La hora cero de la implementación

Desde que concluyeron las negociaciones entre el Gobierno y las Farc en La Habana y se firmó en Cartagena el acuerdo final, estaba claro que las nuevas batallas por la paz se iban a librar en Colombia. Y así ha sido. Primero, el plebiscito del 2 de octubre en el que se impuso el No. Después la renegociación del nuevo acuerdo, que finalmente se firmó en Bogotá el 24 de noviembre. Y luego el largo pulso en la Corte Constitucional, que se saldó el pasado martes con la aprobación del Acto Legislativo para la Paz, incluido el mecanismo del fast track.

La semana que termina ha sido intensa de principio a fin. Empezó con los ecos del Premio Nobel de Paz entregado al presidente Juan Manuel Santos. Siguió con el espaldarazo de la Corte Constitucional al procedimiento especial legislativo y las facultades extraordinarias. Alteró el panorama el anuncio de que cinco comandantes de las Farc se declararon en disidencia. Un día después se fundó el movimiento ciudadano que acompañará a la guerrilla en su tránsito a la vida política y designó a sus voceros en el Congreso. Y terminó con un encuentro entre Santos y Uribe tratando de saldar sus diferencias ante el papa Francisco.

Y esto es sólo el epígrafe de lo que se viene a partir de mañana. Este lunes empezará la implementación del acuerdo de paz con el primer gran debate en el Congreso: la ley de amnistía e indulto. Simultáneamente se radicará en el Legislativo la reforma constitucional que le da vida a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y la ley que reforma el reglamento del Congreso para permitir la llegada de las voces de paz y reconciliación. Esta última iniciativa aporta las bases para cumplir con lo pactado en el acuerdo de participación en política.

Y el primer paso de la implementación de los acuerdos será el debate, en comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, de la ley de amnistía e indulto. Este proyecto de ley plantea dos tipos de amnistía: la de iure y la de caso a caso. La primera será otorgada a guerrilleros que hayan incurrido en delitos políticos y conexos. La segunda, para los casos más complejos, que está atada a la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, que tendrá que definir en qué casos hubo graves violaciones a los derechos humanos, y en cuáles se puede acceder a los beneficios por tratarse de conductas relacionadas con el apoyo a la guerrilla.

De igual manera, está iniciativa incluye un tratamiento especial diferenciado para los agentes del Estado que hayan cometido delitos con ocasión del conflicto armado. Es claro que éstos no son sujetos de amnistías o indultos, pues para ellos están previstos mecanismos como la renuncia a la persecución penal o la privación de la libertad en unidades militares en el marco de la JEP. En ambos casos el propósito general es lograr una pronta definición jurídica en los asuntos en que no se cometieron crímenes internacionales o graves violaciones a los derechos humanos.

El mismo lunes el Gobierno radicará un nuevo paquete de leyes para implementar los acuerdos. El más importante es el Acto Legislativo que incorpora la JEP al ordenamiento jurídico nacional dándole vida al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Dicha reforma incluirá el acuerdo de víctimas como un artículo transitorio en la Constitución para que sirva de referente interpretativo por 12 años a los magistrados que integren el Tribunal Especial para la Paz. A esta instancia tendrán que llegar los casos más graves ocurridos en el desarrollo de más de medio siglo de guerra.

La discusión de estas iniciativas trae un elemento novedoso: la presencia de los representantes del movimiento Voces de Paz y Reconciliación, que llegarán al Congreso con voz pero sin voto, para ser veedores de la correcta implementación de los acuerdos y acompañar el tránsito de las Farc a la vida política. En el Senado estarán Jairo Estrada, Pablo Julio Cruz y Judith Maldonado. En la Cámara, Imelda Daza, Francico Tolosa y Jairo Rivera. Para su participación en los debates, el Gobierno tendrá que formalizar su participación.

En este sentido, el Ejecutivo tendrá que llevar al Congreso, este mismo lunes, un proyecto de ley orgánica que reforme el reglamento del Congreso para garantizar la participación de las Farc en el debate. Para esto se deben remover la inhabilidades que hoy rigen para ser congresistas y permitir que quienes dejen las armas puedan participar en la contienda electoral para el Legislativo en 2018. Esta iniciativa, al igual que la ley de amnistía, se regirá por el procedimiento especial que acorta los tiempos de debate, para que antes del 31 de diciembre sea realidad jurídica.

De manera simultánea se presentará un proyecto de reforma constitucional para que se reconozca al partido o movimiento político que surja del tránsito de las Farc a la actividad legal. Como cualquier otro partido en Colombia, esta nueva fuerza deberá tener sus estatutos, código de ética, plataforma ideológica y programática, y designación de directivos. Una vez se constituya la personería jurídica tendrá los mismos derechos de acceso a medios de comunicación o financiación que las demás colectividades. Pero esto sólo será posible una vez las Farc dejen sus armas.

Ese tránsito de las Farc a la vida política ya tiene el cronómetro en marcha. Las unidades guerrilleras están en tránsito hacia las Zonas Veredales de Normalización, donde en menos de seis meses tendrán que dejar las armas y estar listas para reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, no ha sido un proceso fácil, pues la insurgencia ha denunciado que muchas de esas zonas no tienen la infraestructura necesaria para acogerlos. El Gobierno, por su parte, explicó que hay detalles logísticos que atrasaron el cronograma: como los arrendamientos de los lotes donde funcionarán o su acondicionamiento en asuntos de servicios públicos.

En medio de esta transición causó preocupación el hecho que las Farc anunciaran la expulsión de cinco importantes jefes guerrilleros de sus filas: Gener García Molina, alias Jhon 40, quien fue comandante del frente 43. Giovanny Chuspas, quien comandó el frente 16 en el Vichada. Julián Chollo, quien manejó las finanzas en algunos frentes de los Llanos Orientales. Gentíl Duarte, quien participó en los diálogos de La Habana y había asumido la comandancia del frente Primero luego de que su antiguo jefe se declarara en disidencia. Y Euclides Mora, también con mando.

El Estado Mayor Central de las Farc recalcó que su conducta los llevó a entrar en contradicción con su línea político-militar y por eso hicieron un llamado a los guerrilleros que los acompañan “en esa aventura sin futuro” para que se aparten de “la decisión errada que han tomado sus jefes inmediatos y regresen a las filas de las Farc”. Incluso se difundió la versión de que estos mandos que han desertado de la guerrilla que hoy busca afianzar la paz estaban involucrados en graves casos de narcotráfico, por lo que el Ministerio de Defensa los declaró objetivos de alto valor de las Fuerzas Militares.

Y precisamente el temor de las deserciones era uno de los argumentos de las Farc para presionar la ley de amnistía. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, reconoció hace unos días la inquietud de la base guerrillera en las zonas de preagrupamiento y el riesgo de que se dieran disidencias en el interior de las Farc. Por eso el Gobierno prepara alrededor de 400 indultos vía decreto, para aportar un gesto de confianza en las filas insurgentes y allanar el camino a la discusión de la ley de amnistía en el Congreso.

Otro elemento de preocupación en las filas de la guerrilla tiene que ver con la oleada de violencia contra líderes de defensores de derechos humanos que se ha acrecentado en las últimas semanas. La organización Somos Defensores habla de 78 líderes asesinados en este año; Indepaz dice que son alrededor de 94, y la ONU ha registrado cerca de 60. Preocupa especialmente la violencia contra miembros de la Marcha Patriótica y la violencia en departamentos como Cauca, Valle, Antioquia, Meta, Nariño y Norte de Santander.

Incluso las Farc han alertado sobre la presencia de grupos paramilitares en proximidades a zonas de preagrupamiento, como en el departamento del Guaviare. La información coincide con reportes del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que advierte la presencia de grupos armados en la región de El Bagre, en el bajo Cauca antioqueño, por lo que se reclamó de las autoridades redoblar esfuerzos de la Fuerza Pública para garantizar medidas de protección en favor de los pobladores y, por supuesto, de quienes están llegando a la paz.

En medio de estas vicisitudes, el enrarecido panorama político no afloja. Ni siquiera el papa Francisco pudo lograr que el presidente Santos y el senador Uribe zanjaran sus diferencias. Aunque por separado dijeron que seguirán trabajando para conseguir un acuerdo político que permita encontrar un pacto nacional de paz, quedó claro que lo que se avecina en el Congreso, y en pocos meses en el ámbito electoral, será una polarización mayor, a todas luces inconveniente para afianzar la reconciliación que el país requiere.

Y este asunto de la campaña electoral inminente es el que marca el afán para la implementación de los acuerdos. A pesar de que la Corte autorizó el fast track, y el Congreso trabajará en sesiones extraordinarias , es claro que antes del 16 de junio, cuando acabará la tercera legislatura, los congresistas cumplirán con su respaldo a la Unidad Nacional. De ahí hacia delante los intereses políticos de senadores y representantes quedarán al vaivén de la balanza electoral. Un terreno en el que las alianzas pueden cambiar al ritmo de las encuestas y del debate mismo por el poder presidencial.

En conclusión, contrario a la tradición de que diciembre y enero son meses de reposo en Colombia, en el plano político, por efecto del proceso de paz que requiere atención prioritaria, el asunto pinta con agitado. Con un elemento adicional, la campaña política de 2017-2018 plantea también un escenario inédito: algunos pesos pesados de la política actual llegan a la cúspide de sus carreras y van a jugarse sus restos por llegar a la Casa de Nariño. Una nueva generación los empuja y sabe que el horizonte electoral de la próxima década tendrá nuevos protagonistas y debates donde el elector ya no será la guerra, sino la paz de Colombia.

Y esta cadena de situaciones que plantea el cronograma político tiene su hora cero a partir de mañana, cuando el Congreso empiece el debate de la primera iniciativa legislativa derivada del acuerdo de paz: la ley de amnistía. Promete ser vibrante, y las garantías son que los senadores del Centro Democrático, como Paloma Valencia, José Obdulio Gaviria o Jaime Amín debatirán con probados oradores de izquierda como Jairo Estrada, Andrés Rivera o Imelda Daza. El factor de disputa también está claro: para unos se necesita acelerar la implementación, para los otros el objetivo es entrabarla. La razón: ambos hacen cuentas de la campaña electoral de 2018.

Desde que concluyeron las negociaciones entre el Gobierno y las Farc en La Habana y se firmó en Cartagena el acuerdo final, estaba claro que las nuevas batallas por la paz se iban a librar en Colombia. Y así ha sido. Primero, el plebiscito del 2 de octubre en el que se impuso el No. Después la renegociación del nuevo acuerdo, que finalmente se firmó en Bogotá el 24 de noviembre. Y luego el largo pulso en la Corte Constitucional, que se saldó el pasado martes con la aprobación del Acto Legislativo para la Paz, incluido el mecanismo del fast track.

La semana que termina ha sido intensa de principio a fin. Empezó con los ecos del Premio Nobel de Paz entregado al presidente Juan Manuel Santos. Siguió con el espaldarazo de la Corte Constitucional al procedimiento especial legislativo y las facultades extraordinarias. Alteró el panorama el anuncio de que cinco comandantes de las Farc se declararon en disidencia. Un día después se fundó el movimiento ciudadano que acompañará a la guerrilla en su tránsito a la vida política y designó a sus voceros en el Congreso. Y terminó con un encuentro entre Santos y Uribe tratando de saldar sus diferencias ante el papa Francisco.

Y esto es sólo el epígrafe de lo que se viene a partir de mañana. Este lunes empezará la implementación del acuerdo de paz con el primer gran debate en el Congreso: la ley de amnistía e indulto. Simultáneamente se radicará en el Legislativo la reforma constitucional que le da vida a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y la ley que reforma el reglamento del Congreso para permitir la llegada de las voces de paz y reconciliación. Esta última iniciativa aporta las bases para cumplir con lo pactado en el acuerdo de participación en política.

Y el primer paso de la implementación de los acuerdos será el debate, en comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, de la ley de amnistía e indulto. Este proyecto de ley plantea dos tipos de amnistía: la de iure y la de caso a caso. La primera será otorgada a guerrilleros que hayan incurrido en delitos políticos y conexos. La segunda, para los casos más complejos, que está atada a la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, que tendrá que definir en qué casos hubo graves violaciones a los derechos humanos, y en cuáles se puede acceder a los beneficios por tratarse de conductas relacionadas con el apoyo a la guerrilla.

De igual manera, está iniciativa incluye un tratamiento especial diferenciado para los agentes del Estado que hayan cometido delitos con ocasión del conflicto armado. Es claro que éstos no son sujetos de amnistías o indultos, pues para ellos están previstos mecanismos como la renuncia a la persecución penal o la privación de la libertad en unidades militares en el marco de la JEP. En ambos casos el propósito general es lograr una pronta definición jurídica en los asuntos en que no se cometieron crímenes internacionales o graves violaciones a los derechos humanos.

El mismo lunes el Gobierno radicará un nuevo paquete de leyes para implementar los acuerdos. El más importante es el Acto Legislativo que incorpora la JEP al ordenamiento jurídico nacional dándole vida al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Dicha reforma incluirá el acuerdo de víctimas como un artículo transitorio en la Constitución para que sirva de referente interpretativo por 12 años a los magistrados que integren el Tribunal Especial para la Paz. A esta instancia tendrán que llegar los casos más graves ocurridos en el desarrollo de más de medio siglo de guerra.

La discusión de estas iniciativas trae un elemento novedoso: la presencia de los representantes del movimiento Voces de Paz y Reconciliación, que llegarán al Congreso con voz pero sin voto, para ser veedores de la correcta implementación de los acuerdos y acompañar el tránsito de las Farc a la vida política. En el Senado estarán Jairo Estrada, Pablo Julio Cruz y Judith Maldonado. En la Cámara, Imelda Daza, Francico Tolosa y Jairo Rivera. Para su participación en los debates, el Gobierno tendrá que formalizar su participación.

En este sentido, el Ejecutivo tendrá que llevar al Congreso, este mismo lunes, un proyecto de ley orgánica que reforme el reglamento del Congreso para garantizar la participación de las Farc en el debate. Para esto se deben remover la inhabilidades que hoy rigen para ser congresistas y permitir que quienes dejen las armas puedan participar en la contienda electoral para el Legislativo en 2018. Esta iniciativa, al igual que la ley de amnistía, se regirá por el procedimiento especial que acorta los tiempos de debate, para que antes del 31 de diciembre sea realidad jurídica.

De manera simultánea se presentará un proyecto de reforma constitucional para que se reconozca al partido o movimiento político que surja del tránsito de las Farc a la actividad legal. Como cualquier otro partido en Colombia, esta nueva fuerza deberá tener sus estatutos, código de ética, plataforma ideológica y programática, y designación de directivos. Una vez se constituya la personería jurídica tendrá los mismos derechos de acceso a medios de comunicación o financiación que las demás colectividades. Pero esto sólo será posible una vez las Farc dejen sus armas.

Ese tránsito de las Farc a la vida política ya tiene el cronómetro en marcha. Las unidades guerrilleras están en tránsito hacia las Zonas Veredales de Normalización, donde en menos de seis meses tendrán que dejar las armas y estar listas para reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, no ha sido un proceso fácil, pues la insurgencia ha denunciado que muchas de esas zonas no tienen la infraestructura necesaria para acogerlos. El Gobierno, por su parte, explicó que hay detalles logísticos que atrasaron el cronograma: como los arrendamientos de los lotes donde funcionarán o su acondicionamiento en asuntos de servicios públicos.

En medio de esta transición causó preocupación el hecho que las Farc anunciaran la expulsión de cinco importantes jefes guerrilleros de sus filas: Gener García Molina, alias Jhon 40, quien fue comandante del frente 43. Giovanny Chuspas, quien comandó el frente 16 en el Vichada. Julián Chollo, quien manejó las finanzas en algunos frentes de los Llanos Orientales. Gentíl Duarte, quien participó en los diálogos de La Habana y había asumido la comandancia del frente Primero luego de que su antiguo jefe se declarara en disidencia. Y Euclides Mora, también con mando.

El Estado Mayor Central de las Farc recalcó que su conducta los llevó a entrar en contradicción con su línea político-militar y por eso hicieron un llamado a los guerrilleros que los acompañan “en esa aventura sin futuro” para que se aparten de “la decisión errada que han tomado sus jefes inmediatos y regresen a las filas de las Farc”. Incluso se difundió la versión de que estos mandos que han desertado de la guerrilla que hoy busca afianzar la paz estaban involucrados en graves casos de narcotráfico, por lo que el Ministerio de Defensa los declaró objetivos de alto valor de las Fuerzas Militares.

Y precisamente el temor de las deserciones era uno de los argumentos de las Farc para presionar la ley de amnistía. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, reconoció hace unos días la inquietud de la base guerrillera en las zonas de preagrupamiento y el riesgo de que se dieran disidencias en el interior de las Farc. Por eso el Gobierno prepara alrededor de 400 indultos vía decreto, para aportar un gesto de confianza en las filas insurgentes y allanar el camino a la discusión de la ley de amnistía en el Congreso.

Otro elemento de preocupación en las filas de la guerrilla tiene que ver con la oleada de violencia contra líderes de defensores de derechos humanos que se ha acrecentado en las últimas semanas. La organización Somos Defensores habla de 78 líderes asesinados en este año; Indepaz dice que son alrededor de 94, y la ONU ha registrado cerca de 60. Preocupa especialmente la violencia contra miembros de la Marcha Patriótica y la violencia en departamentos como Cauca, Valle, Antioquia, Meta, Nariño y Norte de Santander.

Incluso las Farc han alertado sobre la presencia de grupos paramilitares en proximidades a zonas de preagrupamiento, como en el departamento del Guaviare. La información coincide con reportes del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que advierte la presencia de grupos armados en la región de El Bagre, en el bajo Cauca antioqueño, por lo que se reclamó de las autoridades redoblar esfuerzos de la Fuerza Pública para garantizar medidas de protección en favor de los pobladores y, por supuesto, de quienes están llegando a la paz.

En medio de estas vicisitudes, el enrarecido panorama político no afloja. Ni siquiera el papa Francisco pudo lograr que el presidente Santos y el senador Uribe zanjaran sus diferencias. Aunque por separado dijeron que seguirán trabajando para conseguir un acuerdo político que permita encontrar un pacto nacional de paz, quedó claro que lo que se avecina en el Congreso, y en pocos meses en el ámbito electoral, será una polarización mayor, a todas luces inconveniente para afianzar la reconciliación que el país requiere.

Y este asunto de la campaña electoral inminente es el que marca el afán para la implementación de los acuerdos. A pesar de que la Corte autorizó el fast track, y el Congreso trabajará en sesiones extraordinarias , es claro que antes del 16 de junio, cuando acabará la tercera legislatura, los congresistas cumplirán con su respaldo a la Unidad Nacional. De ahí hacia delante los intereses políticos de senadores y representantes quedarán al vaivén de la balanza electoral. Un terreno en el que las alianzas pueden cambiar al ritmo de las encuestas y del debate mismo por el poder presidencial.

En conclusión, contrario a la tradición de que diciembre y enero son meses de reposo en Colombia, en el plano político, por efecto del proceso de paz que requiere atención prioritaria, el asunto pinta con agitado. Con un elemento adicional, la campaña política de 2017-2018 plantea también un escenario inédito: algunos pesos pesados de la política actual llegan a la cúspide de sus carreras y van a jugarse sus restos por llegar a la Casa de Nariño. Una nueva generación los empuja y sabe que el horizonte electoral de la próxima década tendrá nuevos protagonistas y debates donde el elector ya no será la guerra, sino la paz de Colombia.

Y esta cadena de situaciones que plantea el cronograma político tiene su hora cero a partir de mañana, cuando el Congreso empiece el debate de la primera iniciativa legislativa derivada del acuerdo de paz: la ley de amnistía. Promete ser vibrante, y las garantías son que los senadores del Centro Democrático, como Paloma Valencia, José Obdulio Gaviria o Jaime Amín debatirán con probados oradores de izquierda como Jairo Estrada, Andrés Rivera o Imelda Daza. El factor de disputa también está claro: para unos se necesita acelerar la implementación, para los otros el objetivo es entrabarla. La razón: ambos hacen cuentas de la campaña electoral de 2018.