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El pasado 8 de enero, el presidente Iván Duque confirmó que la Ley de Víctimas (1448 de 2011) tendrá una prórroga de 10 años más. La extensión, además de ser un alivio para las millones de personas afectadas por el conflicto armado de forma directa, es también para distintos voceros de víctimas un momento de reflexión para evaluar los logros y obstáculos vividos a la hora de ser reparados o indemnizados por el Estado.
Según el Registro Único de Víctimas (RUV), en Colombia hay 9′078.038 de víctimas reconocidas durante las cinco décadas de guerra en Colombia, de las cuales 7′319.393 son sujetos de atención acorde a la ley. Durante los primeros 10 años de la Ley 1448, conocida como la Ley de Víctimas, ha habido una deficiencia en la reparación, que apenas asciende al 17%, según Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas. La causa: un déficit en la financiación de la ley y los altos costos en las indemnizaciones.
De hecho, el mismo Rodríguez es consciente de que si no se piensan en nuevos mecanismos de reparación, la prórroga no será suficiente para reparar a todas las víctimas. “Tenemos que pensar en nuevos mecanismos que nos permitan avanzar en la ruta, si no, pasarán diez años para otro 1′500.000 y van a morir muchas víctimas sin recibir su indemnización. Hay víctimas que están esperando su carta de indemnización de $10 a $30 millones que les van a entregar, pero no están sumando que en la implementación de la ley se han ido más de $95 billones en todos los componentes: salud, educación y viviend”, agregó el funcionario.
Con una mirada diametralmente distinta a la de Rodríguez, pero donde comparte el hecho de que “la Ley 1448 nació desfinanciada”, el coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, Orlando Burgos, invita a ver la extensión de la norma como una oportunidad de trabajar en lo que no se ha logrado y no como una “sacada de pecho innecesaria”, como asegura que lo están asimilando desde el Gobierno.
“En su momento esta prórroga estaba embolatada por falta de voluntad política del Gobierno y del Congreso. Estos últimos se vieron presionados por la Corte Constitucional para ampliar su tiempo de legalidad y se sabe que si no se prorrogaba ya, de todos modos esto iba a suceder automáticamente a mediados de este año. Por eso pienso que ni el Congreso ni el mismo presidente pueden sacar pecho de esto, porque su legitimidad y prórroga fue gracias a la Corte”, explica Burgos.
Pero más allá de esta discusión, la tarea de todas las partes es garantizar la financiación que permita que se cumpla todo lo estipulado, pues los números van en contra de las metas impuestas. Según la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, para garantizar la reparación de las personas afectadas por la guerra en la próxima década, el Estado debe invertir $357,4 billones de pesos.
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Por otro lado, Burgos explica que a lo largo de esta nueva década se debe cumplir con el objetivo colectivo de incluir en todo momento a la población desplazada como sujetos en igualdad de condiciones a las demás víctimas para recibir indemnizaciones. Un grave problema en los primeros años fue que no se calculó que tantas personas hayan dejado todo por la guerra. Al menos ahora, dice, ya tienen un mapa más claro de cuántos son los afectados.
“Ya hemos tenido experiencias negativas cuando en su momento se quisieron marginar a los desplazados de las indemnizaciones. Ahora que sus reclamos justos son más escuchados, también podemos pensar en propuestas para mejorar el alcance de la ley. Algunas nos las han desestimado, como una estampilla províctima, una revisión al tema del cuatro por mil y, por qué no, de una vez por todas pensar en una salida en especie a la indemnización, que no necesariamente sea de carácter monetario”, señala el líder de la Mesa de Víctimas.
Voceros regionales de víctimas, como es el caso de Nohra Vélez, coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas en el Quindío, comparten con Burgos el hecho de que ha existido un incumplimiento estatal, especialmente, en materia de indemnización colectiva. El punto en común entre ambos líderes es que, a pesar de que la propia 1448 en sus líneas invite a una concertación de largo alcance entre afectados por el conflicto y entidades estatales, “la última palabra siempre la ha tenido el Gobierno”.
Burgos agrega que un ejemplo de ello son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Aunque se han implementado, cree que la política de los PDET debe realizarse en consenso con la gente que habita en esos lugares.
Proponiendo soluciones a esto, para Burgos, es importante que el Gobierno atienda los llamados de las víctimas y atienda las actuales crisis humanitarias en las zonas más apartadas. En cuanto al país considera que es necesario que sus ciudadanos evolucionen el debate de la reparación, que va más allá de la entrega de bienes de las Farc y se tenga un mayor panorama de los sujetos de reparación colectiva: “Uno asume que las Farc nunca entregarán todos sus bienes, como pasó con los paramilitares en la Ley 975. Mientras haya conflicto en las regiones, las víctimas aumentarán y será más difícil financiar sus reparaciones”.
Sin embargo, según el líder, “un primer paso puede ser el de hacer más esfuerzos por la reparación familiar. La Ley de Víctimas tiene una gran deuda con esto: no se habla sobre el núcleo familiar y, por culpa de la Resolución 01049 de 2019 de la Unidad de Víctimas, se están violando sus derechos de la indemnización, porque priman en inflar el número de víctimas individuales y marginan lo colectivo.
La reparación familiar, entendida como un mecanismo de sanación integral, o desde algún tipo de indemnización, asimila que el conflicto armado trasgredió las dinámicas familiares, independientemente de que todos sus miembros no hayan sido víctimas directas de la guerra. Esta propone que la reparación en su conjunto debe ser equitativa dentro del hogar en cuanto a la restitución de derechos y las medidas de no repetición.
Restitución de tierras
Según la Unidad de Restitución de Tierras (URT), durante 2020 más de 24.000 hectáreas de tierra fueron restituidas con la emisión de 432 sentencias que favorecieron a 1.789 familias. Desde la Mesa Nacional de Víctimas, a pesar de que reconocen los avances que ha liderado la URT, proponen que, en pro de un funcionamiento efectivo en la prórroga de la Ley de Víctimas, los índices de adjudicación de predios tienen que mejorar.
“Hoy hablamos de avances del 8%, y los más optimistas del 12%, pero tampoco podemos olvidar el trabajo valioso de la URT, que si no fuera por la desarticulación con proyectos productivos, hablaríamos de avances mucho mayores”, indica Burgos.
Desde la cúpula de la Mesa Nacional de Víctimas aseguran que existen fiducias que manejan los temas de restitución y que al incumplir con pagos adjudicados para la entrega de predios se demora el proceso para que las familias tengan derecho a sus viviendas. “Esperamos que el 8 de enero de 2031 estemos ante un escenario con altas tasas de reparación, indemnización y en donde la URT haya dejado de rechazar cualquier cantidad de predios solicitados por víctimas, como lo han hecho hasta hoy. En esta ley no debemos olvidar la importancia de lo que es una vivienda digna para estas familias y mayores programas de atención en caso de que haya nuevas emergencias, porque eso sí, durante la pandemia nunca se hizo nada especializado para el cuidado de las víctimas del conflicto armado ”, concluye el líder.