“La juventud de Sumapaz decidió defender el Acuerdo de Paz con uñas y dientes”

Sumapaz ha sido uno de los más importantes testigos de la guerra en Colombia. Sus habitantes han vivido de cerca la violencia a través del reclutamiento, desplazamiento forzado, asesinato a líderes, ejecuciones extrajudiciales y estigmatización a todo aquel que se identifique como poblador de la zona. Esto a tan solo 31 kilómetros de la capital política y económica del país.

Por eso, este jueves, ocho panelistas entre líderes juveniles, campesinos, académicos y representantes de organizaciones sociales e institucionales, se reunieron en el marco del encuentro virtual Sumapaz: convivencia, democracia y verdad, un camino hacia la no repetición del conflicto, convocado por la Comisión de la Verdad, en donde dialogaron sobre las condiciones en las que el conflicto armado se desarrolló en esta región y sobre las formas en las que se debe trabajar para que la historia no se repita.

El panel estuvo conformado por Rocío Londoño, doctora en Historia y especialista en el Sumapaz; Misael Baquero, integrante Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz (SINTRAPAZ); Jairo Hortúa, alcalde de Fusagasugá; Vladimir Rodríguez, alto consejero para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación; Isabela Sanrroque, integrante del partido FARC; María Fernanda Guarín, defensora de derechos humanos de Fusagasugá, y Raúl Rosende, jefe de Verificación de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

(lea más: Las razones de una violencia histórica y prolongada en el Sumapaz)

Una de las principales conclusiones que arrojó el encuentro es que el reconocimiento de las víctimas garantizaría la no repetición de la guerra. Así lo aseguró Misael Baquero, integrante del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz (SINTRAPAZ), para quien no solo debe haber reconocimiento de parte de las antiguas Farc, como ha venido ocurriendo, sino también del Estado.

“El Estado no reconoce las víctimas, la Unidad de Víctimas no nos reconoce como sujetos colectivos de reparación sobre este territorio que ha sido estigmatizado y bombardeado”, reclamó el líder campesino.

A pesar de la estigmatización de la que reclamaron haber sido víctimas históricas, se habló sobre la necesidad de crear memoria y construir verdad sobre lo ocurrido y se resaltó el papel que las comunidades han tenido como agentes de resistencia.

María Fernanda Guarín, defensora de derechos humanos de Fusagasugá y asistente al encuentro, dejó claro que los jóvenes están involucrados de manera activa para que esa parte de la historia del conflicto no vuelva: “La juventud decidió defender el Acuerdo de Paz con uñas y dientes, porque vemos la necesidad de cumplirlos (…) por eso queremos tener mayor oportunidad dentro de los espacios políticos, para que no nos toque coger otras salidas, como tomarnos las calles y de ahí nos estigmaticen”.

Dijo que por las mismas actividades han sido víctimas de estigmatización: “como jóvenes hemos sido estigmatizados, inclusive desde la instituciones, donde nos catalogan como juventudes Farc y no lo somos. Solo queremos ser escuchados, pero no nos dejan”. Pero aseguró que hay compromiso por acabar con eso.

(Lea más: Un diálogo para la no repetición del conflicto armado en Sumapaz)

En ese sentido, por el compromiso de sus habitantes para una Sumapaz distinta, Raúl Rosende, jefe de Verificación de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, aseguró que al comparar esta localidad con otras zonas del conflicto “se ven avances y beneficios más concretos. Frente a reducción de la violencia, el cambio es notorio”. Sin embargo, no descartó la amenaza que se cierne sobre este territorio rural por su cercanía con municipios del departamento del Meta “donde hay una mayor presencia de grupos armados ilegales”.

Por eso, todos los panelistas enfatizaron en que se debe reconocer al territorio y sus habitantes como víctimas y por ende, cumplir con lo acordado en el Acuerdo de Paz, pues esa es la única manera en la que se previenen los riesgos y peligros para quienes le apuestan a su implementación.

Frente a dicha implementación Isabela Sanroque, integrante del partido FARC, reconoció que la única manera para garantizar la estabilidad de Sumapaz tras el Acuerdo entre el Estado y la exguerilla, “es pensar en la implementación del mismo acuerdo como garantía de no repetición (…) para de esa manera sanar las fracturas que la guerra ha hecho en sus habitantes”. Igualmente, reconoció a la naturaleza como una víctima de la guerra.

(Lea más: Sumapaz, una víctima no reconocida de la guerra)

Al acabar, quedaron cuatro grandes ideas que significarían un gran paso para la no repetición del conflicto: inicialmente se enfatizó en que es necesario fortalecer las economías legales para jóvenes y campesinos, donde vean en la tierra la oportunidad de seguir un proyecto de vida y no se vinculen a actividades ilícitas alrededor de las dinámicas del conflicto armado. El segundo aspecto es garantizar una paz en donde la política y la defensa de sus diferentes posturas no vayan vinculadas al uso de las armas.

El tercero es que es indispensable que tanto mujeres como jóvenes tengan los espacios de participación y trabajo comunitario que desde la firma del acuerdo exigen. Y, por último, que no solo se debe concebir a los habitantes como víctimas, sino también al páramo, al agua y a todo el territorio, donde se cree una agenda común de proyección que posibilite un trabajo de confianza y convivencia.

“Este pasado sirve para pensar en el presente y el futuro, no para insistir en una revictimización (...) para que pensemos en que la región tiene un inmenso capital humano importante que resiste y mantiene su tejido social”, aseguró, Rocío Londoño, doctora en Historia y especialista en el Sumapaz.

Sumapaz ha sido uno de los más importantes testigos de la guerra en Colombia. Sus habitantes han vivido de cerca la violencia a través del reclutamiento, desplazamiento forzado, asesinato a líderes, ejecuciones extrajudiciales y estigmatización a todo aquel que se identifique como poblador de la zona. Esto a tan solo 31 kilómetros de la capital política y económica del país.

Por eso, este jueves, ocho panelistas entre líderes juveniles, campesinos, académicos y representantes de organizaciones sociales e institucionales, se reunieron en el marco del encuentro virtual Sumapaz: convivencia, democracia y verdad, un camino hacia la no repetición del conflicto, convocado por la Comisión de la Verdad, en donde dialogaron sobre las condiciones en las que el conflicto armado se desarrolló en esta región y sobre las formas en las que se debe trabajar para que la historia no se repita.

El panel estuvo conformado por Rocío Londoño, doctora en Historia y especialista en el Sumapaz; Misael Baquero, integrante Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz (SINTRAPAZ); Jairo Hortúa, alcalde de Fusagasugá; Vladimir Rodríguez, alto consejero para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación; Isabela Sanrroque, integrante del partido FARC; María Fernanda Guarín, defensora de derechos humanos de Fusagasugá, y Raúl Rosende, jefe de Verificación de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

(lea más: Las razones de una violencia histórica y prolongada en el Sumapaz)

Una de las principales conclusiones que arrojó el encuentro es que el reconocimiento de las víctimas garantizaría la no repetición de la guerra. Así lo aseguró Misael Baquero, integrante del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz (SINTRAPAZ), para quien no solo debe haber reconocimiento de parte de las antiguas Farc, como ha venido ocurriendo, sino también del Estado.

“El Estado no reconoce las víctimas, la Unidad de Víctimas no nos reconoce como sujetos colectivos de reparación sobre este territorio que ha sido estigmatizado y bombardeado”, reclamó el líder campesino.

A pesar de la estigmatización de la que reclamaron haber sido víctimas históricas, se habló sobre la necesidad de crear memoria y construir verdad sobre lo ocurrido y se resaltó el papel que las comunidades han tenido como agentes de resistencia.

María Fernanda Guarín, defensora de derechos humanos de Fusagasugá y asistente al encuentro, dejó claro que los jóvenes están involucrados de manera activa para que esa parte de la historia del conflicto no vuelva: “La juventud decidió defender el Acuerdo de Paz con uñas y dientes, porque vemos la necesidad de cumplirlos (…) por eso queremos tener mayor oportunidad dentro de los espacios políticos, para que no nos toque coger otras salidas, como tomarnos las calles y de ahí nos estigmaticen”.

Dijo que por las mismas actividades han sido víctimas de estigmatización: “como jóvenes hemos sido estigmatizados, inclusive desde la instituciones, donde nos catalogan como juventudes Farc y no lo somos. Solo queremos ser escuchados, pero no nos dejan”. Pero aseguró que hay compromiso por acabar con eso.

(Lea más: Un diálogo para la no repetición del conflicto armado en Sumapaz)

En ese sentido, por el compromiso de sus habitantes para una Sumapaz distinta, Raúl Rosende, jefe de Verificación de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, aseguró que al comparar esta localidad con otras zonas del conflicto “se ven avances y beneficios más concretos. Frente a reducción de la violencia, el cambio es notorio”. Sin embargo, no descartó la amenaza que se cierne sobre este territorio rural por su cercanía con municipios del departamento del Meta “donde hay una mayor presencia de grupos armados ilegales”.

Por eso, todos los panelistas enfatizaron en que se debe reconocer al territorio y sus habitantes como víctimas y por ende, cumplir con lo acordado en el Acuerdo de Paz, pues esa es la única manera en la que se previenen los riesgos y peligros para quienes le apuestan a su implementación.

Frente a dicha implementación Isabela Sanroque, integrante del partido FARC, reconoció que la única manera para garantizar la estabilidad de Sumapaz tras el Acuerdo entre el Estado y la exguerilla, “es pensar en la implementación del mismo acuerdo como garantía de no repetición (…) para de esa manera sanar las fracturas que la guerra ha hecho en sus habitantes”. Igualmente, reconoció a la naturaleza como una víctima de la guerra.

(Lea más: Sumapaz, una víctima no reconocida de la guerra)

Al acabar, quedaron cuatro grandes ideas que significarían un gran paso para la no repetición del conflicto: inicialmente se enfatizó en que es necesario fortalecer las economías legales para jóvenes y campesinos, donde vean en la tierra la oportunidad de seguir un proyecto de vida y no se vinculen a actividades ilícitas alrededor de las dinámicas del conflicto armado. El segundo aspecto es garantizar una paz en donde la política y la defensa de sus diferentes posturas no vayan vinculadas al uso de las armas.

El tercero es que es indispensable que tanto mujeres como jóvenes tengan los espacios de participación y trabajo comunitario que desde la firma del acuerdo exigen. Y, por último, que no solo se debe concebir a los habitantes como víctimas, sino también al páramo, al agua y a todo el territorio, donde se cree una agenda común de proyección que posibilite un trabajo de confianza y convivencia.

“Este pasado sirve para pensar en el presente y el futuro, no para insistir en una revictimización (...) para que pensemos en que la región tiene un inmenso capital humano importante que resiste y mantiene su tejido social”, aseguró, Rocío Londoño, doctora en Historia y especialista en el Sumapaz.