilo González Posso, director de Indepaz; Jaime Caicedo, secretario general del Partido Comunista Colombiano y Vilma Franco. Así como dos delegados de plataformas de derechos humanos, como son Gustavo Gallón y Franklin Castañeda.

En diálogo con Colombia2020, como vocero de esta delegación, Castañeda aseguró que esta Comisión no está funcionando como debería. Estas son sus razones:

¿Qué funciones resalta de esta Comisión Nacional de Garantías de Seguridad?

La comisión tiene 16 funciones pero tres de ellas son básicas. La primera es trazar una política pública para el desmantelamiento de las organizaciones criminales que atacan a los defensores de derechos humanos o que se puede considerar que atacan a la población reincorporada de las Farc, y eso incluye a los grupos sucesores de los paramilitares. Es decir, la primera función de la Comisión realmente es hacer que el Estado colombiano tenga una política muy clara para desmantelar esos grupos.

A más de un año de implementación de esta Comisión, ¿cuál es su balance?

Es un balance agridulce. Creemos que hay algunas medidas muy importantes en camino, pero el avance ha sido muy lento.

¿En qué sentido?

En que, para este momento, ya finalizando el Gobierno, la Comisión no ha podido decirle al país, ‘mire la política pública integral es esta’ o ‘proponemos estos cambios’. A pesar de ello, reconocemos varios avances.

¿Cómo qué?

La política de sometimiento de estos grupos, aunque no es de todo el gusto de los delegados de la sociedad civil, pero se avanzó en eso. Se avanzó en un sistema de alertas tempranas. Se avanzó en ir proyectando lo que sería un plan de acción integral contra organizaciones criminales, pero este Gobierno no va a poder entregarlo.

Escuche aquí el podcast: “No queremos chalecos antibalas”, líderes sociales

¿Por qué?

Porque la lentitud con la que se trabajó el tema, al interior de la Comisión y, sobre todo, por parte de las autoridades del Estado, hizo que, de alguna forma, esta sea una tarea que se le delegue al próximo Gobierno.

¿Qué otra misión tiene la Comisión?

La segunda misión tiene que ver con hacer seguimiento a la actuación del Estado en el desmantelamiento a estos grupos. En poder hacer un seguimiento a la labor de la justicia, de la Fiscalía, de la Policía y creo que en eso la Comisión avanzó bastante. Se convirtió en un foro constante en el cual la Fiscalía y la Policía constantemente rendían cuentas.

Entonces, ¿cree que la Comisión no está funcionando como debería?

Sí. Creemos que se necesita una mayor voluntad política del Estado para poder trabajar estos temas relevantes como lo son el asesinato de líderes sociales de manera mucho más rápido y profunda. Creemos que la Comisión tiene el diseño adecuado, están todas las autoridades que deben estar, sin embargo, se necesita, y en particular con miras al próximo Gobierno, que se demuestre una voluntad con hechos de poder tomar decisiones rápidas. Este Gobierno ha tomado muchas medidas, hay que reconocerlo, sin embargo, las cifras de los asesinatos hablan por sí solas de que estas medidas han sido insuficientes.

¿En qué se avanzó?

Se trasladó el sistema de alertas tempranas de la Defensoría y se le dio mayor autonomía a esta entidad. Eso hizo que, a finales de junio, la Defensoría ya hubiese emitido 52 alertas tempranas, donde básicamente le está diciendo al Estado: ‘Es inminente que en determinadas zonas del país hay ataques contra población civil, contra organizaciones sociales, etc’. Antes, la Defensoría estaba sometida a hacer un informe que era supervisado por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, y pocas veces terminaba en alertas, porque se desestimaba. Ahora la alerta queda y eso constituye, en principio, una responsabilidad para el Estado, porque si no toma medidas, de alguna forma, es responsable política y administrativamente por los daños que eso cause. Incluso, se podría hablar de un principio de responsabilidad de algunos funcionarios por omitir sus funciones.

¿Qué falta entonces?

Que ese sistema tenga un sistema de respuesta rápida, en cabeza del Ministerio del Interior y de los entes territoriales, como alcaldías y gobernaciones. Ahí vamos más lentos, porque se emite la alerta, pero todavía no hemos logrado que el Estado, a nivel territorial y nacional, organice sus acciones para responder rápidamente a esa alerta. Entonces, si bien existe un avance normativo, eso no se está traduciendo en acciones concretas. Igual es un avance normativo de diciembre de 2017 y sigue en proceso de implementación. Lo que esperaríamos nosotros es que sea algo respetado y acompañado por el nuevo Gobierno, en la medida en que la respuesta rápida pueda garantizarse para evitar que los líderes sociales sigan siendo asesinados en Colombia.

¿Qué más ajustaría?

Se creó un cuerpo investigativo, en junio de 2017, y se ha dedicado a ser policía judicial en los casos de líderes amenazados. Sin embargo, en el acuerdo de paz este cuerpo élite se concibe como un instrumento del Estado para desarticular a las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y no solo para luchar contra uno de los síntomas de estas organizaciones, como es el asesinato de estos líderes. En ese sentido, estamos destinando tanto al cuerpo de la Policía como a la nueva unidad élite que surge de la Fiscalía a investigar y esclarecer crímenes, pero hace falta un mayor esfuerzo en desarticular los grupos organizados para ser más efectivo en lo que nunca se ha avanzado en Colombia y es en identificar a los autores intelectuales que están detrás de los crímenes.

¿Qué otras medidas ha tomado el Estado, que rescate?

Sale también un decreto, que es muy reciente, el 660 de 2018, que habla sobre la protección colectiva de líderes sociales y hace un llamado de atención sobre los entes territoriales para que, bajo el liderazgo del Ministerio del Interior, se creen planes territoriales e integrales de protección, que ya no se basan en los esquemas de seguridad clásicos o individuales, como vehículos u hombres armados, sino que se intenta que esos planes puedan tener medidas que puedan cambiar los entornos.

Vea: El reto de proteger a los líderes sociales

¿Por ejemplo?

Que en una comunidad apartada se establezca que para mitigar el riesgo se necesita, por ejemplo, comunicación o señal en la zona, o que se necesita la presencia de la Defensoría comunitaria, o investigación judicial, o medidas sociales para prevenir la vinculación de muchachos jóvenes para que no sean cooptados por grupos criminales. Se trata de disponer de estas medidas que pueden ser efectivas, si logramos que el Estado pueda articular su acción. El problema es que este es un decreto nuevo, que apenas lleva cuatro planes piloto que se acaban de terminar de formular la semana pasada y que no han sido puestos en práctica. Y por eso no podemos decir hoy si estas medidas van a servir o no.

¿Qué avances rescata de la última reunión de la Comisión?

Hay diez nuevos planes, que sumados a los cuatro que ya se hicieron, estamos hablando de 14 municipios priorizados de los 1.102 que tiene el país. Cuando tenemos un problema tan grande, ir tan lento es complejo, en materia de resultados, pero es un buen comienzo.

¿Qué esperan que avance antes de que termine este gobierno?

Que este decreto pueda funcionar, que el Ministro del Interior pueda realmente avanzar en el poco tiempo que le queda en la formulación de nuevos planes y que el nuevo Gobierno ojalá pueda continuar con una política para la creación de estos planes que deben ser concertados con las comunidades en riesgo.

¿Lo mismo ocurre con la Comisión de Garantías de Seguridad?

Sí. Se avanzó en la identificación de normas y otros instrumentos jurídicos vigentes que deben cambiar en Colombia para que se pueda producir el efecto de un país que previene realmente la comisión de estos crímenes y ataca con efectividad las organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Ahí, lastimosamente, la Comisión no va a poder cumplir en este Gobierno con esta función. Nos empantanamos en una serie de discusiones, a pesar de que desde la sociedad civil identificamos manuales de la Fuerza Pública que deben ser revisados y no fue posible, porque existe una especie de bloqueo a pensar en tocar la Fuerza Pública.

Y, ¿cómo ven esa perspectiva?

Ya lo decía el Procurador, públicamente, y es que uno de los temas que vemos también en la Comisión de seguridad y que lo denunció el propio fiscal es que hay una afectación a la efectividad del Estado en las regiones, en la medida en que se ha logrado confirmar que hay casos de cooperación de Fuerza Pública e incluso de entes judiciales en la zona con grupos sucesores del paramilitarismo. Y esto es gravísimo porque nos pone en riesgo de repetir historias que tienen que ver con el aniquilamiento de organizaciones políticas, pero también nos pone en el escenario de la existencia y continuidad del paramilitarismo, tal y como lo conocimos, con una participación activa de agentes del Estado.

¿Qué se requiere entonces?

Que podamos revisar qué hace falta por hacer en Colombia para evitar que este fenómeno se siga repitiendo. Desde la sociedad civil creemos que se debe, además, realizar una política de la no estigmatización a los liderazgos políticos de oposición en Colombia y de los liderazgos sociales. Por eso hay que avanzar realmente en articular mucho mejor los instrumentos de control interno y administrativo de las fuerzas armadas. Creo que la principal conclusión de la reunión es la vinculación de militares en estos casos de la Comisión de Garantías de Seguridad, de todas las medidas. Y esperamos que la Procuraduría realmente pueda liderar ese esfuerzo por identificar a los actores de la Fuerza Pública, o por corrupción o por ideología, metidos en este asunto. Así como esperamos que el próximo gobierno lo permita. Creo que le hace mucho daño al país el hecho de que hayan esfuerzos muy fuertes por proteger a estos líderes y por acabar con la criminalidad en las regiones, y tengamos a sectores de la institucionalidad vinculados a estos grupos, en estos casos.

Vea también: La labor de líder social no puede ser estigmatizada

¿Cuál es el llamado al próximo gobierno?

La Comisión ha hecho 10 visitas territoriales, en Putumayo, en Cauca, en La Guajira, en San José del Guaviare, en Norte de Santander, en Buenaventura, etc., en donde el Estado ha asumido una serie de compromisos, que ojalá el próximo gobierno le pueda dar continuidad. El llamado que nosotros queremos hacer es que hay que reconocer que la situación es grave pero hay un hoja de ruta, que así haya avanzado lentamente está ahí y debe impulsarse. Detrás de esos compromisos creemos que está la clave del éxito, a la hora de poder disminuir la situación de inseguridad que están viviendo los y las líderes del país.