El pasado jueves se conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó en primera instancia la entrada del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, argumentando que entre 1989 y 1997 (período por el que solicitó ser aceptado como tercero civil, es decir, como una persona que apoyó, auspició o financió el conflicto armado) realmente fue un “miembro orgánico de la estructura criminal, desarrollando una función continua de combate”.
(Lea también: La participación ganadera en una Convivir de los paramilitares en Urabá)
En 1994, Mancuso ya era el segundo al mando de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y tenía poder sobre el Bloque Norte, el Bloque Córdoba, el Bloque Montes de María y el Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero hay un hecho, poco conocido, que facilitó su accionar criminal y que devela su poder: cuando en 1995, en Tierralta (Córdoba), fundó la convivir Horizonte Limitada. Este diario conoció documentos que dan cuenta de la participación en esa organización de ganaderos de la región, la intervención de varios altos oficiales del Ejército para autorizar la compra de armas y cómo se perdió el rastro de varias de estas.
Aunque las convivir tuvieron ropaje legal, por un decreto expedido por el presidente César Gaviria, en varias regiones operaron como fachadas del paramilitarismo. Ese fue el caso de la sociedad Horizonte Limitada, que según un documento de la Notaría 1 de Montería (Córdoba) fue fundada el 16 de noviembre de 1995 con dinero de Salvatore Mancuso, Luis Guillermo Torres Conde y Pablo Enrique Triana Pernett, estos últimos ganaderos de la región. El objeto de dicha organización era, según el mismo papel, la “venta al por menor en almacenes no especializados con surtido compuesto, principalmente de alimentos, bebidas y tabacos, a la vez tendrá participación comunitaria y la seguridad (sic)”.
En ese entonces Mancuso ya era un delincuente reconocido en la región. En Justicia y Paz se conoció que desde 1991 estaba al mando de escuadrones paramilitares con dineros de ganaderos de la región que eran víctimas de extorsión por parte del Epl. Según él, la persona que recogía los aportes era Wálter Fratinni Lobaccio, entonces mayor del Ejército. El 3 de septiembre de 1993 su fama creció porque frustró el secuestro de un ganadero y mató a tres guerrilleros cuyos cuerpos, según el relato del propio Mancuso en una versión libre ante Justicia y Paz, los entregó al Ejército para que los presentara como bajas en combate. A mediados de 1994 se crearon las Accu y Mancuso quedó como segundo al mando, solo superado por el comandante paramilitar Carlos Castaño.
A pesar de eso, el 19 de diciembre de 1995, Mancuso logró obtener licencia de funcionamiento para que su convivir Horizonte Limitada operara en Tierralta. Dicho documento fue expedido por Herman Arias Gaviria, quien para ese momento era superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, entidad adscrita al Ministerio de Defensa.
Arias admitió que hubo un desacierto de parte del Estado al otorgar esa licencia de funcionamiento, pero explicó las causas por las que firmó: “Cumplieron con los requisitos que se establecieron para la creación de las convivir, Mancuso en ese momento no tenía antecedentes judiciales y tuvo una recomendación de la brigada como persona honorable”, enfatizó. Al preguntarle quién falló para que un jefe paramilitar terminara con una organización legal dijo que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se “apoyaba en las autoridades locales para poder establecer si cumplían lo que señalaba la ley. Desde luego (hubo fallas de) la justicia misma, si dos años antes de que se otorgara esa licencia el señor tenía esas características, debía tener algún proceso abierto, y no lo tenía”.
Pie de foto: Documento por medio del cual se le dio licencia de funcionamiento a la convivir Horizonte Limitada
La decisión de otorgarle la licencia de funcionamiento le fue notificada personalmente a Mancuso el 8 de febrero de 1996. Sin embargo, dos días antes, el 6 de febrero, el jefe paramilitar le había enviado una carta al coronel Francisco Leonardo Ortiz Chavarro, para la época comandante de la XI Brigada del Ejército con sede en Montería, en la que le pedía la “aprobación del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional”. En la misiva están los nombres de los miembros de Horizonte Limitada: Triana Pernet y Edwin Tirado Morales, paramilitar que desde hacía varios años delinquía con Mancuso, conocido como el Chuzo. El ganadero Triana fue señalado en dos sentencias judiciales como uno de los encargados de las finanzas de las Accu en Tierralta. Además, Tirado lo señaló de ser el determinador de varios homicidios. Por eso el Tribunal Superior de Medellín compulsó copias para que fuera investigado. Insistentemente llamamos a Triana para conocer su versión sobre la participación en Horizonte y los crímenes de los que se le señala, pero no logramos obtener respuesta.
(Lea también: La información que falta en el libro entregado por Fedegán para hacer memoria)
Ese 6 de febrero de 1996, Mancuso también le envió un oficio a Herman Arias, en el cual le pedía la aprobación para la compra de unas armas: 15 pistolas calibre 9 mm marca Pietro Baretta, 15 subametralladoras automáticas y 15 fusiles de asalto calibre 5.56, también conocidos como Galil. “Serán adquiridas a través de la Decimoprimera Brigada del Ejército con sede en la ciudad de Montería”, puntualizó el exjefe paramilitar.
El 8 de febrero, el coronel Ortiz Chavarro le envió un oficio a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, al cual adjuntó el documento por medio del cual Mancuso estaba pidiendo las armas. Cuatro meses después, el 8 de agosto, el coronel Gabriel Vera Mogollón, para ese momento jefe del Departamento de Control de Comercio de Armas, se dirigió a Arias Gaviria para informarle que el Comité de Armas había aprobado la compra de 15 pistolas 9 mm y 15 subametralladoras para la convivir de Mancuso. En la lista se encontraban otras 21 asociaciones más para las cuales aprobaron armamento. Contactamos a un hijo de Vera, pero dijo que su padre no estaba en condiciones para pronunciarse sobre el tema.
A esos documentos oficiales, que daban vía libre para que Mancuso y su grupo armado ilegal tuvieran armamento legal, se suma otro espaldarazo de parte del coronel Ortiz Chavarro. El 31 de agosto de 1996, dicho oficial envió un documento que reza: “El comando de la Décima Primera Brigada emite un concepto favorable para la conformación de la Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada, Convivir, Horizonte Limitada con representante legal el señor Salvatore Mancuso Gómez”. En sentencia del Tribunal Superior de Medellín se lee que varios desmovilizados del Bloque Córdoba señalaron que el coronel en mención tenía vínculos con dicha estructura criminal. Ese año la violencia en Tierralta se desbordó. Según registros de la Unidad para las Víctimas, los afectados por el conflicto armado pasaron de ser 1.840 en 1995 a 7.886 en 1996. A Ortiz Chavarro no fue posible contactarlo.
En 1997 hubo cambios en la Brigada XI y en la convivir. Ese año el entonces coronel Javier Hernán Arias Vivas empezó a comandar la unidad militar y Sergio Manuel Córdoba Ávila, hombre de confianza de Mancuso, también conocido como 120, pasó a ser el representante legal de Horizonte Limitada. Para ese momento Córdoba tenía un largo historial criminal. En marzo de 1994 empezó a delinquir con los hermanos Castaño en Los Tangueros, estuvo en Urabá donde adelantaba labores de inteligencia. Luego lo enviaron a Montería para ser parte de la estructura urbana de los paramilitares, y allí conoció a Mancuso, quien lo enroló como guardaespaldas.
Córdoba aseguró que llegó a ese cargo porque Mancuso le pidió “el favor que le firmara esa documentación para que no apareciera a nombre de él, sino a nombre mío”. Dijo que no conoció los detalles de la administración de la convivir porque de eso se encargaba el propio Mancuso. Sin embargo, enfatizó en que para esa época “era conocido en Córdoba que él manejaba una convivir que era una fachada (del paramilitarismo), era de conocimiento casi público”, aseguró en diálogo con este diario. Ante Justicia y Paz, el exparamilitar confesó desplazamiento, homicidios y desapariciones forzadas, entre otros crímenes que cometió en Córdoba y en los Montes de María.
El coronel Javier Arias, quien tiempo después fue ascendido a general, firmó dos documentos el 17 de septiembre de 1997. En uno le informa a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada el cambio de representante legal de Horizonte Limitada y en el otro emite un concepto favorable para que la misma entidad renueve los salvoconductos de las armas que tenían los integrantes de dicha organización. Arias, consultado por El Espectador, dijo no recordar haber firmado ambos oficios y aseguró que “eran documentos rutinarios de esa época, tiene que ir al contexto que se estaba viviendo”. Al preguntarle si sabía que Córdoba Ávila en ese momento era paramilitar, respondió que “ni idea que pertenecía a las autodefensas, porque en mi año una de las ofensivas fue contra las autodefensas”. También aseguró que nunca lo conoció a él ni a Mancuso.
Sin embargo, cuando se le preguntó por las relaciones que tenía Horizonte con la Brigada XI, Córdoba dijo que “todo lo manejaba Salvatore, el único autorizado para cuadrar eso”. Específicamente le preguntamos a Córdoba si conoció al coronel Arias y respondió que “yo vi a tanta gente allá cuando estaba con Salvatore, que a veces iba a la brigada y se miraba con tanta gente que uno como escolta no pregunta. Sí conocí mucha gente uniformada, pero para decir con nombres exactos que era tal y tal no me atrevo”.
En 1997, una decisión de la Corte Constitucional cambió las reglas de las convivir. Por medio de la Sentencia C-572 el alto tribunal ordenó a dichas asociaciones devolver el armamento de uso restringido que tenían. Sin embargo, esa disposición no fue cumplida por Horizonte Limitada, como se puede leer en una resolución de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, del 18 de febrero de 1998, a través de la cual se le canceló transitoriamente su licencia de funcionamiento.
A pesar de eso, en una carta del 1° de abril de 1998, firmada por Ricardo Forero Palacios, de la Dirección de Coordinación Regional de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, le informaron a la convivir que dirigía Mancuso la ampliación del plazo para entregar las armas. El 2 de abril de 1998, Córdoba fue a Montería y devolvió 11 subametralladoras marca Colt, 4 pistolas Glock y 5 pistolas Walter. El documento que da cuenta de ese hecho está firmado por este excomandante paramilitar, el teniente coronel Carlos Enrique Villarreal Quintero, el mayor William Augusto Galindo Zuluaga y el almacenista Francisco Loaiza Correa.
Pie de foto: Acta de entrega de armamento por parte de Sergio Manuel Córdoba. Firman el exparamilitar y tres oficiales del Ejército.
Sobre el armamento restante, Córdoba ha dicho dos cosas distintas, una en una denuncia de pérdida de la época y otra, en diálogo con este diario. El mismo 2 de abril de 1998 acudió a la Alcaldía de Tierralta para interponer una denuncia, en la cual relató que dos días antes (el 31 de marzo) llegó al río Sinú, se embarcó en una canoa y “cuando iba por el medio del río me tropecé con un tronco y la canoa se voltió, perdiendo unos armamentos de la convivir”. Según él, pudo recuperar 11 subametralladoras y nueve pistolas. En la denuncia enumeró los supuestos seriales de las armas que se perdieron: subametralladoras Colt “KT012095, KT011667, KT 012086” y pistolas “BVL435, 104361 y 104375”. Y dijo que no se acordaba del serial de otra subametralladora y dos pistolas más.
En entrevista con este diario, Córdoba dijo que una de las subametralladoras la perdieron en medio de un combate con la guerrilla. Además, aseguró no recordar algunos detalles de lo sucedido, pero que todo estaba en la denuncia que interpuso. Le preguntamos si no escondieron las armas para darles otro uso ilegal y explicó: “Nosotros teníamos muchas armas, teníamos fusiles Ak-47, no era necesario quedarnos con esas que ya eran un problema para nosotros”.
Una sentencia del Tribunal Superior de Medellín señaló que la convivir Horizonte tenía sede en Funpazcor, organización manejada por la paramilitar Sor Teresa Gómez, quien intentaba hacer parecer legales los aportes de varias empresas. La organización también fue utilizada para “manejar los recursos del grupo paramilitar y mantener las relaciones con la Fuerza Pública y todos aquellos que apoyaban a la organización”, dice el fallo.
Esta semana, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, insistió en permitir el porte legal de armas: “Desarmar a los legales es dejarlos a merced del crimen”. Pero la convivir Horizonte de Mancuso es el reflejo de cómo permitir que civiles se armen, con el argumento de prestar seguridad, puede abrir capítulos de violencia que, más de 20 años después, las víctimas siguen llorando.