Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El destino del congresista William Ferney Aljure Martínez está inevitable y dolorosamente entrelazado con el 9 de abril de 1948 y con el conflicto en el país.
Ese día, el político nacido en Villavicencio, perdió a su bisabuelo Dufí Aljure, quien recibió un tiro en la cabeza en medio de las protestas por la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, en lo que se conoció como El Bogotazo.
Este martes, 75 años después y justamente a propósito del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, que se conmemora cada 9 de abril, William Aljure se convirtió en el primer representante de las curules de paz en presidir una plenaria en el Congreso de la República.
En contexto: Víctimas pidieron mayor atención del Gobierno ante el Congreso en pleno
Su llegada al Legislativo, tras ganar un escaño por la circunscripción de Meta y Guaviare, arrastra una dolorosa sombra de violencia que refleja a la perfección los embates de la guerra en Colombia.
Las élites del Gobierno siguen pensando que estas curules deben ser para los diplomáticos, los doctores. Cómo es posible que tenía una respuesta más rápido siendo víctima que ahora siendo congresista. Lo miran a uno de para abajo.
Su abuelo Dúmar Aljure Moncaleano dejó el Ejército y se convirtió en uno de los últimos jefes de las guerrillas liberales surgidas en los Llanos Orientales como una secuela de la violencia entre partidos que dominaban al país tras la muerte de Gaitán. En 1953, Dúmar -junto con el también guerrillero Guadalupe Salcedo- firmó la paz con el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, pero también en el mes de abril -exactamente el 4 de abril de 1968- fue asesinado.
Especial multimedia: Curules de paz: Las víctimas llegan al Congreso

Desde entonces, y como resultado de la estigmatización, década a década y a manos de diferentes actores armados ha perdido a 11 familiares, entre ellos a sus padres, a su abuelo y a algunos tíos.
“El 17 de noviembre de 1985 en la vereda El Trincho matan a mi tío Oliverio Martínez, yo ya tenía 7 años. El 9 de marzo de 1990 matan a mi tío Dúmar Aljure en vísperas de elecciones de la Unión Patriótica. Ya tenía 12 años. El 23 de agosto de 1997, cuando entraron los paramilitares a la región del Ariari por la trocha 7, resulta muerto mi padre Juan Pablo Aljure. Y el 2 de marzo del 2000 [hace una pausa y se quiebra su voz], junto con mi hermano, nos tocó recibir a mi madre en una bolsa de polietileno y quienes la mataron fueron los de las Farc, frente 4″, dijo en 2019 en un encuentro de ‘Hablemos de verdad’, organizado por este diario en Villavicencio.
En ese mismo evento dijo:
“Señores de las Farc, quisiera pedirles… estamos dispuestos como familia a que nos ayuden a buscar a nuestros seres queridos. Señores de las Autodefensas, quisiera saber ¿por qué resultó muerto mi padre? Señores del Gobierno, más directamente de las Fuerzas Militares, ¿por qué mataron a mis abuelos?”, preguntó entre lágrimas.
Aljure, el mayor de tres hermanos, también fue secuestrado junto a uno de ellos. Todos llevan un largo proceso de restitución por unas tierras que son ocupadas actualmente por siembras de palma de la empresa Poligrow.
En contexto: Nietos de líder guerrillero retornan a sus tierras en Mapiripán
Lo que le hizo la guerra a la familia Aljure es apenas una muestra de lo que también ocurrió en el departamento del Meta, marcado trágicamente por al menos 156 masacres que desde 1986 se han perpetrado, según el Centro Nacional de Memoria Histórica.
La región recibió las resistencias que llegaban de la violencia bipartidista en la década del 50 desde regiones como Cundinamarca, Huila o Tolima y que fueron poblando algunas zonas como el Ariari. Pero ante la ausencia estatal, uno a uno los grupos armados fueron copando los espacios y disputándose el poder de mando. La concentración fue especialmente en la cordillera oriental que por años fue el centro del secretariado de las Farc.
Según la Comisión de la Verdad, mientras en el resto del país el 17% de la población ha sido víctima, en esta región el porcentaje es cercano al 35%.
Así fue la llegada de William Aljure al Congreso
Aljure, que siempre usa sombrero, alpargatas y un poncho alrededor del cuello, alcanzó con poco más de 2.000 votos la curul de paz en las elecciones legislativas del año pasado con la Asociación de Campesinos productores del Bajo Ariari (Asocamproariari). Su circunscripción estaba conformada por 12 municipios del Meta y de Guaviare. Se trata de una zona que sigue en disputa por los actores armados, en la que hacen presencia los frentes 1, 7 y 40 de las disidencias de las Farc, las AGC o Clan del Golfo y los Puntilleros Bloque Meta.
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz lo reconoce como un reclamante de tierras en el municipio de Mapiripán y desde hace tres años trabaja en diferentes iniciativas de protección ambiental con comunidades campesinas e indígenas. “Siempre he llevado como el trabajo social de mi padre. La familia en general siempre ha sido dada a eso”, dice a Colombia+20.
Para el político de 45 años, casado desde hace 15 y padre de tres hijos, el reto más importante en los nueves meses que llevan las curules de paz en el Congreso no solo ha sido hacer visibles los derechos de las víctimas, sino también ser reconocidos y “valorados” por otras entidades del Gobierno, una crítica que Aljure lleva a la plenaria del Congreso.
“Las élites del Gobierno siguen pensando que estas curules deben ser para los diplomáticos, los doctores. No solo son los otros representantes o senadores, sino también los diferentes ministerios. Cómo es posible que tenía una respuesta más rápido o sacaba una cita más rápido siendo víctima que ahora siendo congresista. Lo miran a uno de para abajo. Y pues como yo ando con cotizas y sombrero, pues la gente me ignora y cambian cuando saben que yo soy el representante”, asegura Aljure.
La elección de Aljure como vocero en esta plenaria del Congreso coincide también con un reciente hecho ocurrido en Mesetas, Meta, en el que firmantes del Acuerdo de Paz que viven en el ETCR Mariana Páez fueron amenazados por disidencias del Estado Mayor Central. El hecho obligó al Gobierno a hacer una reunión de emergencia a la que asistió el presidente Petro y donde se acordó que los excombatientes de las Farc se irían del predio dentro de tres mes.
Aljure también estuvo en esa reunión. “Yo los acompañé y estamos muy pendientes de lo que ellos necesiten. Independientemente de su pasado, ellos de acogieron al Acuerdo de Paz y hoy están sufriendo”, dice.
La plenaria de este martes se hizo en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), y contó con la presencia de Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad de Víctimas; Giovanni Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras; y María Gaitán, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Además, intervinieron representantes de instituciones y organizaciones de víctimas del conflicto armado, y algunos congresistas que pondrán la lupa sobre la situación de los más de 9 millones de personas afectadas por la guerra en Colombia.
Las organizaciones resaltaron el papel de los representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz o curules de paz, pero denunciaron que muchas de sus regiones siguen olvidadas por las instituciones del Estado. “Para que en Colombia haya paz debe haber inversión social”, manifestó Ramón Emiro Galván, representante de las víctimas del Catatumbo.
