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El consejo directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tomará este lunes una decisión fundamental para los campesinos del país y para el cumplimiento del Acuerdo final de Paz. Por 10 años, en su estantería reposaron los procesos para constituir tres zonas de reserva campesina (ZRC) en Meta y Cundinamarca sin que se resolvieran de fondo esas solicitudes hasta que a principios de este año un juez de tutela le dio seis meses para que lo hiciera. Ahora, la agencia tiene la última palabra para poner fin a una década de dilaciones.
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En diciembre de 2020, las organizaciones campesinas Sintrapaz, Ascal-G y Agroguejar, junto a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) y Dejusticia interpusieron una tutela contra la ANT y su consejo directivo por la violación al derecho fundamental a la igualdad material, a la territorialidad campesina y al derecho al debido proceso. La razón era la dilación injustificada de esa entidad en los procesos de constitución de las ZRC de Losada-Guayabero, el Sumapaz y Guejar-Cafre, cuya solicitud se había presentado desde 2011, una década atrás. En enero de 2021, el juez octavo de ejecución de penas de Bogotá les dio la razón a las comunidades y le ordenó a la ANT terminar el trámite en 180 días. La agencia apeló y en abril de 2021 el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la orden y quedaron vigentes los 180 días.
Darío Fajardo, estudioso del tema agrario en Colombia, y Ana Jimena Bautista, coordinadora de la línea de Tierras y Campesinado en Dejusticia explican que la resolución que adopte la ANT tendrá impactos mucho más allá de esas tres comunidades campesinas. Resaltan la importancia de las ZRC en la solución al tema de los cultivos de uso ilícito, la deforestación y en la deuda que tiene el Estado con el campesinado colombiano.
¿Por qué es tan importante la decisión que tome este lunes la Agencia Nacional de Tierras?
Darío Fajardo (D.F): Lo primero es que esto es un mandato legal. Este proceso de creación de las ZRC está dando cumplimiento a lo planteado en la ley 160 de 1994. Segundo, el proceso ha sido tremendamente lento aun cuando las ZRC que ya han sido constituidas y las que están en proceso de constitución han cumplido con los requisitos de la preparación del plan de desarrollo sostenible de cada una de ellas; se ha demorado excesivamente el reconocimiento. El plan de desarrollo sostenible y los requisitos que se exigen son muy dinámicos, entonces cualquier dilación, más como la que ha ocurrido en este caso, cambia las condiciones en las que fueron hechos la caracterización del plan de desarrollo sostenible, el diagnostico, inclusive la consulta no solo con las comunidades sino con las instituciones. Es un juego injusto hacia las ZRC porque se les exige que estén actualizadas, pero una vez se actualiza se demora el trámite de aprobación de las ZRC y vuelven a desactualizarse. Es una carrera de nunca acabar.
Ana Jimena Bautista (A.J.B): Las ZRC son la materialización de un derecho que ha sido reconocido a los campesinos por vía jurisprudencial que es el derecho a la territorialidad campesina. La Corte Constitucional ha dicho en varias sentencias que ese derecho está en la medula de los derechos campesinos y protege las relaciones que los campesinos tejen con la tierra. Segundo, las ZRC ya no son solo un mandato legal porque después del Acuerdo de Paz y en virtud del acto legislativo 02 ha habido un proceso de constitucionalización de las ZRC: es una obligación constitucional.
¿Cómo llegamos a este nivel de dilación en el que han pasado 10 años desde que las comunidades presentaron la solicitud de creación de la ZRC y no se haya aprobado?
D.F: Aquí hay ausencia de voluntad política. No hay otra razón que lo explique y desafortunadamente esto está enmarcado en la gestión de un gobierno que es adverso al Acuerdo de Paz. Pero además hay que decir que la sociedad nuestra se aprovecha de los campesinos, que son quienes nos suministran alimentos; ellos legitiman a esta sociedad a través del proceso electoral, votando. y además los campesinos son quienes suministran la población que va a integrar las fuerzas armadas de este ordenamiento social. Entonces, legitiman, dan la fuerza armada para sostener el régimen y dan los alimentos; pero al tiempo que dan esos elementos fundamentales, se les desconoce. Hay una injusticia desde el punto de partida hacia los campesinos.
¿En esa ausencia de voluntad política y dilación en los procesos que lleva a que solo existan formalmente siete zonas de reserva campesina tiene que ver la estigmatización que ha habido hacia esa figura desde el Estado?
D.F: En efecto. Cuando se hacen las conversaciones de paz de La Habana, se está discutiendo el punto 1, y una alta funcionaria del Gobierno (Martha Lucía Ramírez), que ha tenido una actitud de mucha animadversión contra las reservas campesinas, fue a La Habana a interponer el argumento de que no se debían crear las reservas campesinas. Y esa funcionaria fue una importante gestora del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que tanto nos ha costado en términos del abastecimiento alimentario del país. No es simplemente que no les gusten los campesinos, es que hay un interés económico en arrinconar a los campesinos para abrir espacio a las importaciones de alimentos.
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Las ZRC de Losada - Guayabero y la de Guejar - Cafre están ubicadas en zonas donde se siente con fuerza la deforestación. ¿Declarar la ZCR sirve para detenerla?
D.F: El punto agrario del Acuerdo de paz tiene un componente que habla de la zonificación ambiental participativa. Yo participé en el diseño de esa metodología con ocasión de que la ZRC del Pato, en Caquetá, tiene unas comunidades que no quedaron incorporadas en la reserva y están solicitando la ampliación para quedar dentro. Una de las cosas que fue evidente fue que esa reserva campesina había logrado mantener la cubierta forestal a diferencia de lo que ocurría en otros municipios del Caquetá y del Meta. Tan es así que la propia gobernación del Caquetá aplicó la zonificación ambiental participativa en otros municipios para iniciar la constitución de ZRC. Es decir, desde la gobernación se ve la trascendencia de esa figura como un instrumento no solo de estabilización campesina, no solo de paz, sino de protección forestal. Las comunidades campesinas organizadas protegen sus bosques.
¿Aquí también estamos hablando del debate de la productividad de la tierra y en manos de quién es más productiva?
D.F: Hay un argumento contundente que lo planteó el Banco Mundial. Cuando se impulsó la ley 160 de 1994, uno de los argumentos que tenía el Banco Mundial a favor de los campesinos es que la economía campesina tiene niveles de productividad mucho más elevados que las grandes explotaciones agrícolas. Por una parte, por el cuidado de la tierra, de los recursos; pero por otra, las comunidades campesinas tienen una ventaja inmensa y es que sus costos de producción son muy inferiores a los costos de producción de las grandes empresas porque no invierten en la administración de las unidades productivas, porque es trabajo familiar. En el censo agropecuario de Colombia lo que predomina es la gran propiedad, fincas de 500 hectáreas en adelante que están cubiertas de praderas. Tenemos una pérdida sostenida de nuestro potencial productivo de alimentos porque eso se lo ha ido ganando la praderización de las tierras. Tenemos una carga de cabezas por hectárea que es indefendible: hay menos de dos cabezas por hectárea, cuando en países como Holanda tienen 4 cabezas por hectárea. Las vacas tienen más tierra que los campesinos, que son quienes producen los alimentos.
A.J.B: La encuesta nacional agropecuaria de 2019, que incluyó la categoría campesina, muestra que es claro que hay una mayor productividad de las unidades productivas agropecuarias que tienen a cargo quienes se reconocen como campesinos. ¿Y cómo la miden? por mayor número de toneladas producidas en relación a la extensión de la tierra.
La directora de la ANT dijo sobre la orden del juzgado que le dio 180 días para terminar el proceso de constitución que iba a ser muy difícil porque, por ejemplo, en el caso de Sumapaz ha habido cambios por parte de MinAmbiente en el manejo y uso de páramos y hay que volver a delimitar la zona. En los otros casos se refirió a los cultivos de uso ilícito y a las minas antipersonal como problemas que complejizan aún más el proceso...
A.J.B: Los 180 días que les dio el juez de tutela fueron para terminar un proceso que lleva 10 años. En realidad, no han tenido 180 días, han tenido 3.600. Sobre el páramo: de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico no existe nada que impida que se constituya la zona de reserva campesina sobre una zona de páramo, de hecho, Cabrera, ya constituida, está sobre parte del páramo. No son excluyentes, como sí lo es con Parques Nacionales. Y el argumento de las minas nunca lo habían sacado, lo sacaron para responder la acción de tutela que interpusimos. El trabajo de campo grueso para el proceso de constitución ya se hizo, ellos no tienen que ir allá porque eso ya se hizo. Pero la preocupación es que la ANT no tiene la voluntad política de querer avanzar en la constitución de las zonas y el argumento que va a sacar para negar la aprobación es decir que ha habido una desactualización de los planes de desarrollo sostenible. Pero claro, ha habido una desactualización por la inoperancia de la autoridad agraria. Las organizaciones campesinas han hecho de todo para pedir que se tome la decisión, pero ha sido por la autoridad agraria que eso no se ha podido volver a actualizar.
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¿Cuál sería la gravedad para los campesinos y el país de que se negara la constitución de estas ZRC?
D.F: Si uno mira las áreas en donde se han estabilizado los cultivos de uso ilícito, uno las puede ubicar en el desarrollo desigual: son zonas donde sistemáticamente el Estado es ausente, y lo que uno puede entender es que a quienes promueven los cultivos ilícitos les interesa que esas zonas se mantengan en esa condición de desarrollo desigual, porque eso las hace competitivas, porque la tierra y la mano de obra son baratas. Precisamente la ZRC lo que ha tratado es de construir un proceso de desarrollo regional, que es un elemento central. Entonces es como dar marcha atrás: no hacer las reservas campesinas es mantener las áreas en donde los cultivos de uso ilícito son competitivos. Si se promueven las reservas campesinas, estamos incidiendo de manera estructural y estratégica en la superación del problema de los cultivos ilícitos, porque no es un problema de cambiar un cultivo por otro, el problema son las condiciones de desarrollo de estas regiones. Ese argumento es incontrastable.
A.J.B: La gravedad tiene dos planos. El primero es frente a estas tres comunidades que llevan 10 años en el proceso. Pero, además, en términos simbólicos el mensaje para los campesinos organizados es devastador. Si uno ve la agenda del movimiento campesino en este momento en las últimas décadas ha cobrado un especial lugar la reivindicación de su reconocimiento como sujeto político y pleno de derechos. Rober Daza, campesino de Nariño, ha dicho ‘los campesinos somos los hijos ilegítimos del Estado’. Y yo creo que ese sentimiento en el campesinado es muy fuerte. ‘Aquí el Estado lo que hace es que nos golpea, nos golpea y nos golpea.’ Y este tipo de decisiones son fundamentales ya en términos de formación del Estado, de lo que significa la relación del campesino organizado con el Estado. ‘Cuál es el lugar que me da el Estado, cómo me reconoce’. Y entonces los campesinos ven que en la asamblea de Naciones Unidas se negó a votar la declaración de derechos del campesinado; pero además aprueba leyes que van en su contra, como las Zidres. Ellos tienen todo un listado de deudas y este es un golpe más en esa dirección.
El Acuerdo de Paz tiene dos metas claras y ambiciosas: la adjudicación de tres millones de hectáreas a través del Fondo de Tierras y la formalización de otros siete millones de hectáreas. ¿Las ZRC contribuirían a cumplir esas metas?
A.J.B: El objetivo de las ZRC una vez constituidas, por supuesto es que haya un mayor acceso a tierra para los campesinos dentro de las zonas. La mayoría de las zonas están sobre baldíos y al adjudicar pueden sumarles a los siete millones de hectáreas de formalización que tiene que hacer el gobierno. Entonces estas zonas le ayudan a cumplir dos metas del Acuerdo: las siete millones de hectáreas de tierra formalizadas, pero, por otro lado, es que el Acuerdo de paz dijo que había que promover las ZRC: eso significa actuar con debida diligencia, hacer todo lo posible, todo lo que esté a su alcance para materializarlas.
¿Qué salidas puede tener en este momento entonces la ANT frente a la desactualización de los planes de desarrollo sostenible?
Lo que han dicho las organizaciones campesinas es ‘constituyamos las ZRC y demos un plazo de seis meses para que se actualicen los planes’. Esa sería una opción válida.
