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Sonia, como era conocida en la guerrilla Anayibe Rojas Valderrama, ha vuelto a recorrer los paisajes en Cartagena del Chairá, en Caquetá, que conoció en los 19 años que estuvo en las Farc. Ahora los revisita para buscar a los desaparecidos de la guerra. “Siempre he dicho que encontrar a las personas desaparecidas es una forma de reparación emocional a las víctimas, y es lo más importante en la construcción de la paz”, dice.
Después de pasar 14 años en una cárcel en Estados Unidos, Sonia se sumó al trabajo de la que hasta ayer se conocía como la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos de las Farc, y que ahora es la Corporación Reencuentros, compuesta por alrededor de 150 firmantes del Acuerdo.
El representante del Partido Comunes ante el Sistema Integral de Paz, Jaime Alberto Parra Rodríguez, cuyo nombre de guerra era Mauricio Jaramillo, recuerda que la política de Manuel Marulanda y Jacobo Arenas era nunca desaparecer gente. “Si hay muertos -recuerda que decía- se dejan en la carretera y se avisa a las juntas de acción comunal”. Sin embargo, según el informe “Hasta encontrarlos”, del Centro Nacional de Memoria Histórica, las Farc serían responsables de la desaparición de al menos 10.000 personas.
El trabajo de Sonia y de los otros firmantes del Acuerdo busca resarcir ese daño. La búsqueda es coordinada por enlaces regionales, asignados de acuerdo con la distribución regional de los bloques que usaban las antiguas Farc. La mayoría de las coordinadoras son mujeres que trabajan como enlace entre las familias que buscan a sus desaparecidos y los excombatientes. También hacen pedagogía en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, sobre la importancia de esta labor humanitaria. El Instituto de Medicina Legal y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRCR) acompañan estas jornadas.
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Sonia ha estado en varias búsquedas en Huila, Caquetá y Putumayo, los lugares en los que operaba el bloque Sur, al que perteneció. En esa zona también operaba el Frente Sur Andaquíes, de las que fueron las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). En municipios como Cartagena del Chairá, por ejemplo, donde las antiguas Farc y las Auc se disputaban el territorio, muchas familias no saben quiénes fueron los responsables de la desaparición de sus familiares. “Así nosotros no seamos los responsables de algunos hechos, debemos encontrarlos por las víctimas”, señala.
De hecho, dos de las cinco personas que Sonia ha ayudado a localizar habrían sido combatientes de las Auc. Sus familias buscaron a la Comisión con la esperanza de saber algo de su paradero, y Sonia contactó al el que fue comandante del Frente Sur Andaquíes, Carlos Fernando Mateus, alias Paquita, para conseguir información sobre estos casos. “Cuando estábamos en armas, éramos enemigos, pero ahora nosotros trabajamos para la reconciliación y para aportar a la verdad”, cuenta. Esta información ya está en manos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), pero aún no se han exhumado los cuerpos.
Los excombatientes han trabajado con organizaciones como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), que les han compartido lecciones aprendidas en sus búsquedas de más de 30 años. En el evento de lanzamiento de la Corporación Reencuentros, ayer, en Bogotá, la coordinadora de esta organización, Gloria Gómez, les reiteró su apoyo en esta labor humanitaria. En este espacio estuvo Helmut Angulo, hijo de los esposos Angulo, secuestrados, asesinados y desaparecidos por las Farc. Gracias al trabajo de los exguerrilleros buscadores, Helmut ya encontró el cuerpo de su mamá.
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Otilia, la coordinadora de la región noroccidente de la Corporación, recorrió uno a uno los lugares de sepultura de los cuerpos no identificados en el cementerio de Santa Lucía, Ituango. Esperaba encontrar el cuerpo de un oficial del Ejército de apellido Rojas. La historia de lo que pasó con Rojas pudo reconstruirse, pero el cuerpo no fue encontrado: “A él lo retuvieron y en un intento de fuga lo hirieron. “Él cayó a un río y el cuerpo se perdió”, recuerda.
Las reconstrucciones que hacen los excombatientes de este tipo de hechos son entregadas a la UBPD, a la Comisión de la Verdad y se allega a los casos que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz.
A pesar de los avances, uno de los reclamos de la Corporación es justamente la articulación con la UBPD. Para ellos, el proceso de búsqueda termina con la entrega de esta información de localización a la Unidad y el CICR, que sí cuentan con los equipos técnicos para exhumar, identificar y entregar los cuerpos de las personas encontradas.
Por otra parte, los excombatientes enfrentan graves problemas de seguridad. Más de 300 firmantes del Acuerdo han sido asesinados desde 2016 y los enlaces regionales de la nueva Corporación tienen esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Mónica*, una buscadora que prefirió mantener su identidad en reserva, por seguridad, ha recibido varios mensajes de texto amenazantes por ese trabajo. El último que recibió fue en marzo, después de un viaje para buscar un cuerpo. En el mensaje, personas que se identificaban como miembros del Eln le pedían información de un excombatiente que había viajado con ella. El esposo de Mónica, también firmante del Acuerdo, fue asesinado en esa misma zona donde ella ahora busca a otros desaparecidos. Ella, sin embargo, no cuenta con protección del Estado.
Más allá de estos obstáculos, los buscadores ven en la personería jurídica que ahora tendrá la organización una oportunidad para conseguir más respuestas para las familias de los desaparecidos. Como lo dijo Jhon León, líder de la Corporación, “lamentamos haber tenido parte en la desaparición forzada y nuestro deber con las víctimas, si nos lo permiten, es acompañarlos en su dolor y en la búsqueda de sus seres queridos”.
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