La importancia de la Casa de la Verdad que se abrió en Tumaco
Se espera que víctimas y perpetradores de violaciones a los derechos humanos acudan a contar sus historias alrededor del conflicto armado, las cuales serán utilizadas como insumo por la Comisión de la Verdad. Víctimas esperan responder preguntas de lo que sucedió en medio de la guerra.
Nicolás Sánchez A. / @ANicolasSanchez
“Si uno mira la historia de Tumaco no siempre fue así, la historia de la costa pacífica nariñense no siempre fue así”, dice la comisionada de la verdad Patricia Tobón. Se refiere a que la violencia no es un destino inmutable que recae en el Pacífico, esa región vivió durante décadas en medio de la paz y el objetivo es que esta vuelva a reinar en la costa del departamento de Nariño. Para eso, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y diversos sectores sociales, están convencidos de que es necesario saber por qué y cómo los 10 municipios costeros fueron escenario (y lo siguen siendo) de la confrontación armada. Para avanzar en ese camino, el pasado 28 de marzo se abrieron las puertas de Casa de la Verdad de Tumaco.
Se espera que a ese espacio acudan las personas que quieran contar sus verdades sobre lo que ocurrió en Tumaco, Barbacoas, Olaya Herrera, El Charco, La Tola, Magüi Payán, Santa Barbara, Pizarro, Mosquera y Roberto Payán, los municipios de Nariño que conforman la costa pacífica. Según cuenta la magistrada María Ángela Salazar, la decisión de instalar la Casa de la Verdad en Tumaco se tomó luego de adelantar diálogos desde finales del año pasado con organizaciones del departamento. Concluyeron que ese municipio es un punto de encuentro de los procesos sociales.
Los municipios que están entre la jurisdicción de la Casa de la Verdad han sido escenarios de múltiples violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado, tan es así que la Jurisdicción Especial para la Paz abrió el caso 002 para investigar específicamente las consecuencias de la confrontación en Ricaurte, Barbacoas y Tumaco.
Euliquio Biohó, representante legal del consejo comunitario Cortina Verde Mandela ubicado en el corregimiento Espriella de Tumaco, cuenta que la violencia llegó a la costa pacífica nariñense a principios de los 80 con el boom camaronero. Para esa época había llegado a Colombia la noticia de que en las costas del norte de Ecuador una marejada produjo una abundancia de camarones. Algunas personas de Cali y otras ciudades empezaron a mirar hacia esa región, debido a que interpretaron que por la cercanía geográfica podía ocurrir un fenómeno similar al que se dio en el vecino país. Según Biohó algunos de los foráneos tenían nexos con el narcotráfico. “Vinieron con el fin de legalizar sus capitales mal habidos por medio de la industria camaronera”, asegura. Pero luego vieron la oportunidad de seguir desarrollando el tráfico de drogas. “Se dieron cuenta que no solamente podían venir a legalizar sus dineros, sino que podían desarrollar el narcotráfico sin ningún control porque eran zonas totalmente abandonadas por el Estado”, relata.
Eran épocas en las que la industria maderera, de la que habían vivido durante décadas los habitantes de esa región, estaba en declive. Llegó el Cartel del Norte del Valle en medio de una altísima tasa de desempleo. Todo estaba dado: narcotráfico, falta de oportunidades y abandono estatal. Empezó la violencia, llegaron el Eln y las Farc a intentar regular (y sacar ganancias) del negocio del narcotráfico. Muchos jóvenes entraron a bandas delincuenciales que robaban y extorsionaban, eran conocidos como ‘Los Aletosos’. “Los comerciantes preocupados buscaron la forma de contrarrestar eso”, cuenta Biohó, la “solución” se trató de conformar un grupo paramilitar llamado ‘Los bam bam’ que exterminó a ‘Los Aletosos’. Pero después de acabarlos siguieron cobrándoles cuotas al comercio y la respuesta fue brutal, llegaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a acabar con ‘Los Bam Bam’.
Las guerrillas, mientras tanto, enfocaban su accionar en las áreas rurales. Incluso se conoce que los diputados del Valle antes de ser asesinados por las Farc, el 18 de junio de 2007, pasaron por municipios como El Charco y Olaya Herrera. En la región hacía presencia el Frente 29. Así mismo, cuando las negociaciones en La Habana estaban avanzando esa misma guerrilla asesinó al representante legal del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera en Tumaco. Luego el grupo armado le pidió perdón a su familia.
La costa pacífica guarda verdades que durante décadas el país necesita saber. “Esperamos que se sepa todo lo que nosotros hemos vivido, el papel que jugaron el poder económico, el comercio y los grupos armados tanto legales como ilegales”, enfatiza Biohó. Asegura que la Fuerza Pública “hizo como si no pasara nada” cuando se dieron expresiones paramilitares en Tumaco, desde Los Bam Bam hasta las AUC. El conflicto también pasó por diversos sectores económicos. “Nos han dicho que la coca es la disculpa para adueñarse del territorio”, ejemplifica la comisionada María Ángela Salazar. Al preguntarle a ella cuáles serán las verdades que buscarán en esa región contesta con énfasis “todas, todas las verdades”.
Una verdad con todos
Los 10 municipios en los que la Casa de la Verdad desplegará su trabajo tienen una particularidad, albergan diferentes expresiones étnicas. Por eso, la labor de la Comisión de la Verdad se desarrollará con enfoque étnico. “Tenemos que trabajar con todas las colectividades de la región en la que estamos ubicados. La ruta de relacionamiento son las estructuras organizativas de las comunidades étnicas”, explica Eduardo Arroyo, coordinador Macrorregión del Pacífico. Lo que quiere decir es que para hacer su trabajo, esa institución, creada a la luz del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc, se articulará con los consejos comunitarios, los cabildos y las organizaciones de mestizos que hay en el territorio. “Nos hemos tomado el enfoque étnico muy en serio”, resalta Tobón.Con el fin de llegar a esas verdades que guardan los territorios más alejados de las cabeceras municipales, la Comisión tendrá equipos móviles que se estarán desplazando por los municipios. En la Casa de la Verdad habrá cuatro personas que serán las encargadas de quienes lleguen hasta allá. Según Tobón, el recorte presupuestal de 40% que fijó el Gobierno de Iván Duque va a afectar ese despliegue territorial que busca hacer la entidad. “Es bastante difícil porque muchos lugares afectados por el conflicto armado están en áreas dispersas, muy lejos de cascos urbanos y de las ciudades”, recalca.
El conflicto armado persiste en la costa pacífica nariñense, por lo cual es pertinente preguntarse ¿Cómo se asegurará que el trabajo de la Comisión no genere un riesgo sobre las personas que irán a contar sus verdades? Tobón explica que todo el despliegue la entidad se hará de manera concertada con las comunidades, “todo parte de la concertación con las personas que participan en este proceso”, explica. Además, harán audiencias tanto públicas como privadas según se acuerde con quienes quieran aportar sus verdades.
También se busca que los perpetradores de las violaciones de derechos humanos lleguen a contar por qué lo hicieron. Al preguntarle a las comisionadas Tobón y Salazar qué motivación podrían tener para ir contestan que, por un lado, la Comisión no tiene carácter judicial, es decir, lo que le cuenten a esa entidad no podrá ser utilizado en procesos judiciales. Además, si la persona se acogió a la Justicia Especial para la Paz, la Comisión le puede entregar un certificado de participación (en el que no se especificará qué dijo). Por otro lado, Salazar da un argumento ético que podría motivar a los victimarios: “haber tenido la valentía de reconocer el daño causado”.
Se espera que la verdad pueda ser la base para construir un futuro de paz en el Pacífico. “No creo mucho en que eso pueda servir, la paz puede volver en la medida en que llegue la inversión social, que se brinden oportunidades serias y se ponga a trabajar el campo con cultivos lícitos”, opina Biohó. Sin embargo, aunque el informe de la Comisión solamente abarca entre 1958 y 2016, la entidad hará una serie de recomendaciones que se espera que sean implementadas por el Estado para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esa región. “Uno de los desafíos más grandes en este proceso es saber cuáles son esas transformaciones que la sociedad y el Estado necesitan en esos territorios”, dice Tobón.
También se reseñarán hechos históricos como la esclavitud y la llegada los españoles para explicar las dinámicas culturales de la región. “Se trata de sacar a relucir esa verdad histórica de exclusión, de racismo, que ha provocado que no podamos acceder a los bienes y servicios que tiene que el Estado tiene que brindar por obligación”, recalca la comisionada Salazar, una mujer negra de Tadó (Chocó). Tobón recuerda que al Pacífico se le ha generado mucho daño por verlo como una tierra de atraso “hay una mirada nacional muy colonial que se ha construido a través de la educación y es que los bosques son un gran infierno verde que no le aporta al desarrollo del país y que quienes defienden esos bosques son personas también atrasadas”.
La Comisión de la Verdad que con su trabajo espera que la tragedia humanitaria que sufre la costa pacífica nariñense por cuenta de la guerra haga parte del relato nacional, para que se empiecen a subsanar las deudas históricas con el fin de que la confrontación armada no se instale nunca más en esa región.
“Si uno mira la historia de Tumaco no siempre fue así, la historia de la costa pacífica nariñense no siempre fue así”, dice la comisionada de la verdad Patricia Tobón. Se refiere a que la violencia no es un destino inmutable que recae en el Pacífico, esa región vivió durante décadas en medio de la paz y el objetivo es que esta vuelva a reinar en la costa del departamento de Nariño. Para eso, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y diversos sectores sociales, están convencidos de que es necesario saber por qué y cómo los 10 municipios costeros fueron escenario (y lo siguen siendo) de la confrontación armada. Para avanzar en ese camino, el pasado 28 de marzo se abrieron las puertas de Casa de la Verdad de Tumaco.
Se espera que a ese espacio acudan las personas que quieran contar sus verdades sobre lo que ocurrió en Tumaco, Barbacoas, Olaya Herrera, El Charco, La Tola, Magüi Payán, Santa Barbara, Pizarro, Mosquera y Roberto Payán, los municipios de Nariño que conforman la costa pacífica. Según cuenta la magistrada María Ángela Salazar, la decisión de instalar la Casa de la Verdad en Tumaco se tomó luego de adelantar diálogos desde finales del año pasado con organizaciones del departamento. Concluyeron que ese municipio es un punto de encuentro de los procesos sociales.
Los municipios que están entre la jurisdicción de la Casa de la Verdad han sido escenarios de múltiples violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado, tan es así que la Jurisdicción Especial para la Paz abrió el caso 002 para investigar específicamente las consecuencias de la confrontación en Ricaurte, Barbacoas y Tumaco.
Euliquio Biohó, representante legal del consejo comunitario Cortina Verde Mandela ubicado en el corregimiento Espriella de Tumaco, cuenta que la violencia llegó a la costa pacífica nariñense a principios de los 80 con el boom camaronero. Para esa época había llegado a Colombia la noticia de que en las costas del norte de Ecuador una marejada produjo una abundancia de camarones. Algunas personas de Cali y otras ciudades empezaron a mirar hacia esa región, debido a que interpretaron que por la cercanía geográfica podía ocurrir un fenómeno similar al que se dio en el vecino país. Según Biohó algunos de los foráneos tenían nexos con el narcotráfico. “Vinieron con el fin de legalizar sus capitales mal habidos por medio de la industria camaronera”, asegura. Pero luego vieron la oportunidad de seguir desarrollando el tráfico de drogas. “Se dieron cuenta que no solamente podían venir a legalizar sus dineros, sino que podían desarrollar el narcotráfico sin ningún control porque eran zonas totalmente abandonadas por el Estado”, relata.
Eran épocas en las que la industria maderera, de la que habían vivido durante décadas los habitantes de esa región, estaba en declive. Llegó el Cartel del Norte del Valle en medio de una altísima tasa de desempleo. Todo estaba dado: narcotráfico, falta de oportunidades y abandono estatal. Empezó la violencia, llegaron el Eln y las Farc a intentar regular (y sacar ganancias) del negocio del narcotráfico. Muchos jóvenes entraron a bandas delincuenciales que robaban y extorsionaban, eran conocidos como ‘Los Aletosos’. “Los comerciantes preocupados buscaron la forma de contrarrestar eso”, cuenta Biohó, la “solución” se trató de conformar un grupo paramilitar llamado ‘Los bam bam’ que exterminó a ‘Los Aletosos’. Pero después de acabarlos siguieron cobrándoles cuotas al comercio y la respuesta fue brutal, llegaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a acabar con ‘Los Bam Bam’.
Las guerrillas, mientras tanto, enfocaban su accionar en las áreas rurales. Incluso se conoce que los diputados del Valle antes de ser asesinados por las Farc, el 18 de junio de 2007, pasaron por municipios como El Charco y Olaya Herrera. En la región hacía presencia el Frente 29. Así mismo, cuando las negociaciones en La Habana estaban avanzando esa misma guerrilla asesinó al representante legal del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera en Tumaco. Luego el grupo armado le pidió perdón a su familia.
La costa pacífica guarda verdades que durante décadas el país necesita saber. “Esperamos que se sepa todo lo que nosotros hemos vivido, el papel que jugaron el poder económico, el comercio y los grupos armados tanto legales como ilegales”, enfatiza Biohó. Asegura que la Fuerza Pública “hizo como si no pasara nada” cuando se dieron expresiones paramilitares en Tumaco, desde Los Bam Bam hasta las AUC. El conflicto también pasó por diversos sectores económicos. “Nos han dicho que la coca es la disculpa para adueñarse del territorio”, ejemplifica la comisionada María Ángela Salazar. Al preguntarle a ella cuáles serán las verdades que buscarán en esa región contesta con énfasis “todas, todas las verdades”.
Una verdad con todos
Los 10 municipios en los que la Casa de la Verdad desplegará su trabajo tienen una particularidad, albergan diferentes expresiones étnicas. Por eso, la labor de la Comisión de la Verdad se desarrollará con enfoque étnico. “Tenemos que trabajar con todas las colectividades de la región en la que estamos ubicados. La ruta de relacionamiento son las estructuras organizativas de las comunidades étnicas”, explica Eduardo Arroyo, coordinador Macrorregión del Pacífico. Lo que quiere decir es que para hacer su trabajo, esa institución, creada a la luz del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc, se articulará con los consejos comunitarios, los cabildos y las organizaciones de mestizos que hay en el territorio. “Nos hemos tomado el enfoque étnico muy en serio”, resalta Tobón.Con el fin de llegar a esas verdades que guardan los territorios más alejados de las cabeceras municipales, la Comisión tendrá equipos móviles que se estarán desplazando por los municipios. En la Casa de la Verdad habrá cuatro personas que serán las encargadas de quienes lleguen hasta allá. Según Tobón, el recorte presupuestal de 40% que fijó el Gobierno de Iván Duque va a afectar ese despliegue territorial que busca hacer la entidad. “Es bastante difícil porque muchos lugares afectados por el conflicto armado están en áreas dispersas, muy lejos de cascos urbanos y de las ciudades”, recalca.
El conflicto armado persiste en la costa pacífica nariñense, por lo cual es pertinente preguntarse ¿Cómo se asegurará que el trabajo de la Comisión no genere un riesgo sobre las personas que irán a contar sus verdades? Tobón explica que todo el despliegue la entidad se hará de manera concertada con las comunidades, “todo parte de la concertación con las personas que participan en este proceso”, explica. Además, harán audiencias tanto públicas como privadas según se acuerde con quienes quieran aportar sus verdades.
También se busca que los perpetradores de las violaciones de derechos humanos lleguen a contar por qué lo hicieron. Al preguntarle a las comisionadas Tobón y Salazar qué motivación podrían tener para ir contestan que, por un lado, la Comisión no tiene carácter judicial, es decir, lo que le cuenten a esa entidad no podrá ser utilizado en procesos judiciales. Además, si la persona se acogió a la Justicia Especial para la Paz, la Comisión le puede entregar un certificado de participación (en el que no se especificará qué dijo). Por otro lado, Salazar da un argumento ético que podría motivar a los victimarios: “haber tenido la valentía de reconocer el daño causado”.
Se espera que la verdad pueda ser la base para construir un futuro de paz en el Pacífico. “No creo mucho en que eso pueda servir, la paz puede volver en la medida en que llegue la inversión social, que se brinden oportunidades serias y se ponga a trabajar el campo con cultivos lícitos”, opina Biohó. Sin embargo, aunque el informe de la Comisión solamente abarca entre 1958 y 2016, la entidad hará una serie de recomendaciones que se espera que sean implementadas por el Estado para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esa región. “Uno de los desafíos más grandes en este proceso es saber cuáles son esas transformaciones que la sociedad y el Estado necesitan en esos territorios”, dice Tobón.
También se reseñarán hechos históricos como la esclavitud y la llegada los españoles para explicar las dinámicas culturales de la región. “Se trata de sacar a relucir esa verdad histórica de exclusión, de racismo, que ha provocado que no podamos acceder a los bienes y servicios que tiene que el Estado tiene que brindar por obligación”, recalca la comisionada Salazar, una mujer negra de Tadó (Chocó). Tobón recuerda que al Pacífico se le ha generado mucho daño por verlo como una tierra de atraso “hay una mirada nacional muy colonial que se ha construido a través de la educación y es que los bosques son un gran infierno verde que no le aporta al desarrollo del país y que quienes defienden esos bosques son personas también atrasadas”.
La Comisión de la Verdad que con su trabajo espera que la tragedia humanitaria que sufre la costa pacífica nariñense por cuenta de la guerra haga parte del relato nacional, para que se empiecen a subsanar las deudas históricas con el fin de que la confrontación armada no se instale nunca más en esa región.