La Esmeralda: cultivar para resurgir
En las memorias de esta vereda, en el Valle del Guamuez (Putumayo), está presente la imagen del conflicto y un paisaje desolado, pero 31 familias volvieron a labrar sus tierras para darle un nuevo aliento a una comunidad que se reconstruye a través de proyectos agrícolas.
Carolina Ávila Cortés / cavila@elespectador.com
La visita se dio para conocer los proyectos agrícolas que está ejecutando la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), gracias a los recursos del Fondo Fiduciario de la Unión Europea para el Acuerdo de Paz en Colombia, que en total destinó cerca de $450 millones para el Putumayo.
Durante tres días, Gilmore recorrió, así como Roger Casement, su compatriota irlandés que hace más de 100 años denunció la masacre de pueblos indígenas por parte de la Peruvian Rubber Company en el Amazonas, la misma zona que había sido escenario de tan cruentos hechos, con la diferencia de que ahora venía a conocer los ejemplos de resiliencia que se han ido construyendo en la región después del paso violento de los grupos armados desde hace más de 30 años.
Según la Unidad para las Víctimas de Putumayo, de los 350.000 habitantes que hay en este departamento, 179.508 son víctimas (documentadas desde 1997 hasta 2017), es decir el 51 % de la población. Uno de los municipios más marcados por la violencia ha sido precisamente Valle del Guamuez, donde hubo presencia de guerrillas como el M-19, el Epl y el frente 32 de las Farc desde la década de los 80, según el informe El Placer: mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo, del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Sin embargo, desde 1997 se agudizó el conflicto en esta región por el control del narcotráfico y el territorio entre el frente 48 de las Farc y el bloque Sur de Putumayo de las autodefensas, bajo el mando de Rafael Londoño Jaramillo, conocido como Rafa Putumayo. A manos de este grupo se cometieron dos de las masacres más significativas de esta zona: la de la inspección de El Tigre, el 9 de enero de 1999, cuando 28 hombres fueron asesinados y lanzados al río Guamuez, y la de la inspección de El Placer, el 7 de noviembre del mismo año, cuando fueron asesinadas 11 personas.
Así, los paramilitares se fueron desplazando a otras veredas cercanas, empujando el aumento de los cultivos de coca, impulsado también por las fumigaciones en otros departamentos, como Guaviare y Caquetá. A tal punto que se convertirían en el principal sustento económico de los habitantes de Putumayo. Según cifras oficiales, tan sólo los municipios de Villa Garzón, Valle del Guamuez y Orito representaban en el año 2000 el 40 % de los cultivos ilícitos del país.
José Elías Benavides tiene 62 años y es uno de los habitantes de la vereda La Esmeralda, inspección de El Placer, que más saben de la historia de su pueblo. Conoce en detalle cómo llegó el conflicto armado a su tierra y no duda en aceptar que a finales de los 90 también hubo cultivos ilícitos. Luego, el 20 de junio del 2000, fue desplazado, como muchos de allí, junto con su familia.
“Años después nos regresamos todos. Dijimos: vámonos pa’llá a defender lo nuestro, ellos con armas, nosotros sin nada. Nos costó varias vidas, pero gracias a Dios esa resistencia hizo que hoy estemos acá”, le cuenta Benavides a Gilmore, en medio de su visita por la zona.
Es por esto que la FAO, en articulación con la Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea (Echo), lanzó en julio del año pasado en esta vereda un proyecto para la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de técnicas de cultivo para sus pobladores, quienes sufrieron por las muertes de sus seres queridos en la masacre de 1999 y en otros casos estuvieron en condición de desplazamiento. El proyecto no sólo nació con el propósito de diversificar la producción de alimentos en la zona, sino para enseñarles otras alternativas de sustento económico más allá de la coca, que también sirvieran para recuperar el tejido social de una comunidad herida por las balas.
Resiliencia en La Esmeralda
“Estoy muy contenta de trabajar aquí con mis compañeros en esta huerta, porque aquí es una diversión: trabajamos, nos reímos, peleamos, nos divertimos, de todo, pero estamos muy agradecidos”, dice en medio de risas Margarita Díaz, a quien con sesenta años encima no le dio miedo volver a los trabajos del campo. Como ella, al Centro Demostrativo de Capacitación Comunitaria (CDC) hecho por la FAO, una parcela de dos hectáreas, todos lo llaman la huerta de La Esmeralda.
La delegación de la Unión Europea, encabezada por Gilmore, llegó allí el jueves pasado con el propósito de conocer los resultados de un proyecto que un año atrás había empezado a trabajar en conjunto con la FAO. Cinco personas, entre ellas Rachel Brazier, embajadora de la Unión Europea en Colombia, y Breda Lee, consejera política de la delegación, se sentaron en dos tablas en el suelo a escuchar a los pobladores que con carteleras en mano les explicaban los resultados de su trabajo en la agricultura lícita.
“Una fumigación es mucho peor que haberles metido candela a las matas, porque el veneno queda ahí, activo, y uno siembra y no sale nada. Entonces, qué estamos haciendo aquí con el CDC: hemos aprendido a recuperar el suelo. Este suelo era árido y hoy en día ustedes pueden ver tanto producto que tenemos”, explica José Elías a la delegación, mientras extiende a lo ancho su brazo para señalar los cultivos de espinaca amazónica, cebollín, zanahoria, sacha inchi, zuzuca, pepino hueco, plátano, yuca, entre otros. Algunos de estos alimentos ya no crecían en la zona debido a la pérdida de semillas por la aspersión aérea de glifosato, pero hoy su huerta suple la alimentación de las 124 personas que participaron en el programa. Ahora tienen casi 20 especies cultivadas, pero quieren llegar a las 35.
El proceso de aprendizaje comenzó en julio de 2016 y la capacitación técnica se llevó a cabo en el CDC. Allí, 31 familias, 23 lideradas por mujeres y ocho por hombres, recogieron las primeras cosechas después de los tres meses, alcanzando una producción de 350 a 500 kilos. Además recibieron apoyo y capacitación para la cría de gallinas y la producción de abono, forraje, traslado de semillas y concentrado para sus animales.
La mayor parte de la población de La Esmeralda es procedente de Nariño, otros vienen de Putumayo y unos pocos de Antioquia. Cada lunes van todos a trabajar en la huerta. Lo que recogen lo dividen en partes iguales para todos. El resto de días hacen turnos para cuidar los alimentos y algunos ya están replicando el CDC en sus propias casas.
Después de recorrer la huerta, conocer la calidad de los alimentos y hasta probar uno que otro fruto, Gilmore escuchó las declaraciones de las personas que se reunieron allí para recibirlo. Le ofrecieron a toda la delegación una sabrosa malteada de yuca y le contaron que ahora tienen un poco más de tranquilidad y seguridad en sus vidas, a pesar de algunas amenazas aún presentes.
Desplazamientos gota a gota
Si bien Eamon Gilmore y demás representantes de la Unión Europea fueron testigos de ejemplos como La Esmeralda, donde el trabajo agrícola ha servido para reconstruir el tejido social y la tranquilidad de sus pobladores, algunas instituciones y la misma comunidad putumayense reconocieron que la situación en su departamento aún es delicada: han resurgido grupos armados que quieren ocupar las zonas que dejaron las Farc y desde enero de este año se han presentado cerca de 500 desplazamientos individuales en el departamento.
Obtener las cifras oficiales es difícil, pues las nuevas amenazas ya provocan prevención entre la gente y los funcionarios al momento de hablar. Sin embargo, los hechos mismos son dicientes. Alrededor de siete panfletos que amenazan a la población civil, provenientes de nuevos grupos armados o anteriores actores insurgentes que han tomado más fuerza, como el Eln, han aparecido en veredas y ciudades de Putumayo, principalmente cerca de la frontera con el Ecuador.
De acuerdo con lo reportado por instituciones de la Gobernación, hay presencia de alrededor de cuatro actores armados: La Constru, una estructura criminal que de las ciudades se está expandiendo a las zonas rurales; algunas facciones de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia; la banda los Comuneros, que opera principalmente en la frontera, y el grupo Eloy Alfaro, que se moviliza entre Ecuador y Colombia. Y aunque el 26 de julio se firmó el acuerdo de sustitución de cultivos ilícitos, falta que realmente se ponga en acción a lo largo de todo el departamento. Mientras tanto, las autoridades continúan con la erradicación forzada. Asimismo, actividades como la extracción de petróleo y la minería ilegal han aumentado, convirtiéndose en focos de violencia y de amenazas para líderes opositores.
Es así como la visita de la comisión europea se va con un aire esperanzador, pues, gracias al apoyo, las mismas comunidades quieren prosperar, y a la vez con más motivos para seguir acompañando proyectos como estos, que idealmente deberían recaer en principio en el Gobierno, al cual todavía le hace falta tener mucha más presencia en las esquinitas de nuestro país.
La delegación de la Unión Europea también tuvo la oportunidad de visitar el ahora llamado Espacio de Reincorporación y Capacitación de las Farc, en la vereda La Carmelita de Puerto Asís (Putumayo). Allí se reunieron con Manuel Rodríguez y Robledo Cardona, dos de los jefes encargados de la zona, y con el Mecanismo de Monitoreo y Verificación Tripartito. Tanto Rodríguez como Cardona le agradecieron a la delegación el apoyo internacional que ha tenido el proceso de paz, aunque hicieron hincapié en que debe mantenerse, ya que es vital para que se cumpla efectivamente la implementación y se vele por la seguridad de los excombatientes y sus familiares.
Agregaron que ahora lo que se viene para los miembros de las Farc que se establecieron en esta zona es su formación. Afirmaron que la gran mayoría tiene educación básica primaria y que si bien les fueron enviados tres profesores, hace falta logística para recibir las clases, es decir, salones, pupitres e implementos como tableros y marcadores.
Por su parte, el Mecanismo de Monitoreo de La Carmelita no reportó ninguna eventualidad durante y desde la dejación de armas. Aunque afirmó que desde la salida del contenedor con las armas de las Farc se fueron de la zona por voluntad propia cerca de 50 excombatientes, con el auxilio del Gobierno. También aseguró que se está trabajando en conjunto con el organismo internacional Acción Contra el Hambre en proyectos de reciclaje, tratamientos de residuos sólidos y confección de ropa y de calzado con los 494 hombres instalados allí.
La visita se dio para conocer los proyectos agrícolas que está ejecutando la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), gracias a los recursos del Fondo Fiduciario de la Unión Europea para el Acuerdo de Paz en Colombia, que en total destinó cerca de $450 millones para el Putumayo.
Durante tres días, Gilmore recorrió, así como Roger Casement, su compatriota irlandés que hace más de 100 años denunció la masacre de pueblos indígenas por parte de la Peruvian Rubber Company en el Amazonas, la misma zona que había sido escenario de tan cruentos hechos, con la diferencia de que ahora venía a conocer los ejemplos de resiliencia que se han ido construyendo en la región después del paso violento de los grupos armados desde hace más de 30 años.
Según la Unidad para las Víctimas de Putumayo, de los 350.000 habitantes que hay en este departamento, 179.508 son víctimas (documentadas desde 1997 hasta 2017), es decir el 51 % de la población. Uno de los municipios más marcados por la violencia ha sido precisamente Valle del Guamuez, donde hubo presencia de guerrillas como el M-19, el Epl y el frente 32 de las Farc desde la década de los 80, según el informe El Placer: mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo, del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Sin embargo, desde 1997 se agudizó el conflicto en esta región por el control del narcotráfico y el territorio entre el frente 48 de las Farc y el bloque Sur de Putumayo de las autodefensas, bajo el mando de Rafael Londoño Jaramillo, conocido como Rafa Putumayo. A manos de este grupo se cometieron dos de las masacres más significativas de esta zona: la de la inspección de El Tigre, el 9 de enero de 1999, cuando 28 hombres fueron asesinados y lanzados al río Guamuez, y la de la inspección de El Placer, el 7 de noviembre del mismo año, cuando fueron asesinadas 11 personas.
Así, los paramilitares se fueron desplazando a otras veredas cercanas, empujando el aumento de los cultivos de coca, impulsado también por las fumigaciones en otros departamentos, como Guaviare y Caquetá. A tal punto que se convertirían en el principal sustento económico de los habitantes de Putumayo. Según cifras oficiales, tan sólo los municipios de Villa Garzón, Valle del Guamuez y Orito representaban en el año 2000 el 40 % de los cultivos ilícitos del país.
José Elías Benavides tiene 62 años y es uno de los habitantes de la vereda La Esmeralda, inspección de El Placer, que más saben de la historia de su pueblo. Conoce en detalle cómo llegó el conflicto armado a su tierra y no duda en aceptar que a finales de los 90 también hubo cultivos ilícitos. Luego, el 20 de junio del 2000, fue desplazado, como muchos de allí, junto con su familia.
“Años después nos regresamos todos. Dijimos: vámonos pa’llá a defender lo nuestro, ellos con armas, nosotros sin nada. Nos costó varias vidas, pero gracias a Dios esa resistencia hizo que hoy estemos acá”, le cuenta Benavides a Gilmore, en medio de su visita por la zona.
Es por esto que la FAO, en articulación con la Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea (Echo), lanzó en julio del año pasado en esta vereda un proyecto para la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de técnicas de cultivo para sus pobladores, quienes sufrieron por las muertes de sus seres queridos en la masacre de 1999 y en otros casos estuvieron en condición de desplazamiento. El proyecto no sólo nació con el propósito de diversificar la producción de alimentos en la zona, sino para enseñarles otras alternativas de sustento económico más allá de la coca, que también sirvieran para recuperar el tejido social de una comunidad herida por las balas.
Resiliencia en La Esmeralda
“Estoy muy contenta de trabajar aquí con mis compañeros en esta huerta, porque aquí es una diversión: trabajamos, nos reímos, peleamos, nos divertimos, de todo, pero estamos muy agradecidos”, dice en medio de risas Margarita Díaz, a quien con sesenta años encima no le dio miedo volver a los trabajos del campo. Como ella, al Centro Demostrativo de Capacitación Comunitaria (CDC) hecho por la FAO, una parcela de dos hectáreas, todos lo llaman la huerta de La Esmeralda.
La delegación de la Unión Europea, encabezada por Gilmore, llegó allí el jueves pasado con el propósito de conocer los resultados de un proyecto que un año atrás había empezado a trabajar en conjunto con la FAO. Cinco personas, entre ellas Rachel Brazier, embajadora de la Unión Europea en Colombia, y Breda Lee, consejera política de la delegación, se sentaron en dos tablas en el suelo a escuchar a los pobladores que con carteleras en mano les explicaban los resultados de su trabajo en la agricultura lícita.
“Una fumigación es mucho peor que haberles metido candela a las matas, porque el veneno queda ahí, activo, y uno siembra y no sale nada. Entonces, qué estamos haciendo aquí con el CDC: hemos aprendido a recuperar el suelo. Este suelo era árido y hoy en día ustedes pueden ver tanto producto que tenemos”, explica José Elías a la delegación, mientras extiende a lo ancho su brazo para señalar los cultivos de espinaca amazónica, cebollín, zanahoria, sacha inchi, zuzuca, pepino hueco, plátano, yuca, entre otros. Algunos de estos alimentos ya no crecían en la zona debido a la pérdida de semillas por la aspersión aérea de glifosato, pero hoy su huerta suple la alimentación de las 124 personas que participaron en el programa. Ahora tienen casi 20 especies cultivadas, pero quieren llegar a las 35.
El proceso de aprendizaje comenzó en julio de 2016 y la capacitación técnica se llevó a cabo en el CDC. Allí, 31 familias, 23 lideradas por mujeres y ocho por hombres, recogieron las primeras cosechas después de los tres meses, alcanzando una producción de 350 a 500 kilos. Además recibieron apoyo y capacitación para la cría de gallinas y la producción de abono, forraje, traslado de semillas y concentrado para sus animales.
La mayor parte de la población de La Esmeralda es procedente de Nariño, otros vienen de Putumayo y unos pocos de Antioquia. Cada lunes van todos a trabajar en la huerta. Lo que recogen lo dividen en partes iguales para todos. El resto de días hacen turnos para cuidar los alimentos y algunos ya están replicando el CDC en sus propias casas.
Después de recorrer la huerta, conocer la calidad de los alimentos y hasta probar uno que otro fruto, Gilmore escuchó las declaraciones de las personas que se reunieron allí para recibirlo. Le ofrecieron a toda la delegación una sabrosa malteada de yuca y le contaron que ahora tienen un poco más de tranquilidad y seguridad en sus vidas, a pesar de algunas amenazas aún presentes.
Desplazamientos gota a gota
Si bien Eamon Gilmore y demás representantes de la Unión Europea fueron testigos de ejemplos como La Esmeralda, donde el trabajo agrícola ha servido para reconstruir el tejido social y la tranquilidad de sus pobladores, algunas instituciones y la misma comunidad putumayense reconocieron que la situación en su departamento aún es delicada: han resurgido grupos armados que quieren ocupar las zonas que dejaron las Farc y desde enero de este año se han presentado cerca de 500 desplazamientos individuales en el departamento.
Obtener las cifras oficiales es difícil, pues las nuevas amenazas ya provocan prevención entre la gente y los funcionarios al momento de hablar. Sin embargo, los hechos mismos son dicientes. Alrededor de siete panfletos que amenazan a la población civil, provenientes de nuevos grupos armados o anteriores actores insurgentes que han tomado más fuerza, como el Eln, han aparecido en veredas y ciudades de Putumayo, principalmente cerca de la frontera con el Ecuador.
De acuerdo con lo reportado por instituciones de la Gobernación, hay presencia de alrededor de cuatro actores armados: La Constru, una estructura criminal que de las ciudades se está expandiendo a las zonas rurales; algunas facciones de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia; la banda los Comuneros, que opera principalmente en la frontera, y el grupo Eloy Alfaro, que se moviliza entre Ecuador y Colombia. Y aunque el 26 de julio se firmó el acuerdo de sustitución de cultivos ilícitos, falta que realmente se ponga en acción a lo largo de todo el departamento. Mientras tanto, las autoridades continúan con la erradicación forzada. Asimismo, actividades como la extracción de petróleo y la minería ilegal han aumentado, convirtiéndose en focos de violencia y de amenazas para líderes opositores.
Es así como la visita de la comisión europea se va con un aire esperanzador, pues, gracias al apoyo, las mismas comunidades quieren prosperar, y a la vez con más motivos para seguir acompañando proyectos como estos, que idealmente deberían recaer en principio en el Gobierno, al cual todavía le hace falta tener mucha más presencia en las esquinitas de nuestro país.
La delegación de la Unión Europea también tuvo la oportunidad de visitar el ahora llamado Espacio de Reincorporación y Capacitación de las Farc, en la vereda La Carmelita de Puerto Asís (Putumayo). Allí se reunieron con Manuel Rodríguez y Robledo Cardona, dos de los jefes encargados de la zona, y con el Mecanismo de Monitoreo y Verificación Tripartito. Tanto Rodríguez como Cardona le agradecieron a la delegación el apoyo internacional que ha tenido el proceso de paz, aunque hicieron hincapié en que debe mantenerse, ya que es vital para que se cumpla efectivamente la implementación y se vele por la seguridad de los excombatientes y sus familiares.
Agregaron que ahora lo que se viene para los miembros de las Farc que se establecieron en esta zona es su formación. Afirmaron que la gran mayoría tiene educación básica primaria y que si bien les fueron enviados tres profesores, hace falta logística para recibir las clases, es decir, salones, pupitres e implementos como tableros y marcadores.
Por su parte, el Mecanismo de Monitoreo de La Carmelita no reportó ninguna eventualidad durante y desde la dejación de armas. Aunque afirmó que desde la salida del contenedor con las armas de las Farc se fueron de la zona por voluntad propia cerca de 50 excombatientes, con el auxilio del Gobierno. También aseguró que se está trabajando en conjunto con el organismo internacional Acción Contra el Hambre en proyectos de reciclaje, tratamientos de residuos sólidos y confección de ropa y de calzado con los 494 hombres instalados allí.