La hora de la paz y el tiempo de Santos

“A los grupos armados ilegales que invocan razones políticas y hoy hablan otra vez de diálogo y negociación, les digo que mi Gobierno estará abierto a cualquier conversación que busque la erradicación de la violencia”. Con estas palabras, incluidas en su discurso de posesión en agosto de 2010, el presidente Juan Manuel Santos dejó claro que la llave de la paz no estaba refundida.

La prueba es que el 7 de septiembre, un mes después de posesionado, presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para reparación de víctimas y restauración de tierras. La misma iniciativa había fracasado en la era Uribe. Por eso, el trámite de este articulado constituyó el primer aviso de que las relaciones entre Uribe y Santos pronto se iban a fracturar.

No obstante, el 22 de septiembre, a través de la llamada operación Sodoma, el Ejército y la Fuerza Aérea le propinaron un duro golpe a las Farc. En la acción fue abatido su principal estratega militar y jefe del Bloque Oriental, Víctor Rojas, más conocido como el Mono Jojoy. Como quiera que era uno de los principales objetivos del Plan Patriota, volvió a cobrar importancia la seguridad democrática.

El dilema los cautivos. Por eso, desde finales de 2010, siempre con la iniciativa de Piedad Córdoba, se recobraron los contactos para que el acuerdo humanitario encontrara un camino definitivo. Entre tanto, con el apoyo del asesor presidencial Alejandro Eder y los contactos aportados por un empresario del Valle, el 9 de febrero de 2011 se logró una primera reunión directa entre Gobierno y Farc.

Ese mismo mes, hubo nuevas liberaciones de secuestrados, en medio de los cuales empezaron los rumores de que el Gobierno estaba dispuesto a una negociación de paz, sobre todo después de que reconoció la existencia del conflicto armado. En junio de 2011 fue aprobada la Ley de Víctimas y Reparación de Tierras, evento que Santos aprovechó para dar nuevas pistas alrededor de la paz.

El 20 de julio de ese mismo año, durante la instalación de sesiones en el Congreso, Santos fue aún más específico: “No solo estamos hablando de paz, estamos construyendo las condiciones para la paz”. Por eso también planteó al Congreso una reforma constitucional, en su momento conocida como el Marco Jurídico para la Paz, con el propósito de encontrar herramientas judiciales para el cierre del conflicto.

No obstante, la guerra seguía su curso y en noviembre de 2011, a través de la operación Odiseo, el Ejecutivo le propinó a las Farc otro duro golpe: la baja de su nuevo máximo jefe, Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano. Para sorpresa de unos y otros, días después de la acción, el jefe guerrillero Rodrigo Londoño o Timochenko, rompió su silencio para respaldar la posibilidad de diálogos de paz.

El 26 de noviembre de 2011, cuando la expectativa era por la paz, volvió a protagonizar la guerra. En un frustrado intento de rescate militar, las Farc asesinaron a sangre fría a cuatro de los secuestrados políticos. El coronel Edgar Yesid Duarte, el mayor Elkin Hernández, el intendente Álvaro Moreno, y el sargento Libio José Martínez. Este último murió siendo calificado el secuestrado más antiguo del mundo. Estuvo en cautiverio 13 años, 11 meses y cinco días.

En medio de la tragedia y la perspectiva de que la guerra parecía el único camino, el año 2012 arrancó con noticias esperanzadoras. Primero una carta de Timochenko apoyando la posibilidad de una mesa de conversaciones para retomar la agenda pendiente del Caguán, y después el anuncio de la guerrilla de que ordenaba la derogación de su Ley 002, es decir, el final del secuestro en Colombia.

“Mucho se ha hablado acerca de la retención de personas, hombres y mujeres de la población civil, que con fines financieros efectuamos las Farc a objeto de sostener nuestra lucha. Con la misma voluntad, anunciamos también que a partir de la fecha proscribimos la práctica de ella en nuestra actuación revolucionaria”, señaló la comunicación expedida por las Farc el 23 de febrero de 2012.

A partir de ese momento, comenzó la liberación de los últimos cautivos en las cárceles de la selva. Lo que no sabía el país era que ese mismo día de febrero comenzó en La Habana (Cuba) la fase exploratoria para un acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla. Fueron seis meses de conjeturas, hasta que el 26 de agosto, el presidente Santos admitió públicamente las conversaciones.

Ese 26 de agosto se suscribió el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera. Un documento para diseñar las bases de la negociación, sus contenidos y otros detalles de acompañamiento. Fueron determinantes los gobiernos de Cuba, Noruega, Venezuela y Chile para que esta propuesta cobrara una forma definitiva.

La negociación de paz se instaló en Oslo (Noruega) el 18 de octubre de 2012 y luego en Cuba, un mes más tarde. A partir de ese momento empezaron a manifestarse los apoyos. En enero de 2013 de la Celac y la Unión Europea. De igual manera, entre la población civil y las organizaciones sociales, comenzaron a aparecer iniciativas y manifestaciones públicas para fortalecer el proceso de paz.

El 26 de mayo de 2013, después de ocho rondas de negociación, se firmó el primer acuerdo, llamado Reforma Rural Integral o Acuerdo Agrario, un documento que plantea una profunda transformación del campo en el contexto de la paz territorial. Fondos de tierras, protección de áreas de interés ambiental, lineamientos sobre el uso del suelo, zonas de reserva campesina, entre otros aspectos.

En medio de una larga controversia política, siguieron las negociaciones en La Habana, y al cabo de la décimo sexta ronda, el ocho de diciembre de 2013, se logró el segundo acuerdo, de derechos y garantías para el ejercicio de la actividad política.  Un texto que plantea avances en el pluralismo político, la participación ciudadana y la ampliación de los medios de comunicación.

El tercer acuerdo se firmó el 16 de mayo de 2014 y versó sobre la solución al problema de las drogas ilícitas, enfocado a la búsqueda de soluciones conjuntas entre Gobierno y Farc para la erradicación de cultivos de coca y la búsqueda de acciones que permitan superar la problemática del narcotráfico. El acuerdo se dio a escasos días de que se resolviera la justa electoral que permitió la reelección del presidente Juan Manuel Santos.

A partir de este momento, el proceso entró en una larga negociación, matizada por la aprobación de medidas de construcción de confianza, como la creación de una Comisión Histórica para analizar el conflicto armado y sus víctimas, o la instalación de una Sub Comisión de Género que reconoce a las mujeres como las principales víctimas del conflicto armado y por ello mismo, portadoras de su solución.

Hacia febrero de 2015, ya Estados Unidos apoyaba el proceso de paz y la prueba fue la designación de Bernard Aronson como su delegado en La Habana. Al mismo tiempo, las Naciones Unidas y otros organismos internacionales respaldaron el proceso. No obstante, el tiempo siguió pasando y la confrontación política al interior del país creó sucesivas crisis, todas superadas.

Finalmente, el 23 de septiembre de 2015 se anunció el acuerdo de Víctimas o sobre la Justicia. Un documento fundamental que contiene las bases para el esclarecimiento de la verdad y la creación de la jurisdicción especial de paz. Ese día, por iniciativa del presidente de Cuba, Raúl Castro, un apretón de manos entre el presidente Santos y Timochenko, constituyó un buen presagio para la paz.

Este acuerdo se conoció en sus contenidos hasta el 15 de diciembre, y fue determinante para entender de que manera se van a saldar las cuentas judiciales de las Farc, en un contexto en el que también está previsto que se llegue a soluciones judiciales para otros actores de la guerra como las Fuerzas Armadas o los civiles. El 4 de febrero de 2016, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se pronunció oficialmente para apoyar el proceso de paz.

Por eso, el 21 de marzo, en un hecho histórico, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reunió por aparte con los equipos negociadores del Gobierno y la guerrilla. En una clara demostración de que el país más poderoso del mundo había decidido respaldar la iniciativa que entraba en su etapa final. A pesar de ello, la pugna política en Colombia nunca ha tenido una tregua.

El pasado 12 de mayo se firmó un acuerdo sobre garantías jurídicas al pacto final, razón por la cual en el Congreso, en desarrollo del Acto Legislativo por la Paz que apunta a otorgar facultades al Presidente para impulsar herramientas que faciliten la aprobación de acuerdos previos, se planteó un paso definitivo. La adecuación del pacto final al contexto del Derecho Internacional Humanitario.

Es decir, todo lo pactado en La Habana hará parte de la Constitución y será planteado como un acuerdo especial en el marco de los convenios de Ginebra suscritos por Colombia desde 1994. Con este blindaje jurídico a las negociaciones y un acuerdo para la salida de los menores de 15 años de las filas de la guerrilla, lo demás era el conteo regresivo para llegar al fin del conflicto entre Gobierno y Farc.

Ahora, después de medio siglo de guerra, 1345 días de negociaciones, cuatro acuerdos firmados y varias medidas de construcción de confianza, se sella el acuerdo de cese de hostilidades y fuego bilateral que marca el principio del fin de la guerra entre esos contendientes.  Un pacto que incluye dejación de armas, reincorporación de la guerrilla a la vida civil, zonas de concentración y garantías de seguridad para los desmovilizados de la insurgencia. 

Es claro que apenas termina uno de los capítulos de la guerra colombiana. Por eso, es más apropiado hablar de pos acuerdo que de pos conflicto. Habrá que pensar cómo acabar con cuatro décadas de narcotráfico en Colombia, de qué manera llegar a un proceso de paz con el Eln, cuál es el método apropiado para erradicar las bandas criminales y, sobre todo, qué va a hacerse para que la pobreza, la desigualdad, o la discriminación, puedan ser erradicadas porque de alguna manera fueron las causas de la guerra. 

*Consulte los otros capítulos de El camino hacia la paz con las Farc

1. Hace 34 años se inició el proceso de paz con las Farc en el gobierno de Belisario Betancur
2.  El exterminio de la UP
3.  El secuestro acabó con el proceso de paz en el gobierno Gaviria
4.  Los prisioneros de guerra, la estrategia de las Farc que surgió en 1996
5. Cuando Marulanda dejó la “silla vacía”
6. Entre la Seguridad Democrática y los acuerdos humanitarios
7. La hora de la paz y el tiempo de Santos

“A los grupos armados ilegales que invocan razones políticas y hoy hablan otra vez de diálogo y negociación, les digo que mi Gobierno estará abierto a cualquier conversación que busque la erradicación de la violencia”. Con estas palabras, incluidas en su discurso de posesión en agosto de 2010, el presidente Juan Manuel Santos dejó claro que la llave de la paz no estaba refundida.

La prueba es que el 7 de septiembre, un mes después de posesionado, presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para reparación de víctimas y restauración de tierras. La misma iniciativa había fracasado en la era Uribe. Por eso, el trámite de este articulado constituyó el primer aviso de que las relaciones entre Uribe y Santos pronto se iban a fracturar.

No obstante, el 22 de septiembre, a través de la llamada operación Sodoma, el Ejército y la Fuerza Aérea le propinaron un duro golpe a las Farc. En la acción fue abatido su principal estratega militar y jefe del Bloque Oriental, Víctor Rojas, más conocido como el Mono Jojoy. Como quiera que era uno de los principales objetivos del Plan Patriota, volvió a cobrar importancia la seguridad democrática.

El dilema los cautivos. Por eso, desde finales de 2010, siempre con la iniciativa de Piedad Córdoba, se recobraron los contactos para que el acuerdo humanitario encontrara un camino definitivo. Entre tanto, con el apoyo del asesor presidencial Alejandro Eder y los contactos aportados por un empresario del Valle, el 9 de febrero de 2011 se logró una primera reunión directa entre Gobierno y Farc.

Ese mismo mes, hubo nuevas liberaciones de secuestrados, en medio de los cuales empezaron los rumores de que el Gobierno estaba dispuesto a una negociación de paz, sobre todo después de que reconoció la existencia del conflicto armado. En junio de 2011 fue aprobada la Ley de Víctimas y Reparación de Tierras, evento que Santos aprovechó para dar nuevas pistas alrededor de la paz.

El 20 de julio de ese mismo año, durante la instalación de sesiones en el Congreso, Santos fue aún más específico: “No solo estamos hablando de paz, estamos construyendo las condiciones para la paz”. Por eso también planteó al Congreso una reforma constitucional, en su momento conocida como el Marco Jurídico para la Paz, con el propósito de encontrar herramientas judiciales para el cierre del conflicto.

No obstante, la guerra seguía su curso y en noviembre de 2011, a través de la operación Odiseo, el Ejecutivo le propinó a las Farc otro duro golpe: la baja de su nuevo máximo jefe, Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano. Para sorpresa de unos y otros, días después de la acción, el jefe guerrillero Rodrigo Londoño o Timochenko, rompió su silencio para respaldar la posibilidad de diálogos de paz.

El 26 de noviembre de 2011, cuando la expectativa era por la paz, volvió a protagonizar la guerra. En un frustrado intento de rescate militar, las Farc asesinaron a sangre fría a cuatro de los secuestrados políticos. El coronel Edgar Yesid Duarte, el mayor Elkin Hernández, el intendente Álvaro Moreno, y el sargento Libio José Martínez. Este último murió siendo calificado el secuestrado más antiguo del mundo. Estuvo en cautiverio 13 años, 11 meses y cinco días.

En medio de la tragedia y la perspectiva de que la guerra parecía el único camino, el año 2012 arrancó con noticias esperanzadoras. Primero una carta de Timochenko apoyando la posibilidad de una mesa de conversaciones para retomar la agenda pendiente del Caguán, y después el anuncio de la guerrilla de que ordenaba la derogación de su Ley 002, es decir, el final del secuestro en Colombia.

“Mucho se ha hablado acerca de la retención de personas, hombres y mujeres de la población civil, que con fines financieros efectuamos las Farc a objeto de sostener nuestra lucha. Con la misma voluntad, anunciamos también que a partir de la fecha proscribimos la práctica de ella en nuestra actuación revolucionaria”, señaló la comunicación expedida por las Farc el 23 de febrero de 2012.

A partir de ese momento, comenzó la liberación de los últimos cautivos en las cárceles de la selva. Lo que no sabía el país era que ese mismo día de febrero comenzó en La Habana (Cuba) la fase exploratoria para un acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla. Fueron seis meses de conjeturas, hasta que el 26 de agosto, el presidente Santos admitió públicamente las conversaciones.

Ese 26 de agosto se suscribió el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera. Un documento para diseñar las bases de la negociación, sus contenidos y otros detalles de acompañamiento. Fueron determinantes los gobiernos de Cuba, Noruega, Venezuela y Chile para que esta propuesta cobrara una forma definitiva.

La negociación de paz se instaló en Oslo (Noruega) el 18 de octubre de 2012 y luego en Cuba, un mes más tarde. A partir de ese momento empezaron a manifestarse los apoyos. En enero de 2013 de la Celac y la Unión Europea. De igual manera, entre la población civil y las organizaciones sociales, comenzaron a aparecer iniciativas y manifestaciones públicas para fortalecer el proceso de paz.

El 26 de mayo de 2013, después de ocho rondas de negociación, se firmó el primer acuerdo, llamado Reforma Rural Integral o Acuerdo Agrario, un documento que plantea una profunda transformación del campo en el contexto de la paz territorial. Fondos de tierras, protección de áreas de interés ambiental, lineamientos sobre el uso del suelo, zonas de reserva campesina, entre otros aspectos.

En medio de una larga controversia política, siguieron las negociaciones en La Habana, y al cabo de la décimo sexta ronda, el ocho de diciembre de 2013, se logró el segundo acuerdo, de derechos y garantías para el ejercicio de la actividad política.  Un texto que plantea avances en el pluralismo político, la participación ciudadana y la ampliación de los medios de comunicación.

El tercer acuerdo se firmó el 16 de mayo de 2014 y versó sobre la solución al problema de las drogas ilícitas, enfocado a la búsqueda de soluciones conjuntas entre Gobierno y Farc para la erradicación de cultivos de coca y la búsqueda de acciones que permitan superar la problemática del narcotráfico. El acuerdo se dio a escasos días de que se resolviera la justa electoral que permitió la reelección del presidente Juan Manuel Santos.

A partir de este momento, el proceso entró en una larga negociación, matizada por la aprobación de medidas de construcción de confianza, como la creación de una Comisión Histórica para analizar el conflicto armado y sus víctimas, o la instalación de una Sub Comisión de Género que reconoce a las mujeres como las principales víctimas del conflicto armado y por ello mismo, portadoras de su solución.

Hacia febrero de 2015, ya Estados Unidos apoyaba el proceso de paz y la prueba fue la designación de Bernard Aronson como su delegado en La Habana. Al mismo tiempo, las Naciones Unidas y otros organismos internacionales respaldaron el proceso. No obstante, el tiempo siguió pasando y la confrontación política al interior del país creó sucesivas crisis, todas superadas.

Finalmente, el 23 de septiembre de 2015 se anunció el acuerdo de Víctimas o sobre la Justicia. Un documento fundamental que contiene las bases para el esclarecimiento de la verdad y la creación de la jurisdicción especial de paz. Ese día, por iniciativa del presidente de Cuba, Raúl Castro, un apretón de manos entre el presidente Santos y Timochenko, constituyó un buen presagio para la paz.

Este acuerdo se conoció en sus contenidos hasta el 15 de diciembre, y fue determinante para entender de que manera se van a saldar las cuentas judiciales de las Farc, en un contexto en el que también está previsto que se llegue a soluciones judiciales para otros actores de la guerra como las Fuerzas Armadas o los civiles. El 4 de febrero de 2016, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se pronunció oficialmente para apoyar el proceso de paz.

Por eso, el 21 de marzo, en un hecho histórico, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reunió por aparte con los equipos negociadores del Gobierno y la guerrilla. En una clara demostración de que el país más poderoso del mundo había decidido respaldar la iniciativa que entraba en su etapa final. A pesar de ello, la pugna política en Colombia nunca ha tenido una tregua.

El pasado 12 de mayo se firmó un acuerdo sobre garantías jurídicas al pacto final, razón por la cual en el Congreso, en desarrollo del Acto Legislativo por la Paz que apunta a otorgar facultades al Presidente para impulsar herramientas que faciliten la aprobación de acuerdos previos, se planteó un paso definitivo. La adecuación del pacto final al contexto del Derecho Internacional Humanitario.

Es decir, todo lo pactado en La Habana hará parte de la Constitución y será planteado como un acuerdo especial en el marco de los convenios de Ginebra suscritos por Colombia desde 1994. Con este blindaje jurídico a las negociaciones y un acuerdo para la salida de los menores de 15 años de las filas de la guerrilla, lo demás era el conteo regresivo para llegar al fin del conflicto entre Gobierno y Farc.

Ahora, después de medio siglo de guerra, 1345 días de negociaciones, cuatro acuerdos firmados y varias medidas de construcción de confianza, se sella el acuerdo de cese de hostilidades y fuego bilateral que marca el principio del fin de la guerra entre esos contendientes.  Un pacto que incluye dejación de armas, reincorporación de la guerrilla a la vida civil, zonas de concentración y garantías de seguridad para los desmovilizados de la insurgencia. 

Es claro que apenas termina uno de los capítulos de la guerra colombiana. Por eso, es más apropiado hablar de pos acuerdo que de pos conflicto. Habrá que pensar cómo acabar con cuatro décadas de narcotráfico en Colombia, de qué manera llegar a un proceso de paz con el Eln, cuál es el método apropiado para erradicar las bandas criminales y, sobre todo, qué va a hacerse para que la pobreza, la desigualdad, o la discriminación, puedan ser erradicadas porque de alguna manera fueron las causas de la guerra. 

*Consulte los otros capítulos de El camino hacia la paz con las Farc

1. Hace 34 años se inició el proceso de paz con las Farc en el gobierno de Belisario Betancur
2.  El exterminio de la UP
3.  El secuestro acabó con el proceso de paz en el gobierno Gaviria
4.  Los prisioneros de guerra, la estrategia de las Farc que surgió en 1996
5. Cuando Marulanda dejó la “silla vacía”
6. Entre la Seguridad Democrática y los acuerdos humanitarios
7. La hora de la paz y el tiempo de Santos