La historia del proceso de paz con “Otoniel” que nunca fue

El antropólogo y profesor Jesús Flórez recuerda que a mediados de 2017 lo buscó una persona que conocía de años atrás, cuando ofició como sacerdote en Chocó y mantuvo interlocuciones con los paramilitares durante el proceso de paz de Álvaro Uribe. Esa persona le dijo que venía de parte de Dairo Antonio Úsuga, conocido como Otoniel, máximo comandante de las Agc o Clan del Golfo, para propiciar un acercamiento de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.

“La idea fue de las Agc, Santos recibió información de que estaban interesados en vincularse a una negociación y designó al vicepresidente Óscar Naranjo para el tema”, precisa Flórez, quien hoy apoya como asesor al equipo de paz de la Arquidiócesis de Cali. “Después tomaron contacto con la iglesia, en concreto con Monseñor Darío Monsalve. Ese primer contacto fue conmigo, me hicieron llegar el mensaje con un correo humano, era una comunicación muy clara de lo que buscaban”.

Lea: “Estamos bastante lejos del fin del Clan del Golfo”: Franklin Castañeda

Las Agc, llamadas Clan del Golfo por las autoridades, habían seguido con interés los diálogos de paz con las Farc, incluso enviaron representantes a La Habana, donde tuvieron conversaciones con los jefes guerrilleros y manifestaron, según Flórez, que “si de verdad las Farc estaban con seriedad en la negociación ellos iban a respetarla y eso fue real, pues a grosso modo cumplieron con no agredir a los excombatientes”.

Ese grupo armado designó una comisión de civiles, casi todos abogados, encargados de la facilitación y los acercamientos con el Gobierno que se prolongaron durante todo el segundo semestre de 2017. Esta comisión mantenía línea directa con Otoniel y desde el comienzo pidió un marco jurídico especial que posibilitara el sometimiento colectivo de la organización, no los sometimientos individuales que ya estaban contemplados en la ley.

El senador Iván Cepeda fue uno de los facilitadores autorizados por el presidente Santos para estas conversaciones. Él asegura que los encuentros comenzaron después de una carta que los emisarios de Otoniel enviaron a través de él a Juan Manuel Santos en 2015. Todas las reuniones en las que participó se llevaron a cabo en la Fiscalía o la Vicepresidencia. “Se supone que la ley (que tramitaría el Gobierno) iba a facilitar el sometimiento colectivo, porque la reforma a la ley anterior quedó hecha de tal manera que obstruía el sometimiento y los beneficios no eran tantos”, explica.

El proceso llegó a estar tan avanzado, que la Iglesia católica, en calidad de acompañante, destinó el predio de un antiguo seminario entre Yarumal y Santa Rosa de Osos, en Antioquia, para que allí se concentraran los primeros grupos durante la desmovilización. “Hablaban de cinco mil efectivos armados en todo el país”, apunta Jesús Flórez, quien dice que la labor del arzobispo Darío Monsalve era “propiciar el ambiente, abrir la puerta al acogimiento a la justicia, porque él no hablaba de sometimiento, sino de acogimiento”. Y sobre todo apostarle a la verdad del conflicto que pudieran contar los miembros del grupo criminal.

Lea también: La propuesta que le presentaron al Gobierno para desmontar el paramilitarismo

El 5 de septiembre de 2017, un día antes de la llegada del papa Francisco a Colombia, Otoniel apareció en público con un video saludando al jerarca católico, donde declaraba que su organización quería “ser parte del fin del conflicto para llegar al desarme total de todos los grupos armados del país”. Insistía en que estaban dispuestos a “suspender todas las actividades ilegales” una vez estuvieran dadas las condiciones. “Creo en la paz de mi patria, confío en que en este Gobierno se pueda construir la paz estable y duradera”, concluía.

Las condiciones que pedía el jefe de las Agc eran el marco jurídico especial para el sometimiento que contemplara algunos beneficios y la seguridad de que no serían extraditados. “El miedo de ellos era que los extraditaran, sobre todo porque Otoniel venía del proceso de Justicia y Paz con los paramilitares”, cuenta el sacerdote Albeiro Parra, otro gestor de paz.

Pero ahí empezaron los problemas. En el Congreso se hicieron trámites para un proyecto de ley de sometimiento, incluyendo una propuesta de la senadora por el Centro Democrático Paola Holguín, que contemplaba penas privativas de la libertad de entre 48 y 96 meses de prisión para delitos que no fueran de lesa humanidad, esto condicionado al aporte de “verdad integral” y el compromiso de no reincidencia, así como la entrega de bienes, la promoción de la no instrumentalización de menores y una “desarticulación integral” del grupo en todos los niveles.

No obstante, varias fuentes coinciden en que la versión final de la Ley 1908 que Santos firmó cuando no le quedaba ni un mes en la Casa de Nariño, el 9 de julio de 2018, en realidad fue confeccionada por el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y eso “terminó siendo un impedimento”, en opinión de Jesús Flórez, pues el texto era más drástico que el mismo Código Penal y los beneficios del sometimiento no aparecían por ningún lado.

Iván Cepeda añade que en esta última apreciación coincidían no solo los abogados emisarios de ‘Otoniel’, sino también políticos de izquierda como Germán Navas Talero, que criticaron el proyecto. El vicepresidente Óscar Naranjo aceptó en una entrevista que la ley había sido “concertada” con el fiscal Martínez.

La nueva ley tenía una vigencia de apenas seis meses para que los grupos armados se acogieran a ella y colocaba requisitos muy difíciles de cumplir, por ejemplo, que cada miembro del grupo debía entregar un listado de sus delitos para que fueran verificados por la Fiscalía. Ofrecía rebajas de un 50 % de las condenas en unos casos y de un 30 % en otros, pero esto no era significativamente distinto a lo que puede lograr un reo ordinario cuando hace acuerdos con la justicia.

“La verdad que ellos podían aportar ponía en juego al establecimiento”, explica Jesús Flórez. De acuerdo con los facilitadores, esa sería la verdadera causa para que varios sectores políticos bloquearan el avance de los acercamientos. “A mí no me cabe duda de eso, no sólo cuando se frustró el proceso, sino ahora que hay sectores desesperados para que haya una extradición express de ‘Otoniel’”, afirma el senador Iván Cepeda. “Tienen un interés muy grande en que este señor guarde silencio, la verdad que ha acumulado en su vida delictiva es muy considerable. El Clan del Golfo es la organización más poderosa que hay en Colombia. Tiene vínculos muy significativos con algos mandos militares y estructuras enteras de la Fuerza Pública”.

El 5 de agosto de 2018 fue capturado alias Nicolás en San Rafael (Antioquia). Era uno de los comandantes que más había insistido en el interior de las Agc en la posibilidad de la negociación. Dos días más tarde Iván Duque asumió la presidencia. Ni él ni su comisionado de Paz, Miguel Ceballos, mostraron interés en proseguir con los diálogos, según afirman varios obispos y religiosos que estuvieron al tanto de las conversaciones.

Ceballos confirmó a Colombia+20 que el plazo de los seis meses de la ley era realmente muy corto para adelantar cualquier proceso, pero además dijo que “el gobierno Duque tenía claro que no negociaría con narcotraficantes y por eso no le interesó nunca prorrogar esa ley”. Ceballos insiste en que nunca se reunió con los emisarios de Otoniel. Luego impulsó un decreto de sometimiento individual -que era justamente todo lo contrario de lo que habían pedido las Agc- y, según él, “Otoniel me amenazó públicamente a mí y a quienes se sometieran a ese decreto, porque eso implicaba el desgrane de su organización”.

“Se perdió una gran oportunidad de paz por dos razones: uno, ellos habían mostrado señales y respetaban el proceso con las Farc; dos, veían con buenos ojos la puerta que se había abierto con el Eln” asegura Jesús Flórez, “era la posibilidad de un macro acuerdo de paz diferenciado”.

El 25 de octubre pasado las Agc publicaron un comunicado anunciando que redoblarán “las actividades políticas, sociales y militares” como consecuencia de la caída de ‘Otoniel’. Advirtieron que en su organización “no hay una sola cabeza” sino que se trata de un cuerpo colegiado donde las decisiones se toman consultando a “toda la comandancia”.

Contra la tesis que defiende el gobierno de que se vislumbra el fin de las Agc, algunos consideran que va a configurarse un escenario peor: “se viene una balcanización del Clan del Golfo” asegura el senador Iván Cepeda, “ese monstruo va a escindirse y vamos a tener que librar una guerra con muchas organizaciones criminales”.

El antropólogo y profesor Jesús Flórez recuerda que a mediados de 2017 lo buscó una persona que conocía de años atrás, cuando ofició como sacerdote en Chocó y mantuvo interlocuciones con los paramilitares durante el proceso de paz de Álvaro Uribe. Esa persona le dijo que venía de parte de Dairo Antonio Úsuga, conocido como Otoniel, máximo comandante de las Agc o Clan del Golfo, para propiciar un acercamiento de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.

“La idea fue de las Agc, Santos recibió información de que estaban interesados en vincularse a una negociación y designó al vicepresidente Óscar Naranjo para el tema”, precisa Flórez, quien hoy apoya como asesor al equipo de paz de la Arquidiócesis de Cali. “Después tomaron contacto con la iglesia, en concreto con Monseñor Darío Monsalve. Ese primer contacto fue conmigo, me hicieron llegar el mensaje con un correo humano, era una comunicación muy clara de lo que buscaban”.

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Las Agc, llamadas Clan del Golfo por las autoridades, habían seguido con interés los diálogos de paz con las Farc, incluso enviaron representantes a La Habana, donde tuvieron conversaciones con los jefes guerrilleros y manifestaron, según Flórez, que “si de verdad las Farc estaban con seriedad en la negociación ellos iban a respetarla y eso fue real, pues a grosso modo cumplieron con no agredir a los excombatientes”.

Ese grupo armado designó una comisión de civiles, casi todos abogados, encargados de la facilitación y los acercamientos con el Gobierno que se prolongaron durante todo el segundo semestre de 2017. Esta comisión mantenía línea directa con Otoniel y desde el comienzo pidió un marco jurídico especial que posibilitara el sometimiento colectivo de la organización, no los sometimientos individuales que ya estaban contemplados en la ley.

El senador Iván Cepeda fue uno de los facilitadores autorizados por el presidente Santos para estas conversaciones. Él asegura que los encuentros comenzaron después de una carta que los emisarios de Otoniel enviaron a través de él a Juan Manuel Santos en 2015. Todas las reuniones en las que participó se llevaron a cabo en la Fiscalía o la Vicepresidencia. “Se supone que la ley (que tramitaría el Gobierno) iba a facilitar el sometimiento colectivo, porque la reforma a la ley anterior quedó hecha de tal manera que obstruía el sometimiento y los beneficios no eran tantos”, explica.

El proceso llegó a estar tan avanzado, que la Iglesia católica, en calidad de acompañante, destinó el predio de un antiguo seminario entre Yarumal y Santa Rosa de Osos, en Antioquia, para que allí se concentraran los primeros grupos durante la desmovilización. “Hablaban de cinco mil efectivos armados en todo el país”, apunta Jesús Flórez, quien dice que la labor del arzobispo Darío Monsalve era “propiciar el ambiente, abrir la puerta al acogimiento a la justicia, porque él no hablaba de sometimiento, sino de acogimiento”. Y sobre todo apostarle a la verdad del conflicto que pudieran contar los miembros del grupo criminal.

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El 5 de septiembre de 2017, un día antes de la llegada del papa Francisco a Colombia, Otoniel apareció en público con un video saludando al jerarca católico, donde declaraba que su organización quería “ser parte del fin del conflicto para llegar al desarme total de todos los grupos armados del país”. Insistía en que estaban dispuestos a “suspender todas las actividades ilegales” una vez estuvieran dadas las condiciones. “Creo en la paz de mi patria, confío en que en este Gobierno se pueda construir la paz estable y duradera”, concluía.

Las condiciones que pedía el jefe de las Agc eran el marco jurídico especial para el sometimiento que contemplara algunos beneficios y la seguridad de que no serían extraditados. “El miedo de ellos era que los extraditaran, sobre todo porque Otoniel venía del proceso de Justicia y Paz con los paramilitares”, cuenta el sacerdote Albeiro Parra, otro gestor de paz.

Pero ahí empezaron los problemas. En el Congreso se hicieron trámites para un proyecto de ley de sometimiento, incluyendo una propuesta de la senadora por el Centro Democrático Paola Holguín, que contemplaba penas privativas de la libertad de entre 48 y 96 meses de prisión para delitos que no fueran de lesa humanidad, esto condicionado al aporte de “verdad integral” y el compromiso de no reincidencia, así como la entrega de bienes, la promoción de la no instrumentalización de menores y una “desarticulación integral” del grupo en todos los niveles.

No obstante, varias fuentes coinciden en que la versión final de la Ley 1908 que Santos firmó cuando no le quedaba ni un mes en la Casa de Nariño, el 9 de julio de 2018, en realidad fue confeccionada por el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y eso “terminó siendo un impedimento”, en opinión de Jesús Flórez, pues el texto era más drástico que el mismo Código Penal y los beneficios del sometimiento no aparecían por ningún lado.

Iván Cepeda añade que en esta última apreciación coincidían no solo los abogados emisarios de ‘Otoniel’, sino también políticos de izquierda como Germán Navas Talero, que criticaron el proyecto. El vicepresidente Óscar Naranjo aceptó en una entrevista que la ley había sido “concertada” con el fiscal Martínez.

La nueva ley tenía una vigencia de apenas seis meses para que los grupos armados se acogieran a ella y colocaba requisitos muy difíciles de cumplir, por ejemplo, que cada miembro del grupo debía entregar un listado de sus delitos para que fueran verificados por la Fiscalía. Ofrecía rebajas de un 50 % de las condenas en unos casos y de un 30 % en otros, pero esto no era significativamente distinto a lo que puede lograr un reo ordinario cuando hace acuerdos con la justicia.

“La verdad que ellos podían aportar ponía en juego al establecimiento”, explica Jesús Flórez. De acuerdo con los facilitadores, esa sería la verdadera causa para que varios sectores políticos bloquearan el avance de los acercamientos. “A mí no me cabe duda de eso, no sólo cuando se frustró el proceso, sino ahora que hay sectores desesperados para que haya una extradición express de ‘Otoniel’”, afirma el senador Iván Cepeda. “Tienen un interés muy grande en que este señor guarde silencio, la verdad que ha acumulado en su vida delictiva es muy considerable. El Clan del Golfo es la organización más poderosa que hay en Colombia. Tiene vínculos muy significativos con algos mandos militares y estructuras enteras de la Fuerza Pública”.

El 5 de agosto de 2018 fue capturado alias Nicolás en San Rafael (Antioquia). Era uno de los comandantes que más había insistido en el interior de las Agc en la posibilidad de la negociación. Dos días más tarde Iván Duque asumió la presidencia. Ni él ni su comisionado de Paz, Miguel Ceballos, mostraron interés en proseguir con los diálogos, según afirman varios obispos y religiosos que estuvieron al tanto de las conversaciones.

Ceballos confirmó a Colombia+20 que el plazo de los seis meses de la ley era realmente muy corto para adelantar cualquier proceso, pero además dijo que “el gobierno Duque tenía claro que no negociaría con narcotraficantes y por eso no le interesó nunca prorrogar esa ley”. Ceballos insiste en que nunca se reunió con los emisarios de Otoniel. Luego impulsó un decreto de sometimiento individual -que era justamente todo lo contrario de lo que habían pedido las Agc- y, según él, “Otoniel me amenazó públicamente a mí y a quienes se sometieran a ese decreto, porque eso implicaba el desgrane de su organización”.

“Se perdió una gran oportunidad de paz por dos razones: uno, ellos habían mostrado señales y respetaban el proceso con las Farc; dos, veían con buenos ojos la puerta que se había abierto con el Eln” asegura Jesús Flórez, “era la posibilidad de un macro acuerdo de paz diferenciado”.

El 25 de octubre pasado las Agc publicaron un comunicado anunciando que redoblarán “las actividades políticas, sociales y militares” como consecuencia de la caída de ‘Otoniel’. Advirtieron que en su organización “no hay una sola cabeza” sino que se trata de un cuerpo colegiado donde las decisiones se toman consultando a “toda la comandancia”.

Contra la tesis que defiende el gobierno de que se vislumbra el fin de las Agc, algunos consideran que va a configurarse un escenario peor: “se viene una balcanización del Clan del Golfo” asegura el senador Iván Cepeda, “ese monstruo va a escindirse y vamos a tener que librar una guerra con muchas organizaciones criminales”.